sábado, 30 de junio de 2012

Médicos del Poniente dicen que el plan de ajuste andaluz provocará un "deterioro inexorable" del servicio

ALMERÍA.- Los médicos del Hospital del Poniente de El Ejido que han participado en una huelga de 'batas blancas' ayer viernes han manifestado frente a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Almería que el plan de ajuste del Gobierno andaluz provocará, además del "empobrecimiento" de los facultativos, un "deterioro inexorable" de la cantidad y calidad de los servicios que presta actualmente el servicio de salud público andaluz. 

   En un manifiesto leído tras la marcha protagonizada por unos 70 facultativos desde la Estación Intermodal de la capital hasta la sede provincial de Salud, los médicos han indicado que, si bien son conscientes de las "duras" medidas "impuestas" desde el Gobierno central al Autonómico, entienden que ha sido éste último el que "ha decidido que el peso del dichas medidas recaiga íntegramente sobre el salario de los empleados públicos".
   Así, han criticado que no se haya practicado recortes en cuestiones "más superfluas" como "la televisión y radio autonómica, los coches oficiales, los miles de teléfonos móviles, las subvenciones a sindicatos u otros organismos o adelgazando el gran aparato político andaluz". No obstante, consideran que en el caso de que "no les quedara más remedio" que aplicar recortes en la sanidad andaluza "deberían empezar por aquellos estamentos cuya inexistencia no tiene impacto alguno sobre la calidad asistencial de los pacientes".
   En esta línea, afirman que el 30 por ciento de presupuesto en sanidad "se destina a conciertos con clínicas privadas así como en agencias, fundaciones y escuelas que no tienen más función que la de servir de cobijo para amigos y antiguos cargos directivos de la sanidad andaluza", con lo que calculan que, si se suprimiera este gasto, no sería necesario ajustar el sistema sanitario.
   "Nos preocupa enormemente la reducción de jornada del diez por ciento que pretenden hacer sobre el personal temporal porque se traducirá en una merma importante en la calidad asistencial", afirman los facultativos, que explican que en el caso del Hospital de Poniente, habrá un "aumento de las listas de espera quirúrgicas, de atención ambulatoria en consultas y un gran retraso en la realización de pruebas diagnósticas" dado el volumen de personal interino. Con esto, advierten que dadas las condiciones planteadas, se producirá un "colapso" de los servicios de urgencia y de los servicios de atención hospitalaria.
   Por otra parte, el Sindicato Médico y la Lista Independiente de Médicos del Poniente (Limpa) han expuesto su temor a que los recortes "conduzcan a la desmotivación de los profesionales sanitarios que desencadene una fuga de facultativos a otras comunidades, países o a la sanidad privada, dejando desérticos los hospitales y centros de salud".
   Los médicos han dado cuenta de las decisiones adoptadas por estos motivos, que pasan por "romper los pactos de actividad" que se basan en criterios economistas y van "en contra de la calidad asistencial" y  suprimir toda actividad no asistencial como comisiones de calidad, actividad docente o formativa. 
Por otra parte, han pedido no bajadas de sueldo, la consolidación del personal temporal, la no reducción de jornada a eventuales e interinos, la reducción de cargos directivos e intermedios, la eliminación de conciertos con entidades privadas, y que se prescinda de organismos dependientes de la Consejería de Salud que no desempeñan labor asistencial.

La Junta autoriza investigar la búsqueda de oro en los municipios de Abla y Las Tres Villas

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía ha concedido un permiso de investigación a la empresa Basti Resources por el que podrá buscar recursos de la sección C) de la Ley de Minas. En concreto se encuentran interesados en la posible localización de oro en 84 cuadrículas mineras, que se encuentran situadas en los términos municipales de Abla y Las Tres Villas.

   La delegada de Economía, Innovación y Ciencia, Adriana Valverde, ha entregado al representante de la sociedad, Fernando de la Fuente, la autorización del permiso que cuenta con el nombre de 'Marcia IV' y al que se suma la aprobación del plan de restauración de la zona así como un plan de gestión de residuos.
   En ese sentido, según informa la Junta en una nota, la compañía debe constituir, según la normativa del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, la garantía de restauración contemplada en el permiso para la restauración del terreno afectado por las labores mineras.
   La Delegación Provincial es competente para otorgar o denegar un permiso de investigación por razones de territorialidad sobre la base de lo dispuesto en la Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio, y del Reglamento General para el Régimen de la Minería aprobado por Real Decreto 2857/1987 de 25 de agosto.
   El permiso de investigación es una autorización que debe ser otorgada por la administración cuando se cumplan determinados requisitos sin que ello exima al interesado de obtener los demás permisos, licencias y autorizaciones que exijan otras normas sectoriales, como puedan ser la urbanística o la medioambiental. La provincia almeriense cuenta, en estos momentos, con 30 permisos de investigaciones para diferentes secciones de la ley concedidos.

Más de 1.800 agentes velarán por los 16 millones de desplazamientos previstos en Andalucía este verano

MÁLAGA.- Las carreteras andaluzas soportarán durante los meses estivales unos 16 millones de desplazamientos --un siete por ciento más con respecto al mismo periodo de 2011--, 7.850.000 en julio y 8.150.000 en agosto, para lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un dispositivo especial que cuenta con más de 1.800 agentes de Tráfico de la Guardia Civil y que permanecerá activo desde este fin de semana hasta el próximo 2 de septiembre.

   En concreto, ante el incremento de desplazamientos de vehículos por carretera y la llegada de turistas a la Comunidad andaluza, este plan dispondrá, además de los 1.800 guardias civiles, de otras 60 personas en los centros de Gestión del Tráfico y de más de 27.000 agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional que, directa o indirectamente, velarán por la seguridad de los conductores y de los visitantes en las carreteras y las ciudades.
   El 'Plan verano 2012' ha sido presentado este sábado en Málaga por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, acompañada por el subdelegado provincial, Jorge Hernández Mollar; el general de la IV Zona de la Guardia Civil, Laurentino Ceña; el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Francisco Arrebola, y el coordinador regional de la DGT, José Luis León.
   Estos dispositivos especiales de regulación y control del tráfico estarán activos tanto en las zonas costeras como en el interior de la región --turismo rural-- durante todos los fines de semana del periodo estival, intensificándose durante las 'Operaciones de salida y de regreso' y en ocasiones tales como fiestas o periodos vacacionales más cortos de fines de semana.
   La primera 'Operación especial' de julio comenzó este pasado viernes y finalizará este domingo, mientras que la de agosto se desarrollará durante los días 31 de julio y 1 de agosto. Por su parte, la 'Operación especial de retorno' tendrá lugar entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.
   Crespo ha destacado que es una operación "bastante compleja y extensa en el tiempo", que trata de aportar "fluidez y seguridad" a los desplazamientos y que, además, tiene lugar en la Comunidad Autónoma con mayor número de vehículos --3.755.645 unidades-- y conductores censados --4.632.623 personas--, así como con numerosos kilómetros de litoral --1.101--.
   Este plan contempla actuaciones tales como la instalación de carriles adicionales provisionales, los cierres de intersecciones, la anulación de enlaces de ordenación de tráfico en las vías, favorecer el retorno desde las zonas costeras, así como disminuir las retenciones y los riesgos de accidentes.
   También se restringirá la circulación de vehículos de mercancía peligrosa, transporte especial y de camiones de masa máxima autorizada de más de 7.500 kilos, sobre todo en horas y días determinados, a fin de reducir la conflictividad en las carreteras, ha enumerado la delegada, entre otras medidas.
   El año pasado se establecieron 258 ordenaciones especiales en las diferentes carreteras de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 1.467 kilómetros totales de carriles adicionales, y se realizaron 114.840 señalizaciones en los diferentes paneles de mensaje variable existentes en las principales vías.
   Además, como novedad este año, se llevarán a cabo controles de droga a los conductores, que se suman a los habituales de alcoholemia que se vienen realizando en la Comunidad. Algunos de ellos se harán coincidir con la celebración de eventos excepcionales como las Barbacoas del Carranza en agosto y las distintas fiestas patronales, según han especificado.
   A este dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico, se suma el Plan Turismo Seguro, que se pondrá en marcha a partir de este domingo para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la delincuencia ante el incremento del número de visitantes extranjeros y nacionales.
   Así, se reforzará la plantilla de Seguridad Ciudadana de la Benemérita en 241 agentes y de las unidades especiales de la Policía Nacional en 210, con los objetivos de incrementar la seguridad ciudadana, lograr una mayor eficacia en la atención a perjudicados por hechos delictivos y transmitir sensación de seguridad a turistas y empresarios turísticos.
   Para ello, se llevarán a cabo actuaciones preventivas en cinco líneas: aumentar la vigilancia y control preventivo en vías de comunicación urbanas e interurbanas, estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, playas y campings; reforzar las medidas de seguridad en espectáculos y acontecimientos que supongan grandes concentraciones de personas; realizar tareas de prevención en la información relativa a actos terroristas, además de potenciar las labores de investigación de las unidades de Policía Judicial, y agilizar y facilitar los trámites en las oficinas de denuncia.
   Como resultado de la labor realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad andaluza, durante 2012 se ha reducido la cifra de delitos en un tres por ciento y de accidentes en carreteras un 14 por ciento --un total de 87 siniestros mortales con 95 fallecidos hasta el 25 de junio--.
   Este último descenso se ha producido en todas las provincias andaluzas, excepto en Córdoba, y, principalmente, en la de Málaga --un 30 por ciento menos con respecto a 2011--, donde en el último año se han registrado cuatro víctimas mortales menos que durante el anterior --nueve--.
   Además, este domingo, 1 de julio, fecha en la que se cumplen seis años de la entrada en vigor del carné por puntos, la DGT premiará a 2,3 millones de conductores andaluces con un punto más, alcanzando el saldo máximo de 15.

