lunes, 14 de septiembre de 2009

Este verano bajó más de un 30%, en pasajeros y vehículos, el 'puente' marítimo de Alicante con Argelia

ALICANTE.- Un total de 23.497 vehículos y 98.801 pasajeros pasó por el Puerto de Alicante en la Operación Paso del Estrecho 2009, según indicó hoy la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, quien resaltó que la OPE de este año, que se ha desarrollado del 15 de junio al 15 de septiembre, "ha transcurrido con normalidad", pese a la avería en un barco de la línea Alicante-Orán el pasado 17 de julio se produjo una espera hasta la llegada de un barco de repuesto de la Compañía Consignataria".

La Operación Paso del Estrecho 2009 ha registrado un total de 98.801 pasajeros y 23.497 vehículos en las instalaciones del Puerto de Alicante cuando en la OPE 2008 pasaron 145.167 personas y 34.069 vehículos. Llinares destacó que "se han cumplido las previsiones con un descenso del 31,9 por ciento en el número de pasajeros y una bajada del 31 por ciento en el número de vehículos".

Durante la Operación Salida, los pasajeros que han embarcado en el Puerto de Alicante han sido 51.779, con un descenso del 32,3 por ciento con respecto al año anterior, mientras que los vehículos han alcanzado los 12.562, lo que supone un 30,3 por ciento menos.

En la Operación Retorno han pasado 47.022 pasajeros por Alicante, un 31,5 por ciento menos que en 2008, y 10.935 vehículos, un 31,8 por ciento menos que durante el pasado año.

Por otra parte, el global de asistencias sanitarias ha sido 458, un 16,5 por ciento más que en 2008, principalmente por afecciones cutáneas. Mientras, las asistencias sociales se han reducido un 34,3 por ciento, con un total de 321 y se han referido principalmente a solicitud de información.

Este año el área de descanso de la Marina en Villajoyosa, en la AP-7, ha contado con un Punto de Información Informatizado en español y francés.

Moratinos ve en la interconexión gasística entre España y Francia una "urgencia" frente a crisis de suministros

BRUSELAS.- El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, aseguró hoy que la interconexión gasística entre España y Francia es una "urgencia" para poder garantizar el suministro a aquellos países de la UE que lo necesiten en caso de una crisis.

En la primera sesión de trabajo del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) celebrado hoy en Bruselas, dedicado a la seguridad del suministro energético, Moratinos defendió que, además del corredor báltico, la UE tenga en cuenta la relación con el Norte de África, los proyectos que la Unión por el Mediterráneo ha apoyado en materia solar y la futura interconexión con Argelia a través de Medgas.

"Para España es fundamental trabajar cuanto antes en lograr la interconexión gasística entre Francia y España, que es la urgencia, ya que permitiría la posibilidad de que podamos suministrar gas en caso de crisis a aquellos países necesitados", dijo en declaraciones a la prensa.

Fiscalía vigilará a empresas que abusen de empleados en viajes laborales y horarios de conducción

MADRID.- El Fiscal Coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado, Bartolomé Vargas, ha dado instrucciones a los fiscales para que presten "especial atención" a las empresas que abusen de sus trabajadores en los viajes laborales y con los horarios de conducción y descanso, según comunicó el propio Vargas a la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) durante una reunión celebrada hoy.

Así, en un comunicado, Fenadismer afirma que la nueva estrategia de la Fiscalía en materia de seguridad vial laboral en el sector del transporte por carretera incluye intensificar la vigilancia sobre las empresas que, aprovechando la situación de necesidad de sus trabajadores, obliguen a estos a conducir sin descanso durante más horas de las recomendadas.

Según está previsto en el artículo 311 del Código Penal, que recoge delitos contra algunos derechos de los trabajadores reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, cometer este tipo de delitos está castigado con penas de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.

Además, Vargas anunció durante la reunión que a partir de octubre la Policía Judicial actuará penalmente contra las personas o organizaciones que manipulen el tacógrafo que llevan instalados algunos vehículos en el sector del transporte por carretera, en base al artículo 392 del Código Penal que considera la manipulación de ese instrumento un delito de falsedad.

El Presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, manifestó al fiscal durante la reunión su "preocupación" por las consecuencias de la estrategia de la Fiscalía pueda suponer para el sector, "ante la situación económica que atraviesan las empresas, con un tercio de la flota parada, lo que induce a una competencia feroz entre las empresas que pueden inducir a un mayor incumplimiento de la legislación de transporte".

Por ello , Fenadismer pidió a la Fiscalía que se garantice la "seguridad jurídica máxima en la aplicación del Código Penal", que se establezca la responsabilidad a "todos los que intervienen en la cadena de contratación, especialmente a los que inducen a la comisión del presunto delito" y no sólo a la empresa de transporte.

Asimismo, la asociación demandó a la Fiscalía que se obtengan pruebas periciales "suficientes que justifiquen el inicio de actuaciones" y realice, antes de iniciar su nueva estrategia en materia de seguridad vial, una campaña divulgativa con la finalidad de informar a todos los agentes del sector.

España, abocada a años de escaso crecimiento si no acomete "dolorosas" reformas, según 'WSJ'

NUEVA YORK.- La economía española ejemplifica mejor que ningún otro país de la eurozona tanto las grandes ventajas como los potenciales efectos negativos de la moneda común europea con una economía todavía en contracción, mientras que varios de sus socios europeos dan muestras de recuperación, según afirma hoy el diario 'The Wall Street Journal'.

