MADRID.- En la víspera de la Fiesta Nacional española nació la semana reciente un innovador blog
para analizar el día a día de la Casa Real española y hacer un análisis sistemático y frecuente del papel de la Monarquía
juancarlista, algo que periodísticamente nunca se ha cultivado en
nuestro país por diversas razones, y alejar así la actividad del vértice
del Estado de la llamada prensa rosa, que banaliza su papel
constitucional, aunque sea muy criticable, ante la urgente necesidad de
refundación del sistema democrático en España. También pertenece, como Almería-Confidencial, al grupo Newsletter del Siglo XXI.
almeriaconfidencial@gmail.com / 'El poder más peligroso es el del que manda pero no gobierna' (Torrente Ballester) * Newsletter de opinión e influencia, fundado en 2009 sin afán de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, por el periodista profesional Francisco Poveda, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid desde 1976.
domingo, 14 de octubre de 2012
Una crisis sin precedentes / Pablo Pardo *
Ya es oficial. La crisis de España no tiene precedentes. Con esa idea
se acaba este domingo la Asamblea anual del Fondo Monetario
Internacional. José Viñals, ex subgobernador del Banco de España y
actual director del Departamento de Asuntos Monetarios y Financieros del
Fondo, dijo el miércoles que la salida de capitales de los países de la
periferia de la eurozona hacia el centro es "muy extraordinaria en una
unión monetaria" ("quite extraordinary").
El país que encabeza esa salida de capitales es España.
Los inversores extranjeros han retirado dinero equivalente al 27% del
PIB de España entre junio de 2011 y junio de 2012. La mayor parte de esa
huída de capital se produjo entre enero y junio, y no hay signos de que
se haya parado.
En un país que tuviera su propia moneda, eso implicaría que la divisa se habría despeñado. Un ejemplo: en 1997 Indonesia tuvo salidas de capital algo inferiores a las que España está teniendo;
en 1998, iguales. En los seis primeros meses, la rupia indonesia pasó
de 2.436 unidades por dólar a 14.800. La inflación rozó el 80%. El PIB
cayó un 13,5%.
El sistema bancario quebró, el país vivió una revolución y una oleada
de violencia étnica contra la comunidad de origen chino. Fue rescatado
por el FMI con 43.000 millones de dólares (que hoy, descontada la
inflación serían casi 48.000 millones de euros). Eso, en relación al
tamaño de la economía de Indonesia, sería como si España recibiera
430.000 millones de euros, que muchos creen que es lo que en realidad
necesitamos (más 100.000 para los bancos).
Pero España no tiene moneda y no puede devaluar. En
el último año nuestra divisa, el euro, ha caído un 7%. Pero con la mayor
parte de los países europeos, que son nuestros socios, vale lo mismo.
La opción sería que los españoles perdiéramos un 30% de nuestro poder
adquisitivo. O sea, volver a la posguerra.
Nuestra situación es peor que la de Grecia, porque, aunque nuestro
sistema político es más eficaz (lo que tampoco es un piropo en sí
mismo), nuestros problemas son mayores. El ajuste no solo no ha reducido
el gasto público: lo ha aumentado drásticamente, del 3,6% del PIB al
4,5% en apenas seis meses. Es decir: excluido el pago de
intereses de la deuda, el agujero de nuestro Gobierno es ahora unos
10.000 millones de euros mayor en relación al inicio del año.
¿Cómo es posible? Porque los recortes del gasto y las subidas de
impuestos hacen que la actividad económica caiga más de lo previsto y
sepultan la recaudación fiscal.
Pero el déficit público es el síntoma, no la raíz del problema.
España, como ha dejado claro el FMI, no tiene un problema de gasto
público. Tiene un problema de sistema financiero. Nuestros bancos están
en quiebra. BBVA y Santander pueden seguir financiándose fuera, porque
su estructura legal permite a sus filiales operar de forma
independiente. Pero los demás, no. Y, después de la decisión de Standard
and Poor’s de bajarnos el rating, dos de las principales agencias de
calificación de riesgos nos han puesto al borde de la calificación de
bono-basura. Una de ellas, Moody’s, amenaza desde setiembre con darnos
nota de bono-basura.
