lunes, 30 de abril de 2012

Se encadenan al Banco de España en Madrid para denunciar su desahucio en Níjar


MADRID.- Agentes de la Guardia Civil han impedido este lunes que la anciana de 76 años desahuciada en diciembre de su casa en Níjar, Almería, y su hijo, conocido como 'el camionero sin camión', permanecieron encadenados en el Banco de España, en Madrid, en protesta por la estafa a la que, según denuncian, se han visto sometidos por parte de una entidad financiera. 

   En declaraciones a los medios, minutos antes de ser desencadenados por la Guardia Civil, la mujer, Ángeles Belmonte, ha asegurado que continuarán con la protesta en cualquier lado hasta que le queden "fuerzas" para evitar que las entidades financieras, que participaron en su desahucio y que le exigen el cobro a su hijo de 40.000 euros, les dejan "en la calle".
   El hijo de Ángeles, Miguel Ángel Navarro, ha subrayado que el objetivo de su lucha es que le reciba "el presidente del Gobierno", Mariano Rajoy, para intentar modificar el artículo 57 de la Ley 19/1985 que evitaría que las entidades financieras reclamen deudas a quienes no hayan cobrado por parte de sus empresas.
   Una vez desencadenados del Banco de España, la familia ha decidido continuar esta protesta volviéndose a encadenar en los barrotes de la barandilla de la acera próxima al Banco de España.

El PSOE presenta enmiendas para aumentar la inversión en AVE, soterramiento, la A-7 y el enlace con Viator

ALMERÍA.- El PSOE de Almería ha anunciado este lunes que presentará enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que persiguen, en su mayoría, incrementar la dotación para las infraestructuras de mayor demanda en la provincia y entre las que figuran la Línea de Alta Velocidad Almería-Murcia, el soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital, la conexión ferroviaria entre Almería y Granada, o la ejecución de la Autovía del Mediterráneo y el enlace con la A-92 en Viator.

   En rueda de prensa, el secretario de organización y senador, Juan Carlos Pérez Navas, quien ha estado acompañado del líder de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel y la diputada nacional Consuelo Rumí, ha detallado que su partido ha presentado también enmiendas para aumentar el peso de las inversiones en el puerto de Almería y en el aeropuerto.
   En materia hidrológica, el PSOE pretende que se incremente la inversión prevista en infraestructuras de regadío. En concreto, hace referencia a colectores para obras de interés general del Campo de Dalías, o la ampliación de la EDAR de Roquetas de Mar, así como inversiones de mejora y ejecución de infraestructuras en Sierra de Gádor, el  Plan Litoral-Poniente Almeriense, la modernización de Regadíos de la Comunidad de Usuarios Aguas Comarcas de Níjar, de la Comunidad de Regantes de Antas y San Ramón Nonato de Zurgena o la Comunidad de Usuarios de Sierra de Gádor.
   Otra de las enmiendas a la que ha aludido el senador del PSOE por Almería insta al Gobierno que preside Mariano Rajoy a incrementar la inversión en la costa ya que los presupuestos, según ha subrayado, "solo contemplan 80.000 euros para la regeneración de playas".
   Pérez Navas también ha informado de que el PSOE ha presentado una enmienda para que se destine una partida "suficiente" para las obras del túnel de la Balsa del Sapo, un proyecto "impulsado por el Gobierno socialista en el que el PP no ha contemplado ni un euro", ha lamentado.
   Por su parte, el también parlamentario andaluz Sánchez Teruel ha señalado que los presupuestos para el presente ejercicio son "injustos, castigan con impuestos y subidas de tasas a los ciudadanos que cumplen las leyes y sus obligaciones con Hacienda, y premian a los defraudadores" al tiempo que ha remarcado que los segmentos "más perjudicados" por las cuentas públicas son "las familias y los pensionistas".
   "No queremos que Andalucía y Almería se pasen un año en blanco por este mal gobierno", ha afirmado para, a continuación, criticar que el PP de Almería "no haya presentado ninguna y haya optado por callar y tragar".
   Ha indicado que en el debate del proyecto de ley se ha "reprochado" al Gobierno del PP que "trate de justificar" sus políticas de "recortes sociales" en la herencia recibida del gobierno socialista de España y ha advertido de que "lo hacen porque quieren ya que existen otras alternativas". En en este sentido, ha aludido al copago farmacéutico frente a la subasta de medicamentos que promueve la Junta "porque el PP --ha subrayado-- prefiere tocar el bolsillo de los más vulnerables que la cuenta de resultados de las farmacéuticas".
   En este sentido, Rumí ha destacado la propuesta del PSOE de "sustituir la amnistía fiscal por impuestos a las grandes fortunas", que junto al resto de propuestas que ha realizado el Grupo Socialista a través de "las enmiendas recaudarían 600 millones de euros". La diputada socialista también ha defendido las enmiendas que el PSOE ha presentado para "retomar las políticas activas de empleo y para apoyo a las pymes", así como incrementar la inversión en educación y en sanidad "para garantizar las prestaciones".
   En materia agrícola, el PSOE también plantea reducir el número de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo a los trabajadores agrarios que residan en municipios afectados por la sequía durante los últimos meses de 2011 y primeros de 2012, siempre que tengan un mínimo de 20 jornadas cotizadas.

Prisión para el presunto autor de la muerte por arma de fuego de un ciudadano de Gambia

VERA.- El juez instructor de las diligencias por la muerte violenta de un ciudadano de Gambia en Cuevas del Almanzora ha dictado este lunes auto de prisión comunicada y sin fianza después de tomarle declaración para A.N.N., quien fue detenido poco después del crimen como presunto autor del disparó que acabó con su vida.

   Fuentes judiciales han precisado que el titular del Juzgado nº 3 de Vera, a cuyas dependencias ha sido trasladado por agentes de la Guardia Civil esta mañana, le imputa la supuesta comisión de un delito de homicidio aunque el cargo podría elevarse a asesinato conforme avance la investigación judicial.
   A.N.N., de etnia gitana y quien, según los primeros datos disparó contra la víctima por desavenencias con respecto al pago del alquiler de un inmueble, fue arrestado poco después del crimen en la vecina localidad murciana de Águilas mientras la víctima era evacuada de urgencia al Hospital Comarcal de La Inmaculada, donde fallecía.
   El ciudadano gambiano, de 36 años, murió a consecuencia de la herida de bala que sufrió en el tórax. El tiroteo mortal se perpetró a las 20,00 horas del viernes en la calle Cuesta del Calvario del municipio cuevano.
   El alcalde de Cuevas del Almanzora, Jesús Caicedo, trasladó el pésame de la corporación a sus vecinos y amigos con anterioridad al inicio de la marcha que, el sábado, reclamó que se "haga justicia con la víctima". Caicedo hizo también un llamamiento "a la calma" y pidió a los manifestantes respeto a la acción judicial aunque este lunes ha destacado el "ambiente de convivencia" y la "tranquilidad" que se registra en la localidad.
   Por otro lado, el regidor ha trasladado el firme compromiso "como alcalde y a título particular" para hacer efectiva la repatriación del cadáver de la víctima hasta su país natal. Si bien ha matizado que el Ayuntamiento no se hará cargo, sí ha garantizado que se buscará si existe algún mecanismo previsto en la administración para sufragar este trámite.
 En caso contrario, según ha indicado, "se articularán" otras fórmulas para que se haga de esta manera. "Es un compromiso personal", ha insistido.

