Las enmiendas a la Ley de Costas "legalizan parcialmente" el hotel del Algarrobico, según Greenpeace

ALMERÍA.-   La organización Greenpeace ha advertido de que las enmiendas al proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas promovido por el Gobierno pueden facilitar que se "legalice de manera parcial" el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras.

   En un comunicado en el que alerta de este "riesgo", señala que el proyecto de ley, que se encuentra pendiente de aprobación en el Senado, contempla la posibilidad de reducir la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros en las áreas "no clasificadas como urbanas pero que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica".

   Según ha indicado Greenpeace, el establecimiento hotelero de 411 plantas y una veintena de habitaciones en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar entraría en esta disposición de la nueva normativa, "ya que invade la servidumbre de protección de 100 metros en una zona no urbana, "como se han encargado de reiterar" el Tribunal Supremo (TS) en tres sentencias firmes.

   El citado proyecto de nueva Ley de Costas también posibilita que se reduzca de 100 a 20 metros la servidumbre de protección cuando el sector esté edificado en un tercio de su superficie, como ocurre también en el sector ST-1 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU de Carboneras, sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol.

   Así, el colectivo conservacionista subraya que la Administración competente para informar sobre si determinadas zonas cumplen estos requisitos es la administración municipal. "En el caso de este hotel, no tenemos la menor duda de que el Ayuntamiento de Carboneras informará favorablemente que se reduzca la servidumbre de protección en el Algarrobico", han remarcado.

   "El ministro Arias Cañete ha afirmado que no tiene el menor problema en 'utilizar explosivos' para derribar el hotel ilegal. Sin embargo, esta nueva Ley deja en manos del Ayuntamiento de Carboneras la decisión de legalizar las 14 primeras plantas del hotel", ha asegurado la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

   El Tribunal Supremo (TS) se pronunció en septiembre por última vez con respecto al hotel de El Algarrobico y ha dictaminó de manera definitiva que viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre tras desestimar los dos últimos recursos de la promotora contra la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

   El Alto Tribunal señaló en dos sentencias que el Plan Parcial del sector ST-1 en el que se asienta el establecimiento no fue revisado para ajustarlo a la Ley de Costas y reitera, en los mismos términos en que se pronunció de forma previa la Audiencia Nacional (AN) y la misma sala del Supremo en un fallo de marzo de 2012, que la servidumbre de protección debió respetar los cien metros de anchura por no existir a la entrada en vigor de la citada ley aprovechamientos urbanísticos en la zona.

   Por otro lado, en junio de 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulaba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que permanecía suspendido de manera cautelar por dejar la puerta abierta a la reactivación del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico con "uso turístico" al considerar que "no es ajustado a derecho" y calificaba la zona como "espacio protegido no urbanizable" tal y como se recogía en la normativa de 1994, derogada hace cuatro años por la Junta andaluza.

Martín (IU) cree que el litoral almeriense "siempre tiene encima la espada de Damocles" con la Ley de Costas

ALMERÍA.- La parlamentaria andaluza de IU y coordinador provincial del partido en Almería, Rosalía Martín, ha asegurado que el litoral almeriense "siempre tiene encima la espada de Damocles" después que las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas hayan vuelto "a poner en jaque" a las playas de la provincia. 

   Así lo ha trasladado Martín, que ha indicado que con medidas como ésta, por la que se contempla la posibilidad de reducir la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros en determinadas áreas, "está claro que hay un modelo de litoral en la cabeza del PP" que conduce "a que venga tiempos mejores para seguir con la especulación, el ladrillo y hacia un modelo insostenible".

   La diputada autonómica de IU por Almería ha señalado que "seguramente" la enmiendas planteada al proyecto de ley "entre en contradicción con el decreto de la Junta de Andalucía" sobre las medidas para la protección del litoral, con el que se pretende "dejar libre la primera línea de playa" y "evitar situaciones como las de El Algarrobico o Valdevaqueros".