El futuro
Si dos agencias nos declaran bono-basura, la situación sería
dramática. Por un lado, nadie compraría nuestra deuda pública. Pero
también afectaría a las empresas, porque las agencias de calificación de
riesgos siempre mantienen una correlación entre el rating de la deuda
pública y la privada.
El mercado europeo de bonos que no tienen el rango de inversión (que
es lo que es un bono-basura) ronda los 250.000 millones de euros. La
llegada de la deuda española lo inundaría. Solo si Telefónica e
Iberdrola se vieran abocadas a entrar en ese mercado, su volumen
crecería en 80.000 millones, según Financial Times.
Esas empresas, al contrario que los bancos, no tienen una estructura
societaria que les permita a sus filiales en el extranjero captar
capitales.
Los bonos-basura (aunque la traducción literal del término junk bond es más bien 'bono-trasto') presentan muchos problemas para los inversores.
Una gestora de fondos suele necesitar un mandato específico de sus
inversores para comprar esos activos. Y exigen una rentabilidad mucho
mayor por comprarla, del 10% o más.
Ése es el gran problema de España. El Fondo Monetario Internacional
—que, al contrario de lo que muchos piensan, está defendiéndonos desde
el inicio de esta crisis contra Alemania y otros presuntos aliados como
Finlandia y Holanda— ha sido muy claro.
Así pues, estamos en quiebra. Están en quiebra los
ayuntamientos, las comunidades autónomas, las familias y gran parte del
sistema financiero. Si se comparan las cifras de deuda del Fondo en
abril con las de ahora, se ve que esos pasivos apenas han sido
recortados. El único que no está en quiebra es el Gobierno central. Pero
él será quien acabe pagando la factura de los demás. Y eso también le
llevará a la quiebra.
(*) Corresponsal de 'El Mundo' en Washington
El Gobierno aprobará este mes el Plan de Integración de cooperativas para concentrar la oferta agrícola
ALMERÍA.- El Gobierno central prevé aprobar antes de que
finalice el mes de octubre el Plan de Integración de Cooperativas con
el que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(Magrama) quiere potenciar la concentración de la oferta en las empresas
agrícolas y mejorar la situación del sector ante sus competidores a
escala internacional.
Fuentes del Gobierno han explicado que dicho plan será tramitado a través de un Real Decreto
y será aprobado en el Consejo de Ministros. Así, este plan pretende ser
una herramienta "crucial" para hacer factible uno de los grandes retos
del sector, como es la concentración de la oferta, al favorecer la
competitividad, el redimensionamiento, la internacionalización y la
modernización.
Al margen de esta iniciativa, el departamento de Arias Cañete trabaja en un plan de reequilibrio de la cadena alimentaria que contempla un proyecto de ley de medidas para "mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena". Entre otras medidas, el Ministerio potenciará el Observatorio de Precios para "mejorar la transparencia y desarrollar actitud proactiva en la corrección de disfunciones".
Asimismo, el citado plan tratará de establecer un control de
prácticas abusivas y desleales y recogerá otras acciones para la
promoción y consolidación de las organizaciones interprofesionales.
También incluirá el fomento de la implantación de los contratos en la
regulación de las relaciones compra-venta de los productos
agroalimentarios, para buscar el establecimiento de marcos estables a lo
largo de toda la cadena.
Ambas acciones se enmarcan en el objetivo general emprendido por el ministro Arias Cañete
a su llegada al Ministerio de Agricultura, quien conjuntamente con los
Ministerios de Empleo y Seguridad Social, Economía y Competitividad, y
junto con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y
representantes de Cooperativas a nivel nacional, preveía la modificación
de la Ley de Cooperativas de 1999, y de la Ley sobre Régimen Fiscal de
las Cooperativas de 1990.
La derecha francesa defiende restringir la asistencia médica a los sin papeles
PARÍS.- La Unión por una Mayoría Popular (UMP), partido
central de la derecha francesa, defendió esta semana en la cámara baja una serie
de restricciones al dispositivo que permite a los inmigrantes sin
papeles beneficiarse de atención médica gratuita, y que serán rechazadas
por la mayoría de izquierdas.