La APDH pide que la Junta mantenga la atención sanitaria a inmigrantes

SEVILLA.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha pedido este lunes a la Junta de Andalucía que ejerza "insumisión" frente al Ejecutivo de Mariano Rajoy y que mantenga la asistencia sanitaria "a todas las personas, independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa", incluidos los inmigrantes en situación administrativa irregular.

   En una nota, la asociación ha manifestado su "absoluto rechazo" a los "recortes" desarrollados por el Gobierno central en materia sanitaria, especialmente a la supresión de la atención sanitaria para las personas extranjeras en situación administrativa irregular.
   La Apdha ha defendido que las estadísticas muestran una realidad "muy diferente a la que se perfila en los argumentos aportados por el Ejecutivo", puesto que "las personas extranjeras que hacen mayor uso de nuestro sistema de salud son ciudadanos de la Unión Europea.
   Así, mientras que la asociación considera que "no está de más condenar posibles abusos del llamado 'turismo sanitario'", no debe cometerse "el error de caer en el recurso de la demagogia xenófoba del que hace uso desde instancias gubernamentales en este caso".
   La Apdha ha asegurado que "buena parte de las personas inmigrantes en situación irregular son ciudadanos que han residido durante años legalmente en España y que, debido a la situación económica y a las duras exigencias impuestas por la legislación de extranjería para renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, han perdido las mismas".
   Por tanto, la asociación considera que "no se puede esgrimir el argumento de que no han contribuido con sus impuestos y que no han respetado las normas, puesto que han participado y colaborado en el crecimiento socioeconómico de España durante el periodo de bonanza".
   Con todo, la Apdha ha afirmado que "la dignidad, los Derechos Humanos y la universalidad e igualdad en el acceso a los derechos básicos, como a la sanidad, no pueden ser puestos en juego bajo la excusa de la crisis".
   De este modo, la asociación ha exigido la retirada del Real Decreto-Ley 16/2012, al tiempo que apoyará cuantas iniciativas se lancen desde la sociedad civil con este objetivo. Por último, ha planteado "a quienes están legalmente autorizados para ello" la necesidad de elevar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.

Rosario Soto renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Almería

ALMERÍA.- La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ha comunicado al plenario del Ayuntamiento de Almería la renuncia a su acta de concejal tras tomar posesión de su escaño como diputada autonómica. Soto concurrió como nº 2 por esta circunscripción tras el presidente del partido, Javier Arenas, quien fue el cabeza de lista en las pasadas elecciones andaluzas.

   Soto ha hecho entrega de su acta de edil en el transcurso del pleno extraordinario que se estuvo celebrando desde primera hora de este lunes en la Casa Consistorial capitalina, según han confirmado fuentes municipales, que han precisado que entra en el seno de la corporación local Carolina Lafita.
   La portavoz regional de los populares andaluces ya presentó en julio de 2011 su renuncia como tercera teniente de Alcalde y miembro de la junta de gobierno municipal después de que fuese propuesta para ocupar el escaño de senadora por la Comunidad en la pasada legislatura. Su cese supuso, asimismo, la supresión de la Delegación de Relaciones Institucionales.
   Soto ha sido concejal en el Ayuntamiento de Almería durante tres mandatos. Así, ostentó la Concejalía de Salud y Consumo, Políticas de Igualdad y Juventud entre los años 2003 y 2007 mientras que desde ese año hasta 2011 desempeño la cuarta tenencia de Alcaldía y la máxima responsabilidad del Área de Atención Social, Cooperación y Políticas de Igualdad.

El Gobierno estudia crear un registro público de inquilinos morosos

MADRID.- El Gobierno contempla la posibilidad de crear un registro público de inquilinos morosos con el objetivo de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar de este modo el arrendamiento, según contempla el 'Programa Nacional de Reformas 2012' remitido por el Gobierno a la Comisión Europea (CE).

   El Ejecutivo quiere "impedir ciertas prácticas abusivas de los inquilinos" por lo que, afirma, está "estudiando la posibilidad" de crear este registro donde figuren los nombres de los arrendatarios conflictivos.
   Para darle un marco legal a este registro y la inclusión de los datos de los inquilinos, el Gobierno plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
   Esta propuesta está incluida en el apartado de medidas de dinamización del mercado de alquiler, que también contempla una flexibilización de la duración del contrato de arrendamiento, sin especificar cuál sería la modificación. Actualmente, a partir del primer año, el inquilino tiene  derecho a cuatro prórrogas hasta un máximo de cinco años.
   Por otro lado, el Gobierno fomentará el alquiler de las viviendas vacías mediante medidas fiscales, como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas de alquiler.
   Asimismo, el informe propone una reformulación del sistema de valoraciones y una búsqueda de mecanismos para la homogenización del valor del suelo, de forma que no persistan los tres valores diferenciados actuales (fiscal-catastral, expropiatorio y financiero-hipotecario).
   El Gobierno contempla también la posibilidad de unificar las distintas ayudas al alquiler vigentes para que los ciudadanos puedan acudir a una "ventanilla única", dando prioridad a las personas con bajos niveles del renta e incluyéndolas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
   Por último, el Ejecutivo llevará a cabo un Plan estatal para la regeneración urbana y el alquiler (2013-2016) con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, dar salida a las viviendas vacías y fomentar el empleo en uno de los sectores más afectados por la crisis.
   El plan contempla la definición de vivienda protegida destinada al alquiler con opción a compra, el fomento del alquiler para favorecer el acceso a la vivienda de las personas con menos recursos e impulsar la rehabilitación.
   El Gobierno pretende con estas medidas impulsar el mercado del alquiler, ante el parón del mercado de la propiedad. Así, el Gobierno recuerda en el documento remitido en el que se detalla el Plan de Estabilidad para 2012-2015, que la demanda de viviendas ha registrado caídas "muy acusadas" en 2011 y que es previsible "un ajuste lento del mercado".
   Concretamente, prevé que las viviendas iniciadas se reactiven "muy suavemente", sólo compensando la reducción del 'stock' de inmuebles sin vender.
   De esta forma, se pasará de unas 90.000 viviendas iniciadas en 2011 a unas 105.000 viviendas en 2015, lo que implicará, al menos, "leves tasas" de crecimiento interanuales positivas en los indicadores de inversión inmobiliaria residencial durante 2014 y 2015.