   "El PP tiene muy claro el modelo de litoral que quiere y da lugar a bolsas especulativas de futuro con una ley de ese tipo", según ha manifestado Martín, para quien el litoral almeriense "debería ser un patrimonio a tener en cuenta porque es una de las poquitas zonas que nos quedan pese a que se han hecho barbaridades como en Playa Macenas, El Algarrobico y San Juan de los Terreros".

   En esta línea, aboga por avanzar hacia un modelo turístico "de calidad" en el que "poner en valor los recursos naturales de la zona" porque son "elementos diferenciadores". Con esto, ha insistido en que el decreto de medidas de protección del litoral andaluz "sí va en la línea de preservar este tipo de espacios".

El presidente del TSJA defiende las manifestaciones ciudadanas si cumplen el derecho "a la intimidad personal y familiar"

GRANADA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se ha referido este jueves a los conocidos como 'escraches' y ha defendido las manifestaciones ciudadanas en el marco de la Constitución respetando "el derecho a la intimidad personal y familiar". 

   En declaraciones a los periodistas antes de presidir en el Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, el acto de jura o promesa de su cargo de 41 nuevos jueces, ha señalado que las personas o colectivos que tienen un problema "personal, financiero o social" tienen el derecho "constitucional" a manifestarse, si bien, deben hacerlo, "con mucho cuidado", ya que "hay que respetar la intimidad personal y familiar", que es, ha dicho, "muy importante".

   "Es un tema muy delicado, uno puede manifestarse para reclamar algo que cree que no se le está escuchando, pero el derecho a la intimidad personal y familiar es muy importante en una sociedad democrática", ha sostenido.

Las compras de Mercadona a proveedores en Almería crecen hasta alcanzar los 106 millones de euros

ALMERÍA.- Las compras de Mercadona a proveedores de Almería han seguido creciendo un año más, hasta alcanzar los 106 millones de euros durante 2012, cifra que refleja el efecto dinamizador de la compañía en el sector agroalimentario de la provincia.

   Mercadona también ha seguido creando empleo estable en la provincia de Almería, donde a finales de año contaba con 33 tiendas y una plantilla de 1.355 empleados fijos, tras crear 21 nuevos puestos de trabajo a lo largo de 2012, según ha informado la empresa en una nota.

   En el caso de Almería, las inversiones de los Interproveedores Bonnysa Agroalimentaria, Ramafrut y Agromediterránea rondaron los dos millones de euros. Actualmente, los 28 interproveedores de Mercadona en Andalucía dan empleo estable a más de 5.700 personas.

Interior da instrucciones a las delegaciones del gobierno para actuar ante 'escraches'

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha confirmado que la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha dado instrucciones a las delegaciones en todo el país para actuar ante los 'escraches'.

   De hecho, Bascuñana ha confirmado que ya ha mantenido algunas reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   En este sentido, ha pedido a la sociedad que impere el "sentido común" y que exprese sus protestas en los foros "adecuados". Así, ha dicho entender que la gente lleve a cabo estas protestas, pero no el "acoso", y ha pedido que no se realicen en los domicilios de los políticos.

   "Entiendo que vengan a la Delegación las personas que, en un momento determinado, quieren expresar cualquier idea que sea contraria a decisiones que haya podido tomar el Gobierno. Es lógico y natural", ha afirmado el delegado.

   Sin embargo, considera que "no se puede acosar" en el domicilio particular de "alguien que ha decidido en un momento determinado estar en una vocación de servicio, como puede ser cualquier político y cualquier diputado nacional"

   "Porque yo no voy a entrar en otros términos, si no es el de acoso", ha señalado el delegado, quien ha recordado que "todos tenemos familiares que no tienen por qué estar en esa situación".

Constructoras y concesionarias reclaman a Fomento el 49% de la sociedad de rescate de autopistas

MADRID.- Las constructoras y concesionarias accionistas de la decena de autopistas actualmente en riesgo de quiebra han reclamado al Ministerio de Fomento contar con al menos el 49% del capital de la sociedad que este Departamento prevé constituir para rescatar las vías, según informaron hoy fuentes del sector.