El diputado Dominique Tian, del ala más derechista de la UMP, fue el
encargado de presentar esta proposición de ley que terminará su
recorrido en una nueva sesión plenaria de la Asamblea Nacional el
próximo martes, cuando con toda seguridad será rechazada por los
parlamentarios socialistas, comunistas y ecologistas.
Tian, que fue el ponente del informe que acompaña la propuesta,
detalló su intención de reformar la llamada Ayuda Médica Estatal (AME)
creada en 2000 para los inmigrantes en situación irregular por el
Gobierno del entonces primer ministro, el socialista Lionel Jospin, y
cuyo costo ha crecido un 26 % en cinco años hasta 633,3 millones de
euros en 2011.
Con el argumento de luchar contra el fraude, que a su juicio ha
propiciado el AME, se trataría de restablecer los controles instituidos
en 2010 por el gobierno del entonces presidente, Nicolas Sarkozy y líder
de la UMP hasta su derrota en las presidenciales de mayo pasado.
Esos controles fueron anulados por el Ejecutivo del actual presidente, el socialista François Hollande.
De acuerdo con esta proposición abocada al fracaso, los sin papeles
tendrían que obtener un visto bueno específico para cualquier
tratamiento hospitalario cuyo costo superara los 15.000 euros y pagar
una serie de franquicias para poder recibir ciertos medicamentos o
algunas formas de asistencia (como transporte sanitario).
Además, las demandas de los inmigrantes irregulares para poder
acogerse a la atención médica gratuita tendrían que pasar el filtro de
la Seguridad Social, mientras que ahora son muchas las administraciones y
organizaciones sociales que pueden concederla.
Según la argumentación de Tian, los sin papeles acogidos a la AME
gozan de beneficios incluso mayores que los que tienen los franceses o
los extranjeros en situación regular en Francia.
La exportación de almendra sube un 16% más en valor que en volumen
ALMERÍA.-
Los últimos datos conocidos sobre las ventas de almendra
al exterior que realizaron las empresas almerienses especializadas en
frutos secos, ponen de manifiesto que el incremento del valor obtenido
ha sido superior al de kilos comercializados.
Según los datos
facilitados a 'Ideal' por la Delegación Territorial de la consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, obtenidos de los registros del
Instituto Español de Comercio Exterior, en los primeros siete meses del
presente año, las empresas provinciales llevaron a cabo 63 operaciones
comerciales con clientes extranjeros en las que concretaron una venta de
casi 2 millones de kilos de almendra, un volumen que representa un
incremento del 20,4% sobre el mismo periodo del ejercicio pasado. No
obstante, la facturación creció por encima de ese porcentaje,
concretamente un 36,4%. En total, las entidades almerienses ingresaron
por la exportación de almendra 8,66 millones de euros, entre enero y
julio de 2012.
Gran parte del producto tuvo como destino Italia, que
continúa siendo el país que domina las importaciones de almendra
procedente de Almería. Hasta territorio italiano se exportó el 41,4% del
total de los productos que se comercializó en el extranjero. Alemania,
indican desde la Delegación Territorial de Agricultura, « fue el segundo
cliente, con el 38,8% de las ventas, Francia el tercero con casi el
14%, y Líbano el cuarto, con un 3,2%».
Las compras de almendra procedentes del exterior, por
parte de las empresas almerienses del sector, descendió. En los primeros
siete meses del año, adquirieron almendra valorada en 2 millones de
euros, una cantidad que supone un descenso del 31,8% sobre el periodo de
referencia del año pasado. Con este dato, valoran en Agricultura, «la
balanza comercial del sector de la almendra arroja un saldo positivo a
la provincia de Almería de 6,65 millones de euros».
El principal origen de las importaciones de almendra es
Estados Unidos. Las empresas compraron en dicho país almendra por un
valor de 1,5 millones de euros. Portugal es el segundo proveedor, con el
16% del total. No obstante, ha descendido en los últimos años la compra
de almendra estadounidense. «En el año 2009, Almería adquiría en
Estados Unidos el 97% de la almendra importada, porcentaje que en 2010
se redujo al 90%, y que en 2011 fue del 87%», apuntan en la Delegación
de Agricultura.