Economía promoverá la separación "progresiva y ordenada" de los activos inmobiliarios

MADRID.- El Ministerio de Economía diseñará las líneas para facilitar una salida "progresiva y ordenada" de los activos tóxicos ligados al 'ladrillo' en los balances de las entidades financieras, con el fin de culminar en una "separación clara" entre el riesgo inmobiliario y el financiero. 

   Así se recoge en el Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha remitido a Bruselas, en el que se justifica esta "fase ulterior" de la reforma financiera en la necesidad de despejar "definitivamente" las dudas que se ciernen sobre la solvencia de la banca española.
   "La aproximación de los valores en libros y el precio de mercado facilitarán dicha salida", señala el Gobierno, que aboga por emplear "vehículos especializados" para gestionar estos activos, cuya función se llevará a acabo de forma independiente del negocio bancario y perseguirá la "paulatina" desconsolidación de la actividad inmobiliaria.
   El Gobierno además estima que la reforma financiera, que contempla provisiones de casi 54.000 millones de euros, podría rebajar la prima de riesgo española en 50 puntos básicos en el "corto plazo". Y si se suma esta reforma a las medidas fiscales para reducir el déficit público, el impacto se elevaría a 100 puntos, con lo que la prima descendería al entorno de los 300 puntos.
   "La mejora en la percepción del riesgo asociado al sector financiero permitirá mejorar sus condiciones de financiación y las del conjunto de la economía española, reduciendo la prima de riesgo", explica el Ejecutivo en su programa de reformas.
   Precisamente, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido esta mañana la separación de los activos ligados al 'ladrillo' que tiene la banca española en balance, con el fin de liberar capital y que las entidades se dediquen al "negocio bancario", es decir, a la concesión de crédito.
   "La posibilidad de separar activos inmobiliarios tiene sentido y es positiva para las entidades", aseguró el ministro en rueda de prensa junto a su homólogo alemán Wolfgang Schaüble, para después aclarar que primero se deberán valorar de forma "adecuada y correcta" dichos activos inmobiliarios.

El de Almería no aparece entre los aeropuertos rentables

MADRID.-   La red de Aena Aeropuertos cerró 2011 con unas pérdidas de 220,39 millones de euros, lo que supone una mejora del 19,88% con respecto a los 'números rojos' de un año antes, cuando presentó unas pérdidas de 275,07 millones de euros, informó este lunes el gestor aeroportuario.

   El beneficio bruto de explotación (Ebitda) --antes de impuestos, intereses y amortizaciones-- se incrementó un 49,7%, hasta los 856,75 millones de euros, frente a los 572,03 millones de euros registrados en 2010, según las cuentas provisionales de 2011.
   Los ingresos de explotación alcanzaron los 2.374,82 millones de euros, de los que 1.688,72 millones de euros correspondieron a servicios aeroportuarios y 620,48 millones a servicios comerciales.
   Las reformas emprendidas en Navegación tuvieron su reflejo en los resultados de la nueva sociedad, ya que el déficit de tarifa de aproximación que se imputa a las cuentas de aeropuertos fue de 28,93 millones, un 85% menos con respecto a 2010.
   El resultado de explotación se situó en 26,82 millones de euros, tras experimentar "una notable mejoría", y abandonar los 'números rojos' registrados un año antes, con unas pérdidas de 169,89 millones de euros.
   De los 47 aeropuertos y dos helipuertos que conforman la red, 39 presentan pérdidas después de impuestos, mientras que 10 registran ganancias.
   La deuda acumulada se ha visto reducida ligeramente, en un 0,82%, pasando de los 12.415,47 millones de euros en 2010, hasta los 12.313,44 millones de euros durante el pasado ejercicio.
   En total, 18 aeropuertos mejoraron su resultado después de impuestos con respecto a 2010. Entre ellos los dos principales, Madrid-Barajas, con unas pérdidas de 94,98 millones de euros, un 29,5% menos, y Barcelona-El Prat, con unos 'números rojos' de 21,87 millones de euros durante el ejercicio, que redujo en un 70,4%.
   Otros aeropuertos con pérdidas de dos dígitos son Málaga-Costa del Sol (-20,59 millones), La Palma (-14,67 millones), Menorca (-10,68 millones), Vigo (-10,61 millones) y Vitoria (-10,24 millones).
   Entre la decena de aeropuertos rentables, se encuentran Palma de Mallorca (+44,68 millones), Tenerife Sur (+24,98 millones), Gran Canaria (+22,33 millones), Alicante (+10 millones), Lanzarote (+8,67 millones), Sevilla (+6,05 millones), Valencia (+5,63 millones), Ibiza (+3,45 millones), Fuerteventura (+1,21 millones)y Bilbao (+1,71 millones).
   Durante 2011, lograron mejoras los aeropuertos de Lanzarote (+42,6%), La Gomera (+12,9%), Tenerife Sur (+41,9%), Gran Canaria (+49,7%); Palma de Mallorca (+39,1%), Son Bonet (+5,6%), Ibiza (+19,8%); Santiago (+5,1%); Sevilla, que multiplicó por tres sus ganancias; Melilla (+3,4%) ; el helipuerto de Ceuta (+9,4%); Valencia (+22,4%); Santander (+1,6%); Burgos (+6,2%) y el aeródromo de Cuatro Vientos (+3,7%).

Moody's ve positivos los recortes en sanidad y educación, pero pide más control sobre las CC.AA.

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Moody's considera que las medidas de ajuste en sanidad y educación anunciadas por el Gobierno tienen un efecto positivo para el perfil de crédito de España y de las comunidades autónomas, al constatar el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal, aunque para recuperar la confianza de los mercados serán necesarias "evidencias concretas" de que Madrid ha aumentado su control sobre las cuentas regionales.

