lunes, 25 de junio de 2012

La defensa de un acusado en Malaya dice que la Junta creó "caldo de cultivo para la corruptela" urbanística

MÁLAGA.- La defensa del empresario Cristóbal Peñarroya, acusado en el caso 'Malaya', ha asegurado este lunes que fue la Junta de Andalucía la que "creó el caldo de cultivo ideal para todo tipo de arbitrariedad o corruptela" en el ámbito del urbanismo, al dejar a la localidad "sin norma urbanística". Además, ha apuntado, junto a otros letrados defensores, que el fiscal al hablar de una sentencia ejemplar se refiera a "más dura que justa" y que "sirva de escarmiento".

   Así, el letrado de Peñarroya ha asegurado que la actuación de la administración andaluza, personada como acusación en esta causa, "produjo un efecto terriblemente nocivo, que es que dejó a Marbella sin norma urbanística", ya que, ha dicho, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 no estaba publicado y "no era aplicable", y la revisión del plan de 1998 "estaba formalmente suspendida" por dicha administración.
   También se ha referido al Ayuntamiento marbellí, también acusación, del que ha dicho que tenía "una desesperada necesidad económica", por lo que "se inició una carrera de suscripción de convenios urbanísticos con finalidades exclusivamente recaudatorias", insistiendo en que "se utilizaba el urbanismo para recaudar no para ordenar" y en que el Consistorio "recaudaba compulsivamente" e "impuso" como planeamiento la revisión del plan.
   "A esta actitud no fueron ajenos los servicios jurídicos, los técnicos, el interventor y el tesorero", ha manifestado el letrado defensor del promotor, quien ha reiterado que todas estas actuaciones en el ámbito del urbanismo se hicieron "a la vista, ciencia y paciencia de todos los servicios municipales".
   Ha considerado que "nos estamos enfrentando a un simple caso de presunta corrupción política en este caso municipal como ha habido decenas de ellas en España, sin necesidad de detenciones masivas, juicios multitudinarios ni daños económicos y sociales a una zona privilegiada de España que tardará años en recuperarse de estas actuaciones".
   Sí se ha mostrado de acuerdo con el ministerio fiscal en la necesidad de mandar un mensaje a la sociedad de que hay determinados comportamientos que no pueden quedar impune, pero también "en mandar el mensaje de la preeminencia del Estado de Derecho sobre desproporcionadas y alarmistas actuaciones que han vulnerado, en mi opinión, derechos fundamentales y básicos".
   "Se han sometido innecesariamente a determinadas personas a sufrimientos morales, desprestigios personales, profesionales y sociales con la dudosa finalidad de dar un escarmiento por unos hechos o unas corruptelas urbanísticas que si se hubieran abordado con la prontitud, la mesura y la prudencia necesarias habrían evitado injustos daños", ha apostillado.
   También se ha referido a la expresión del fiscal de esperar una sentencia ejemplar y ha señalado que "el diccionario recoge dos acepciones de la palabra, la primera, es modélica, justa y adecuada a derecho, y si es así, este letrado la comparte", mientras que la segunda, "y me temo que es a la que se refería el señor fiscal, es una sentencia que sirva de escarmiento, es decir, una sentencia más dura que justa, algo que este letrado no puede compartir".

La Junta pide al Gobierno que exija a las entidades que paralicen desahucios para ser recapitalizadas

SEVILLA.-   La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha pedido al Gobierno central que exija a las entidades financieras --bancos y cajas-- que paralicen "inmediatamente" los desahucios como condición para poder entrar en el plan de recapitalización del sistema financiero.

   La consejera ha indicado que, ante el rescate bancario ya solicitado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tanto la Junta como IU consideran que "debe haber condiciones y requisitos clarísimos para todas las cajas y bancos que pidan formar parte de esa recapitalización", y que se centran en "desahucios cero".
   De esta forma, Cortés pide que "todos los bancos y cajas que acudan a esa recapitalización paralicen de forma inmediata todos los desahucios de miles de familias andaluzas y españolas", al mismo tiempo que ha demandado que "se garantice un alquiler social para que las familias trabajadoras amenazadas con desahucios puedan tener una vivienda en la que desarrollar su vida".
   "Estas familias se están viendo triplemente castigadas por la crisis, con la pérdida de empleo, la amenaza de desahucio y la deuda que tienen contraída de por vida", ha agregado la consejera, quien considera que "sería más que interesante exigir que el Gobierno plantee la modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento civil para permitir la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios".
   Considera asimismo que "no se puede premiar a la banca teniendo en cuenta que han provocado sufrimiento e injusticia y el inmenso beneficio obtenido por esas entidades en los años de la burbuja".
   Cortés ha recordado que "el Estado y el pueblo es el garante de la recapitalización y el artículo 128 de la Constitución alude al hecho de que la riqueza debe estar al servicio del interés general, por lo que es necesaria la paralización inmediata de los desahucios y el alquiler social que permita a las familias mantenerse en su vivienda".
   "En el nombre de la mayoría social no se puede consentir ni un desahucio más y el Gobierno debe valer por el interés general  y no por los intereses particulares", asevera la consejera, quien insiste en la necesidad de que las entidades "cuando acudan al rescate sean conscientes que una de las condiciones para optar al mismo debe ser paralizar los desahucios". Agrega que en el caso de entidades recapitalizadas, como Bankia, debe hacerse "exactamente lo mismo, esto es, paralización inmediata de los desahucios que Bankia ejecuta".
   La consejera ha anunciado asimismo que ha dado orden a las delegaciones provinciales y a las gerencias de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) de incluir un procedimiento más en todas las ejecuciones de desahucios administrativos en los casos de viviendas públicas, de forma que, según ha explicado la consejera, todos los desahucios "deberán contar con el visto bueno de la propia Consejería".
   De esta forma, según ha explicado, todos los expedientes de desahucio, que tienen un trámite, deberán además ahora añadir otra "nueva garantía", esto es, deberán pasar por el director gerente de EPSA antes de proceder a la tramitación y aprobación de cualquier desahucio.
   "Hemos visto la necesidad de repensar las cosas, todo lo que no sea usurpación de un bien público debe ser repensando, sobre todo cuanto puede haber menores", ha agregado las consejera, quien apunta que "desde 2008 a 2012 la Junta ha llevado a cabo menos de 20 desahucios".
   Según publica este lunes 'Diario de Sevilla', la Consejería quiere estudiar cada caso en particular y dar una alternativa y asegura que previamente al lanzamiento se agotan todas las vías de diálogo.
   Un equipo de técnicos y trabajadores sociales de EPSA analizan si los casos de morosidad responden a una auténtica incapacidad para abonar los recibos de alquiler o tienen una justificación objetiva. Si responde a causas económicas, se intenta llegar a un acuerdo con el inquilino para que acepte un reconocimiento de la deuda y se comprometa a realizar el pago cuando mejore su situación económica.
   Estas viviendas se vuelven a adjudicar a otras unidades familiares que tienen una necesidad urgente de residencia (están en riesgo de exclusión social o han sido previamente desahuciadas judicialmente por entidades financieras al no poder hacer frente a los préstamos hipotecarios que asumieron para adquirir sus viviendas en el mercado libre).
   La Junta insiste en la flexibilidad que se les da a las familias para que puedan hacer frente a los pagos; incluso se contempla, en algunos casos, una minoración de las rentas de acuerdo con los límites que establece la Ley de Vivienda, indica este diario, que recuerda que la Junta gestiona más de 46.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, con una población residente de unas 250.000 personas, según apunta el diario.