El juez confirma la retención de pagos a empresas vinculadas a la 'Operación Poniente'
ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería ha
confirmado el auto por el que ordenó de forma cautelar la "intervención y
retención" de los créditos reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido
dentro del plan de pago a proveedores a las empresas investigadas en la
Operación Poniente.
Fuentes del Ayuntamiento del El
Ejido han informado en un comunicado que el juez ha desestimado los
recursos interpuestos contra el auto dictado el pasado mes de junio, que
fueron presentados por las representaciones de los empresarios
imputados Juan Antonio Galán y Ambrosio Cuevas, y las sociedades Aygesa y
Aygesur, participadas del grupo Abengoa, que forman parte del Consejo
de Administración de la empresa mixta Elsur.
La
Operación Poniente investiga una trama empresarial en torno a la empresa
mixta Elsur, "que habría ocasionado un saqueo de las arcas municipales a
través de supuestas sobrefacturaciones y cobros de servicios no
prestados", ha señalado el Consistorio.
De acuerdo a
esta investigación, ha subrayado el Ayuntamiento, "existen serias dudas
sobre la procedencia de esos créditos", cuya intervención y retención
se acordó por el Juzgado a fin de "asegurar responsabilidades futuras y
evitar situaciones irreversibles".
Con la
desestimación de los recursos presentados a la decisión judicial, las
empresas vinculadas a la operación poniente "no podrán cobrar las
cantidades que constaban como adeudadas en la contabilidad municipal",
ha destacado el Ayuntamiento.
El auto ordenó la
retención cautelar de los pagos a Elsur y a las mercantiles Contenedores
Lirola, Clabert Gestión, Lobelia Gestión, Jardines del Alcor, Agua y
Gestión de Servicios Ambientales, Agua y Gestión de Servicios Urbanos y
Hermanos Lirola.
El Ayuntamiento, en el marco del
plan de pago a proveedores, reconocía a estas ocho empresas una deuda de
95 millones de euros, de los que 81 corresponden a Elsur.
El
equipo de gobierno del Ayuntamiento (PP) había solicitado esta medida
cautelar para que existieran "garantías suficientes" en caso de que se
establezcan responsabilidades económicas a favor de las arcas
municipales, explicó en su día el portavoz y concejal de Hacienda,
Contratación, Régimen Interior y Personal, José Francisco Rivera.
Ruralcaja y Cajamar ya trabajan en su integración tecnológica
VALENCIA.- La fusión de las entidades Caja Rural Castellón y Cajamar Caja Rural
ha supuesto una gran labor de integración tecnológica y, tanto es así,
que mientras la mayoría de ciudadanos disfruta del puente del Pilar, los
informáticos de ambas cajas trabajan en la fusión de sus sistemas. Se
trata de una operación clave en la gestión de Cajas Rurales Unidas
(CRU), el mayor grupo cooperativista español fruto de la fusión de las
dos conocidas entidades de crédito.
Ambas cajas son líderes de sus
respectivos grupos, el Grupo Cooperativo Cajamar y Cajas Rurales del
Mediterráneo, y mantendrán sus marcas propias hasta el 30 de junio de
2014. En las últimas semanas, más de un millón de clientes han recibido
información para “facilitar la adaptación de todos los clientes y
empleados al nuevo sistema tecnológico”.
Las asambleas de ambas cajas aprobaron la fusión y los
presidentes de Caja Rural Castellón, Ignacio Ferrer Ros de Ursinos; y
Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, suscribieron la integración el
pasado 6 de septiembre. El castellonense, Ferrer Ros de Ursinos, señaló
que el acto “es la consecuencia lógica de la decisión adoptada por
nuestra asamblea general” y la consideró como “la mejor alternativa a
los grandes grupos bancarios que se están formando en España”.