   El Ministerio que dirige Ana Pastor ha propuesto ceder el 20% de esta sociedad de autopistas en compensación por las aportaciones que sus actuales accionistas realizaron en las vías.

   No obstante, las concesionarias estiman escaso este porcentaje frente a las inversiones y aportaciones que han realizado en las autopistas, tal como adelanta el diario 'Expansión' en su edición de este jueves.

   El sector asume, no obstante, que Fomento se garantice el control de la mayoría del capital (un 51%), con el fin de que la deuda de unos 4.000 millones que las vías tienen con los bancos pase a tener garantía del Estado.

   En cuanto al reparto del capital de la sociedad, por el momento, Fomento accede a que el 20% que está dispuesto a otorgar a las concesionarias se distribuya entre las empresas en función de la distinta "calidad" de las vía que cada una aporte.

   Dicha "calidad" se mediría en función de la deuda que soporta, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) que genera y su tráfico, entre otras variables, según detallaron fuentes del sector.

   No obstante, las constructoras y las concesionarias actualmente titulares de las vías siguen considerando escaso un porcentaje de participación del 20%.

   Según datos del sector, los accionistas de las autopistas han realizado aportaciones de capital e inversiones por un monto total de 2.800 millones de euros en las vías que, además de su deuda financiera, afrontan un riesgo de pago de expropiaciones de unos 2.300 millones.

   Precisamente, el sobrecoste de las expropiaciones, junto con el desplome de los tráficos, constituyen las dos principales causas de los problemas económicos y financieros de estas autopistas.

   Para solventarlo, Fomento ultima la constitución de dicha sociedad de capital mayoritariamente público y dependiente de su Ministerio que se quedaría con las vías y su deuda. El Departamento que dirige Pastor contempla que las autopistas que más caja generen contribuyan a compensar a las más deficitarias.  

   De la decena de autopistas con problemas, seis de ellas están ya en concurso de acreedores (las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera), y entre las que afrontan dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas. Entre sus accionistas y concesionarios figuran ACS, Abertis, Cintra (Ferrovial), Sacyr, OHL, Ploder y Globalvía, además de alguna entidad financiera.

El CGPJ insiste que el decreto contra desahucios del Gobierno andaluz es "positivo"

MADRID.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha insistido este jueves que la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos, es "positiva", siempre y cuando estas medidas encajen con el ordenamiento jurídico español.

   En declaraciones a Radio Nacional, Bravo ha dicho que es "muy positivo" que las administraciones "demuestren" ya "preocupación" y "sensibilidad" por la situación de exclusión social en la que se encuentran muchas familias españolas que "están en el umbral de la pobreza" y ,según ha insistido, los poderes públicos "no pueden ser ajenos a esa situación".

   Asimismo, ha indicado que aplaude esta medida "siempre y cuando" tengan "plenamente" encaje en la legislación española y además esté "marcada" en el ejercicio de las competencias que les corresponde a las comunidades autónomas.

   Bravo ha insistido en que el análisis jurídico del decreto que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) "no corresponde" al CGPJ hacerlo porque "no es su función" ya que es algo que le "corresponde a otras instancias".

   Precisamente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón dijo este miércoles que "el Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida" según la cual la Junta de Andalucía podrá expropiar temporalmente a los bancos el uso de las viviendas en ciertos casos para evitar el desahucio de sus inquilinos, y cuáles son "sus hipotéticos efectos".

   Ante la posibilidad de que los jueces tengan más funciones respecto a las ejecuciones hipotecarias, ha expresado que los jueces ya están "demostrando" su actuación diaria. Según la portavoz del CGPJ, la justicia tiene además una función "social" y por tanto "no puede estar al margen del contexto en que se está aplicando" ya que puede "integrar" la norma y puede "inferir" determinadas situaciones.