La Junta abre expedientes a El Ejido bajo multa de 18.000 euros por vertidos en distintos acuíferos

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, mantiene abiertos varios expedientes sancionadores contra el Ayuntamiento de El Ejido por vertidos en diferentes acuíferos de su término municipal que, en caso de prosperar, podrían desembocar en multas de hasta unos de 18.000 euros al Consistorio, al que se ha solicitado además el cese de dichos vertidos. 

   Según han indicado fuentes de la Consejería, existe un sancionador por vertidos a la Balsa del Sapo, que cuenta desde enero de este año con una propuesta de resolución definitiva de 12.000 euros, en los que se incluye una indemnización por daños al dominio público hidráulico. Dicho expediente se encuentra recurrido por el Consistorio mediante un recurso de alzada ante la Consejería.
   En este caso, se trata de un vertido de aguas residuales urbanas procedentes de la estación de bombeo de Las Norias que fue identificado a finales del pasado año que, posteriormente, fue también denunciado por la Guardia Civil. La infracción, calificada como grave por la Junta, lleva aparejada una sanción de 9.842 euros más una indemnización de 1.916 euros.
   Por otra parte, la Consejería ha emitido otra propuesta de sanción que se encuentra en su fase inicial por los vertidos identificados en la Cañada de Cabriles, donde según la Junta, se emiten aguas residuales directamente de la EDAR y en donde el entorno se encuentra contaminado. El expediente, que se inició a mediados del mes de abril, contempla una multa que podría alcanzar los 6.010 euros.
   Dicho vertido ha sido denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente tanto por los agentes de la Guardia Civil como por el grupo ecologista Cóndor. Según consta en estas denuncias, las aguas residuales eran vertidas directamente en la hoya, situada tras las instalaciones del parque comercial COPO de El Ejido, a través de un aliviadero de la estación de impulsión. Igualmente se han hallado restos de escombros y envases fitosanitarios en la orilla de la balsa.

Posición contable real primero, después ayuda financiera / Ángel Tomás Martín *

Si Luca Pacioli, llamado Luca di Borgo (1445-1510), matemático italiano y escritor del primer tratado sistemático de la " contabilidad por partida doble", que expone por primera vez como se deben llevar los libros contables, y que a pesar de los sucesivos avances, de la mecanización e informatización, se sigue manteniendo el principio de "a todo deudor corresponde un acreedor y viceversa "... si Pacioli volviera a la vida en estos turbulentos tiempos de irresponsabilidad, de ignorancia y de falta de escrúpulos con que se adornan determinados gestores, consejeros y directores generales de algunas entidades financieras, escandalizado, volvería, sin perder un minuto, a la paz de que seguro disfruta desde hace más de cinco siglos.

La contabilidad que toda empresa pública o privada tiene la obligación de llevar al día debe ser fiel reflejo de toda su actividad, y ofrecer en todo momento su situación patrimonial real, económica y financiera, indispensable para el desarrollo del fin para el que se han creado; además debe ser siempre transparente. Si no cumple con estos requisitos, o existe incompetencia, negligencia, o se pretende ocultar una gestión cuando menos reprobable.

Para cualquier observador y para los propios mercados, resulta sorprendente, que los balances de un determinado número de entidades de nuestro sistema financiero sigan sin ser fiables, a pesar de contar con expertos de alta profesionalidad en todos los organismos oficiales de vigilancia y control, y contar igualmente con censores jurados de cuentas y auditores de prestigio probado y de legal y obligada actuación. Algunos gestores han convertido la contabilidad en materia moldeable y al servicio de intereses oscuros, olvidando que debe recoger con exactitud cada operación, indispensable para la toma de decisiones y el fiel cumplimiento de los presupuestos y proyectos. En el caso de alguna de las entidades bancarias, la contabilidad generalmente es incompleta, sin respeto a los principios técnicos básicos y, en algún caso, falsa.

Si a ello añadimos que las auditorias y los órganos de control y supervisión han ejecutado su trabajo ciñéndose solo a los documentos parciales presentados, incluso sesgados u ocultados, el resultado en determinados casos es el desconocimiento absoluto tanto de su posición patrimonial como de la económico-financiera. Resulta triste y grotesco que con la excelente profesionalidad de nuestros inspectores a todas las escalas, y ante la desconfianza del BCE, del FMI y de la propia Bruselas, hayamos tenido que someternos a los test de estrés y a las valoraciones que asesores técnicos independientes exteriores (Oliver Wyman y Rolando Berger) ha estado llevando a cabo en nuestras instituciones financieras. Desconfiamos, sin embargo, que dado el corto espacio de tiempo (terminaron antes de final del mes de junio) y la complejidad contable, lleguemos a conocer con exactitud un balance creíble de la situación.

Lo anteriormente expuesto explica la amplia diferencia existente entre los cuarenta y cien mil millones de euros en que se estima alcanzarán las necesidades de nuestras entidades bancarias, para salir de su crisis. Es claro que los gestores, o no han sabido o no han querido precisar con exactitud, no solamente el valor de sus activos, sino el de su pasivo exigible. Es el caso en la memoria de algunas entidades, absorbidas o desaparecidas, cuyo estado de cuentas sigue sin el debido conocimiento público.

Es triste que con la excelente gestión económico-diplomática que recientemente han mantenido nuestros gobernantes (Mariano Rajoy, Luis de Guindos y Sáez de Santamaría), en Alemania y en EEUU, y tras conseguir un préstamo de hasta cien mil millones de euros, sigamos inmersos en la duda e inseguridad de nuestras cuentas bancarias y en la desconfianza de los mercados y bancos centrales.

El préstamo para la regeneración financiera - siendo su obtención un éxito - no deja de ser, si se alcanza el tope máximo (entorno al 10% del PIB español), cierto riesgo para el Estado el impago del mismo, al responsabilizar al FROB de la distribución a cada una de las entidades bancarias deficitarias. También asume el del pago de los intereses a los fondos europeos, que formarían parte del déficit público en el capítulo de intereses de la deuda.

Al desconocer la posición de algunos de los balances y la cuantía a que ascenderá su regeneración, surge la duda fundada de si una vez concluida la ardua tarea, fluirá el dinero a la economía real, como único camino para iniciar la salida de la crisis. Solo un camino debe seguirse en la gestión del FROB:- exigir y analizar los balances e informes necesarios de cada entidad solicitante,- calcular la cantidad necesaria a prestar para regularizar su desequilibrio, y que permita el normal desenvolvimiento de la actividad crediticia como único objetivo,- que cada operación sea supervisada controlada y autorizada por la inspección técnica del Banco de España, de probada competencia, preparación, experiencia e independencia. 

Cualquier otro organismo, comisión o controlador debe ser desechado, y que se certifique en el informe final que los activos dañados y la morosidad excesiva han sido resueltos o provisionados. Solo así, y sin que la banca haga aplicaciones de los fondos europeos recibidos a otras coberturas oficiales, ni se destinen a fines en el exterior, podremos empezar a confiar en el despegue de nuestra economía real y nos pongamos todos a trabajar y colaborar para un solo fin: la competitividad, la innovación, la internacionalización, la creación de empresas y la reducción drástica del desempleo. 

El futuro solo será el resultado de nuestra voluntad de trabajo e inteligencia, sin olvidar ser intolerantes con la corrupción, la mentira y el despilfarro. Solo con transparencia eliminaremos la inmoralidad.

(*) Economista y empresario

viernes, 29 de junio de 2012

Los empresarios almerienses, desesperados por traer Eurovegas al desierto


MADRID.- En el desierto de Tabernas, en Almería, un grupo de promotores relacionados con el turismo playero aún ve viable insistir en algo por lo que solo un loco apostaría: torcer la voluntad del primer empresario mundial del juego, quebrarle su elección entre Madrid y Barcelona –cuando no es seguro que un complejo de tal calado vaya a levantarse en alguna de las dos- y hacerle ver que qué mejor sitio para recrear la ciudad de Nevada que un terreno tan árido como el que acoge a la capital histórica del ocio y vicio, según 'Vox Populi'.        