La economía surrealista y la economía real / Ángel Tomás Martín *
Frases huecas y sin contenido real han invadido la noble e imprescindible ciencia de la "Economía". La estructura económica de un país necesita de profesionales, no solamente bien formados, sino dotados de ingenio, ideas realistas y visión de futuro. Los hay, pero debe practicarse "economía política", abandonando la práctica de una "política económica personalizada". Se necesitan políticos al servicio del crecimiento del consumo, de la creatividad diferenciada, de la protección y estímulo de la competitividad, del ahorro privado, de un sistema financiero saneado y al servicio del mercado, no al de la inversión improcedente e incontrolada, sometida a las turbulencias y a la inestabilidad. La banca tradicional existió, y es importante recuperarla.
La política somete a la economía, y elige con frecuencia, asesores que conocedores del pasado se empeñan en aplicar soluciones tradicionales a las crisis, obviando las causas que las provocaron y los cambios radicales que impone la globalización y la avidez de enriquecimiento rápido e inestable.
La nueva terminología genérica e imprecisa, carente de soluciones eficaces, es exclusivamente una solemne cortina de humo que oculta la incapacidad creativa y el pernicioso paso de tiempo estéril. Se acuñan frases y conceptos que repiten los medios y que son generalmente aceptados, por ejemplo: " reformas estructurales", "se llevarán a cabo recortes", "el presupuesto obedece a un objetivo", "es necesaria la consolidación fiscal", "hemos establecido la hoja de ruta", etc. etc.. Estas frases surrealistas, merecen explicar su contenido, finalidad y aplicación y qué resultados justificados se obtendrán. ¿Acaso es posible la consolidación fiscal manteniendo la desunión política y la
descentralización económica?.
Pero toda crítica, siempre fácil, no es válida si no va acompañada de soluciones viables y con factor de sostenibilidad. Para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea y por la necesidad imperiosa y urgente de reactivar la economía real, solo posible por la vía de los empresarios, emprendedores e investigadores, expongamos propuestas de colaboración y apoyo como base de lanzamiento; si bien, no debemos olvidar que toda Ley debe promulgarse si contiene viabilidad y eficacia, si se eliminan personalismos y emociones, y si se posee capacidad de escuchar a quienes cuentan con experiencia probada en cada uno de los sectores económicos de la geografía nacional.
El Ministerio de Economía está preparando un programa de impulso a la reactivación, que debió emprenderse en el segundo semestre del 2008, o al menos en paralelo a la aplicación de los llamados "recortes", iniciados en la legislatura anterior e intensificados en la actual. El proyecto que abarca 43 nuevas leyes, estimamos que contiene siete esenciales destinadas al impulso empresarial: plan de emprendedores, programa de unidad de mercado, Agencia Estatal para la investigación, Consejo Asesor de ciencia, tecnología e innovación, Reforma de las Cámaras de Comercio, Apoyo a la internacionalización y creación del Cesex.
La política somete a la economía, y elige con frecuencia, asesores que conocedores del pasado se empeñan en aplicar soluciones tradicionales a las crisis, obviando las causas que las provocaron y los cambios radicales que impone la globalización y la avidez de enriquecimiento rápido e inestable.
La nueva terminología genérica e imprecisa, carente de soluciones eficaces, es exclusivamente una solemne cortina de humo que oculta la incapacidad creativa y el pernicioso paso de tiempo estéril. Se acuñan frases y conceptos que repiten los medios y que son generalmente aceptados, por ejemplo: " reformas estructurales", "se llevarán a cabo recortes", "el presupuesto obedece a un objetivo", "es necesaria la consolidación fiscal", "hemos establecido la hoja de ruta", etc. etc.. Estas frases surrealistas, merecen explicar su contenido, finalidad y aplicación y qué resultados justificados se obtendrán. ¿Acaso es posible la consolidación fiscal manteniendo la desunión política y la
descentralización económica?.
Pero toda crítica, siempre fácil, no es válida si no va acompañada de soluciones viables y con factor de sostenibilidad. Para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea y por la necesidad imperiosa y urgente de reactivar la economía real, solo posible por la vía de los empresarios, emprendedores e investigadores, expongamos propuestas de colaboración y apoyo como base de lanzamiento; si bien, no debemos olvidar que toda Ley debe promulgarse si contiene viabilidad y eficacia, si se eliminan personalismos y emociones, y si se posee capacidad de escuchar a quienes cuentan con experiencia probada en cada uno de los sectores económicos de la geografía nacional.