   "Aparte de la aplicación completa de las medidas anunciadas, restaurar la plena confianza en las cuentas públicas de España necesitará de evidencias concretas de que el Gobierno está endureciendo el control sobre las políticas presupuestarias de las regiones", advierte la agencia.
   En este sentido, Moody's destaca que la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria refuerza la capacidad del Gobierno central para realizar una supervisión y un control más fuerte sobre las finanzas regionales, al poder imponer sanciones e incluso intervenir aquellas comunidades que se desvíen de los objetivos establecidos.
   "Sin embargo, aún falta por ver cómo y cuándo se aplicarán estos principios", cuestiona la calificadora de riesgos, que apunta que, aunque los ajustes en sanidad y educación son positivos para el perfil de crédito del Estado y de las regiones, dado el objetivo de ahorro necesario a nivel autonómico, "serán necesarias más medidas significativas aparte de las recientemente anunciadas".
   "Estimamos que las regiones necesitan colectivamente ahorrar unos 16.000 millones, en torno al 10% de sus presupuestos, para cumplir el objetivo fiscal de 2012, lo que sugiere la necesidad de medidas significativas más allá de las más recientes", explica la agencia de medición de riesgos.
   Asimismo, Moody's señala que, mientras algunas de las medidas anunciadas, como el copago de medicamentos, podrían ofrecer un ahorro fiscal rápidamente, otras serán más complejas de llevar a cabo y probablemente sólo tendrán impacto desde 2013.

El Gobierno estudia que los funcionarios no cobren todo su sueldo si están de baja

MADRID.- El Gobierno quiere poner en marcha este año un plan para atajar la "elevada" tasa de absentismo entre los funcionarios que prevé que los empleados públicos no cobren la totalidad de su salario durante los tres primeros meses de baja por incapacidad temporal.

   Así lo recoge el 'Programa Nacional de Reformas 2012' enviado por el Ejecutivo a Bruselas que anticipa que a lo largo de este año "se reformarán las condiciones de acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de los funcionarios civiles del Estado".  
   Entre las medidas que se prevén está la "modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo".
   Además, el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se realizará en días en lugar de meses para "reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad".
   Por otra parte, no se abonarán los subsidios en caso de incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por parte de los afectados.
   El Gobierno afirma que el objetivo de esta reforma es "reducir los problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes, que se traducen en una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos".
   En su opinión, este absentismo "repercute directamente en la productividad de la Administración Pública no sólo a consecuencia de las ausencias, sino también debido a sus efectos negativos sobre la motivación de los empleados que acuden a su centro de trabajo y sobre el desempeño de labores por éstos que normalmente no son de su competencia".
   Asimismo, el Ejecutivo considera que el absentismo contribuye "a aumentar la interinidad en el empleo público, lo que también puede repercutir en la productividad del trabajo".
   El Gobierno también argumenta que "dado que las situaciones de ausencia se remuneran, el absentismo produce un perjuicio directo a las arcas públicas de imposible justificación, con los consiguientes costes para el conjunto de la sociedad".
   Por todo ello, afirma que promoverá durante 2012 una reforma del Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que actúen en casa uno de estos frentes.
   En concreto, cree que medir la duración de la baja en meses "puede contribuir a no reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad".
   También considera que "no existen mecanismos de control adecuados que vinculen efectivamente el pago de subsidios a partir del cuarto mes de baja a la situación real de incapacidad del empleado".
   Y por último, el Gobierno indica que orientará su reforma "a evitar que se produzcan dilaciones indebidas por parte de los organismos intervinientes en la eficacia de las situaciones de incapacidad temporal, que pueden perjudicar injustificadamente a los empleados públicos".

Un total de 2.700 ayuntamientos prevén ahorrar 44.000 millones en 10 años

MADRID.- El incremento de los ingresos y de la reducción de gastos entre 2012 y 2022 que contemplan los 2.700 planes de ajuste presentados por los ayuntamientos que se han sumado al plan de pago a proveedores alcanzarán una cifra de 43.959 millones de euros, según se desprende del Plan Nacional de Reformas enviado por el Gobierno a la Comisión Europea.

   Concretamente, el incremento de los ingresos supondrían 26.608 millones de euros hasta 2022 --1.645,8 millones en 2012 y 1.494,3 millones en 2013--, mientras que la reducción de gastos aportaría 17.351 millones de euros --5.755,1 millones y 1.945,7 millones en estos dos años--.
   En los casos de los 15 ayuntamientos de mayor población, los citados planes prevén medidas que supondrán un ahorro durante la próxima década de 7.452 millones de euros, gracias a un aumento de los ingresos de 3.809 millones de euros y un recorte de los gastos de 3.644 millones.
   Por el lado de los ingresos, las medidas que más recursos aportarán a los ayuntamientos se refieren a incrementos de cuotas tributarias y tipos de gravamen, así como a la supresión de beneficios fiscales en impuestos locales, que totalizarán unos ingresos de 12.809 millones de euros.
   Además, se incrementarán las tasas y precios públicos para la financiación de los servicios públicos en 8.520 millones de euros.
   Por el lado de los gastos, se contemplan una gran diversidad de opción, entre las que destacan por su volumen de ahorro la reducción de costes de personal (5.224 millones), la no ejecución de inversión prevista inicialmente (1.855 millones) y contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser aprestados por el personal municipal actual (1.288 millones).
   Por su parte, el Plan de Estabilidad, también remitido a Bruselas, señala que el conjunto de los 2.700 planes de ajuste presentados por los ayuntamientos genera un ahorro global en el periodo 2012-2022 de 39.245,66 millones de euros, inferior al recogido en el Plan Nacional de Reformas, gracias a un aumento de los ingresos de 22.915 millones y un descenso del gasto de 16.331 millones.
   Para 2012 el ahorro previsto es de 3.059,74 millones y 3.361,40 millones de euros en 2013. El origen del ahorro en 2012 se corresponde con un incremento de 1.584,77 millones de ingresos, mediante aumento de los gravámenes, y una disminución de los gastos por 1.474,96 millones de euros.
   El incremento de los ingresos de las corporaciones locales proviene de aumento de cuotas tributarias y gravámenes y supresión de beneficios fiscales de los tributos locales, por 12.314 millones de euros; y por tasas y precios públicos para la financiación de servicios públicos por 4.449 millones de euros.

El Colegio de Periodistas de Andalucía y la FAAP se adhieren a las concentraciones del 3 de mayo

SEVILLA.- La Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas (FAAP) y la comisión gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía, a través de un comunicado de su presidente, Andrés García Maldonado, se adhieren a las concentraciones en defensa del Periodismo convocadas en toda Andalucía, Ceuta y Melilla y resto de España bajo el lema "Sin periodistas, no hay periodismo; sin periodismo, no hay democracia". En Almería, la movilización es a las 11:30 h. de este jueves, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Puerta Purchena, junto a la estatua del presidente de la República, Nicolás Salmerón.