La apuesta no es que compita con dos rivales de peso; es que, oficialmente, no compite: Las Vegas Sands, el grupo de Sheldon G. Adelson, descartó otra ubicación distinta a la madrileña o barcelonesa. El descarte se produjo a principios de junio, cuando empresarios de los municipios de Oropesa (Castellón) y Tabernas decidieron tantear al magnate del juego por si acaso sonara la flauta. Pero en Almería, la segunda provincia española con más paro (35,28%), parece que no se rinden y han remitido a finales de la semana pasada una nueva carta a Adelson: su gran, y parece que única, baza pasa por que éste visite los 280 kilómetros cuadrados de desierto que sedujeron a Hollywood en los sesenta y setenta. Toda una súplica berlanguiana.
La insistencia, abanderada por dos consorcios llamados TOE Group y Citymar Hoteles, parece también motivada esta vez por el aplazamiento a septiembre de la decisión final por parte de Las Vegas Sands, en ese contexto de tira y afloja, de quiero y no puedo, del que hace gala el ejecutivo de Boston. Una indecisión que exaspera a los equipos de Esperanza Aguirre y Artur Mas, siempre dulces cuando toca recibir a Adelson a algún directivo de la multinacional.
Miguel Rifá  Fabregat, uno de los promotores, defendió la opción tabernera: "Tenemos una ventaja con respecto a Madrid o Barcelona, y es que dedicaríamos, por completo, nuestras ganas y nuestro esfuerzo, mientras que en estas dos ciudades esto quedaría diluido. Estos proyectos son accesorios a la oferta turística que ya tienen. Aquí se le daría cariño y dedicación". Y al envite se sumó la alcaldesa de Tabernas, Mari Nieves Jaén (PP): "Tenemos el mar a 20 minutos, Sierra Nevada a una hora, el circuito de velocidad, y si la Paramount de Murcia sale adelante, también la tendremos cerca. Este un sitio de ocio y puede abarcar a toda Andalucía".
La reiteración es sorprendente, cuanto más que sus promotores desconocen si Adelson les escuchará siquiera. Tampoco está claro el acceso, marcado por la ausencia del AVE exigido por el empresario, o las exenciones fiscales, sobre las que puede tener algo que decir una Junta de Andalucía que no parece estar por la labor. El activo más diáfano que se pueda ofertar es el desierto.
Además, Sheldon G. Adelson, de 79 años, sabe, y mucho, del negocio de exportar sus proyectos de juego a otras regiones, como Macao o Singapur, las cuales le han permitido remontar las pérdidas crecientes en Estados Unidos e incluso lograr beneficios colosales. También le han asociado a una red de fraude y malversación fuera de su país. Si al final no se queda en España, como puede acabar sucediendo, habrá culminado la parábola que Berlanga rodó hace 59 años.

jueves, 28 de junio de 2012

El presidente del Consejo Consultivo aboga por abrir el debate sobre el futuro de diputaciones y mancomunidades


ALMERÍA.- El presidente del Consejo Consultivo Andaluz y catedrático de Derecho Constitucional de la UAL, Juan Cano Bueso, ha señalado este jueves que la situación económica actual "abre la puerta para debatir sobre el futuro de las diputaciones provinciales y las mancomunidades", instituciones que a su juicio, "deben replantearse" como tal, para "simplificar" la estructura administrativa del Estado. 

   Según ha indicado la Universidad almeriense en una nota, Cano Bueso ha sido "muy crítico" con los "recortes" que se están realizado por parte del Gobierno central en materias como la educación o la sanidad y ha dicho que estas medidas pueden interpretarse como un "ataque frontal" a la Constitución Española.
   Cano Bueso ha hecho estas declaraciones en la presentación del curso de verano de la UAL 'Crisis económica y modelo social: la sostenibilidad del Estado de Bienestar', que se celebrará entre el 2 y el 4 julio en el Gran Hotel, de Almería.
   El curso se enmarca también dentro de las actividades de la Cátedra Rafael Escuredo de Estudios Andaluces y analizará un asunto que está en el centro del debate público y político actual: la defensa del Estado como garante de la democracia y de un modelo social vigente en Europa en las últimas seis décadas que afronta, en la actualidad, "su crisis más severa".
   "Estamos viendo que la reforma de la Constitución que se hizo con el argumento de calmar a los mercados no ha servido de nada. Nos gobiernan poderes no identificados que no tienen control democrático alguno. Cuando la economía sustituye a la política, lo que nos queda es el gobierno de la economía", ha dicho el presidente del CCA, quien ha añadido que "si no hay control sobre el mercado, entramos en el mundo de la selva, que es lo que está ocurriendo ahora".
   Por su parte, el rector de la UAL, Pedro Molina, ha afirmado que la "globalización" ha supuesto una "reducción notable" de los espacios políticos, "lo que significa que la relación entre el ciudadano y el poder se transforma en una relación cada vez más difusa y distante".

CCOO recurre ante el juez de lo Mercantil el ERE sobre 143 trabajadores de Elsur

ALMERÍA.- Varios miembros del comité de empresa de la empresa mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido en representación de CCOO han interpuesto un recurso ante el expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo sobre 143 empleados ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería que tramita el concurso de acreedores voluntario en el que se haya la entidad. 

   Según alegan en su recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aún no se ha pronunciado sobre una solicitud de ERE anterior que afectaría a 155 personas y que fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil en octubre del pasado año al entender que sería pertinente aplicar otra medida de "menor incidencia social".
   Ante este auto, la empresa presentó un recurso de suplicación ante el TSJA, sobre el que aún no se ha emitido documento judicial. No obstante, los trabajadores entienden que, en caso de que llegara a prosperar dicho recurso, la empresa se enfrentaría a dos ERE que, en suma, afectarían a casi 300 trabajadores. Con esto "se extinguirían el 80 por ciento de contratos de la actual plantilla, lo que evidentemente no garantizaría la inviabilidad empresarial ni tendría sentido alguno", alegan los empleados para rechazar el nuevo documento.
   En la misma línea, el escrito también alega que el ERE "entra en contradicción al incluir a trabajadores ajenos al canon municipal y a personal laboral fijo" del Ayuntamiento de El Ejido. Y es que, según mantiene  el sindicato, la mercantil vuelve a incluir entre los afectados por la solicitud de extinción a trabajadores "de manera equivoca" entre los que se encuentran empleados adscritos al servicio de aguas y abastecimiento, "actividad ésta que es ajena al canon municipal".
   En este sentido, señalan que esta parte de la plantilla "no se ve afectada por hipotéticos recortes de canon ni, por ende, por ninguna necesidad productiva u organizativa que la mercantil pueda esgrimir para un despido colectivo". La empresa manifestó en su solicitud de expediente que la rebaja del canon a 12 millones de euros por parte del Ayuntamiento de El Ejido para este ejercicio afecta a la viabilidad de la empresa.
   Por otra parte, el sindicato ha vuelto a reclamar en una nota a la corporación municipal ejidense el rescate del servicio "tal y como prometió en período de elecciones", sentido en el que también se ha pronunciado el sindicato UGT, desde donde se ha exigido al alcalde "el cumplimiento de su promesa electoral donde decía que en Elsur no sobraba nadie".
   CCOO ha exigido a la corporación municipal que "cumpla con su promesa electoral, rescate el servicio municipal y preste los servicios a través de una empresa participada al cien por cien por el Ayuntamiento" ante este "nuevo intento de hacer pagar a los más débiles los presuntos desmanes que los responsables municipales y gestores de la filial ejidense de Abengoa pudieran haber cometido y que dio lugar a la conocida 'operación Poniente'".
   Desde UGT han recordado que el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), incidió en la protección de los trabajadores de Elsur "con su participación en todas las movilizaciones y colaborando con tiendas de campañas y viajes al Parlamento andaluz donde acudió a entrevistarse con el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía Javier Arenas, donde éste ratificó las palabras del actual alcalde", han dicho.

El Ayuntamiento de Carboneras inicia obras en el parking de la Playa de Los Muertos tras la aprobación de la Junta

CARBONERAS.- El Ayuntamiento de Carboneras ha iniciado las obras de acondicionamiento y adecuación de la zona de aparcamiento destinada a los usuarios de la Playa de Los Muertos, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, después de haber obtenido la autorización necesaria por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, desde donde el pasado año se abrió un expediente sancionador al Consistorio por realizar obras de ampliación en una zona no autorizable que ha desembocado en una multa de 600 euros. 