El Ministerio de Economía está preparando un programa de impulso a la reactivación, que debió emprenderse en el segundo semestre del 2008, o al menos en paralelo a la aplicación de los llamados "recortes", iniciados en la legislatura anterior e intensificados en la actual. El proyecto que abarca 43 nuevas leyes, estimamos que contiene siete esenciales destinadas al impulso empresarial: plan de emprendedores, programa de unidad de mercado, Agencia Estatal para la investigación, Consejo Asesor de ciencia, tecnología e innovación, Reforma de las Cámaras de Comercio, Apoyo a la internacionalización y creación del Cesex.
Merece destacar la "Ley de mercado único" que la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía tiene prácticamente terminada. Su aplicación requiere derogar normativas en vigor, tanto estatales, como autonómicas y locales (dolorosas para algunos de ellos, pero necesarias); la unidad de mercado nacional facilitará la constitución y puesta en marcha de negocios, que hasta ahora dificultaban y retrasaban su apertura, ya que España era la menos ágil de la Unión Europea. El objetivo de garantizar la libre circulación de cualquier producto y su acercamiento al consumidor sin ser obstaculizado por la diversidad de normativas regionales, es prioritaria y urgente; y supone un acierto de innovación legislativa que resolverá importantes problemas a las empresas.
El fomento a la exportación, era otro de los objetivos a poner al servicio de las empresas, cuya nueva entidad se llamará SECEX (Agencia de Internacionalización), en la que esperamos se incluyan en su organigrama los Agregados Comerciales de todas nuestras embajadas en el exterior. A estos departamentos deberá dotárseles del equipamiento necesario para poner al servicio de la expansión internacional, los estudios de mercado y la gestión indispensable para una colaboración eficaz.
El esfuerzo, la creatividad, la innovación, y la investigación, tan necesarios para la competitividad y la internacionalización, han de ampararse en su correspondiente patente, registro o marca, pero el plagio y la usurpación son hechos que se dan con demasiada frecuencia por falsos emprendedores sin escrúpulos. Esta mala práctica debe ser perseguida y castigada enérgicamente, porque es simple y llanamente una apropiación indebida. Es necesario establecer tribunales especializados y rápidos, pues en la mayoría de los casos las sentencias llegan tarde y en muchos de ellos los daños causados son irreparables.
Todo emprendedor necesita de asesoramiento y ayuda, especialmente los nuevos autónomos y pequeños emprendedores. Esperemos que en la nueva ley " Plan de emprendedores " , que se espera entre en vigor en el primer trimestre del 2013, se incluya la solución a este problema. Una de las soluciones pudiera ser la constitución de Comités de Asistencia y Asesoramiento, integrados en las Cámaras de Comercio (puesto que son entidades de derecho público), que periódicamente se reunieran para cubrir la función mencionada al principio de este apartado. En cada Comité debían integrarse, al menos: un miembro del Colegio de Economistas, un empresario de probada y amplia experiencia, un representante de la Secretaría de Estado de Comercio y uno de Industria. Todos ellos deben poseer criterio de equidad, capacidad de escuchar y convencimiento de ayuda.
Un estímulo indispensable, ya practicado en otros países, es la exención fiscal integral durante los dos primeros años en la implantación de nuevas pequeñas empresas y autónomos, obligándoles a incorporar todos sus trabajadores de los incluidos en la lista del paro. Terminado este espacio de exención volverán al régimen fiscal normal y a la cotización laboral.
Todos debemos unirnos para que el programa de reformas se consolide con la máxima urgencia, y trabajemos sin descanso por la prosperidad y la consolidación de lo que es verdaderamente el estado de bienestar: una sanidad, una educación y unas pensiones dignas y acordes con la creación de riqueza.