   El hecho de que gracias a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos (TDH) se haya podido modificar ya la legislación hipotecaria y esto permita a los jueces, a su vez, poder entrar en el análisis de las cláusulas de los contratos para determinar si son abusivos o no, le parece que es ya un "éxito".

   No obstante, ha señalado que espera que, como el problema "es de tal envergadura", en el trámite parlamentario, la reforma "conceda instrumentos efectivos a los jueces para poder paliar también la situación en la que se encuentran las familias españolas".

El BOJA publica el decreto que permite expropiar temporalmente viviendas en Andalucía

SEVILLA.- El decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes entrará en vigor el viernes tras ser publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas". 

   En dicho decreto ley además se establece que en el plan de un mes se deberá aprobar una orden para poner en marcha un plan extraordinario de inspección, con la finalidad de "mitigar de firma urgente los efectos perjudiciales de la no habitación de viviendas".

   Dicho plan de inspección contendrá los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de otro tipo, así como el orden de prioridades que vayan a servir para selección los ámbitos, objetivos inmuebles y viviendas. El plan tendrá una vigencia máxima de dos años.

   Dicho decreto ley asimismo un orden preferente de tramitación para la expropiación temporal. De esta forma, considera que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento "afecta a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o desempleados sin derecho a prestación". Estos colectivos tendrán un orden preferente de tramitación, al igual que ocurre con las personas cuya vivienda esté sometida a algún régimen de protección pública.

   Este decreto ley fija los requisitos para poder optar a dicha expropiación temporal de uso, incluidos datos fiscales y de la vivienda, así como define el concepto de vivienda deshabitada.

   Esta norma establece la necesidad de un programa de bolsas de viviendas en alquiler destinado a asegurar la "efectiva ocupación" y, en materia sancionadora, apunta que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de procedimientos sancionadores en materia de VPO será de un año.

   Asimismo, las entidades financieras, inmobiliarias y entidades de gestión de activos se verán obligadas en el plazo de un mes a comunicar un inventario de las VPO ubicadas en Andalucía que integren su balance.

   El decreto se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, introduce además medidas de "incentivo" a particulares y "sanciones" a bancos e inmobiliarias para que "salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía", que ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.

   Otra novedad prevista en la norma es la creación "por primera vez" de un registro de viviendas deshabitadas.

   Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler. Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.

   De forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre propietarios y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.

   En materia de incentivos, uno de los incentivos será "establecer un seguro para garantizar el cobro de la renta, en el caso de que el inquilino no lo satisfaga, o un seguro para arreglar los posibles desperfectos que pudieran generarse", esto es, la Junta "contratará un seguro y abonará las cantidades en el caso de que el inquilino no satisfaga la renta o genere imperfectos en la vivienda, con ese seguro la Junta pagaría cantidades debidas y  arreglaría desperfectos".

   En lo que se refiere a la expropiación temporal del uso de la vivienda, el procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

   Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.

   El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).

   Asimismo, las familias en riesgo de desahucio cuyas viviendas sean objeto de una expropiación temporal del uso por un plazo de tres años del uso de las viviendas por parte de la Junta de Andalucía deberán destinar el 25 por ciento de la renta familiar para pagar el dos por ciento del justiprecio de dicho inmueble.

   En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto-Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial. Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros.

   La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda. La norma regula la vivienda vacía como aquella que, reuniendo los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra desocupada. Quedan excluidas las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico así reguladas.

   De acuerdo con el Decreto-Ley, una vivienda no está habitada cuando no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, se tienen en cuenta otros aspectos como los datos del padrón de habitantes; la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de éstos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.

   Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación. En todo el proceso de declaración los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista. La nueva regulación prevé un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de este tipo de inmuebles. Además, dispone la elaboración de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Administración en este ámbito.