   Según ha indicado el Ayuntamiento Gicar-PP) en una nota, la Consejería de Medio Ambiente aprobó el pasado 17 de mayo el proyecto de acondicionamiento de parking al aire libre para la Playa de Los Muertos, que fue presentado en abril por el Consistorio al comprobar que las actuaciones son compatibles con la conservación de los recursos naturales de la zona en cuestión.
   El informe que acompaña la autorización señala una serie de condiciones a cumplir por el gobierno local, entre las que destacan la siembra de gramíneas anuales tipo cebada cuando finalice la temporada estival para asegurar la viabilidad de la plantación con las primeras lluvias otoñales y la utilización de materiales que logren una mayor integración paisajística o la restauración de las zonas que hayan podido verse alteradas durante el transcurso de las obras.
   Ante esto, el Ayuntamiento ha comenzado las obras con la intención de terminar el aparcamiento en los primeros días de julio y ponerlo en funcionamiento. Igualmente, se ha comprometido a promover el buen uso de las instalaciones, así como de la propia playa, a todos aquellos que acudan a la zona, con lo que se hará entrega de información para motivar a la colaboración para conservar el Parque Natural "en armonía con los recursos necesarios".
   El alcalde de la localidad, Salvador Hernández (Gicar), ha mostrado su "satisfacción" ante el entendimiento encontrado con la Junta ya que "con esto se mejora considerablemente la problemática y peligrosa situación que cada verano padecían los usuarios de dicha playa". Asimismo, ha asegurado que "desde el Ayuntamiento buscamos que los turistas que visitan Carboneras encuentren las máximas comodidades".
   La actuación practicada el pasado año en una zona de protección B1 a través del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) por el que se rige el parque, trataba la ampliación de una antigua carretera, en la que se encontraban acumulados vertidos de diversa índole. Según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, el propio informe del Parque Natural ya indicaba que la mayor parte de la actuación podría ser autorizable a excepción de una ampliación.
   Para dicha ampliación fue contemplada su restauración en la ulterior solicitud formulada por el Ayuntamiento de Carboneras, que dio lugar a una autorización de adecuación de la zona de pista y escombros como aparcamiento y a la restauración de la zona no autorizable, con la correspondiente sanción económica.

La Diputación destaca los problemas de aguas de los municipios almerienses

ALMERÍA.- El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat (PP), ha hecho un balance de las rutas por los municipios que ha realizado durante su primer año de mandato en las que los alcaldes le han trasladado sus problemas y peticiones personalmente y en las que, según el presidente, los principales escollos vienen dados por el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, sentido en el que ha pedido a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad. 

   En rueda de prensa, Amat ha incidido que al inicio de la corporación un total de 41 municipios se encontraban pendientes de la adjudicación de obras para tener acceso a agua potable, si bien solamente se había iniciado los trámites para contar con dichas infraestructuras, financiadas con fondos europeos, en uno de los casos. En este sentido, ha manifestado que antes de la retirada de dichas ayudas, se ha conseguido cuanto menos licitar obras en todos los pueblos.
   Así, ha manifestado que, pese a que las competencias "corresponden a la Junta de Andalucía", la Diputación de Almería ha sentido la "responsabilidad" de "ayudar" a los municipios para que tuvieran acceso al agua potable, por lo que se ha actuado en este sentido pese a que es la Administración andaluza "la que cobran un canon en el recibo del agua a los contribuyentes para estas obras". Así, ha estimado que sólo en el Poniente almeriense se han recaudado cuatro millones de euros con este impuesto y "no se ha reinvertido en el beneficio de los ciudadanos".
   En la misma línea, ha enumerado una serie de obras de carácter hídrico para diferentes localidades y ha anunciado que la Diputación Provincial de Almería ha sacado a licitación por 400.000 euros una obra destinada al arreglo de un colector que impida verter aguas residuales al cauce del río Andarax por parte de siete municipios de la comarca; una acción que, según ha señalado, tenía que haber ejecutado la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
   Amat, quien también ha hecho referencia a otras actuaciones practicadas en el último año a petición de los alcaldes y que ha permitido solucionar "el 70 por ciento de los problemas" planteados por los regidores, según sus cálculos, ha manifestado que en los próximos días hará llegar al Gobierno andaluz un documento que recoja todas las quejas planteadas por los ediles en las que la Junta tiene competencias para actuar.

El PP cree necesario eliminar empleo público

MADRID.- La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado este jueves que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles sino que se debe llevar a cabo una "reestructuración" que supondría "a la fuerza" eliminar empleos públicos, al menos los que correspondan a aquellas empresas públicas que crecieron "como setas" durante los años de "bonanza económica" y que hoy en día no son viables.

   "Los salarios públicos tendrán que reducirse, pero su reducción no puede ser hasta que al final estén todos y cobren un 10 por, porque no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la Administración sea capaz de recabar más recursos, que por otra parte se los quita al sector privado y a los ciudadanos", ha asegurado en una entrevistada en la Cope.
   En este sentido, Rodríguez ha matizado que las reducciones de sueldo de los funcionarios, aunque necesarias, no son suficientes y que por ello, es "absolutamente imprescindible llevar a cabo una reforma de las administraciones para que bajen los gastos públicos", lo que conllevaría necesariamente la destrucción de empleados públicos.
   "Esto es un puzle difícil de confeccionar pero tenemos que ser todos conscientes de que cada vez que se pide la reestructuración del sector público esto no es sencillamente que unos funcionarios vayan en turista o que viajen la mitad, que también, sino que la reestructuración va a llevar inexcusablemente pérdida de empleo público", ha explicado
   Asimismo, ha matizado que dichos empleos públicos que tendrán que desaparecer "inexcusablemente" no tendrían que afectar necesariamente a los funcionarios. "No estoy hablando de funcionarios sino de empleos públicos, normalmente los que están en la periferia, en todas esas personificaciones, hijos que han crecido al amparo de la bonanza. Sus empleados no son funcionarios pero son empleados públicos también, y a esto no queda otro remedio", ha añadido.
   Preguntada sobre la fecha en la que previsiblemente podría estar lista dicha reforma en la que, según Rodríguez, ya trabaja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la diputada 'popular' ha explicado que este tipo de reformas "globales" llevan "un poquito de tiempo", pero que es su intención que en 2013 comience a tener efecto sobre el presupuesto.

martes, 26 de junio de 2012

Greenpeace cree que Costas "evita cumplir sus ineludibles obligaciones" con respecto al hotel de El Algarrobico

ALMERÍA.-   La organización ecologista Greenpeace ha tachado de "incomprensibles" la declaraciones efectuadas este lunes por el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, en torno a la posición del Gobierno con respecto al hotel de El Algarrobico, al considerar que el Ejecutivo "simplemente evita cumplir sus ineludibles obligaciones" puesto que existen sentencias "firmes" que, a juicio de la organización, conllevan el derribo del inmueble. 

   Según ha trasladado en una nota la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, "lo que debe hacer --el Gobierno-- es actuar por imperativo legal y proceder, sin más excusas, a la demolición del hotel ilegal", ya que entiende que existe pronunciamientos judiciales que redundan en la "ilegalidad" del edificio.
   En este sentido, ha apelado a la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la ocupación por parte del edificio de Azata del Sol de la zona de servidumbre de protección de la playa de El Algarrobico, en Carboneras así como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que anula parcialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2008, por lo que el establecimiento queda amparado por la normativa de 1994 que devuelve al lugar la calificación de "no urbanizable".
   Para Greenpeace, los tribunales a los que Saavedra apela en sus declaraciones "ya han indicando que se ejecute la demolición del hotel y ahora la Administración simplemente debe cumplir con sus obligaciones". En esta línea, Marcos señala que en la sentencia del TS el juez apunta a que la degradación ambiental del paraje "ha de ser corregida por otros cauces".
   La organización se ha referido también al protocolo de colaboración sobre El Algarrobico suscrito entre la Junta de Andalucía y el anterior gobierno, y que a juicio de Costas "no sirve para nada por sí solo" dado que con él "se pretenden asumir actuaciones concretas sin que se haya firmado un convenio siquiera". No obstante, Greenpeace señala que con dicho documento, ambas partes "se comprometieron a adoptar un plan de actuación conjunto, con un acuerdo de cofinanciación y desarrollar el protocolo de recuperación de la playa de El Algarrobico a través de convenios específicos".
   Con esto, desde Greenpeace afirman que "a pesar de las declaraciones del director general el Estado, sí que tiene presupuesto para ejecutar su demolición mediante la partida asignada a su dirección en materia de "actuaciones en la costa" que van encaminadas a la gestión del dominio público y que ya tiene una dotación presupuestaria". En este sentido, la responsable conservacionista ha defendido el Ministerio "debería considerar esta actuación como prioritaria como ejemplo de que no se van a permitir más barbaridades en el litoral y que se puede revertir el modelo de destrucción y de burbuja inmobiliaria".

La Diputación aplaude a la corporación de Velefique, que ha renunciado a sueldos y retribuciones municipales

ALMERÍA.- El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y portavoz del equipo de gobierno, Javier Aureliano García (PP), ha valorado este martes el acuerdo municipal adoptado por la corporación de Velefique, que en su último pleno acordó suprimir las retribuciones económicas por asistencia a plenos, lo que se suma a su renuncia a un sueldo y otras contraprestaciones. 