(*) Economista y empresario
Las cajas piden que el BE pueda autorizarlas a mantener el control de sus bancos
MADRID.- Las cajas de ahorros han solicitado al
Gobierno que sea el Banco de España el que tenga la última palabra para
decidir sobre si una participación mayoritaria en los bancos a los que
traspasaron sus negocios puede afectar a la viabilidad de la entidad, de
modo que pueda suprimir esta restricción si lo considera oportuno,
según han informado fuentes financieras.
Esta sería la alternativa que manejan las cajas, que conllevaría
una modificación de la Ley de Cajas (Lorca), en respuesta a la
regulación del Memorándum de Entendimiento (MoU) pactado por el Gobierno
con Bruselas como condición para desembolsar la línea de crédito de
hasta 100.000 millones de euros para sanear la banca.
De acuerdo con el MoU, las cajas deben rebajar del 50% su
participación en los bancos resultantes de las fusiones, con el fin de
evitar su control. La Caixa, por ejemplo, posee algo más del 60% de
Caixabank, por lo que esta normativa le obligaría a deshacer posiciones
de control. Las tres cajas vascas también cuentan con participaciones en
Kutxabank.
Las cajas fundamentan su propuesta, recogida en un documento
remitido por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) al
Gobierno, bajo premisas económicas, de gobierno corporativo y jurídicas.
"Se ha ofrecido como alternativa que se haga una modificación de
la Lorca, de forma que sea el Banco de España el que diga si el que una
caja tenga una participación mayoritaria en una entidad interfiere en su
gobierno corporativo o su viabilidad", explicaron las fuentes
consultadas.
Las mismas fuentes precisaron que si el organismo liderado por
Luis María Linde considerara que una posición de control de alguna caja
no afecta a la estabilidad del banco, "no debería haber ninguna
limitación".
Esta petición de las cajas de que sea el Banco de España quien
decida sobre su participación en los bancos a los que dieron origen en
un contexto de recapitalización del sector financiero se habría acogido
con cierta "receptividad" por parte del Ministerio de Economía y
Competitividad, según las fuentes consultadas.
La condición suscrita en el MoU recogía una de las recomendaciones
del FMI para desatar los vínculos entre las antiguas cajas y los
bancos, después de décadas en las que los poderes públicos controlaron
estas entidades y empujaron al sector de las cajas a empacharse de
ladrillo.
Si finalmente las cajas se ven obligadas a rebajar su posición de
control en los bancos a los que traspasaron sus negocios, se produciría
una nueva vuelta de tuerca en el sector, pues podría llevar aparejada su
conversión en fundaciones. La pérdida de control se distribuiría
durante varios años.
El MoU establece que el Gobierno debería tener preparada una norma
para el próximo mes de noviembre que permita "aclarar" la función de
las cajas en su calidad de accionistas de bancos. Y explica que "en
último término" se debería reducir su participación hasta una cota "no
mayoritaria".
Andalucía rechaza que Turespaña "se gestione por intereses de 'lobbies' catalanes o baleares"
SEVILLA.- El consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez,
ha anunciado que la Junta enviará una carta al Gobierno central, en
nombre de todo el sector turístico andaluz, donde rechaza el modelo
apuntado para el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y rechaza
además que este organismo "se gestione atendiendo a los intereses de 'lobbies' empresariales catalanes o baleares".
Rodríguez ha indicado que la
carta enviada es fruto del acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de
Turismo y refleja la "unanimidad" de todo el sector andaluz, en el seno
de que Andalucía "no va a consentir que el principal organismo de
promoción turística de España, Turespaña, sea gestionado por catalanes o baleares en base a intereses empresariales catalanes o
baleares".
Rodríguez además se manifiesta en contra de la gestión privada de
Turespaña, y advierte de que si finalmente es así, la Junta "se replanteará la colaboración con Turespaña".
Asimismo, advierte de que "Andalucía no va a consentir" que en el seno del consejo rector de este "máximo" órgano de promoción turística de España, la comunidad andaluza "no esté presente",
frente a otras comunidades que "lo único que tienen en común es que
están gobernadas por el PP, como Aragón o Murcia, con comunidades de
potencialidad turística pero su realidad turística presente es muy
limitada".