La izquierda andaluza en el poder se entrega al ajuste

SEVILLA.- La comisión ejecutiva de IU-CA, reunida este lunes en Sevilla, ha acordado por 23 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, una resolución que contiene una directriz para que los parlamentarios autonómicos de la federación de izquierdas "dejen pasar, con su voto favorable", el decreto Ley promovido por el Gobierno andaluz, del que IU-CA forma parte, con las medidas fiscales, administrativas y laborales para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. "La derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos y privatizaciones a todos los niveles", avisa la resolución acordada.

   La resolución recuerda que el pasado 19 de junio, el Gobierno autonómico nacido de la coalición entre PSOE e IU-CA aprobó el decreto Ley relativo al plan de ajuste financiero promovido por el Ejecutivo andaluz para reducir el déficit de la Administración regional. A tal efecto, la federación de izquierdas defiende que su posición "fue expuesta con toda claridad por nuestro Grupo Parlamentario desde la tribuna del Parlamento andaluz, en coherencia con la posición aprobada por el consejo andaluz de IULV-CA celebrado el 1 de junio de 2012".
   "Izquierda Unida no quiere ajustes ni recortes. Izquierda Unida reniega de ellos y reniega, sobre todo, de un sistema económico  y una política neoliberal que obliga a aplicarlos de forma injusta e indiscriminada", señala la resolución para aseverar que IU-CA "no es responsable de este plan de ajuste financiero". A tal efecto, la resolución rememora los duros recortes promovidos por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy en materia de sanidad y educación y avisa, por ejemplo, de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 "quitan  a Andalucía 960 millones de euros en transferencias".
   En esta resolución, la comisión ejecutiva de IU-CA alerta de que el Gobierno central "nos exige, mediante la amenaza de intervención de cuentas, que se pague escrupulosamente la deuda externa de Andalucía, que asciende a 813 millones de euros al año", toda vez que los populares bloquearon en el Senado una propuesta de IU para que Andalucía gozase de un incremento de transferencias por valor de 680 millones de euros que "hubiese supuesto no tener que aplicar el plan de ajuste".
   "Ante esta situación, Izquierda Unida podría declararse insumisa", señala la resolución, que a continuación indica que "la derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos y privatizaciones a todos los niveles". 
"Esto supera para Izquierda Unida los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto".
   En ese sentido, la resolución alude de nuevo al plan de ajuste financiero del Gobierno andaluz y a las "mejoras" negociadas por IU-CA "para lograr que su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales". A través de estas mejoras, según IU-CA, "la reducción salarial no afectará a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos" y el recorte en el capitulo I, relativo a personal, "será de 30 millones de euros menos y quedará en 747 millones en vez de 777 millones", toda vez que "a los interinos se les reduce la jornada y el salario un diez por ciento y no el 15 por ciento inicial".
   "No habrá despidos en la administración autonómica y la ratio profesor/alumnos no aumentará en Andalucía", señala la resolución antes de indicar la "reversibilidad en 2013" de los aspectos sometidos a ajustes. Así, la comisión ejecutiva de IU-CA ha acordado, con la votación ya referida al comienzo, "emplazar a un debate político con los andaluces y las andaluzas para elaborar el Presupuesto 2013, entendiendo que solo la movilización popular puede romper la lógica impuesta de la intervención e iniciar un proceso que ponga en el centro de la acción de gobierno un nuevo modelo de desarrollo, la creación de empleo de calidad y el bienestar de los andaluces y las andaluzas".
   Igualmente, la resolución aprobada contempla una directriz a los diputados autonómicos de IU para "dejar pasar con su voto favorable el decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y el Acuerdo para su tramitación como Proyecto de Ley", aunque "con las mejoras" ya descritas.

Griñán dice que Junta y Gobierno actuarán "conjuntamente" para solucionar el "problema" del Algarrobico


VERA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha indicado este lunes que la Administración autonómica y el Gobierno central actuarán "conjuntamente" para dar solución al conflicto generado por el hotel de Azata del Sol en el paraje del Algarrobico, en Carboneras, y ha destacado la relación "impecable" que existe entre ambos departamentos.

   "La relación que existe entre el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el consejero Luis Planas es impecable, por lo que, en el momento en el que se pueda, se va a actuar conjuntamente por el Gobierno y la Junta", ha asegurado durante la inauguración de un centro de salud en el municipio almeriense de Los Gallardos.
   Al ser preguntado por la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se señala que la Junta podría aplicar en este espacio protegido medidas de disciplina urbanística recogida en la normativa andaluza, Griñán ha trasladado que quedan "más de 20 recursos" judiciales pendientes de resolver en torno al hotel.
   "En cuanto esté garantizada la seguridad jurídica y sea el momento en que se pueda actuar, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía lo harán conjuntamente para solucionar finalmente este problema", ha apuntillado.
   En concreto, el fallo del Alto Tribunal andaluz apunta que para corregir esta actuación, en alusión a la construcción del hotel, "no es necesario más que aplicar las medidas de disciplina urbanística establecidas en el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio a las que remitía el PORN del 1994 y todo ello sin perjuicio del ejercicio de la competencia sancionadora de la administración". Este artículo estipula que las edificaciones contrarias al planeamiento deben ser demolidas sin indemnización.
   La Consejería de Medio Ambiente publicó en BOJA el 23 de marzo la declaración del paraje de El Algarrobico como espacio protegido no urbanizable para, así, dar cumplimiento a una providencia del TSJA que le instaba por segunda vez a ejecutar las resoluciones judiciales dictadas cautelarmente en este mismo procedimiento en torno el nivel de protección que debía tener la zona y que obligaban "a otorgar al sector ST-1, conocido como El Algarrobico, la protección ambiental adoptada en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994 como espacio protegido no urbanizable".
   El Tribunal Supremo (TS) declaró a finales de marzo que el hotel de Azata del Sol viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre confirmando un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones. El próximo día 4 deberá pronunciarse la misma sala sobre los recursos presentados por la promotora del hotel y su matriz, Azata y Azata del Sol, contra la citada orden.