   En rueda de prensa, García ha señalado que se trata de una decisión "soberana" que "apoya y respeta", ya que puede ser "un ejemplo para muchos municipios", si bien ha reconocido los esfuerzos económicos que se realizan en otras localidades. En este caso, se han suprimido los gastos que ocasionan los siete concejales de la corporación, cinco de IU, uno del PP y otro del PSOE.
   Con el consiguiente ahorro generado se preparará una verbena popular para la inauguración de la piscina municipal, según adelanta este martes el diario 'La Voz de Almería'. En este sentido, desde el equipo de gobierno se han manifestado que el Consistorio apenas acumula deudas, por lo que puede afrontar un nuevo proyecto destinado a la construcción de casas rurales.

Funcas rebaja sus previsiones y estima una caída del PIB andaluz de 1,7% en 2012

SEVILLA.-   La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha modificado sus previsiones para 2012 y estima un decremento del Producto Interior Bruto andaluz a precios básicos del -1,7 por ciento, en lugar del -0,6 por ciento previsto a inicios de año, de forma que las previsiones el PIB andaluz a precios de mercado ascenderían este año, en términos corrientes, a 144.287,1 millones de euros, en lugar de los 147.019,7 millones estimados inicialmente.

   Asimismo, Funcas ha empeorado las previsiones económicas de Andalucía en relación con las efectuadas en enero, de forma que las previsiones el PIB andaluz para 2011 a precios básicos se cifran del 0,1 por ciento, por lo que el PIB a precios de mercado podría ascender el pasado año 2011, en términos corrientes, a 145.451,7 millones de euros, cifra inferior a la estimada el pasado mes de enero para 2011, cifrada en 145.808,2 millones de euros.
   Según dichas previsiones, a las que tuvo acceso Europa Press, con esta actualización, las estimaciones para 2012 de PIB a precios de mercado ascienden a 144.287,1 millones, un 0,8 por ciento inferior a las previsiones para 2011 (145.451,7 millones), y un 0,4 por ciento superior al cierre de 2010 (143.587,3 millones).
   Por sectores, Funcas modificó sus previsiones del PIB a precios básicos o Valor Añadido Bruto (VAB) en todos los sectores. Así en la agricultura, donde en 2010 se había registrado un descenso del -0,9 por ciento, para 2011 se prevé un crecimiento del 0,2 por ciento, pero para 2012 se estima un incremento del uno por ciento por ciento.
   En el caso del sector Servicios, las previsiones se modifican levemente en positivo, toda vez que en 2010 se registra un crecimiento del 0,4 por ciento, para 2011 la recuperación prevista es del 0,9 por ciento pero las previsiones para 2012 vuelven a estimar un decremento del -0,4 por ciento en el sector.
   En la Industria, el PIB a precios básicos o VAB empeora del 0,9 por ciento en 2010 al 0,1 por ciento en las previsiones de 2011 y empeora al -4 por ciento en las previsiones para 2012; mientras que la Construcción sigue registrando descensos consecutivos del PIB, de forma que en 2010 se cifra en -8 por ciento; las previsiones de 2011 se colocan en -4,1 por ciento; y las estimaciones para 2012 se cifran en -9,1 por ciento, este ultimo peor dato que las estimaciones de enero de este año (-6,1 por ciento).
   La renta familiar bruta disponible mejora sus previsiones, de forma que para 2010 finalmente baja un -2,4 por ciento; mientras que en 2011 se prevé un aumento del 2,6 por ciento y para 2012 ese aumento se sitúa a 0,2 por ciento.
   En cuanto a crecimiento medio anual del IPC, Funcas estimó un crecimiento del 3,2 por ciento para 2010, mientras que para 2011 se prevé una recuperación del 2,1 por ciento y para 2012 se estima un incremento menor, del 1,9 por ciento.
   Las previsiones sobre la tasa de paro se elevan para 2011 hasta un 30,4 por ciento con respecto al total de población activa mientras que para 2012 se prevé alcanzar una tasa de paro del 33 por ciento, superior al 31 por ciento estimado a inicios de año para Andalucía.
   La tasa de ahorro regional se cifra en un 7,8 por ciento en las previsiones para 2011 de Funcas, mientras que para 2012 se cifran en un 8,8 por ciento, frente al 12,6 por ciento estimado a inicios de año.
   La previsión de ahorro familiar se cifra en un 11,3 por ciento en 2011 y un 10,3 por ciento para 2012, mientras que el ahorro de las empresas se cifra en un 13,7 por ciento en 2011 y un 13,2 por ciento estimado para 2012.
   Por su parte, las previsiones de ahorro de las administraciones públicas varían, de un -13,9 por ciento de previsión para 2011 a un -11,8 por ciento estimado para 2012.
   En esa línea, las previsiones actualizadas de la deuda pública regional bruta cifran 2011 en un 9,4 por ciento, mientras que para 2012 la previsión se cifra ahora en junio en un 10,1 por ciento.

Precio único de 12,49 euros por crédito para todas las titulaciones en primera matrícula universitaria

SEVILLA.- El Consejo Andaluz de Universidades (CAU), reunido este martes en Sevilla, ha acordado aprobar un precio único de 12,49 euros por crédito para todas las titulaciones universitarias para el próximo curso 2012-2013 en primera matrícula, lo que supone un incremento de 29 céntimos frente a los 12,20 euros actuales.

   Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, tras la reunión del CAU, en la que también han participado los rectores de las universidades públicas de la comunidad, los presidentes de los Consejos Sociales y representantes de los trabajadores y los estudiantes.
   En compañía de la presidenta de la Conferencia de Rectores de España (CRUE) y responsable de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle; del representante de los rectores andaluces, José Manuel Roldán (UCO); de la presidenta del Foro de Consejos Sociales de las Universidades públicas de Andalucía, Carmen Calleja, y del secretario general de Universidades de la Junta, Francisco Triguero, Ávila también ha desglosado cómo afrontarán las academias de la comunidad durante el próximo curso el recorte de 130 millones de euros contemplado en el Plan de Ajuste Económico-Financiero del Gobierno andaluz y que, según han recalcado todos los comparecientes, se lleva a efecto por "exigencias" del Ejecutivo de la Nación y, por tanto, "por imperativo legal", como ha destacado De la Calle.
   Respecto a las tasas, el CAU ha aprobado, en primer lugar, mantenerse en el mínimo de todas y cada una de las horquillas establecidas por el Ministerio de Educación y aplicarle solo el IPC sobre la liquidación de 2011. Es decir, que Andalucía se quedará en el 15 por ciento para las primeras matrículas (de hasta un 25% en que podría haber subido), en un 30 por ciento para las segundas (de hasta un 40%), en un 65 por ciento para las terceras (de hasta un 75%) y de un 90 por ciento (de hasta el 100%) para las cuartas y sucesivas matrículas.
   Además, ha decidido que para las primeras y segundas matrículas (no así en las terceras y cuartas, que dependerán de la experimentalidad del Grado que curse el estudiante) el precio sea "único" para todas las titulaciones, independientemente de la rama de conocimiento a la que pertenezcan. Según el consejero, esto tiene una "importancia radical" porque posibilita la "igualdad de oportunidades" en el acceso de todos los alumnos a la Educación Superior: "Andalucía será una de las pocas comunidades que tome esta decisión y es porque aquí queremos un modelo de Universidad donde las personas que ingresan elijan sus estudios por razones académicas y nunca económicas", ha recalcado.
   Estas dos decisiones, traducidas en euros, significan que los alumnos que se matriculen en el curso 2012-2013 por primera vez de una asignatura de Grado pagarán un total de 12,49 euros por crédito (29 céntimos más que el presente curso) y un total de 24,97 euros por crédito si repiten y es la segunda vez que la cursan (10,87 euros más que ahora). En las terceras y cuartas matrículas si influirá el grupo del conocimiento al que pertenezca el Grado, pudiendo oscilar en tercera matrícula entre 47,59 y 54,10 euros y, en cuarta, entre 63,46 y 74,91 (este curso el precio ha sido de 18,30 euros en ambos supuestos). En los Másteres, los precios públicos del crédito también variarán a partir de la tercera y cuarta matrícula pero, esta vez, dependiendo si se trata de un título habilitante o no profesionalmente.
   Consciente de que el peso de la subida de tasas caerán en aquellos alumnos que no aprueben las asignaturas a la primera --a los que De la Calle ha defendido de forma rotunda al entender que no se trata de "malos estudiantes" sino de personas que han "tropezado" y a las que hay que ayudar--, la Junta de Andalucía se ha comprometido este martes en el CAU ha activar un plan de compensación que ayude a "amortiguar la subida de las tasas".
   Según ha aclarado Triguero no se trata de "becas" porque la comunidad autónoma no tiene competencias para ello, pero sí serán "ayudas" que se financiarán con cargo a los ingresos nuevos procedentes de la subida de tasas consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 14/2012, contando para ello con el pago fraccionado de la matrícula para que el alumno no se vea obligado a hacer el desembolso con carácter previo.
   Además, Ávila ha explicado que estas compensaciones irán destinadas fundamentalmente a los alumnos de primera y segunda matrícula ya que ellos, en conjunto, "suponen el 90 por ciento del conjunto de estudiantes de todas las universidades públicas andaluzas". Sobre todo, ha justificado el consejero, porque entre el diez por ciento restante del alumnado universitario andaluz, un 80 por ciento de ellos está cursando las antiguas licenciaturas, de las cuales, ya no se imparte docencia. Para este tipo de estudiantes, la Junta ha establecido también una medida compensatoria y es que se beneficiarán de una matrícula reducida, situada en torno a los 20 euros, frente a los 71,05 que tendrían que pagar sin esta rebaja.
   De este modo, la Junta pretende evitar que disminuya el próximo curso el número de universitarios y que el Real Decreto 14/2012 tenga la "mínima afección posible" en Andalucía. "Si lo conseguimos, habrá un volumen de recaudación adicional que destinaremos a compensar los desequilibrios del decreto", ha apostillado Ávila.
   El otro punto clave de la comparecencia de este martes del máximo responsable de las Universidades del Gobierno andaluz ha sido el desglose de cómo se van a recortar los 130 millones en las academias de la comunidad durante el próximo curso.
   Así, y tras afanarse en explicar que este "ajuste" se debe a las "exigencias" del Ejecutivo de la Nación y en que, en todo momento, el Gobierno autonómico "ha cumplido su promesa de dialogar" de manera permanente sobre ello con el conjunto de la comunidad académica (se han producido 20 reuniones entre las partes implicadas en el último mes), Ávila ha celebrado que no se hayan traspasado "dos líneas rojas", la de la pérdida de empleo y la de la falta de equidad en el acceso a la Educación Superior.
   Según ha expuesto, el Gobierno andaluz ha tenido en todo momento en consideración que la Universidad es clave para salir de la crisis y que, por tanto, hay que tomar medidas que afecten lo menos posible a su capacidad de emprendimiento, de generación y transferencia del conocimiento y de generación, igualmente, de capital humano.
   Por ello, y con el beneplácito de la mayoría del CAU, se ha aprobado reducir su presupuesto en 45 millones recortando un cinco por ciento las nóminas de los trabajadores (tal y como prevé el Real Decreto-Ley), destinar 33 millones menos a infraestructuras generales y 25 millones menos a nuevas infraestructuras de carácter científico. Además, las universidades reducirán en 20 millones sus gastos corrientes, ajustarán  temporalmente por un año los proyectos y grupos de investigación para ahorrar cinco millones de euros y disminuirán las partidas para prestaciones y gastos sociales en dos millones de euros.
   Todo ello, según ha reconocido Calleja, Roldán y, en especial, De la Calle, con "dolor" y manteniendo su rechazo a las medidas "impuestas" por el Gobierno de la Nación pero asumiéndolas "de la forma menos agresiva".
 "El sacrificio va a ser gordo y los funcionarios de las Universidades públicas estamos sometidos tanto a los rigores estatales como autonómicos, pero no queda otra. Esperamos, eso sí, que no se nos toque más porque esto lo aceptamos en beneficio de todos y por mantener el empleo", ha argumentado la presidenta de la CRUE.