"Es absurdo pensar que ahora que se quiere reformular el consejo y
el papel del principal instrumento de promoción turística de España se
plantee que ese nuevo papel debe coincidir en base a determinados
intereses empresariales, muy concretos pero además a nivel institucional
las comunidades que deban aportar elementos al nuevo plan de promoción
turística de España sean esas comunidades del PP; es una concepción
miope, absurda y sectaria de España", ha aseverado el consejero.
"No queremos que el Gobierno nos reconozca un papel en materia
turística, porque ese papel ya está reconocido por el sector turístico
nacional e internacional", ha apuntado Rodríguez, quien considera que
"en cualquier ámbito de desarrollo del sector turístico y promoción
turística, Andalucía debe estar presente, y si eso no lo entiende el PP,
será que no quiere entender la realidad turística de España y que
insiste en esa nueva etapa con ese modelo de legislar a la carta de
lobbies empresariales y de grandes establecimientos y empresarios
turísticos baleares y catalanes".
Rodríguez apunta que la Junta no tiene conocimiento oficial "de nada"
acerca de las pretensiones del Gobierno sobre Turespaña, "solo lo que
publicaron los medios de comunicación o lo que nos refirió un miembro
sindical de este organismo, pero no tenemos información absolutamente de
nada, y eso tampoco es normal".
Ha reconocido que antes de que el Gobierno central tomara posesión
hubo una reunión donde se empezaron a ver estos temas "pero después de
que se haya tomado posesión hemos tenido reuniones con la Secretaria de
Estado y con el director general de Turespaña y en ninguna de ellas se
nos ha solicitado ningún tipo de opinión ni se nos ha trasladado
información sobre este asunto".
"Estamos muy preocupados porque se puede poner la marca turística
España al servicio de intereses profesionales empresariales de
determinados territorios y Andalucía, ni la Junta ni el sector turístico
andaluz, lo van a consentir", ha aseverado Rodríguez.
El consejero ha recordado que se ha establecido un mecanismo de
colaboración entre Junta y Turespaña en materia de promoción turística,
puesto que "es importante que la marca España sea una marca que genere
prestigio, porque en la medida que gane prestigio la marca España
también lo hará la marca Andalucía o la marca Costa del Sol, por
ejemplo". No obstante, deja claro que Andalucía "no va a colaborar en
acciones de promoción turística donde el interés o la base fundamental
no sea el interés general de España y de todos sus territorios".
Rodríguez espera que esos planteamientos para Turespaña se modifiquen y reconduzcan y agrega que quiere creer que "es una medida fruto de coyuntura",
ya que, de lo contrario, "sería consolidar algo que es desgraciadamente
real y grave, esto es, que el Gobierno del PP se legisla a la carta de
lobbies turísticos de grandes empresarias y no en función del interés
general".
Considera que "es un problema político y de concepto de Estado y de España",
de forma que "si el concepto de Estado del PP es legislar a favor de
grandes lobbies económicos y empresariales de este país, de legislar a
favor de determinados grupos catalanes o baleares, entonces Andalucía no
quiere saber nada de ese concepto absolutamente contrario a los
intereses andaluces y no tiene nada que ver, pues para nosotros el
concepto de la estructura empresarial de este país no son grandes
empresas ni las 35 del IBEX, sino que nos preocupan los miles de
establecimientos hoteleros de Andalucía, pertenecientes a gente que lo
arriesga todo por sacar adelante su negocio; ese es el concepto de
España que me interesa".
Agrega que otros territorios "también se plantean la misma reflexión" sobre esa "patada al avispero", que "responde a intereses de lobbies empresariales catalanes y baleares".
Por ello, lamenta y se muestra "sorprendido" de que la promoción
turística de España "se quiera hacer no pensando en los intereses de
todos los territorios, sino de los territorios donde algunos tienen su
negocio; ya está bien de gobernar solo para los mismos".
"Lo mejor para la marca España y para Andalucía es que colabore",
ha agregado el consejero, quien ha recordado que la Junta "será la
única gran comunidad autónoma que esta dispuesta a ir a la ITB de
Berlín con Turespaña, es un ejemplo de voluntad de colaboración".
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