Alcaldes de municipios del litoral trasladan a Costas sus problemas para hallar una solución "a medio plazo"

ALMERÍA.- El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con los alcaldes de los 13 municipios costeros de Almería en la que ha trasladado la intención del Gobierno de "volcarse en buscar la mejor solución a medio plazo de las necesidades del litoral almeriense" y ha anunciado que se va a realizar un estudio global sobre la dinámica del litoral que comprenda el tramo comprendido entre Costacabana y la playa de El Toyo, de la capital.

   En declaraciones a los periodistas, Saavedra ha indicado que, aunque se realizó una actuación "puntual" en la playa de Costacabana destinada a regenerar la costa ante el presente periodo estival, la prioridad del Ejecutivo es la "búsqueda de soluciones a medio o largo plazo", por lo que a lo largo de este año, según objetivos, se contratará este estudio para que aporte información sobre cómo proceder en las playas almerienses.
   Entre otras actuaciones, también ha señalado la intención del Gobierno de adjudicar las obras de ampliación del paseo marítimo de la capital, incluidas en el proyecto del Delta del Andarax, este mismo año para el que incluso, ha divisado las primeras actuaciones hacia final de año. No obstante, ha atribuido la mayor carga de las obras a 2013 y 2014, bajo un presupuesto de licitación de más de tres millones de euros.
   En este sentido, el alcalde de Almería y senador, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), ha manifestado posteriormente en una nota su "satisfacción" porque "desde Costas están cumpliendo los acuerdos a los que llegamos hace un mes cuando nos reunimos en Madrid y valoramos el hecho de que el director general haya decidido visitar Almería" para comprobar el estado de las playas.
   Igualmente, Saavedra se ha referido al deslinde de Las Salinas de Roquetas de Mar, cuya aplicación aún sigue pendiente de un procedimiento Contencioso-administrativo. En este caso, ha asegurado que "se aplicará la ley vigente" ya que "no se puede entrar en consideraciones a la hora de trazar una línea sobre cuáles van a ser los usos" que se dé a este espacio.
   Con esto, el alcalde de Roquetas de Mar y presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat (PP), ha defendido al respecto que la intención municipal pasa por hacer una gran parque comarcal con un centro deportivo para la práctica de golf. "No quiero hacer más viviendas ahí", ha reiterado en varias ocasiones el regidor, quien no ha descartado una planta hotelera aledaña a la zona de referencia.
   En esta línea, se han abordado proyectos reivindicados en otras localidades, como Adra, en donde también se ha solicitado la ampliación y renovación de su paseo marítimo, de manera que ha señalado que el objetivo es poder licitar dicho proyecto en la presente legislatura, ya que está elaborado. En cualquier caso, Saavedra ha explicado que de la reunión, que quiere repetir en otras provincias, ha obtenido un documento que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estudiará de forma homogénea en relación a todos los casos planteados.
   En la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno han participado los alcaldes de Almería, Adra, Balanegra, Berja, El Ejido, Enix, Roquetas, Níjar, Carboneras, Mojácar, Garrucha, Cuevas, Vera y Pulpí. Un encuentro en el que también han participado el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y el subdirector general de Protección de la Costa, Ángel Muñoz.

El protocolo del Gobierno de Zapatero y la Junta sobre El Algarrobico "no sirve para nada"

ALMERÍA.- El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, ha señalado este lunes que el protocolo de colaboración firmado entre el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la exministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar en noviembre del pasado año para proceder a la demolición del hotel y a la posterior recuperación de la playa de El Algarrobico "por sí solo no sirve para nada", de manera que ha ofrecido su "colaboración" al Gobierno andaluz, al que ha instado a "hablar" sobre este asunto. 

   En declaraciones a los periodistas tras una reunión con alcaldes de municipios costeros de Almería, Saavedra ha señalado que la "oferta" del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, pasa por "sentarse a hablar" con el consejero de ramo sobre ese protocolo, ya que a través del mismo "se pretenden asumir actuaciones concretas sin que se haya firmado un convenio siquiera".
   El director de Costas se ha mostrado contrario al documento rubricado unos días antes de las últimas elecciones generales, por el que se señala que ambas administraciones deben contribuir a la inmediata demolición del hotel El Algarrobico y a la posterior restauración y recuperación ambiental del espacio en el que se sitúa. En este sentido, el Ministerio se comprometía a abordar la financiación de la demolición de la edificación y la Junta de Andalucía, a abordar el desescombro y correcta gestión de los residuos.
   Se trata "de una declaración de intenciones con la supuesta asunción de unas obligaciones que tendrían un coste que ni se cuantifica" y en el que tampoco "se establece con cargo a qué partidas presupuestarias se podría financiar", según ha explicado Saavedra, quien ha justificado de este modo la invalidez, a su juicio, del protocolo de colaboración antes de asegurar que desde el Gobierno estarán "encantados" de ayudar a la Junta, en caso de que se lo solicite.
   En este sentido, ha matizado que la posible demolición del polémico hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas asentado en el paraje de Carboneras tendrá que venir derivada de una decisión judicial "firme", con lo que ha señalado que habrá que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre la licencia de obras del establecimiento --que fue anulada en primera instancia-- al considerar que esta sentencia será "decisiva" para conocer el futuro del hotel.
   No obstante, ha reconocido que las últimas resoluciones judiciales, entre las que el TSJA anulaba parcialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2008 y devolvía a la zona la protección del plan de 1994, es decir, el de un área "no urbanizable"; los jueces han mostrado el camino para derruir el hotel "pero no es una resolución que lleve a decretar la demolición".
   "Hay una reflexión sobre la forma en la que sería la demolición", ha reconocido Saavedra, quien en esta línea ha apuntado que cuando se ha solicitado la puesta en marcha de la demolición, cosa que se ha requerido en otras ocasiones, según ha especificado; los jueces "han señalado expresamente" su negativa al respecto hasta que se finalicen los procesos judiciales abierto.
   Sobre la posición adoptada por varios alcaldes de distintos signos políticos a favor de la apertura del hotel mediante la aprobación de una moción en los plenos de sus respectivas mancomunidades, Saavedra ha reincidido en que la posición del Ministerio está marcada por las resoluciones judiciales. "El Ministerio ni tiene, ni quiere tener una posición política diferente ni puede tenerla dado que lo único que le corresponde es velar por el cumplimiento de la Ley de Costas", ha remarcado.
   Así, tras indicar que durante la reunión con alcaldes de municipios costeros de Almería el asunto de El Algarrobico se ha mencionado "de pasada", ha manifestado que si finalmente las resoluciones y sentencias van en la dirección de la "ilegalidad" del hotel, se acatarán las sentencias. No obstante, ha remarcado que el Gobierno "no es responsable de la construcción del hotel" y se limita a "ofrecer su colaboración" a la Junta, ante las actuaciones "que tenga a bien promover en un futuro".