"Tanto la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa como la Comisión Gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía, se adhieren a todas y cada una de las concentraciones que van a llevarse a cabo en toda Andalucía, Ceuta y Melilla en defensa de la profesión periodística, con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa y en las que se dará lectura al Manifiesto “Sin periodistas, no hay periodismo; sin periodismo, no hay democracia”, sumándose así igualmente a lo acordado en la reciente Asamblea General de FAPE.

Los periodistas andaluces, que en estos meses hemos vivido el hecho más importante de nuestra historia común con la creación de nuestro Colegio Profesional de Periodistas, logro del conjunto de nuestras Asociaciones de la Prensa, compartimos plenamente el referido manifiesto, sintiendo y sufriendo en toda su dimensión la realidad que plantea cada uno y todos sus puntos ante la gravísima situación por la que atraviesan el periodismo y los periodistas.

Una vez más, entre tantas cosas y situaciones, hemos de manifestar públicamente con toda rotundidad nuestra preocupación por el gravísimo retroceso que en la práctica está sufriendo la información libre y plural en el ámbito de la comunicación publica; la precariedad en el empleo de los que tienen que ejercer y garantizar ese derecho, la intromisión de los poderes políticos en el mundo del periodismo, la concentración editorial a través de fusiones empresariales buscando tan solo sus intereses económicos, el enorme empeoramiento de las condiciones laborales de los periodistas, el galopante desempleo que se produce en la profesión con la destrucción masiva de puestos de trabajo, la confusión social en torno a lo que es periodismo y lo que no lo es, el intrusismo creciente y cada vez más descarado, la anteposición de intereses empresariales al derecho de los ciudadanos…, llevando todo ello a una permanente y grave disminución del derecho que tienen los ciudadanos a recibir una información veraz, plural y libre y provocando, injustamente, un descrédito de los profesionales del periodismo.

La opinión pública es el motor de la acción social y la acción política. Pero la opinión publica en una sociedad de masas se forma a través de la información que hacen posible los medios de comunicación sociales, y si sus profesionales esenciales e insustituibles en este ejercicio, los periodistas, por las razones expuestas y tantas más, no pueden ejercer con garantías el pluralismo informativo, esa opinión pública nunca podrá configurarse conforme a la verdad de los hechos y, por tanto, su manifestación estará viciada y perjudicará a la sociedad en toda su dimensión.

Así, tanto la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa como la Comisión Gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, como siempre, comparten y hacen también plenamente suyas la indiscutible realidad de que: “Sin periodistas, no hay periodismo; sin periodismo, no hay democracia”, por lo que solicitamos también la participación de los ciudadanos en general en las concentraciones que se van a desarrollar en estos días en defensa de ese incontestable hecho.

Siempre con nuestra gratitud y reconocimiento a cuantas personas, periodistas o no, saben de esta gravísima situación y están sensibilizados con la misma".

Hacienda podrá intervenir las primeras CC.AA. en septiembre

MADRID.- El Ministerio de Hacienda ha precisado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas desde el próximo mes de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación presupuestaria, aunque cree que no será necesario.

   Según sus cálculos, todas ellas "tienen capacidad real" para cumplir con los objetivos de déficit y, en todo caso, podrán solicitar antes una "intervención voluntaria", de la que ninguna de ellas ha hablado hasta el momento.
   Así lo han asegurado fuentes del gabinete que dirige Cristóbal Montoro, que han señalado además que la intervención supondría una merma en la imagen de las comunidades autónomas, que todas ellas tratarán de evitar cumpliendo el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB.
   En cualquier caso, cualquier eventual intervención es una posibilidad recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que este lunes ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor mañana.
   Este lunes finaliza el plazo para que las comunidades autónomas presente sus planes económicos y financieros para reconducir sus desviaciones. De acuerdo con la nueva Ley, a partir de ese momento el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a otras medidas.
   En caso de no presentación del plan o su incumplimiento, la administración debe constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.
   Sin embargo, en el caso de que la administración en cuestión obviase incluso la creación de dicho depósito, el plazo de la intervención se reduciría a tres meses, de ahí que el plazo para las primeras intervenciones se sitúe en el mes de septiembre.
   Aunque ninguna de las comunidades autónomas han solicitado hasta el momento la intervención voluntaria, todas han pedido ayuda a la Administración central para confeccionar sus planes económico-financieros antes del cierre del plazo esta medianoche.
   Para ello, ha habido reuniones del máximo nivel entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Monotoro, y presidentes autonómicos, por lo que desde Hacienda no se espera "ninguna sorpresa" en los informes presentados. Más aún, este "diálogo" ha sido interpretado como una primera garantía de cumplimiento.
    En el caso de Cataluña, el plan está ya presentado y, según Hacienda, la Generalitat "ha corregido mucho y en la buena dirección", después de que el Gobierno avisara de que los 219 millones que reclaman por la aplicación del Estatut no podían computarse como deuda pendiente de cobro por parte del Estado.
   En cualquier caso, habrá que esperar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará previsiblemente en la primera quincena de mayo para conocer las comunidades autónomas que 'suspenden'.
   Por otro lado, en un encuentro con los medios, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, han comentado que los planes económico-financieros presentados muestran la capacidad de las comunidades para ahorrar hasta 10.000 millones de euros, a los que habría que añadir otros 10.000 millones a través de los recortes en sanidad y educación.
   A la vista de ello, Beteta ha asegurado que "desde este instante no hay excusa ninguna para incumplir la ley, ninguna", a lo que insistió en que, si alguna comunidad autónoma requiriese "apoyo especial", podría evitar medidas coercitivas, cuyo último recurso sería la intervención y podría solicitar "apoyo voluntario" a la AGE.
   Además, Beteta puso el acento en que las intervenciones no supondrían "eliminar la autonomía de las comunidades autónomas", ya que en la práctica sería una "ayuda" por parte de expertos para que estas administraciones tomarán las medidas necesarias para reequilibrar sus cuentas.
   Por su parte, Fernández Currás puso el acento en la importancia de la Ley y aseguró que marcará el inicio de una senda de recuperación de la confianza, que llevará a un mayor crecimiento y a la creación de empleo. "Hay que arreglar las desgobernanzas internas porque fuera no interesan, porque nos ven como un solo país", añadió.

