viernes, 28 de marzo de 2014

Almería: el lado oscuro del milagro económico / Martí Caussa

En los años anteriores a la última crisis el crecimiento económico de Almería ha sido presentado como un milagro y se ha dirigido la atención sobre una serie de aspectos que lo confirmaban. Pero hay también un lado oscuro. Si se observa el
conjunto, el caso de Almería puede servir de parábola sobre el tipo de desarrollo que está generando la gestión neoliberal de la economía.

Con los indicadores económicos tradicionales, el calificativo de milagro para el crecimiento de Almería se justifica tanto por la intensidad del mismo como por su originalidad. Durante la mayor parte del siglo pasado Almería fue la provincia más pobre de España, pero desde mediados de los años 70 inició un proceso de crecimiento económico que se aceleró a raíz de la entrada en el Mercado Común Europeo (1986) y que, antes de la última crisis, había conseguido que su PIB por habitante fuera el más alto de Andalucía y se situara en la zona media de las provincias españolas: en 2008 su PIB por habitante era el 85,6 % del español y ocupaba el lugar 29 entre las 50 provincias.

Por otra parte, este crecimiento era muy original: su motor era la agricultura de invernadero (y no la industria) y las protagonistas del mismo eran familias campesinas con explotaciones relativamente pequeñas (y no grandes propietarios o empresas capitalistas). Aún hoy, la mitad de las explotaciones tiene menos de una hectárea y suponen la cuarta parte de la superficie total de cultivo; las explotaciones mayores de dos hectáreas ocupan el 37,3 de la superficie/1. Estos invernaderos, que son conocidos como "la huerta de Europa", forman un "mar de plástico" de unas 30.000 hectáreas, que tiene su centro neurálgico en el municipio de El Ejido, penetra en Granada, tiene un segundo centro en el Campo de Níjar y, en conjunto, forman la obra humana más visible desde un satélite espacial. Al lado de los invernaderos se han ubicado empresas multinacionales de semillas, comercializadoras de hortalizas, empresas de transporte, fábricas de plástico, etc.; se ha configurado un cluster productivo, con una relación y comunicación constante entre sus componentes, que ha permitido reducir los costes de producción, crear una dinámica innovadora y generar una acumulación de conocimiento.

Desde finales de los años 90, cuando el milagro era ya una realidad consolidada, se fueron produciendo una serie de cambios importantes. Se produjo un relevo generacional y el titular de la explotación se fue convirtiendo en el gestor de su finca, su familia se fue desvinculando de las faenas agrícolas, dedicándose al estudio, el comercio, los servicios o las tareas domésticas. Y el trabajo de la tierra estuvo cada vez más protagonizado por inmigrantes extranjeros, a diferencia de los primeros años del desarrollo de la zona en que la base era el trabajo familiar y los inmigrantes provenían de la propia Almería o de las provincias cercanas.

Por otra parte, se ha ido ampliando la superficie cultivada por cada propietario y la producción se ha hecho más dependiente del suministro externo de semillas, de la dotación tecnológica, etc. La tierra se ha ido convirtiendo en uno más de los componentes necesarios para los cultivos intensivos y éstos se van pareciendo más a una fábrica agrícola que a un invernadero tradicional. Una de las consecuencias es que en cada campaña el agricultor debe pagar más para obtener los mismos kilos y que los gastos corrientes pasaron de suponer el 48% de los ingresos en 1990 a un 63% de los mismos en 2000.

La actual crisis económica ha afectado muy gravemente a la economía almeriense: su PIB por habitante ha retrocedido al 74,3% del español en 2011 (una caída de más de 11 puntos respecto del 2008) y su posición relativa entre las provincias españolas ha pasado al puesto 45 (una pérdida de 16 posiciones). Pero más allá de este descenso, que puede ser coyuntural, hay unos factores estructurales que componen el lado oscuro del milagro.

Los costes ecológicos

La agricultura intensiva almeriense basa su funcionamiento en la utilización y degradación del patrimonio natural local, tomando del mismo gran cantidad de recursos de forma gratuita y no asumiendo los costes de su reciclado o reposición.