La nueva Ley de Costas evitará que se puedan producir "aumentos de edificaciones en el litoral"

ALMERÍA.- El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, ha señalado este lunes que la nueva Ley de Costas, cuyo borrador será dado a conocer en las próximas semanas, tiene como objetivo que "en ningún caso se pueda producir aumentes de edificaciones en el litoral", una determinación que ha atribuido específicamente al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. 

   En declaraciones a los periodistas en Almería, Saavedra ha explicado que "no se ha puesto sobre la mesa" ningún tipo de "apantallamiento, enladrillamiento o cuestiones parecidas" en el litoral, de forma que incluso se incluirán "peticiones expresas" para evitar circunstancias que han tenido lugar con la ley vigente, entre las que ha señalado la construcción del hotel El Algarrobico en la playa de Carboneras.
   Así, ha señalado que dicho inmueble "es un ejemplo de cómo las buenas intenciones no son suficientes", por lo que se va a tratar de aprobar una ley que deje de lado experiencias similares, si bien no se ha referido a ningún caso en concreto. Igualmente, ha explicado que la futura Ley de Costas no va a suponer ninguna "revolución" ni pondrá "patas arriba" el dominio público, sino que tratará de ser "más clara y segura" a la hora de afrontar los deslindes.
   La reunión mantenida con los alcaldes de municipios costeros de Almería ha dado lugar también a debatir la situación de los chiringuitos en el litoral andaluz tras el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía. Así, ha reconocido que desde el Gobierno central ha existido una "preocupación" sobre que dicho traspaso pudiera generar "más burocracia y duplicidades", por lo que ha asegurado que desde su departamento se vela por que la tramitación "sea la más ágil posible".
   Preguntado por si ha habido quejas en este sentido por parte de los regidores, Saavedra ha reconocido que existe "cierta ralentización" y "rigidez" a la hora de la concesión de permisos para chiringuitos por parte de la Junta de Andalucía, con lo que ha señalado que los empresarios de playa "normalmente no pueden esperar los plazos" marcado por la Administración.
   "Contra eso vamos a luchar, tanto en la reforma de la Ley como en la nueva política de Costas, que van en ese sentido", ha manifestado el director general, quien ha abogado por que se "agilicen" los trámites y que sean "más rápidos" a cambio de una gestión "mucho más responsable" que será exigida a empresarios y hosteleros de playas.

Griñán inaugura el nuevo centro de atención primaria de Los Gallardos con una inversión de 718.000 euros

VERA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha inaugurado este lunes el centro de atención primaria de Los Gallardos, en cuya construcción se ha invertido 718.000 euros. Las nuevas instalaciones triplican la superficie de las anteriores, hasta los 761 metros cuadrados, y mejorarán notablemente la atención sanitaria que reciben los vecinos de este municipio del levante almeriense. 

   La construcción del nuevo centro es fruto del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Los Gallardos, en virtud del cual la Junta de Andalucía ha subvencionado las obras, que han sido ejecutadas por el Ayuntamiento. El proyecto ha supuesto una inversión total de 718.107 euros, de los que  682.107 se han destinado a las obras y 36.000 a la dotación de mobiliario y equipamiento.
   Los 3.800 habitantes de Los Gallardos eran atendidos hasta ahora en un consultorio de unos 250 metros cuadrados de superficie, que contaba con una consulta de medicina de familia, una de pediatría y una de enfermería.
   El nuevo centro, con capacidad para atender en el futuro hasta a 5.500 usuarios, se ha levantado en el solar que ocupaban las anteriores instalaciones. Mientras han durado los trabajos de construcción, los usuarios han sido atendidos en un emplazamiento provisional, que ha sido cedido por el Ayuntamiento.
   El nuevo centro cuenta con cinco consultas de adultos y dos de pediatría, lo que supone duplicar su capacidad. Dispone igualmente de una sala de extracciones y tres boxes de tratamiento, para la realización de curas y pruebas.
   Las nuevas instalaciones incluyen la creación de una sala de Educación Sanitaria, con 40 metros cuadrados de superficie, y dotada de aseos, vestuarios y un almacén propio. En ella se podrán realizar terapias grupales, talleres formativos y actividades de educación para la salud.
   La dotación del nuevo centro de atención primaria de Los Gallardos se completa con un área de entrada con vestíbulo, recepción, administración, despacho de atención al usuario, y sala de comunicaciones y una zona de servicios de apoyo, que incluye aseos adaptados para su uso por personas con minusvalía, almacén, sala de educación sanitaria, y vestuarios y sala de estar para los profesionales.
   La Junta de Andalucía está realizando un esfuerzo inversor para ofrecer el mayor grado de accesibilidad a los servicios de atención primaria y para el incremento y mejora de la red pública de centros de salud en la provincia de Almería. Ejemplo de ello son los centros inaugurados en los últimos años en localidades como Pulpí, Vélez-Rubio, Adra, Roquetas de Mar o en la propia capital.
   A ellos se suman las obras que actualmente se encuentran en ejecución en Almería capital, La Mojonera, Las Norias (El Ejido), Abrucena, Canjáyar, Gádor, San Isidro (Níjar), Olula del Río, Fines, Garrucha, Llano del Espino (Albox) y Macael. Todo ello supondrá que, una vez concluidas, los almerienses tendrán a su disposición unas instalaciones renovadas y dotadas de mayor confortabilidad y capacidad.