El periódico augura que sin "dolorosas reformas" países como España, Grecia, Italia y Portugal parecen abocados a años de escaso crecimiento, lo que dificultará aún más el pago de sus deudas, aunque por el momento "ningún miembro de la zona euro corre el riesgo de no poder hacer frente a sus obligaciones". No obstante, los economistas consultados advierten de que existe el riesgo de una crisis de deuda pública en el seno de la eurozona si se acumulan varios años de estancamiento económico.

En el caso de España, 'WSJ' apunta que tras haber disfrutado tipos de interés muy por debajo de las acostumbradas gracias a su incorporación al euro, los hogares y empresas españoles encontraron grandes incentivos en el endeudamiento, hasta el punto de que la deuda de los hogares alcanzó en 2007 el 130% de la renta disponible.

De este modo, la economía española logró situarse entre las diez mayores del planeta y superó en ingresos per capita a socios como Italia. Por contra, los costes de las empresas aumentaron, restando competitividad a las exportaciones, lo que se ve agravado por la fortaleza del euro frente al resto de divisas.

"Normalmente los países pueden restaurar su competitividad mediante ddevaluaciones de su divisa, algo que antes de su incorporación al euro España había realizado en varias ocasiones para evitar la recesión", señala el diario, que advierte de que actualmente España no cuenta con esta posibilidad, ni con la herramienta monetaria de fijar los tipos de interés más adecuados para su economía.

Por este motivo, el rotativo apunta que España deberá ganar competitividad a través de rebajas salariales y de precios respecto a sus socios de la zona euro, lo que apunta a años de estancamiento salarial en un país donde la gente se ha acostumbrado a una acusada mejoría de sus estándares de vida. "Algunos economistas prevén una 'década perdida' al estilo de Japón", afirma el 'WSJ'.

Así, los expertos consultados por el periódico pronostican el riesgo de una crisis de deuda pública en el seno de la eurozona si se acumulan años de estancamiento económico.

En este sentido, el diario apunta que los países de la eurozona podrían responder mediante una mayor unidad política, que permitiera la emisión de deuda pública de manera centralizada por las instituciones de la eurozona, aunque admite que esta posibilidad no goza de muchas posibilidades en el actual momento de escepticismo respecto a una mayor integración europea.

Asimismo, otra de las posibilidades de enfrentar una crisis de deuda pública, denominada "opción nuclear" sería que el país en dificultades abandonara el euro, aunque esto implicaría la práctica seguridad de impago de la deuda, que seguiría denominada en euros.

Por tanto, el periódico señala que la opción más probable sería la del rescate, a pesar de que las principales economía de la zona euro como Alemania o Francia encontrarían dificultades para justificarlo ante sus contribuyentes.

"Probablemente deberían imponer a otros países impopulares planes de austeridad del estilo de los aplicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que aumentaría las tensiones en la UE", concluye el periódico.

El CJPG resuelve mañana la queja del Ayuntamiento de Zurgena contra el juez instructor de 'Costurero'

ALMERÍA.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resuelve mañana en Comisión Disciplinaria la queja elevada por el Ayuntamiento de Zurgena contra el juez instructor de la 'Operación Costurero', David Villagrá, quien ordenó en julio la incoación de procedimiento abreviado contra 25 personas, entre ellas el alcalde, Cándido Trabalón, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), a quienes imputa la comisión de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces confirmaron que el asunto figura en el orden del día de la reunión después de que se iniciase una investigación a raíz del expediente en el que el Consistorio zurgenero cuestiona la actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal Overa al tiempo que la compara con la juez que inicio las diligencias que derivaron en la detención de ambos en abril de 2008 por agentes de la Guardia Civil.

La queja atribuye a Villagrá la presunta comisión de un falta grave o muy grave en la adopción de decisiones "deliberadas" que, según apunta, han "impedido en normal desenvolvimiento" del Ayuntamiento al no "restituir" la documentación, los ordenadores, discos duros y libros de registro que fueron intervenidos en dependencias municipales en el marco de la operación 'Costurero' pese a que --ahondan-- existe un oficio de 2 de julio de 2008 en el que su antecesora "solicita a la Policía Judicial su devolución a la mayor brevedad posible".

El Consistorio zurgenero acusa, así mismo, al juez instructor de haber "inducido" a varias de las 25 personas imputadas en esta trama de corrupción urbanística, entre ellas buena parte de la corporación local, funcionarios y promotores urbanísticos, a que modificasen sus primeras declaraciones en sede judicial para señalar a Cándido Trabalón como máximo "responsable".

En el auto dictado el 19 de junio por el juez David Villagrá se atribuye al regidor zurgenero el permitir la obtención de licencias urbanísticas "ilegales" mediante silencio administrativo o haber dado voto favorable para la concesión de licencias de obra mayor y licencias de segregación sin cumplir requisitos exigidos por la ley. Al parecer, "daba trato de favor" a constructoras y consta la existencia de "cantidades injustificadas siempre inferiores a 3.000 euros" en cuentas bancarias donde figura como titular.

Con respecto a Manuel Tijeras, el auto por el que el juez da traslado al fiscal para que formule escrito de acusación, le vincula a la concesión de licencias en suelo no urbanizable "a sabiendas de que contravenían el ordenamiento jurídico" y, sobre todo, a la expedición de permisos de primera ocupación en viviendas sobre las que pesaban medidas judiciales cautelares de suspensión.

El ex edil de Urbanismo, según se desprende la instrucción incoada en 2008, habría percibido cantidades de dinero por la concesión de licencias que justificó, al parecer, con informes técnicos preceptivos favorables pero "inexistentes" mientras que Trabalón certificaba antigüedades de viviendas que no existían antes de que él accediese a la Alcaldía.