Una de las primeras sorpresas
que arrojan los llamados “Papeles de Bárcenas”, vistos desde la perspectiva
andaluza, es que solo dos empresarios han aportado –supuestamente- dinero al PP
en estos años, a través del tesorero de Génova 13. También que son escasos los
nombres andaluces del PP que aparecen en la lista de trueques económicos de
éstas décadas que dejó anotados el ex
responsable de las finanzas del partido.
La contabilidad privada del
tesorero, la caja “B” de Bárcenas, aportada al juez Ruz esta misma semana, ha
sido desacreditada por activa y por pasiva por la cúpula dirigente del PP,
empezando por su presidente Mariano Rajoy y por la Secretaria General María
Dolores Cospedal. Antes dijeron que eran fotocopias, ahora que su autor es un delincuente, mentiroso, perverso. Que
está donde debe estar, en la cárcel de Soto del Real. Las chispas lo intoxican
todo.
No es para menos. Los nervios
están a flor de piel. Ha estallado la bomba nuclear de la que tanto habían hablado
quienes anunciaban la llegada de “el lobo”, entre otras razones porque eran
voces que habían hablado con él, en la oscuridad de su cueva. Por tanto, hemos
asistido en tiempo real y en directo, al chantaje que, ahora, rechaza Rajoy y
su equipo de máxima confianza. Una extorsión contra el PP y contra sus dirigentes, no tanto contra el
Estado de Derecho como pretenden hacer creer ahora desde los manuales. Desde
luego alguien negocia porque cree que puede sacar algo, doblegando incluso la
voluntad de la otra parte o, sencillamente, porque cree que antes se habrían
hecho cosas parecidas que ahora podrían volver a repetirse.
La opinión pública española, verdaderamente
preocupada al situar la corrupción como el segundo asunto que le preocupa tras
el paro, le está prestando más atención de la que parece a todo cuanto está
vomitando el escándalo Gürtel/Bárcenas. También sigue el Caso Eres, pero con
menos intensidad, porque hay mayor información disponible. Expectación general
que parece ignorar el PP, a la vista de su comportamiento a la hora de dar
explicaciones públicas el jefe de Gobierno y del PP en el Parlamento. Rajoy ha
optado por la fórmula del percebe, agarrarse a la roca y aguantar las
embestidas de las olas. Algo que supone confiar en que el temporal amaine y que
no aumente su fuerza destructora.
Si el presidente Rajoy se
limitase a hacer exactamente lo que, ayer mismo, pedía el PP andaluz a Griñán,
a través de su vicesecretaria Ana Corredera, exigiéndole un pleno especial
sobre los Eres por respeto al Parlamento, el PSOE no hubiese anunciado una
arriesgada moción de censura porque no haría falta. Señal de que Rajoy habría aceptado
hablar en la tribuna. Por cierto, Griñán no solo ha comparecido en el pleno
para hablar de los Eres en varias ocasiones, también ha acudido a declarar ante
una comisión de investigación parlamentaria, algo que nadie ha pedido aún en el
caso Bárcenas.
La portavoz del PP-A apelaba
al respeto que le debe Griñán y sus socios al Parlamento, a los ciudadanos
andaluces, ávidos, decía y con razón, de que alguien asuma responsabilidades
políticas en el escándalo de los Eres. Otros en su partido han ido más allá,
metiendo en el saco de las justificaciones - ¿novedosas?- para un pleno monográfico la, para ellos,
segurísima imputación por la Juez Alaya en pocos días del presidente de la
Junta y otros aforados. Afinan que antes de las vacaciones judiciales llegará
el papelito de Alaya.
NO ES EL CHÓFER
Visto desde la calle, sin
entrar en demasiadas profundidades, los ciudadanos se ha dado cuenta de varias
cuestiones por sí mismos, sin la ayuda del coro de propagandistas que están
enseñando la cresta en multicolores praderas televisivas. En muchas ocasiones
considerando lela a la ciudadanía.
La cuestión es muy simple. El
PP, como casi todos los partidos, se ha estado financiando de forma irregular.
Posiblemente también de forma delictiva, si se confirman que los pagos de
empresas suponían contraprestaciones en adjudicaciones y concursos públicos
amañados. Obsérvese que sobre este punto ha hablado poco el ex tesorero.