Andorra compra todo el jamón que exportan las empresas de Almería

ALMERÍA.- Andorra compra todo el jamón que exportan las empresas almerienses. En los dos primeros meses de este año, el mercado del Principado adquirió los casi 10.000 kilos de jamón y paleta que exportaron las industrias cárnicas de la provincia, un volumen similar al vendido en el mismo periodo del año pasado (un 0,16% menos). El valor de estas ventas, sin embargo, se ha incrementado un 3,68%, según datos de la Delegación de Agricultura y Pesca, elaborados a partir del último Análisis del Comercio Exterior Español, del Icex. En total, las doce operaciones comerciales realizadas por los secaderos de la provincia han tenido un valor de 67.000 euros, según adelanta hoy 'Ideal'.

Tanto por su volumen como por su valor, la exportación de jamón supone más del 90% del total de ventas de productos cárnicos almerienses al exterior, que en el primer bimestre de este año han superado los 10.600 kilos (un 0,3% más que en 2011), y 73.000 euros (-0,65%).
Además de jamón y paleta, las empresas almerienses han exportado hasta febrero cantidades pequeñas de otro productos cárnicos, como carnes frescas y congeladas (por un valor de 4.100 euros, un 34% más que el ejercicio de referencia) y transformados cárnicos (casi 2.000 euros, un 324% menos).
Por lo que se refiere a las exportaciones de animales vivos y sus productos, las empresas almerienses vendieron en enero y febrero 822.600 kilos, un 17% más que los mismos meses de 2011. En cuanto al valor alcanzado por estos productos, superó los 1,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 88,5% si se compara con el primer bimestre del año anterior.
Reino Unido es el principal cliente de las exportaciones de animales vivos y sus productos, con un 33% del total de las ventas. El mercado italiano ha comprado algo más del 18%, mientras que a Italia se ha destinado el 14,3% y a Alemania algo más del 13%.

Mohamed VI aborta la islamización de la televisión marroquí que planeaba el Gobierno

MADRID.- La relación entre el palacio real y el Gobierno islamista está salpicada de tensiones, algo inédito en la historia de Marruecos, donde los Ejecutivos han aplicado hasta ahora las directrices del monarca. En última instancia es, sin embargo, el rey Mohamed VI el que sigue mandando, aunque en la nueva Constitución, aprobada en julio, haya cedido algunas de sus prerrogativas, recuerda 'El País'.

El primer ministro, Abdelilá Benkiran, líder del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), ha librado en abril su mayor pulso al soberano y su entorno. Lo ha perdido en toda regla. El PJD obtuvo la mayoría relativa en las elecciones legislativas de noviembre. Desde enero gobierna en coalición con otras tres formaciones aunque algunas carteras claves están en manos de hombres de palacio.
Mustafa el Khalfi, el ministro islamista de Comunicación, propuso este mes una reforma de la televisión pública -la única existente-, que obligaba a los dos principales canales a retransmitir los cinco llamamientos diarios a la oración, recortaba la programación en francés y ampliaba la religiosa. Prohibía, por último, la publicidad de las loterías –el islam reprueba los juegos de azar- privándola de 2,5 millones de euros de ingresos.
Esta islamización de la televisión, como la describen sus adversarios, suscitó una oleada de críticas de la oposición gubernamental y de personalidades o medios de comunicación considerados afines al monarca. Una de ellas fue Samira Sitail, la directora de informativos de 2M, el canal más ameno, o del diario Le Matin, descrito como el órgano oficioso de palacio.
Desde que fue nombrado primer ministro, Benkiran se había olvidado de sus embestidas contra el entorno del rey, pero los ataques contra la reforma televisiva le incitaron a retomarlas. En una reunión pública arremetió contra esos “bastiones” de poder desde donde se entorpece su labor.
“Los reyes no están forzosamente rodeados de buenas personas”, prosiguió Bekiran. “Pueden estar rodeados de enemigos que serán los primeros en dejarles caer”, añadió. Acabó formulando una difusa amenaza: “La primera árabe no está acabada; sigue aún ahí y podría volver”. El PJD no participó, sin embargo, en 2011 en las manifestaciones callejeras que impulsaron el cambio en Marruecos.
Horas después Mohamed VI convocó, el 22 de abril, a Benkiran, y a dos de sus ministros, El Khalfi y Abdalá Baha, al palacio real. Les conminó a respetar la pluralidad cultural y lingüística de Marruecos, según la prensa. “Quedó claro que en Marruecos el Gobierno desempeña un papel secundario con relación al palacio real”, señala Pierre Vermeren, autor de varios libros sobre el país.
Desde esa audiencia real el primer ministro ha empezado a recoger velas. La reforma televisiva se va a edulcorar. Benkiran envió además, al día siguiente, una rectificación a la agencia de prensa oficial MAP y también a Reuters. “Mis palabras han sido sacadas de contexto y desvirtuadas”, asegura.
Esta marcha atrás disgusta a las filas islamistas. Mohamed Hamdaui, presidente del Movimiento para la Unicidad y la Reforma, el ala del partido encargada de la predicación, lo dejó claro: “Aquellos que han votado al PJD esperan ver resultados concretos y no quieren oír los lamentos con relación a los focos de resistencia”. “Las poblaciones que han brindado sus sufragios al movimiento islamista rechazan la explicación que achaca el fracaso a los bastiones de resistencia”, añadió.
No es la primera vez que el rey desoye las intenciones de los ministros islamistas. El titular de Justicia, Mustafá Ramid, le pidió en vano, en enero, que indultase a Rachid Niny, el fundador del diario Al Massae. Niny salió el sábado de la cárcel tras cumplir su condena a un año por un delito de opinión.
Pero los islamistas también aprovechan los resquicios que les ofrece la ley. El ministro de Transportes, el islamista Abdelaziz Rabah, desveló el mes pasado los nombres de los 4.118 agraciados por el palacio real con licencias de transporte, urbano o interurbanos, otorgadas a dedo.

La FEMP pide "un pacto político" para que Estado y CCAA respeten competencias

MADRID.-   La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha remitido a Administraciones Públicas un documento sobre el modelo competencial local en el que pide "un pacto político" por el que el Estado y las Comunidades Autónomas se comprometan a cumplir la legislación en la que se consagre la autonomía, las competencias y la financiación de los ayuntamientos y entidades locales.