En un estudio del año 2005/2 se destacaban los siguientes problemas:

1) sobreexplotación del acuífero, que afecta tanto a la cantidad como a la calidad del agua (ya en 1984 se consideraba sobreexplotado);
2) alteración del paisaje, incluso en zonas protegidas, a causa de las extracciones de tierra y arena para los invernaderos;
3) deposición incontrolada de residuos agrícolas, que se convierten en un depósito de plagas y enfermedades que después se introducen en los cultivos;
4) ocupación de áreas de interés ambiental y degradación paisajística;
5) invasión del dominio público hidráulico por instalación de invernaderos en el lecho de torrentes;
6) construcción rápida e incontrolada de invernaderos, que no ha permitido una ordenación del territorio, ocupando zonas de carreteras y sin espacio de transición entre lo urbano y lo rústico;
7) falta de espacios para permitir la ventilación de los invernaderos, problemas para evacuar las aguas pluviales y falta de espacios libres donde ubicar infraestructuras y servicios;
8) creación de un desequilibrio poblacional, con la concentración de personas en algunas zonas del litoral y su abandono de las zonas del interior, lo cual dificulta la lucha contra la desertización.

Hasta el momento no ha habido una atención seria a estos problemas y existen tendencias a una huida hacia adelante. Así, frente al problema de un consumo de agua superior a la aportación natural, no se ha optado por limitar el consumo frenando la extensión de invernaderos, sino por conseguir más agua a costa de inversiones públicas. Por ejemplo, el PP había lanzado el proyecto de construir una "autopista del agua", que consistía en conectar toda la provincia a través de
conducciones para distribuir el agua que debía llegar del trasvase del Ebro. Y actualmente está en marcha el proyecto de abastecer comunidades de regantes a través de la desalinizadora de Carboneras.

Los costes humanos

La agricultura intensiva de Almería necesita desde hace años una gran cantidad de personas inmigradas extranjeras. En el año 2013 el porcentaje de extranjeros en España era del 11,8 %, en Almería del 21% y en El Ejido del 32,2 %. Pero lo importante no es el número sino la situación en la que se encuentran, y ésta es especialmente grave. Ubaldo Martínez Veiga la describía en los siguientes términos/3: "los trabajadores no tienen una relación laboral estable con un empresario, sino que rotan y cambian continuamente de patrono...Cuando se produce la rotación, la primera [unidad productiva] se desentiende absolutamente de los trabajadores y así sucesivamente...Existe un proceso de externalización continua de los trabajadores, sin que realmente "pertenezcan" a ninguna unidad productiva, lo que provoca que se encuentren en un estado de precariedad y contingencia absoluta...Aunque los trabajadores inmigrantes sean absolutamente necesarios y trabajen por un periodo muy largo, por lo que el empleo debería ser considerado como fijo...[son] considerados perpetuamente como trabajadores que 'pertenecen al vecino'".

Además los trabajadores extranjeros son víctimas de la xenofobia y el racismo de una parte de la población. El ejemplo más grave de ello fueron los acontecimientos de El Ejido en los primeros días de febrero del 2000, durante los cuales muchos inmigrantes magrebíes fueron perseguidos, insultados y golpeados, y vieron como sus casas, coches y negocios erran quemados por una muchedumbre española, en respuesta al asesinato de tres personas a manos de dos marroquíes. Un estudio realizado diez años después, en 2010,/4 considera que "en la actualidad se están produciendo elementos similares a los ocurridos en los inicios del 2000, o lo que es igual: preocupante situación económica, discurso inmigratorio negativizado, tanto en la agenda política como en la mediática, continuación de los problemas de segregación residencial, etc., que vuelven a crear un ambiente y/o opinión xenófoba, mas después de los acontecimientos del 11-S y 11-M...

En consecuencia se evidencia que lo ocurrido en febrero de 2000 no solo fue un hecho pasajero, sino que existe un importante caldo de cultivo... [aunque ahora] las manifestaciones discriminatorias -e incluso agresiones- se producen a nivel individual, apenas saliendo a la luz pública".