La UE admite una denuncia contra la Junta por avalar la urbanización de Valdevaqueros

CÁDIZ.- La Unión Europea (UE) ha admitido una denuncia presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción contra la Junta de Andalucía por "avalar" el Plan Parcial de Valdevaqueros, en Tarifa, una "macro urbanización que afecta a una zona de altísimo valor ecológico" y que, además, "nunca se sometió a un estudio de impacto ambiental, a pesar de afectar a espacios protegidos tanto por la legislación andaluza como por la comunitaria e internacional". 

   Según la respuesta que la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea dirige a Verdemar con fecha del pasado día 19, "tras realizar un primer análisis de las cuestiones que nos planeta, los servicios de la Comisión han solicitado información de las autoridades españoles sobre los hechos inicialmente denunciados", la cual estudiarán para extraer las conclusiones oportunas.
    La denuncia planteada por el colectivo ecologista resalta que el proyecto de Valdevaqueros afecta a una zona de "altísimo valor ecológico del Parque Natural del Estrecho y a un Lugar de Interés Comunitario (LIC) declarado por la UE dentro de la Red Natura 2000, en el límite de otro parque natural --Los Alcornocales-- y de una Reserva de la Biosfera aprobada por la Unesco --Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo)".
   Detalla que en la zona de Valdevaqueros se ha aprobado por parte del Ayuntamiento tarifeño un complejo urbanístico que incluye 350 viviendas y varios hoteles, con una cabida total de 1.423 plazas hoteleras. Expone que el Plan Parcial aprobado incluye incluso una zona del Parque Natural que, "aunque no se prevean edificaciones, sí se contempla como urbanizable".
   Asegura que el proyecto "no se ha sometido a ningún procedimiento reglado de prevención ni evaluación ambiental". Asimismo, pone de manifiesto que el proyecto ha generado "una enorme alarma social, pues los ciudadanos son cada vez más conscientes del valor del litoral y de los enormes impactos negativos que ha tenido la especulación urbanística, generada por la burbuja inmobiliaria, de la que este proyecto de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1991 es un fiel reflejo".
   De igual manera, el colectivo ecologista da cuenta, entre otras cuestiones, de que ha planteado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "paralizar este proyecto y desclasificar los terrenos del PGOU de Tarifa, y la revisión de las normas urbanísticas de Tarifa, que datan de 1991, así como la adaptación del PGOU de Tarifa a la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía)".
   Por otra parte, fuentes de la Plataforma ciudadana 'Salvemos Valdevaqueros', en la que está integrada Verdemar, han informado de que este lunes trasladaron la misma información al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien "ha admitido a trámite la denuncia".

Fomento no descarta pagar peaje por circular por autovías

MADRID.-   El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Gonzalo Ferre, ha asegurado que, "de antemano, no hay nada descartado" en cuanto a la eventual implantación de un peaje por el uso de infraestructuras, como las autovías.

   "El pago por uso o el sistema de tarificación requiere un análisis de impacto y de oportunidad política", indicó el alto cargo de Fomento, quien añadió que el Ministerio trabaja en analizar la forma en que se podría aplicar en España la directiva sobre la 'Euroviñeta', esto es, el cobro de peaje a los camiones.
   "Nada está descartado de antemano" sobre estas cuestiones, se limitó a indicar al respecto el secretario general de Infraestructuras durante su intervención en la asamblea general de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci).
   El alto cargo de Fomento aseguró que el Ministerio promoverá la obtención de todo tipo de recursos adicionales a los presupuestarios para costear el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda (PITVI) que prevén presentar "a finales" del próximo mes de julio con horizonte de ejecución a 2024.
   Así, Ferre apuntó a la oportunidad de atraer capital de fondos soberanos, fondos de inversión, fondos de gestión de planes de pensiones, además de la inversión de empresas privadas y fondos europeos.
   En materia comunitaria, se refirió a los nuevos 'project bonds' bonos avalados por el BEI y la UE aprobados recientemente y que Europa prevé lanzar con un proyecto piloto este verano.
   En paralelo, el Departamento que dirige Ana Pastor vinculará cualquier decisión de inversión en nuevas infraestructuras a un conjunto de factores como son la relación entre su coste y su beneficio, su relación con otras dotaciones, su impacto social y económico y su rentabilidad, entre otros.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta), José Luis Feito, considera una "necesidad inminente" cobrar un peaje por circular por la red de carreteras.
   Feito estima, a título personal, que el anuncio de cobro de un peaje por circular por todas las carreteras se va a realizar en un futuro "muy próximo", probablemente antes de finales de año.
   La patronal considera que este peaje es una "necesidad inminente", dado que con los recursos presupuestarios existentes es "muy difícil" hacer frente a las necesidades de mantenimiento y conservación de las carreteras.
   "No es posible seguir manteniendo las carreteras que se construyeron con 'peajes en sombra'" (sistema por el que la Administración paga un canon anual al concesionario de la vía) y ahora "la única solución" es poner los peajes donde antes no había.
   Así lo manifestó Feito en una rueda de prensa con motivo del Encuentro 'Hacia un modelo de gestión de infraestructuras de transporte', patrocinado por Aseta, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
   En este mismo sentido se pronunció el director general de Abertis Autopistas España, Josep Lluís Giménez, quien aseguró que el pago por uso ha llegado al "punto de madurez en el que técnicamente, económicamente y hasta cierto punto socialmente" está justificado.
   Esta medida "evitaría los desequilibrios que pueden existir a lo largo de la geografía española", añadió el director general de Abertis, posibilitando, además, "armonizar" las políticas a las directivas europeas.
   Y puntualizó que la decisión está en manos de los políticos, que necesitan "valentía" para decidir entre "accidentalidad explosiva" o tomar decisiones que "no gustan" a la ciudadanía pero que reducirán la siniestralidad.
   Sobre el movimiento antipeaje, Feito los tildó de "rebeliones" y aseguró que este tipo de movimientos no ocurrirían si hubiera un modelo armónico en la tarificación de las infraestructuras en España.
   Lo que, además, permitiría eliminar "de un plumazo" los agravios históricos a algunas comunidades que tiene un porcentaje de vías sujetas a peaje mayores que otras.