   El Gobierno trabaja desde hace semanas en la reordenación de las administraciones públicas siguiendo el principio de 'una administración, una competencia', un proceso al que la FEMP ha contribuido con un informe entregado este lunes.
   El proyecto del Ejecutivo incluiría una reforma de la ley de bases de régimen local, que es la que rige la vida del sector local español. Además de proponer un catálogo de competencias, fuentes de la Federación han explicado que el documento exige "un pacto político" que comprometa al Estado y a las Comunidades Autónomas a respetar una serie de principios que deben recogerse en esa legislación básica: la autonomía local, el principio de subsidiariedad, la descentralización, la proporcionalidad y la suficiencia financiera.
   Las fuentes de la FEMP han explicado que es necesario un pacto para que esta norma sea respetada en el futuro, algo que ahora no ocurre y que ha derivado, con el tiempo, en que un 26 por ciento de media del gasto municipal se dedique a competencias que no son municipales, las llamadas competencias impropias.
   Por un lado, el Estado deberá comprometerse a respetar estos principios en la legislación sectorial que aprueba, cualquier norma que regule un asunto y de que de algún modo afecte a las entidades locales.
   Pero además, los municipios quieren que los gobiernos autonómicos también se comprometan a respetar la normativa básica local y que se estudien, en los casos necesarios, incluso reformas en las legislaciones autonómicas que contravienen la autonomía municipal o su financiación.

Hacienda cree que todas las CCAA evitarán la intervención

MADRID.- El Ministerio de Hacienda cree que ninguna comunidad autónoma tendrá que ser intervenida ya que ninguna de ellas se ha puesto en contacto aún con dicho departamento para pedir la "intervención voluntaria", pese a que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entra en vigor este lunes, contempla la posibilidad de que las administraciones soliciten "ayuda" en caso de no poder financiarse.

   Así lo indicaron en fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro, que concretaron que las comunidades autónomas son conscientes de que aquella comunidad autónoma que tenga que ser intervenida sufrirá un deterioro en su imagen que será penalizada en los mercados a la hora de seguir financiándose y que antes de ello es mejor pedir voluntariamente ayuda a la Administración General del Estado (AGE).
   En cualquier caso, desde Hacienda se asegura que el Gobierno ha puesto en marcha instrumentos para que las comunidades puedan cumplir sus compromisos, de forma que "ya no hay excusas" y ha avisado de que el Gobierno mantendrá un "diálogo permanente" con las comunidades para que así sea.
   Este lunes a las 00.00 horas finaliza el plazo para que las comunidades autónomas presente sus planes económicos y financieros. A partir de ese momento, el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a otras medidas.
   Según han señalado las mismas fuentes, la mayor parte de estas administraciones han pedido ayuda para su confección, pero no han concretado cuántos 'suspensos' habrá.

Aguirre cree que "no se recorta lo suficiente"

MADRID.-   La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aplaudido las medidas puestas en marcha por el Gobierno central para salir de la crisis y ha afirmado que si tiene alguna queja es que "no se recorta lo suficiente y que las reformas van algo lentas".

   Así lo ha asegurado Aguirre en una entrevista concedida a la Cadena Cope, en respuesta a las críticas y propuestas de los socialistas a las medidas del Gobierno.
   Aguirre se pronunciaba de este modo sólo pocas horas después de ser reelegida con un amplísimo respaldo como presidenta del PP de Madrid. "Fue una votación abrumadora que me parece emocionante después de tantos años. A mí las dificultades me sirvan para crecerme", ha destacado.
   La presidenta madrileña ha continuado la entrevista señalando que la única manera que tiene España "de salir de la situación tremenda en la que la ha dejado" el Gobierno socialista es "generar confianza en los mercados, que tienen que dejarnos el dinero para pagar 29.000 millones de euros de intereses que genera la deuda" un pago que, a su juicio, es como "tirar el dinero por la ventana".
 "Los mercados nos prestan ese dinero si generamos confianza y para ello no hay otro camino que la reforma", ha remarcado.
   Aguirre ha defendido que el Gobierno central les obligue por ley a no gastar en cosas que no son esenciales. Calcula que tras esta reforma legislativa el ahorro de todas las comunidades sería entre 2.000 y 3.000 millones de euros, una cantidad que no le parece suficiente. "Hay que profundizar en no gastar más en lo que no es estrictamente necesario", ha apuntado.
   En la misma línea, la líder madrileña ha apostado por "aprestarse el cinturón hasta donde haga falta para sacar a España de la situación en la que está" y por "generar confianza" fuera, pero también dentro del país. "El otro día inauguré un nuevo centro comercial y su propietario nos regaló a todos una camiseta que decía que confío en España y la bandera. Eso es lo que tenemos que proyectar nosotros", ha subrayado.
   La dirigente autonómica ha acusado a los socialistas de entrar al Gobierno central con unas cuentas en superávit y abandonarlo con un gran déficit, por lo que ha criticado que ahora protesten con "la algarada callejera y la quema de contenedores".
 "No podemos proyectar imágenes de contenedores quemados en las calles", ha dicho.
   "¿Cómo pueden creerse moralmente superiores unos políticos que nos han dejado más de cinco millones de parados? Cada vez que hay un Gobierno socialista ocurre lo mismo, y no sólo en España", ha proseguido la presidenta autonómica.
   Aguirre también ha arremetido contra los sindicatos. Así, ha declarado que la manifestación contra los recortes de ayer domingo "fue el fracaso más absoluto y no fueron ni los liberados sindicales". "Los sindicatos no representan a los españoles y hay que decirlo claramente".
 "No tienen razón de ser. Una cosa es que haya representantes de los trabajadores y otra que haya liberados sindicales", ha añadido
   La presidenta regional ha abogado por "dedicar tiempo" a explicar las medidas que pone en marcha el Gobierno, "sobre todo si la medicina es amarga". Aunque se ha mostrado contraria a cualquier subida de impuestos, que ve como "un error y una desgracia de la economía", ha explicado que el Gobierno central ha tenido que subir impuestos como el de la Renta al encontrarse con un déficit público del 8,5 por ciento y no del 6 prometido. No obstante, ha anuncido que el año que viene dejará de aplicarse esta subida.
   Eso sí, Aguirre ha querido dejar muy claro que el transporte público, cuyo precio sube desde mañana, "no es ningún impuesto". En este sentido, ha indicado que ahora el importe de la subvención al transporte público es mayor que la cuota que paga el viajero y que el billete sencillo seguirá valiendo 1,5 euros pero para cinco estaciones, "que es el 60 por ciento de los viajes que se hacen".
   La dirigente autonómica ha señalado que por los mismos trayectos se paga en Londres cinco euros. "Damos mil millones de euros de subvención al transporte público que no nos podemos permitir porque damos 7.000 millones a la sanidad y 5.000 a la Educación. Es el billete más barato del mundo. Hemos bajado alguno de los descuentos, pero estábamos obligados a hacerlo", ha zanjado.
   La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que la región está seis puntos por debajo de la media nacional en cuanto a los datos del paro y 14 puntos por debajo de Andalucía. Ha acusado al secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "mentir" cuando atribuye los nuevos parados a la reforma laboral, puesto que los últimos datos del desempleo se refieren el primer trimestre del año, antes de haberse aprobado dicha reforma.
   Respecto a su idea de contratar profesores nativos para los colegios públicos de enseñanza bilingüe, Aguirre ha indicado que la propuesta de "insumisión" a la decisión contraria del Gobierno de la Nación pronunciada el otro día sólo "fue una expresión" y que ya ha hablado con el ministro de Educación, Ignacio Wert, que le ha prometido estudiar la medida.
   La líder autonómica ha defendido la contratación de profesores nativos ingleses o irlandeses "dentro de una Europa de fronteras abiertas y libre circulación de trabajadores".
   Siguiendo en materia educativa, ha manifestado que los ciudadanos "tienen que saber que el gratis total no existe" en esta materia. "La enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no tenemos por qué pagar los másteres a las familias más pudientes. ¿Por qué tienen que pagarlos los contribuyentes de Aluche?", se ha preguntado.
   En cuanto a Sanidad, Aguirre ha criticado que la Comunidad tenga más tarjetas sanitarias que ciudadanos, por lo que aboga por acabar con el llamado turismo sanitario. "Creo que la sanidad tiene que ser universal, gratuita y de calidad, pero el turismo sanitario no lo tenemos que financiar", ha apostillado.
   Por último, la dirigente autonómica se ha mostrado partidaria de trasladar los días festivos a los lunes o viernes y que toda Europa tenga el mismo calendario festivo. "Yo he disfrutado mucho de los puentes y tengo maravillosos recuerdos pero en Inglaterra se les dice que el martes y miércoles es fiesta en Madrid pero el miércoles no en Barcelona pero que el lunes es puente,  no lo pueden entender".