Mariano Rajoy ahora y antes
José María Aznar, cuyo nombre por cierto no está muy expuesto en estos carteles,
heredaron de Fraga un sistema de financiación del partido que modificaron con
el paso de los años. Allí siempre estuvo Bárcenas, primero como gerente y
finalmente como tesorero propuesto por Rajoy. Lo que se está sabiendo con el
estallido del caso viene a confirmar que el núcleo duro de gobierno del PP no
solamente está unido por el poder, también por el dinero, a la vista de los
sistemáticos sobresueldos en negro que parece que les entregaba el gerente o
tesoreros, Lapuerta o Bárcenas.
Y quien hace estas acusaciones
ante un juez de la Audiencia Nacional no es un chófer, ni siquiera un
saltimbanquis que repartía sobres marrones con dinero negro en los bares del
entorno de Génova, tampoco un director general del tercer o cuarto nivel
político de la cosa. Testimonios, por otra parte, con validez penal y procesal,
sin duda. Pero quien esta vez acusa, tras confesar que ha mentido varias veces
porque estaba pactando un proceso penal “a la carta” con Rajoy, sin éxito final
presumen oficialmente, es uno de los históricos miembros del núcleo duro del
PP. Alguien que conoce bien las tripas de Génova 13 y sus finanzas, con sus
grandezas y sus miserias. Sin duda la persona con más poder orgánico del
partido en cuyas manos ha estado la llave de la caja con muchísimos secretos,
parece que muchos e inconfesables hasta
ahora. Tenía razón José Luis Sanz cuando afirmó el otro día en Málaga que el PP
es, en estos momentos, el partido más transparente en sus finanzas de España.
Se quedó corto: es el único partido que desde hace meses permanece desnudo, en
plena calle y a la intemperie.
Un hombre, por si había alguna
duda, que el propio Mariano Rajoy protege y promueve al nombrarle en el
congreso de Valencia tesorero del partido y miembro de la dirección nacional
del PP. Sin duda, visto a día de hoy, su gran error político, junto a su
incomprensible defensa y relación personal con el personaje cuando las
evidencias ya se amontonaban en las puertas de la Audiencia Nacional. ¿Ninguno
de los aparatos del Estado avisó al presidente de la nación de tan
potencialmente peligrosa compañía?
No, esta vez no parece que
haya sido el chófer de Luis Bárcenas el que ha hablado con el juez Ruz
denunciando una trama. Esta vez el barítono tiene tablas políticas en los
grandes escenarios, tiene papeles, documentos originales y, desde luego, mucha,
demasiada mala leche acumulada contra quienes, cree, le han traicionado y
dejado tirado.
ARENAS CAMPEON
Un vistazo a los papeles de
Bárcenas que publica El Mundo en
un cuadernillo especial, ofrece, como se apuntó al principio, escasa presencia
andaluza. Pero la suficiente como para valorarla en su contexto.
Sin duda es Javier Arenas,
diputado andaluz por Almería y Senador, el que por su trayectoria en el PP
aparece de forma destacada en las cuentas. Todo un campeón en el ranking de
cobros. De todos son conocidos sus supuestos sobresueldos, cantidades más o
menos fijas y periódicas, que recibió en su calidad de Secretario General del
PP y otras responsabilidades. A cuenta “de enero a junio” del 98, Javier Arenas
percibe, según Bárcenas escribe por vez primera en sus anotaciones, 2.400.000
ptas. También aparece anotada Teófila Martínez con un pago de 30.000 euros,
algo que ella misma desmintió en su día, al igual que Arenas.
Por volumen de cantidades,
supuestamente cobradas en B, aparece Pedro Arriola el marido de la ex alcaldesa
de Málaga Celia Villalobos, seguramente por sus trabajos como gran estratega
electoral al servicio de la cúpula del partido.
Llama la atención en julio del
año 2000 lo que anota Bárcenas en sus bloc de cuentas: “Cancelación cta
concejal Málaga” y entrega 2.045.000 ptas. Posteriormente ingresa otras 160.000
en la cuenta de Unicaja a cancelar.
Hay una constante curiosa a
propósito de Málaga en el capítulo de ingresos en la Caja “B” de Bárcenas. De
forma sistemática y con puntualidad trimestral, aparece un ingreso de tres
millones de pesetas (o 18.000 euros) procedentes “de Málaga”. ¿De donde salían
esos ingresos? ¿Cuotas de los militantes? Llama la atención el redondo apunte
de tres kilos porque en el listado no figura ninguna otra provincia en esas
mismas circunstancias recaudatorias, salvo la comunidad gallega y con menor
regularidad.