Según Beteta, el objetivo de la reforma local es "garantizar" los ayuntamientos

MADRID.- El secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado que la intención del Gobierno al reformar las administraciones locales es "garantizar el futuro" de los ayuntamientos y no eliminarlos. "No pretendemos imponer agrupaciones o fusiones. El mapa debe ser simplificado, pero fruto del acuerdo de las partes, jamás por imposición", ha añadido.

   Durante su intervención en unas jornadas sobre la reforma de la administración pública en el Instituto de Empresa, Beteta ha dicho que en las próximas semanas su departamento presentará la propuesta para reformar la Ley de Bases de Régimen Local, en la que está trabajando con partidos políticos y entidades locales de toda España.
   Además de insistir en que el nuevo mapa local será fruto del acuerdo y no una obligación, el secretario de Estado ha destacado que el proyecto en el que trabaja su departamento ayudará "a taponar una gran lacra en la gestión pública, las competencias impropias", al determinar la lista de materias que son responsabilidad exclusiva y obligatoria de los ayuntamientos y las que son de "carácter facultativo".
   Además, ha añadido, mientras las primeras no se presten con eficiencia no se podrán ejercer las segundas. Todo ello servirá además, según Antonio Beteta, para clarificar "el mapa competencial" español, distinguiendo entre el sector local, el autonómico y el estatal.
   El secretario de Estado ha defendido por último la intención de su departamento de potenciar las diputaciones, para que asuman las competencias de los municipios menores de 20.000 habitantes que no las presten con eficacia.
   Beteta ha querido subrayar la necesidad de que esta reforma se lleve adelante y que provoque también, en otoño, la modificación de la Ley de Haciendas Locales, para asegurar la financiación de los servicios que prestan los municipios.
   Ha insistido en que debe de establecerse para siempre en el sector público el principio de no gastar lo que no se tiene, de pagar las facturas y de hacer siempre el papel de la hormiga, "frente a la derrochadora cigarra", en la popular fábula.

Andalucía decide recurrir ante el TC el decreto de recortes en sanidad

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes autorizar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado por el Gobierno de la Nación el pasado 20 de abril. 

   Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, el Real Decreto dictado por el Ejecutivo de Mariano de Rajoy "es inconstitucional tanto en el fondo como en la forma" y no garantiza "el derecho a la protección de todos reconocido en la Carta Magna", con lo que "se pasa de ser ciudadanos titulares del derecho a la salud a ser asegurados y beneficiarios de un servicio". En su opinión, el Gobierno central "penaliza con motivo de la situación económica a los sectores más desfavorecidos".
   El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya criticó este lunes que el Real Decreto que "desmonta" el SNS al dificultar el acceso "efectivo" de los ciudadanos a los servicios sanitarios y "vulnera" la Constitución al "no garantizar" el derecho a la protección de la salud reconocido en la Carta Magna, que se "hurta" a los inmigrantes y a los colectivos "mas desfavorecidos".

Los inmigrantes seguirán teniendo derecho a sanidad con el empadronamiento

SEVILLA.- La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que en Andalucía el sistema sanitario público lo tiene "todo previsto" para que aquellas personas que tengan la vecindad administrativa en la comunidad, "sean inmigrantes o no", sigan recibiendo la atención sanitaria no urgente que hasta la fecha se les venía dispensando.

   A preguntas de los periodistas al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, Montero ha declarado que para la atención sanitaria programada de la población inmigrante en situación irregular --la atención urgente no requiere de ningún tipo de documentación-- "se le solicitará sólo el empadronamiento, que es lo que certifica que la persona tiene vecindad administrativa en Andalucía".
   Montero ha justificado esta medida, "entre otras razones porque el colectivo inmigrante tienen un impacto económico en consumo de recursos sanitarios bajísimo, ya que es una población habitualmente sana y joven y, por tanto, consume menos recursos".
   De igual modo, ha agregado que el bajo uso de los recursos sanitarios que hace esta población responde a que son personas "que tradicionalmente no suelen ir a los servicios sanitario, porque piensan que se les va a cobrar, como ocurre en sus países de origen, o por miedo a su situación de irregularidad en el país".
   Además, ha advertido de que la no dispensación de una sanidad programada (la no urgente) podría provocar un "impacto en la salud pública que podría perjudicar al resto de los ciudadanos", en referencia a un hipotético aumento de enfermedades altamente transmisibles, como puedan serlo el sarampión, al quedar fuera de los programas vacunales.
   "Es decir, que no es sólo un elemento de solidaridad sino de velar por la salud pública del conjunto de los ciudadanos", ha puntualizado Montero. Preguntada si este derecho sanitario puede tener un efecto llamada de inmigrantes que residen en otras zonas, ha dicho que, "en este momento, el elemento disuasorio más importante es la falta de oportunidad laboral que hay en España y en el entorno de la UE".
   "Esto de la crisis tiene su cara y su cruz. Además, el sistema sanitario ya vienen desarrollando el sistema urgente para cualquier persona, resida o no en una comunidad, y lo contrario sería omisión del deber de socorro", ha agregado.
   Respecto al hecho de que el RDL 16/2012 también establece que los mayores de 26 años podrían tener derecho a la atención sanitaria ordinaria siempre que en el plazo de tres meses regularizaran su condición de beneficiario respecto a un titular, Montero ha dicho que el Gobierno andaluz "entiende que sería la Seguridad Social la que tendría que hacer un reconocimiento de oficio de la situación de estos ciudadanos y no dándoles un plazo de tres meses para que lo hagan ellos".
   Por ello, ha pedido al Gobierno que si dicha norma va a ser así tal cual está redactada, "sería bueno que levase a cabo una campaña de información para que nadie se sorpresa". En el caso de Andalucía, ha concretado, "no ocurrirá esto porque respetaremos sus derechos, pero nos referimos a casos como, por ejemplo, cuando un andaluz vaya a otro lugar y le puedan poner dificultades a su atención".
   De esta forma, ha advertido que "si el Gobierno central no modifica este decreto tal como está redactado. entendemos que desde Andalucía habrá que hacer una campaña de información advirtiendo a los andaluces de que si se encuentran en esa situación y se desplazan a otras CCAA tienen que regularizar su situación sanitaria para que no se encuentren con una desagradable situación fuera de nuestra comunidad", ha concluido.

Análisis, diagnóstico y soluciones a la crisis / Ángel Tomás Martín *

Aún no hemos tomado conciencia nacional de la verdadera situación a que hemos llegado con el deterioro integral de la economía, dirigida torpemente y sin control, creyendo que habíamos conseguido el " estado del bienestar perpetuo". Craso error; el estado del bienestar pleno ni existe y mucho menos se consolida a perpetuidad. Eso sí, se ha utilizado de forma generalizada y populista, practicando políticas económicas interesadas durante más de un quinquenio, a cargo de economistas de competencia muy discutible y fácilmente manejables. Permitieron una política desafortunada y perjudicial basada en una economía de conveniencia, olvidando el único buen camino a seguir: una economía inteligente para una política y una gestión seria y eficaz. Su liderazgo no merecedor de este nombre, nos ha conducido a una crisis insostenible, a un desprestigio exterior, y a una pérdida de confianza de los mercados financieros.

Una grave coyuntura, como la actual, exige: un análisis exhaustivo de la misma, un diagnóstico real completo, planificar y programar un plan nacional de reformas, y proceder a la toma de decisiones urgentes, que nos vuelvan al equilibrio económico, a la creación de riqueza y a la reducción inaplazable del paro.

PRACTICAR UN ANÁLISIS.- Hagámoslo de manera escueta por haber sido objeto de estudio a todos los niveles: 
-Basar una economía en la construcción, permitiendo un desarrollo diez veces superior a la demanda y estimulando y permitiendo especulación generalizada.
 -Olvidar el cumplimiento estricto de los presupuestos del Estado, Comunidades, Ayuntamientos y Entes públicos, permitiendo el despilfarro y las obras faraónicas no rentables y de imposible amortización ( cuestión que sigue practicándose aunque en menor cuantía). 
- Incremento desorbitado de los gastos corrientes.  

- Deterioro de los activos bancarios, con un endeudamiento progresivo agravado por el crecimiento de la morosidad. 
- Relajamiento de la productividad industrial y abandono de la agricultura y derivados. 
- Y, falta de estímulo y ayuda a nuestra riqueza tradicional, muy diversa y rentable.