El comité de empresa de Elsur dice que el Consistorio les ha dado "la patada en el culo" con el nuevo ERE

EL EJIDO.- El comité de empresa de la sociedad mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido ha afirmado este lunes que el Ayuntamiento ejidense les ha dado "una patada en el culo" ante el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo planteado por la empresa sobre el 40 por ciento de la plantilla, al entender que el equipo de gobierno (PP) no ha cumplido con sus promesas electorales con respecto a los trabajadores. 

   En rueda de prensa, el portavoz del comité de empresa se ha mostrado en contra del expediente que rebaja a 122 los empleados de mano de obra directa necesarios de los 230 que posee la sociedad, con lo que han abogado por otras medidas como la reducción de directores, rebajas en los sueldos, prescindir de vehículos oficiales o favorecer las prejubilaciones, entre otras.
   "Tendrían que tener más conciencia de las palabras que en su día iban diciendo en vez de darle la vuelta a la chaqueta", aseguran desde la representación de los trabajadores, donde aseguran que los ediles "nos ven por la calle y casi vuelven la cara", con lo que además han criticado la gestión llevada hasta el momento por el equipo de gobierno sobre su situación.
   Por su parte, el Ayuntamiento ha reiterado este lunes su petición a Elsur para que le entregue el ERE planteado, ya que el gobierno local quiere "analizar los efectos que dicho expediente, en cuya redacción no ha participado, tendrá en la prestación de los servicios municipales", con lo que ha reiterado que "desconoce" el contenido del documento.
   Asimismo, quiere analizar con detenimiento su impacto en los distintos departamentos de la empresa, así como estudiar sus efectos en la prestación de los servicios, en el sentido de que pueda conllevar una merma o precariedad de los mismos. El presidente del consejo de administración de Elsur y alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha solicitado también formalmente el contenido íntegro del expediente.
   Desde el gobierno municipal se ha insistido en que el planteamiento "ha sido siempre el de mantener el máximo número de trabajadores posible, garantizando la calidad de los servicios y sin poner en riesgo el interés general del municipio, permitiendo de esta forma al Ayuntamiento poder seguir afrontando sus obligaciones de pago".
   En ese sentido, ha incidido de nuevo en que la cifra planteada por la empresa en el ERE "se puede y se debe bajar para aproximarla a la propuesta de 105 ya planteada anteriormente por el equipo de gobierno" que pone el acento en las prejubilaciones, en contratos de sustitución viables, en el personal de administración y dirección de la empresa y en la reducción de los sueldos de los cargos directivos, de manera que ello pueda contribuir a reducir el número de trabajadores incorporados en el ERE.
   El canon de mantenimiento de la empresa elaborado por el Ayuntamiento, de 12 millones de euros y aprobado en pleno, "se ajusta a las posibilidades reales que el Consistorio puede asumir dada la situación económica actual, con unas arcas municipales que deben hacer frente a una deuda desorbitada heredada de la mala gestión anterior", alega el Consistorio.

Lanzan el primer comparador online que ayuda al ahorro diario de familias y empresas

SEVILLA.- Una serie de emprendedores andaluces han puesto en marcha un comparador por Internet que se caracteriza por ser "el más completo del sector", de forma que la web, www.comparadortotal.com, nace con el objetivo de "ayudar a las familias y empresas en su ahorro diario tanto en la factura de luz, como de teléfono, pasando por seguros, compras, viajes y, próximamente gas". 

   Según indica la empresa en una nota, su funcionamiento, muy intuitivo y bien segmentado, está pensado para que "todo tipo de personas y de cualquier edad puedan realizar sus comparativas".
   Según uno de los creadores del portal, el empresario Álvaro Arostegui, "la idea surgió cuando, al igual que muchas personas del país, intentamos ahorrar en los gastos diarios de nuestros hogares y empresas".
   De esta forma, según ha explicado, analizando los gastos comunes, "decidimos crear un comparador que aglutinase el máximo de ellos".
 "Comparar es excelente porque realmente lo que quieres es pagar lo mínimo por un servicio de primera necesidad, por el servicio que te hace falta", añade.
   Agrega que es "la primera web en España que lleva a cabo la comparación de tarifas de las diferentes compañías eléctricas que existen en el mercado; una herramienta que, ante el desconocimiento por parte de los consumidores de la diferencia de precios existentes entre unas empresas y otras, se vislumbra como un gran aliado para contener los gastos económicos que produce el consumo", dice Arostegui.
   En este sentido, el creador del portal destaca que "desde que la competencia aumentó en este sector, apenas ha habido movimientos de clientes entre las compañías, todo lo contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en las empresas de telecomunicaciones".
   "No hay en la red comparadores tan completos como 'comparadortotal.com', donde las facturas elevadas, tanto en empresas como en particulares, pueden llegar a obtener un ahorro considerable", señala Arostegui, quien apunta que "familias que consumen de media unos 796 euros anuales (67 euros al mes aproximadamente) pueden llegar a ahorrarse cerca de 75 euros al año, lo que supone algo más de una mensualidad".
   Por otro lado, este comparador también ayuda a las empresas, no sólo grandes sino pymes  en su ahorro energético, ya que en la web existen dos pestañas diferenciadas, la de hogar y la de empresas. Para estas últimas, al tener un consumo mayor, el ahorro es superior.
   Precisa que, por ejemplo, una empresa que consume cerca de 600 euros mensuales de media, lo que supondría unos 7.600 euros anuales, puede llegar a ahorrarse más de 700 euros al año.
   "En la sección de energía se puede distinguir entre hogar y empresa, el tipo de tarificación horaria que tiene y, a partir de ahí, se le piden los datos de la última factura. En base a esos datos, se calculan los precios y se muestra un ahorro anual estimado", explica el empresario.
   Además, desde el mismo portal existe la opción de cambiar en ese momento de compañía "de una manera rápida y con la tarifa idónea".
   En cuanto al sector de la telefonía, en 'comparadortotal.com' existen varias posibilidades. Puedes ver las distintas opciones que hay en telefonía fija y ADSL, móvil, tablets e Internet.
   Precisa que dentro de la telefonía móvil se puede escoger el móvil que quiera con la mejor tarifa y precio, elegir la tarifa plana que más interese y comparar con tu factura el ahorro que tendrías con otros operadores.
   Asimismo, también ofrece soluciones varias como el seguro de los terminales, canjear puntos o renovarlos entregando su móvil antiguo.
   Los servicios de 'comparadortotal.com' incluirán próximamente a las compañías de gas dentro de la web, de forma que, según explica
Arostegui, "también estamos desarrollando el comparador del gas, pero aún trabajamos en ello para mejorar la comparativa, pues al poder formar dúo con la electricidad las combinaciones se multiplican, así como los problemas para los usuarios a la hora de leer sus facturas, esto es, facturas de gas y electricidad, de sólo gas, de sólo electricidad".
   "Hace años nadie compraba sus viajes a través de Internet y, mucho menos, los seguros, sin embargo, hoy en día el panorama es radicalmente distinto y las compras a través de la red se han disparado y, en gran medida, gracias a estos comparadores", ha aseverado este empresario, quien apunta que "en breve iremos ampliando a más comparadores".