El plan de ajuste de la Junta andaluza retiene crédito por 2.696 millones

SEVILLA.-   La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha remitido al Gobierno central su plan de ajuste "en tiempo y forma" que le permitirá cumplir con el objeto de déficit, y donde se incorpora la retención de crédito de 2.696 millones de euros aprobada hace dos semanas en Consejo de Gobierno de la Junta.

   Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública han indicado que el plan se ha enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas este lunes "en tiempo y forma".
   Han precisado que el pasado 18 de abril, la Junta recibió "por correo electrónico" la documentación del Ministerio sobre el plan de ajuste, con la maqueta de las fichas que debían rellenar sobre el plan, algo que han llevado a cabo antes de la fecha límite, que es el 30 de abril.
   Las fuentes han indicado que dicho documento sobre el plan de ajuste incorpora el acuerdo de no disponibilidad de crédito aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, y que constituye una "retención de crédito" para declarar "no disponibles con carácter preventivo" un total de 2.696,8 millones de euros provocado por la merma de ingresos para la comunidad autónoma en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012.
   De esta forma, la cifra de 2.696,8 millones que se declaran "no disponibles" es el "resultado de las diferentes disminuciones y minoraciones de ingresos que, una vez que conocemos aunque no estén aprobados los PGE, entendemos que son ingresos que no van a llegar a la comunidad autónoma".
   La Junta destacó entonces que esta medida es un "acto lógico de responsabilidad y compromiso con el cumplimiento del objetivo de estabilidad del 1,5 por ciento de déficit".

Basagoiti defiende "sanidad para todos, pero primero para los de casa"

BILBAO.- El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha aplaudido "la valentía" de Mariano Rajoy de "restringir" la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y ha defendido "una sanidad para todos, pero primero para los de casa". En este sentido, ha anunciado que cuestionará al lehendakari si aplicará esta medida en Euskadi porque "es de justicia social priorizar, en este tiempo de dificultades, nuestro estado de bienestar en favor de los vascos que más lo necesitan". 
 
   En un post publicado en su blog, 'Por una sanidad para todos, pero primero para los de casa', Basagoiti reconoce que su artículo abrirá un debate en Euskadi sobre la inmigración irregular que "todavía nadie se ha atrevido a impulsar", pero que plantea "por convencimiento personal" porque es necesario "un ejercicio eficiente de la política y no buenismo hueco".
   En este sentido, reivindica que "es de justicia social priorizar en este tiempo de dificultades nuestro estado de bienestar (becas, pisos, todo tipo de ayudas sociales) en favor de los vascos que más lo necesitan y en detrimento de aquellas personas que se encuentran en situación irregular en nuestro país".
   Basagoiti defiende "en voz alta y sin complejos" a "la inmensa mayoría de inmigrantes han venido a trabajar y a adaptarse como uno más de nosotros a Euskadi", colectivo que es "víctima de un sistema dominado por los excesos de los inmigrantes irregulares y por la irresponsabilidad de los gobernantes que han dado alas a los que están en situación de ilegalidad durante todos estos años".
   En este contexto, advierte de que, en Euskadi, "no ha habido nunca una política clara sobre inmigración y convivencia" porque la inmigración ilegal "sigue siendo un tema tabú". Por ello, reivindica, "es hora ya de definir esa política entre todos".
   Para el presidente del PP vasco, en esta comunidad autónoma "se impuso un buenismo que hoy está perjudicando a una mayoría de vascos que llevan, no lo olvidemos, muchos años cotizando, pagando sus impuestos y que ahora ven con perplejidad cómo solicitan la solidaridad de todos en un momento de máxima dificultad, y se les dice desde las instituciones que no tienen derecho a nada". "Ésta es una realidad que está en la calle", asegura.
   En este sentido, defiende "la valentía" del presidente del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "restringir" la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en toda España. "Creo que la medida equilibra derechos y deberes en Euskadi, prioriza a los de casa, integra a los inmigrantes legales y garantiza en el futuro una sanidad pública de calidad y financiable. La medida afectará a 17.000 inmigrantes ilegales en Euskadi. Casi nada", agrega.
   Basagoiti avanza, además, su intención de cuestionar sobre este asuntos al lehendakari, Patxi López, en el próximo pleno del Parlamento vasco para "saber de primera mano" su posición y conocer "si va a aplicar la medida en Euskadi o no". También señala la necesidad de que se haga pública la opinión del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y del conjunto de los nacionalistas vascos.
   "Éste es un debate que exige claridad y no palabrería, éste es un debate que reclama un ejercicio eficiente de la política y no buenismo hueco", concluye.

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