DIAGNÓSTICO.- Caída del PIB y la demanda. -Déficit de la balanza comercial. - Ausencia casi total de efectivo para la economía real y familias. -Importantísima desaparición de empresas. -Crecimiento del desempleo.-Endeudamiento desproporcionado público y privado. -Crecimiento de la carga fiscal. -Disminución de la recaudación impositiva. -Incumplimiento de nuestras obligaciones comunitarias. -Falta de transparencia y equilibrio presupuestario. -Pasividad e ineficiencia de los supervisores oficiales, a pesar de la alta e indiscutible calidad de sus cuerpos de inspección del Banco de España, Tribunal de Cuentas del Estado, CNMV, interventores del Estado, Inspectores de hacienda, aduanas, consumo, etc.). Su independencia ha sido deteriorada y manejada por intereses políticos personales. Conclusión: crisis sistémica, financiera, recesión y paro.
PLANIFICAR UN PLAN NACIONAL DE REFORMAS URGENTES
Analizada y diagnosticada la crisis, pasemos a la búsqueda de soluciones y adopción de medidas estructurales de apoyo y lanzamiento de la economía y la promoción de empresas, única solución para el crecimiento.

Hemos sido lentos e inconscientes dejando pasar cinco años ignorando una crisis que pedía a gritos controles, sanciones, reformas y estímulos. Hemos aplicado teorías keynesianas no compatibles con los parámetros coyunturales actuales: 
-Promociones de obras públicas cortoplacistas, que solo han servido para incrementar el endeudamiento
-Subidas de impuestos que han precipitado, aún más, la desaparición de empresas.

- Ha faltado decisión y autoridad para reducir el gasto público y rechazar inversiones irracionales mastodónticas, y todo ello, acompañado de una indisciplina presupuestaria a todos los niveles carente de transparencia. Visto todo lo anterior, propongamos un plan nacional de reformas urgentes:

a). Sanear los puestos de gestión que han demostrado incompetencia. - Cese de los innecesarios y de las comisiones asesoras no oficiales.- Supresión de subvenciones y financiaciones con cargo al erario público, inmorales en determinados casos, que dañan la economía e incrementan el endeudamiento. Es imprescindible medir la eficacia de los movimientos antes de provocarlos.

b). Restablecer y independizar los sistemas de control y supervisión. Hay que reivindicarlos y dotarlos del poder de regulación que siempre tuvieron, que infunden tranquilidad y seguridad a todos los españoles. Hay que cumplir la Ley 28/1988 sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, y aplicar la Ley 13/1994 que faculta a incoar expedientes sancionadores y medidas de intervención urgentes.

c ). Sanear las cuentas públicas y equilibrar los presupuestos, impulsando y respetando el "presupuesto base 0". Necesitamos más ingenio, mas profesionalidad, más esfuerzo y una renovación impulsora y promocional.

d). Establecer planes realistas de amortización de los excesos de deuda pública compatibles con las posibilidades presupuestarias.

e). Previo al presupuesto general del Estado y con la misma base, se regulará y exigirá a las Comunidades Autónomas un presupuesto equilibrado en el cual se detallen los planes regionales de impulso al crecimiento, sin rebasar lo ingresos. Aún siendo las CCAA instituciones deseables y reguladas en la Constitución, si alguna carece de la posibilidad de impulsar y nivelar su economía, por su propio bien y por el de todo el país, debe procederse a su rescate, anulación de facultades y retorno de transferencias. Es el propio Estado quien debe responsabilizarse de su administración integral. Si una empresa no es capaz de sobrevivir, debe disolverse o integrarse en otra de gran tamaño, ¿Por qué una Comunidad incapaz de ser autosuficiente y con resultados negativos debe tener privilegios a costa del resto? Nuestra economía solo saldrá de la crisis, si todas las CCAA reactivan sus propias fuentes de riqueza, mantienen el gasto productivo y eliminan el superfluo.
f). Es urgente y de imperiosa necesidad SANEAR, REGULAR Y CONTROLAR el sistema financiero, canalizando el efectivo en el mercado nacional, olvidándose de las inversiones en deuda soberana y en el exterior. El Estado debe adoptar medidas drásticas que hagan posible el cumplimiento en España de la obligación de ejercer la banca comercial y no la de inversiones.

No debemos olvidar que dentro del saneamiento de la banca, es necesario sacar los activos inmobiliarios altamente depreciados procedentes de la hipotecas basura, incorporados por su carácter incobrable, producto de una gestión nefasta y sin un previo análisis de riesgos, dando curso a operaciones equivocadas, sin garantía suficiente y con exposición de los depósitos de los clientes. La salida de estos activos debe ser sustituida por el equivalente en efectivo a devolver a largo plazo, o a compensar en su día con el producto obtenido de la venta, también a largo plazo, de los inmuebles cedidos. El efectivo recibido, garantizado por la propia entidad, más el valor futuro de las cesiones, será obligatoriamente destinado a financiar la economía real.

La situación crítica en que nos encontramos, solo encontrará salida si se rescata el sistema bancario, pilar básico de todo desarrollo económico y si se lleva a cabo con extrema rapidez. A partir de ahí el tejido empresarial se responsabilizará del crecimiento de nuestra economía.

Por último, el recate del sistema financiero ha de venir del exterior, vía Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo. Los recientes contactos de Mariano Rajoy con Ángela Merkel, de Luis de Guindos con el ministro alemán Wolfgang Schauble y de Sáez de Santamaría con Timothy Geithner, secretario del Tesoro de EEUU., pueden ser la vía adecuada para la solución de nuestro sistema financiero. Christine Lagarde, que también se entrevistó en Washington con Sáez de Santamaría, ha abierto la puerta a la consideración de esta posibilidad. Siendo España un porcentaje muy significativo en el PIB de la Europa Comunitaria, podría poner en peligro al Euro y a la propia Unión. Bruselas y en especial Alemania no lo permitirán, terminadas las medidas de ajuste exigidas.
(*) Economista y empresario

lunes, 25 de junio de 2012

La defensa de un acusado en Malaya dice que la Junta creó "caldo de cultivo para la corruptela" urbanística

MÁLAGA.- La defensa del empresario Cristóbal Peñarroya, acusado en el caso 'Malaya', ha asegurado este lunes que fue la Junta de Andalucía la que "creó el caldo de cultivo ideal para todo tipo de arbitrariedad o corruptela" en el ámbito del urbanismo, al dejar a la localidad "sin norma urbanística". Además, ha apuntado, junto a otros letrados defensores, que el fiscal al hablar de una sentencia ejemplar se refiera a "más dura que justa" y que "sirva de escarmiento".

   Así, el letrado de Peñarroya ha asegurado que la actuación de la administración andaluza, personada como acusación en esta causa, "produjo un efecto terriblemente nocivo, que es que dejó a Marbella sin norma urbanística", ya que, ha dicho, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 no estaba publicado y "no era aplicable", y la revisión del plan de 1998 "estaba formalmente suspendida" por dicha administración.
   También se ha referido al Ayuntamiento marbellí, también acusación, del que ha dicho que tenía "una desesperada necesidad económica", por lo que "se inició una carrera de suscripción de convenios urbanísticos con finalidades exclusivamente recaudatorias", insistiendo en que "se utilizaba el urbanismo para recaudar no para ordenar" y en que el Consistorio "recaudaba compulsivamente" e "impuso" como planeamiento la revisión del plan.
   "A esta actitud no fueron ajenos los servicios jurídicos, los técnicos, el interventor y el tesorero", ha manifestado el letrado defensor del promotor, quien ha reiterado que todas estas actuaciones en el ámbito del urbanismo se hicieron "a la vista, ciencia y paciencia de todos los servicios municipales".
   Ha considerado que "nos estamos enfrentando a un simple caso de presunta corrupción política en este caso municipal como ha habido decenas de ellas en España, sin necesidad de detenciones masivas, juicios multitudinarios ni daños económicos y sociales a una zona privilegiada de España que tardará años en recuperarse de estas actuaciones".
   Sí se ha mostrado de acuerdo con el ministerio fiscal en la necesidad de mandar un mensaje a la sociedad de que hay determinados comportamientos que no pueden quedar impune, pero también "en mandar el mensaje de la preeminencia del Estado de Derecho sobre desproporcionadas y alarmistas actuaciones que han vulnerado, en mi opinión, derechos fundamentales y básicos".
   "Se han sometido innecesariamente a determinadas personas a sufrimientos morales, desprestigios personales, profesionales y sociales con la dudosa finalidad de dar un escarmiento por unos hechos o unas corruptelas urbanísticas que si se hubieran abordado con la prontitud, la mesura y la prudencia necesarias habrían evitado injustos daños", ha apostillado.
   También se ha referido a la expresión del fiscal de esperar una sentencia ejemplar y ha señalado que "el diccionario recoge dos acepciones de la palabra, la primera, es modélica, justa y adecuada a derecho, y si es así, este letrado la comparte", mientras que la segunda, "y me temo que es a la que se refería el señor fiscal, es una sentencia que sirva de escarmiento, es decir, una sentencia más dura que justa, algo que este letrado no puede compartir".