Fomento ultima fórmulas de rescate para evitar el cierre de la autopista de peaje Alicante-Cartagena-Vera


MADRID.- El fiasco en las autopistas de peaje, especialmente las radiales, ha generado ya un agujero de 3.800 millones de euros y ha dejado a nueve concesionarias “al borde de la quiebra”. Así figura en la documentación del Ministerio de Fomento y lo reconocen las empresas. Estas nueve compañías obtuvieron en 2010 un resultado de explotación de 49,5 millones entre todas, con lo que no pueden ni pagar los intereses de la deuda. El Gobierno busca fórmulas de rescate, después de que hace dos años el Ejecutivo ya les concediera un ventajoso préstamo para que prosiguieran su actividad.

Las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista de peaje a Barajas, la Ocaña-La Roda y la autopista Alicante-Cartagena-Vera, proyectadas en el segundo Gobierno de Aznar, no han cumplido ni una de sus previsiones, según publica hoy 'El País'.
osé Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid (R-3 y R-5), pinta un panorama negro: “Ha habido sobrecostes en las obras y en las expropiaciones. Había que invertir 640 millones pero acabó en 1.500. Además, el tráfico solo alcanza el 35% del previsto”. De los 40.000 vehículos al día que debían utilizar la R-3 solo lo hacen 13.000. Los ingresos por peajes del grupo son de 22 millones al año, menos de la mitad de lo estimado. “Tiene poco arreglo. Solo lo puede arreglar el Gobierno”, concluye López. Accesos de Madrid tiene una deuda de 666 millones de euros con unos 40 bancos (una decena de ellos, extranjeros) que debe renegociar en septiembre.
No es la única. La R-4 y la AP-36, ambas controladas por Ferrovial, suman una deuda de 1.000 millones con más de 20 bancos y desde junio del año pasado el crédito está en suspenso (stand still). Ni pagan los intereses a la espera de lo que decida el Gobierno. Tiene un 70% menos del tráfico previsto.
Fomento maneja documentación según la cual hay dos de ellas que “no son viables ni a corto ni a largo plazo”. Se trata de la Madrid-Toledo, que entró en concurso de acreedores en mayo pasado, y la que va a la T-4 de Barajas. Esta tiene una deuda de 227 millones y unos ingresos por peajes que en 2010 fueron de solo 4,7 millones. Se puede ir gratis por una autovía por la que no tarda más tiempo. Este diario ha intentado, sin éxito, obtener la versión de la constructora OHL, dueña de esta última.
En estas autopistas entraron constructoras (ACS, OHL, Cintra, Sacyr, Sando, Isolux...) pero también cajas de ahorros, como Caja Madrid, Unicaja, Cajamurcia o Cajamar. Los dos sectores atraviesan enormes dificultades y tienen en las autopistas una carga extra.
El sector presenta un panorama en el que todo se conjura contra ellos. “Las expropiaciones se dispararon un 600%”, explica una fuente de una empresa. Al menos en los alrededores de Madrid, los tribunales comenzaron a interpretar que debían pagar el suelo en función de las expectativas que hubiera. El Tribunal Superior de Madrid llegó a fijar una expropiación de 3.100 euros por metro cuadrado en el enlace entre la R-3 y la M-40, según López Casas.
Uno de los problemas es que la mayoría de la inversión se hizo con deuda. La R-2, por ejemplo, se ideó en 2001 con una inversión de 486 millones. De ellos, los socios ponían 61,7 (el 12%) y el resto procedía de un préstamo sindicado de 424,5 millones. La partida para expropiaciones estaba fijada en 40 millones pero finalmente ascendió a 430. Así figura en un libro de la patronal de concesionarias y túneles, Aseta.
Además, critican que en algunos casos el Gobierno promovió obras que le hacían la competencia. Es lo que esgrimen en Ciralsa (el 50% es de ACS), concesionaria de los 33,2 kilómetros de circunvalación de Alicante, que abrió en diciembre de 2007. “Tenemos vías paralelas. Hace seis meses, Fomento abrió una vía con dos carriles”. Tras una inversión de 445 millones, el tráfico el mes pasado fue un 30% del previsto. La empresa, que acumula una deuda de 242 millones, afirma que está “pendiente de un reequilibrio financiero circense”, y que “a nadie le interesa que quiebre y explote”.
La Madrid-Toledo, que en 2010 ni cubrió los gastos operativos, culpó de sus males a que el Gobierno no construyó el tramo entre Toledo y Córdoba. Eso habría convertido la vía en una alternativa entre Madrid y Andalucía. Una declaración de impacto ambiental negativa lo impidió, ya que iba a atravesar la zona del lince. Pero también ha habido evidentes fallos de planificación. La Cartagena-Vera abrió en 2007 en una zona de costa virgen en la que el Gobierno de Murcia impulsaba la construcción de decenas de miles de viviendas. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria frustró los planes. Apenas tiene tráfico, pero mantiene una deuda de 561 millones, a los que hay que sumar los 210 de la Alicante-Cartagena. La empresa no quiso dar su opinión y remitió a Fomento. Tal es la dependencia de la Administración. La situación es tal que si dedicaran los beneficios de estas nueve concesionarias a pagar deuda tardarían más de 80 años en cumplir con los bancos.
Fomento afirma que busca soluciones a corto y a medio plazo para uno de los mayores fiascos de las infraestructuras españolas (que suma aeropuertos sin aviones y AVE vacíos). En 2010, el Gobierno del PSOE incluyó préstamos blandos por 80 millones para que pudieran continuar. El PP se abstuvo. El problema para el Ejecutivo es que si quiebran y rescata las concesiones “existe riesgo de reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administración por un importe de 3.908 millones, con el consiguiente impacto en el déficit”.
La patronal de las concesionarias, Aseta, explica que hay varias vías de rescate: alargar las concesiones o expropiar las que no tienen ningún futuro, créditos públicos, cuentas de compensación, peajes a las autovías. También que las autopistas que sí son rentables, como las antiguas de Cataluña o de Segovia y cuyas concesiones expiran en unos años, absorban estas a cambio de nuevas ventajas. “El Ejecutivo puede asumir un déficit de 80 millones al año un tiempo o 3.000 de golpe”, señala López Casas.
Manel Nadal, exsecretario de Movilidad de la Generalitat de Cataluña con el PSC, opina que fue un error diseñar un sistema doble, uno de pago y otro gratuito. Admite que las expropiaciones se han disparado y que por ahí el Estado podría justificar alguna compensación. Pero añade que hay errores propios de las concesionarias: “Hicieron estudios de tráfico mal hechos y ellos deberían asumir sus errores. Aquí la gente solo asume los beneficios. Si hay riesgos viene papá-Estado”. Para Nadal, la solución final pasará por hacer de pago también las autovías.
No sería el primer rescate de autopistas. Entre 1980 y 1983, el Estado intervino tres concesiones y fundó Empresa Nacional de Autopistas de Peaje (ENA), que fue privatizada en 2003.