Al comienzo de la primera
década del siglo, con el euro compartiendo la cartera con las pesetas,
comienzan a aparecer entre los pagadores los nombres de los empresarios
andaluces Manuel Contreras Ramos (Azvi) y José Luis Sánchez Domínguez (Sando).
Sus aportaciones son también periódicas.
Contreras solía arrimar cada vez 60.000 euros, el límite legal y Sánchez
Domínguez 120.000, siempre según Bárcenas. Algún día será bueno contar, desde
el punto de vista sociológico, económico y político, por qué empresarios venidos de
abajo, hechos a sí mismos, hartos de luchar, acaban tributando en las taquillas
políticas y triunfando con adjudicaciones en los salones del poder. Si alguien
piensa, a la vista de estos papeles, que solo dos empresarios andaluces han
pasado por las cajas de la política, no conocen que la realidad de la
contribución económica a la política en Andalucía ha alcanzado a casi todas las
grandes y medianas empresas en estos años.
Un día antes de una de las
entregas de Manolo Contreras, Bárcenas anota 700 euros en un reloj para Arenas
¿o de arena? Al ex líder del PP andaluz le persiguen los relojes de pulsera. Ya
en el agitado pleno del caso de la hija de Chaves en Matsa, el entonces
consejero Martín Soler, le echó en cara al jefe de la oposición andaluza el
haber recibido supuestos regalos de caros relojes gurtelianos.
Y también llama la atención
una anotación de 2008 donde Bárcenas apunta 50.000 euros “de José L. Sánchez en
Sevilla”.
Porque esa es otra conclusión que
se obtiene al ojear las cuentas del ex tesorero del PP. Salvo pequeñas y
puntuales aportaciones, no aparecen anotados gastos de mantenimiento de las
carísimas estructuras regionales del partido con dinero negro. ¿Cómo se han mantenido
esas costosas máquinas de personal y de medios? ¿Cuánto y cómo financió el PP-A
la compra de su sede en la milla de oro sevillana de la calle San Fernando?
¿Han existido cajas y cajeros regionales independientes? Y lo más importante:
¿Se ha reproducido a nivel regional el mismo sistema de recaudación y
financiación implantado en Génova 13 durante décadas?
SILENCIOS ATRONADORES
El PP-A, no puede evitarlo,
deja ver en sus filas los efectos del grave momento por el que atraviesa la
cúpula del partido a propósito de este gran escándalo. Intenta alzar la voz,
pero los atronadores silencios del presidente Rajoy le destrozan a Zoido y a su
gente cualquier estrategia de combate para la defensa del PP en territorio del
bipartito de izquierdas.
Solo confían ya en Alaya a la
que a diario se encomiendan, más exactamente a la instrucción de los Eres que
ejecuta y en que se cumplan los rumores y vaticinios que apuntan a la “segura”
imputación de aforados como Griñán, Aguayo, Viera…
El PP andaluz se ha quedado
sin discurso. Llevan tiempo así. Su último intento de montar un pleno
monográfico sobre los Eres no ha servido siquiera para sorprender a los socios
de Griñán, que se han apresurado a coger el guante proponiendo que se haga un
debate, sí, pero sobre el estado de la corrupción de todos en Andalucía. Una
especie de gran ventilador, pero a lo bestia. Pero la derecha no traga.
El PP-A no parece dispuesto a
que se aireen algunas de sus estancias y no porque no les haga falta un buen
repaso de limpieza. Han optado por el silencio, por tapar bocas, mirar para
otro lado, política del avestruz o de la cofradía del percebe. Ahí tienen a una
de sus más relevantes figuras, Gabriel Amat, sometido a una “amplia y profunda”
investigación por parte de la Fiscalía del TSJA y un juzgado de Roquetas, denunciado
por una asociación civil contra la corrupción y Zoido no ha dicho ni palabra.
Es solo un ejemplo. Se pueden citar algunos casos más, dentro y fuera del PP,
en otros partidos.
Como ha dicho Antonio Maíllo
desde IU, sería bueno y deseable un debate a fondo sobre el estado de la
corrupción -la de todos- en la comunidad y que sirva, de paso, para poner limites al robo institucionalizado
o al mal uso del dinero público de nuestros impuestos.
