El procedimiento de sanción a esa gran agencia inmobiliaria, de la que el Ministerio no ha facilitado su nombre, parte de la investigación que Consumo puso en marcha el pasado mes de octubre y que continúa abierta respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido éstas u otras prácticas.
La
Dirección General de Consumo ha requerido información a estas agencias
tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte del
Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU).
La OCU denunció hace un año a Alquiler Seguro ante
Consumo por el cobro irregular de servicios a los arrendatarios, por lo
que solicita que se le sancione con celeridad y de forma ejemplar,
acorde con los beneficios ilícitos obtenidos.
Estas denuncias apuntan a infracciones como el pago de una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino.
En este sentido, Consumo recuerda que la
Ley de Vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los
gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
Asimismo, indica que estas cláusulas o prácticas podrían ser
constitutivas de infracciones que, según la Ley de Defensa de los
Consumidores, podrían calificarse como graves o muy graves.
En
caso de ser consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de
hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta
alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Si se
calificaran como muy graves, las multas podrían llegar hasta el millón de euros, pudiéndose superar esa cantidad hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Este
nuevo procedimiento de sanción por parte de Consumo se une al
expediente sancionador que el Ministerio abrió hace tres meses, también
en el ámbito de la vivienda, a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas.
En este caso, el expediente se puso en marcha porque la plataforma 'Alquiler Seguro' mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La
Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma 'Alquiler Seguro' que retirara de
forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el
expediente.
En esta misma línea, Consumo abrió en febrero expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas
tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo "información
falsa o información que, aun siendo veraz, puede inducir a error a los
destinatarios, por su contenido o presentación", lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
Esto
es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un
alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en
realidad se trataría de una empresa.
El Ministerio que dirige
Pablo Bustinduy defiende que la vivienda es un derecho y un bien de
primera necesidad amparado por la ley.
Todas estas iniciativas,
destaca Consumo, se enmarcan en el objetivo fijado como acción
prioritaria del Ministerio de proteger los derechos de los consumidores
en el acceso a la vivienda.
Sobre los derechos de los inquilinos,
desde Consumo ya se han llevado a cabo acciones informativas con los
operadores del mercado sobre potenciales conductas abusivas en los
contratos de alquiler.
Se tratarían de prácticas que también son
contrarias a la normativa vigente como exigir a inquilinos el pago de
fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan
que pagar mensualidades adelantadas.
La Dirección General de
Consumo precisa que la iniciación de este expediente sancionador no
prejuzga el resultado final de la investigación.
La compañía Alquiler Seguro ha respondido con un comunicado en el que asegura que los
servicios que ofrece a propietarios e inquilinos son públicos y se
pueden consultar abiertamente en la web de la compañía, y que analizará
la interpretación que hace el Ministerio de Consumo de los servicios que
ofrece, aunque puntualiza que son transparentes, públicos y
voluntarios.
"Los gastos de gestión y formalización
del contrato recaen exclusivamente en el arrendador, como viene recogido
en el contrato de prestación servicios. Los inquilinos con los que
trabaja la empresa tan solo pagan por los servicios que desean
contratar", puntualiza el comunicado.
“Todavía no conocemos el alcance del expediente ni los asuntos específicos a los que hace referencia”, explica David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro.
"En Alquiler Seguro estamos abiertos a colaborar con Consumo,
reiterando que se trata de un proceso que acaba de comenzar y no de una
sanción firme. Analizaremos con detalle la propuesta del Ministerio para
decidir si debemos introducir alguna modificación", destaca el CEO de
la compañía.
Desde Facua, la organización que denunció a Alquiler Seguro ante Consumo en noviembre de 2023, aseguran
que la compañía obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a
un mes de renta más el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cobro que justificaban en la prestación de un “servicio de atención al arrendatario”.
Asimismo, revela que la empresa ha contactado con la asociación para asegurarle que, tras su denuncia, ha
dejado de imponer la contratación del servicio y que, una vez visitado
el inmueble, facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda.
“Sin embargo, la Dirección General de Consumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades
que la han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa”,
indica en un comunicado. Facua afirma haber tenido conocimiento por
fuentes ajenas al Ministerio que Alquiler Seguro ha sido emplazada para
presentar sus alegaciones a la propuesta de sanción.
La empresa también tiene la opción de reconocer la comisión de una parte o la totalidad de las infracciones
por las que ha sido expedientada, comprometerse a subsanarlas y abonar
la multa con una significativa reducción de su importe.
De este modo, la
Dirección General de Consumo ha requerido información a Alquiler Seguro
y a las otras agencias investigadas tras recibir denuncias sobre este
tipo de acciones por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Estas denuncias apuntan a
infracciones como el pago de una comisión por la gestión del
arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de
contratar servicios no solicitados por el inquilino.