Las CCAA deberán aplicar los ajustes en sanidad y educación

MADRID.- Los Gobiernos autonómicos que necesiten ayuda del Estado para financiar su deuda financiera deberán demostrar que han aplicado antes los recortes en educación y sanidad y las reformas de todos los servicios públicos que se aprueben.

   Estos son los parámetros con los que trabaja la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que dirige Antonio Beteta. El Gobierno tiene preparado un instrumento para ayudar a las CCAA a afrontar los vencimientos de su deuda, que esperará a aprobar a que se calmen los mercados tras las próximas citas europeas.
   Este año, las autonomías han contado con una línea de crédito del ICO para este fin, dotada con 10.000 millones, ampliables a 15.000. En adelante, para contar de nuevo con el respaldo del Estado en sus emisiones de deuda, las autonomías deberán demostrar previamente que han utilizado al máximo las posibilidades de ajuste presupuestario aprobadas, como en sanidad y educación, ajustes sobre los que algunas autonomías han mostrado reticencias. Será condición imprescindible, según Administraciones Públicas.
   Fuentes de Hacienda han asegurado que el Gobierno ha decidido esperar a que se calmen las presiones de los mercados sobre España antes de aprobar este mecanismo o instrumento de ayuda financiera.
   Estas fuentes han explicado que la fórmula está preparada, pero que se ha considerado prudente esperar al resultado de próximas citas que el Gobierno considera importantes para el futuro de la economía española, sobre todo el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de este mes.
   El Ejecutivo confía en una respuesta clara de las instituciones europeas en defensa del euro y del proyecto comunitario, que lance un mensaje de confianza y calme la situación de los mercados. A partir de ese momento, el Gobierno barajará la aprobación de esta herramienta, que las mismas fuentes han asegurado que está ya ultimada.
   Fue el ministro Cristóbal Montoro quien aseguró en rueda de prensa el día 1 de junio que el Gobierno trabajaba en este mecanismo, ante la reclamación de diversas comunidades autónomas de que se aprueben lo que se han llamado 'hispanobonos'.
   Montoro explicó entonces que esta fórmula llevará aparejada la exigencia de nuevas medidas para las Comunidades Autónomas, con lo que éstas "no se van a ahorrar nada".
 "Que cada palo aguante su vela", remachó. Asimismo, recalcó que se trata de un instrumento de financiación "extraordinaria" para las regiones que puedan necesitarla, y que, por tanto, tendrá un carácter "temporal", mientras duren las dificultades.

Unas 38.000 empleadas del hogar irán a la economía sumergida si no pasan al régimen general de la S.S.

MADRID.- Más de 38.000 empleadas afiliadas al antiguo Régimen Especial de Empleadas del Hogar --el 15% del total-- serán dadas de baja de la Seguridad Social y pasarán a la economía sumergida si no tramitan su incorporación al Régimen General antes del próximo domingo, 1 de julio, fecha en la que termina el plazo de seis meses fijado para completar la integración, según cifras aportadas por CC.OO. a partir de datos de afiliación al sistema de la pasada semana.