Hacia un nuevo modelo político y económico / Ángel Tomás Martín *

Cuando un líder empresarial o una actividad sectorial es dirigida y controlada de forma unipersonal, en el primer caso, o por un pequeño grupo que gestiona controlando el poder absoluto en beneficio propio o con fines concretos, nos encontramos ante una oligarquía. Podemos definirla también como la unión de determinados poderosos que presentándose como protectores de los más débiles y alardeando de demócratas, solo persiguen el dominio político, económico y la dependencia de sus arbitrarias actuaciones.

La oligarquía, es casi tan vieja como el mundo y la encontramos desde la antigua Esparta, Atenas, Cartago (gobernada por mercaderes, armadores y grandes propietarios), la Venecia del Dux, y más recientemente la nobleza agraria Polaca. Modernamente, como no podía ser menos, se sigue practicando en numerosos países de los distintos continentes, como ocurre también en Europa y en cada uno de sus socios comunitarios.

El caso más simple y más frecuente de todos conocido, es la empresa. Un empresario que al alcanzar el liderazgo se rodea solamente de aquellos que le facilitan la colaboración a los objetivos y misiones exclusivamente personales, cuando prescinde o desoye cualquier sugerencia que suponga un cambio necesario que lleve a compartir decisiones opuestas o diferentes a sus ambiciones, estamos ante un oligarca. No admitir las continuas reformas necesarias a que obligan los agentes externos, obsesionarse con los intereses que impone y defiende, rechazando cuanto le aporten constructivamente, conduce irremediablemente al fracaso, al endeudamiento insoportable y al perjuicio de cuantos componen el escuerzo individual y colectivo, olvidando que él no es la empresa, la empresa la conforman todos.

Ciñámonos a España, estudiemos, aunque sea someramente, el proceso, actuaciones y resultados que han provocado la "actual situación extremadamente compleja" que afecta a la política, a la economía, a las finanzas, al empleo y a nuestras relaciones y prestigio internacionales.

Cualquier administración, sea cualquiera su objetivo, en la que el gasto duplique los ingresos, está condenada al fracaso y a su desaparición. Los responsables de la gestión que carezcan de las dotes necesarias para ejercerla, deben ser sustituidos a la mayor urgencia, ya que mantenerse en el poder solo origina pobreza, endeudamiento creciente, perjuicio a terceros y responsabilidad, incluso penal en muchos casos. En un Estado los resultados pueden llegar a ser catastróficos, puesto que la incompetencia, la ausencia de dotes de mando, el descontrol y el despilfarro, se justifican recurriendo a la falsedad y a la mentira para encubrir una situación económico-financiera y presupuestaria que deviene en una crisis de muy largo recorrido, y que obliga a la adopción de medidas urgentes de profundo calado, siempre lamentables y dolorosas que obligan a un endeudamiento vinculante para futuras generaciones.

Por mucho esfuerzo que se emplee en enmascarar la realidad de nuestra coyuntura la verdad se impone, y no admitirla aumenta la gravedad y nos convierte en irresponsables. Solo conseguiremos el crecimiento progresivo del endeudamiento colectivo y el alargamiento en el tiempo de la crisis; puesto que recibir fondos continuamente, sin crear fuentes de riqueza junto a un control del gasto improductivo

conduce inevitablemente al desastre. Es imprescindible e inaplazable un cambio en nuestro sistema político y económico que transforme y democratice la pseudooligarquia política de nuestra administración central, de las administraciones autonómicas, que han superado los dos tercios del gasto total (más del 40% del PIB), de los más de 8.000 ayuntamientos, la mitad innecesarios, que gastan sin tasa ni control, de las diputaciones y de las más de 3.000 empresas y entes públicos incontrolados y en su mayoría de muy difícil justificación.

No es de recibo que para hacer frente a los continuos vencimientos del principal y altos intereses de la deuda soberana, nos veamos obligados a una también continua subida de los impuestos, en muchos casos injustos y superiores a la media de los de nuestros socios europeos, que suponen una dificultad para nuestra competitividad. España tiene capacidad creativa y empresarial suficiente, solo hacen falta, junto a las reformas políticas, las reformas económicas que hagan posible a los emprendedores y empresas consolidadas desarrollar su crecimiento y potenciar el consumo.