   Se trata de aquellas trabajadoras que están afiliadas en la modalidad de discontinuas --las que asumen a su cargo exclusivo la totalidad de la cotización porque trabajan para varios empleadores--, puesto que las empleadas que cotizan en la modalidad de continuas --su único empleador es el que cotiza por ellas-- se integrarán de forma automática cuando acabe el mes de si su empleador no lo ha hecho antes.
   La cifra de empleadas discontinuas pendientes de integración a 31 de mayo era de cerca de 45.000 personas, con lo que el paso de estas trabajadoras al Régimen General en lo que va de mes de junio se ha producido a un ritmo aproximado de unas 400 empleadas al día.
   Sin embargo, desde CC.OO. se cree que en esta última semana se podría producir una "explosión" de altas que acelere el proceso y reduzca significativamente el número de mujeres que tendrán que ser dadas de baja en la Seguridad Social a partir del 1 de julio.
   De hecho, fuentes del Ministerio de Empleo han indicado que se ha producido en estas últimas semanas un aumento fuerte de las solicitudes para tramitar este cambio de régimen de afiliación que aún no se ha materializado en altas efectivas en el régimen general.
   Las mismas fuentes recuerdan que las empleadas eventuales del hogar podían darse de alta hasta ahora en uno sólo de los domicilios en los que prestaban sus servicios, mientras que a partir de su integración en el Régimen General tendrán que hacerlo en cada uno de ellos, lo que supondrá mayor gasto. Esta circunstancia podría estar llevando a muchas de estas empleadas a apurar los plazos para ahorrarse en la medida de los posible días de cotización.
   En cualquier caso, desde CC.OO. se espera que también se produzcan altas en el Régimen General de la Seguridad Social en los primeros días de julio. Las empleadas que así lo hicieran serían dadas de baja en el antiguo Régimen Especial de Empleadas del Hogar el 1 de julio, y días más tarde, de alta.
   En esta situación, el secretario confederal de Seguridad Social de CC.OO., Carlos Bravo, indicó que "es necesario redoblar los esfuerzos que se están llevando a cabo para explicar las ventajas que tiene asociados tanto para la trabajadora como para el empleador".
   En este sentido, considera que la razón de que aún haya más de 38.000 empleadas del hogar que aún no se han integrado en el Régimen General radica "en el retraso en la puesta en marcha de la campaña informativa de la Administración", que, a su juicio, "debería haber comenzado a finales del año pasado cuando se alcanzó el acuerdo para la integración entre Gobierno y sindicatos".
   La integración de estas trabajadoras en el nuevo régimen les garantiza tener derecho a baja por enfermedad común y accidente de trabajo, a la garantía de revalorización automática del salario de cada año y a una mayor seguridad jurídica sobre las condiciones de trabajo.
   Por el lado de los empleadores, la integración aporta tranquilidad frente a posibles responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo u otras circunstancias, garantía jurídica de las condiciones de trabajo y la posibilidad de acceder a importantes reducciones de cotizaciones, que oscilan entre el 20% y el 45%.
   Bravo considera que "el proceso de integración en el Régimen General finalmente ha conseguido un ritmo razonable" puesto que de las 297.000 trabajadoras que estaban afiliadas a finales de 2011 al Régimen Especial, está prácticamente garantizada la integración del 90%. Además, se ha conseguido hacer emerger cerca de 30.000 nuevas altas que antes estaban trabajando sin protección social.
   Con todo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hay más de 700.000 empleadas del hogar en España, con lo que habría de 400.000 de ellas aún fuera del sistema.
   Por ello, desde el Ministerio de Empleo se ha avanzado que en una segunda fase se van a poner en marcha nuevos incentivos para lograr que todas estas trabajadoras también desarrollen su labor dentro de la legalidad.
   Con este objetivo, Empleo tiene previsto elaborar no mucho tiempo después de que termine el plazo de integración un informe técnico para estudiar las alternativas posibles.
   Este informe es un mandato recogido en la reforma laboral a través de una enmienda acordada entre PP y CiU, en la que se instaba a buscar durante el segundo semestre del año fórmulas de simplificación de los trámites y posibles mejoras en las cotizaciones.

Descontrol de las administraciones públicas españolas en la gestión de las ayudas europeas

MADRID.- La portavoz parlamentaria de UpyD, Rosa Díez, critica los errores en la gestión de las ayudas comunitarias por parte de las administraciones públicas españolas, que junto con Italia y Reino Unido acumulan el 59% del total de fallos de la UE, y en una pregunta escrita al Gobierno reclama la implementación de un programa de control de estos fondos.

   Según explica la diputada, la CE ha detectado que el 59% de los errores de gestión de las ayudas de la Unión Europea entre 2006 y 2009 se produjeron en España, Italia y Reino Unido, con particular incidencia en los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), en el Fondo Social Europeo (FSE) y en los Fondos de Cohesión.
   Esto ha llevado al Parlamento Europeo a enviar una delegación de expertos a España para verificar cómo se están gastando estas ayudas y evaluar si existen "suficientes mecanismos de control" para "evitar irregularidades".
   Así, la líder de la formación magenta pregunta al Gobierno de Mariano Rajoy por su "diagnóstico" sobre las causas de esta situación y por si se está llevando a cabo algún programa de control. Además, se interesa por conocer las medidas que se está planteando el Ejecutivo para "mejorar la gestión y el control de las ayudas europeas en los distintos niveles de la administración".

El PSOE pretende embridar a concejales y alcaldes

MADRID.- El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha citado este lunes a los alcaldes socialistas para definir la propuesta de este partido para reformar la Ley de Bases de Régimen Local que, entre otras medidas, contempla regular los sueldos de los ediles en proporción al presupuesto y tamaño del municipio. 

   En un comunicado, Zarrías ha señalado que los socialistas apostarán por determinar límites a las retribuciones de los electos locales y del personal al servicio de la Entidad Local ya que, según el, a veces "se hacen públicos algunos sueldos que escandalizan a la ciudadanía".
   "Lo que pretendemos es introducir racionalidad y sentido común en el régimen de los sueldos y también de las asistencias a Plenos y a Comisiones que a veces engordan las retribuciones de alcaldes y concejales", ha defendido el dirigente socialista.
   Zarrías ha añadido que el PSOE también quiere aprobar una nueva regulación de los grupos políticos municipales, "no sólo para limitar las cuantías percibidas sino también para asegurar un contenido mínimo de derechos que posibiliten el ejercicio responsable de la oposición política y el control del grupo del gobierno".
   La propuesta que analizarán los alcaldes socialistas contempla que las retribuciones no deberán superar, en ningún caso, los límites que se fijen en los Presupuestos Generales del Estado. Y deberán estar en proporción al presupuesto del ayuntamiento y al tamaño del municipio. Los Ayuntamientos a través de sus asociaciones más representativas acordará con las CCAA el marco regulatorio correspondiente. Dichos acuerdos recogerán las retribuciones tanto para los cargos electos con dedicación exclusiva como para los de dedicación parcial.
   Zarrías ha defendido la "transparencia para cualquier responsable político" y que toda la información de políticos y personal de confianza del gobierno esté "accesible para el conocimiento de cualquier ciudadano".
   Las propuestas objeto de estudio abogan por preservar la "autonomía municipal" reconocida en la Constitución para que los ayuntamientos puedan decidir cuál es la fórmula más idónea para "prestar los servicios públicos siempre desde parámetros de eficiencia y respeto a las normas de estabilidad presupuestaria".
   Zarrías se ha referido a la propuesta del PP para señalar que, a diferencia de este partido, el PSOE quiere "evitar desapoderar a la inmensa mayoría de municipios utilizando para ello a las Diputaciones provinciales, bajo la apariencia de la mejora de la eficiencia y el supuesto reforzamiento de las mismas".
   "Eso supondría --ha afirmado Zarrías-- hurtar competencias a 7.720 municipios que, hasta el momento, se ha demostrado que son los que menos deudas tienen y que mejor han sabido gestionarse con la crisis. Y los datos lo demuestran: entre los 50 municipios más endeudados de España no hay ninguno de esos más de 7.000 y los 3.000 municipios que no tienen contraída ninguna deuda son todos municipios pequeños a los que ahora el PP quiere castigar".