En todas las escalas de la administración pública, pero especialmente en las autonomías y ayuntamientos, se permite un gobierno donde se ha asentado el nepotismo, el independentismo incontrolado y una administración económica propia de la incapacidad y la insensatez. Veamos algunos casos que justifican las anteriores afirmaciones:

proliferación de televisiones siempre deficitarias, de aeropuertos que no cubren el umbral de sostenimiento por ausencia de viajeros, de obras y estructuras faraónicas inexplicables y carentes de rentabilidad, de plantillas innecesarias y costosísimas (más de dos millones de ocupados por designación), de parques de automóviles sorprendentes etc.etc.. Posible todo esto por la ausencia de intervención y control presupuestario ante la pasividad del Banco de España, del Tribunal de Cuentas del Estado y del Cuerpo de interventores, entre otros, debido a que en la práctica ha dejado de existir la separación de poderes y la independencia absoluta del Poder Judicial. Una gran responsabilidad de los partidos políticos mayoritarios en las últimas legislaturas, ha sido la permisibilidad en la oposición de las prácticas inaceptables mencionadas.

Se impone sin demora alguna un nuevo modelo de Estado que permita la participación ciudadana, que elimine todo género de oligarquía, que controle y sancione las desviaciones presupuestarias, que estimule el crecimiento, la innovación y la creatividad, que no permita el plagio, que implante la libertad de mercado y que estimule y colabore a la internacionalización, sin olvidar que las liquidaciones presupuestarias y los balances sean públicos, veraces y reflejen la posición real.

(*) Economista y empresario

Rosalía Martín (IU): "Es casi delictivo tener cientos y cientos de viviendas vacías en manos de inmobiliarias y bancos"

ALMERÍA.- La parlamentaria andaluza del IULV-CA y coordinadora provincial de la formación en Almería, Rosalía Martín, ha considerado que "es casi delictivo tener cientos y cientos de viviendas vacías, más de 600.000 en Andalucía, en manos de inmobiliarias y bancos mayoritariamente" al tener en cuenta el volumen de familias que carecen de este "derecho fundamental" que ahora "de forma pionera en Andalucía" se "pone sobre la mesa" en una "apuesta clara y decidida". 

   Así lo ha manifestado Martín en una entrevista, en la que ha señalado que el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz ha llegado a "generar tensiones" con el resto de grupos ya que con ella "estamos tocando a los poderosos" en refencia a bancos y grupos inmobiliarios.

   "Estamos poniendo por primera vez y el derecho a la vivienda como elemento fundamental como recoge la Constitución Española y está logicamente entrando en conflicto directo con la labor de las inmobiliarias, y lógicamente eso, los partidos políticos apegados al sistema no lo terminan de ver", explica la diputada autonómica.

   En esta línea, ha defendido que "no es normal" que, según sus cálculos, "haya un 20 por ciento de vivienda vacía en Andalucía" y que la gente esté "viviendo en la calle o hacinada en la casas de los abuelos".

 "No es normal que en Andalucía se produzcan unos 45 desahucios diarios", ha criticado Martín, quien cree que el Gobierno debe "tratar de garantizar los derechos de los ciudadanos".

   Pese a ello, la parlamentaria reconoce que el decreto, que incluye la opción de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos, "choca" con la "parte más dura del sistema", pese a que cree necesario que los recursos existentes deben poner "a disposición de los ciudadanos".  

   Martín ha respaldado a su partido político como impulsor en el gobierno de coalición andaluz de este decreto toda vez que ha puntualizado que IULV-CA "no es un paritdo politico al uso", sino que es "un movimiento político y social insertado en la sociedad".

 "Los dirigentes de IU no somos personas ajenas a nuestro barrio, a la asociación de padres y de vecinos. Formamos parte de la sociedad, no somos entes en abstracto, sino que sufrimos los mismos conflictos, preocupaciones y necesidades que el resto de los ciudadanos", ha indicado.