El auge de la derecha extrema

Coincidiendo con los cambios ya señalados a finales de los años 90 se produjo también un cambio en las orientaciones políticas de la población de Almería. Desde las elecciones generales de junio de 1993 el PP empezó a recortar distancias con el PSOE (y lo sobrepasó ya en El Ejido), lo superó en marzo del 2000 y en noviembre de 2011 el PP obtuvo el 57,6% de los votos de la provincia (66,6% en El Ejido) por 29,88 % del PSOE (20,51 en El Ejido).

A nivel municipal Juan Antonio Enciso fue alcalde de El Ejido desde 1991 hasta 2011, primero por el PP y, a partir de 2005, por el PAL, un partido todavía más xenófobo y derechista. La prensa ha ido recogiendo un amplio repertorio de frases racistas pronunciadas por este alcalde:

"A las ocho de la mañana hacen falta más inmigrantes y a las 8 de la noche sobran todos".Una constante suya fue relacionar la inmigración con la delincuencia: "Llegan en patera, sin nada y acompañados por el traficante de turno". Pero al final el acusado formalmente de delincuente resultó ser él: en 2009 fue detenido junto a otras 19 personas, acusado de estar al frente de una red empresarial que malversó 150 millones de euros del erario público.

Esquilmar y degradar los recursos naturales, explotar y negar derechos elementales a las personas inmigradas, escorarse hacia la derecha extrema y la corrupción, forman parte del lado oscuro del milagro económico de Almería. Quizá en los próximos años asistamos de nuevo a una recuperación de la economía y al aumento del PIB por habitante. Costará mucho más reparar los daños causados al medio natural, conseguir que los inmigrantes tengan igualdad de derechos económicos, sociales y políticos, y derrotar las políticas y los comportamientosde derecha extrema que son ahora mismo hegemónicas.


Notas

1/ http://www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf1155.pdf

2/ J. Molina Herrera, "Claves para la interpretación del modelo económico de la provincia de Almería", en La economía de la provincia de Almería (2005):
http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/economia/la-economia-de-la-provincia-de-almeria/

3/ http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=1138

4/ http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352010000100006

El TS tramita la querella de las víctimas del franquismo contra el diputado por Almería, Rafael Hernando

MADRID.- El Tribunal Supremo ha iniciado la tramitación de la querella que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado contra el diputado del PP Rafael Hernando y ha solicitado tener por certificada su condición de aforado.

   En una providencia, el Supremo designa al magistrado José Ramón Soriano como ponente para conocer de la causa, solicita a la asociación que aporte un poder especial e interesa al secretario de Gobiernod el alto tribunal que remita la certificación acreditativa de que Hernando ostenta la condición de parlamentario en la actual legislatura.
   La querella pide que Hernando sea condenado a participar durante cinco días como voluntario en un proyecto de exhumación a pie de fosa y pague una indemnización para reparar el "daño moral" sufrido por "humillarlas" al decir que las víctimas solo se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones.
   A "modo simbólico", solicita de forma provisional que abone 1.000 euros, cantidad que la asociación destinará a la financiación de proyectos de exhumación que actualmente son costeados por las propias agrupaciones y llevados a cabo por voluntarios.
   El colectivo acusa al diputado 'popular' de un delito continuado de injurias graves hechas con publicidad y lamenta que todavía no les haya dirigido una "clara disculpa" por sostener de forma "falaz e insultante" que los afectados solo se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones.
   Para los querellantes, la afirmación de Hernando en un programa de televisión es "falaz, insultante, ofensiva e injustificada" toda vez que las asociaciones de víctimas del franquismo no reciben subvenciones desde finales de noviembre de 2011 --desde que el PSOE dejó el Gobierno-- y, en cualquier caso, las ayudas no se destinan directamente a los afectados, sino a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
   La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recuerda que Hernando es abogado de profesión y es "manifiesto conocedor" de las normas que emanan de las Cortes Generales, teniendo, por tanto, sus declaraciones un "carácter ofensivo" que constituye "un atentado muy grave contra la dignidad toda vez que se han producido con un conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio a la verdad".
   La asociación considera que su "única motivación" era "humillar" a las víctimas al girar sobre unos hechos "notorios y execrables como son los cuerpos sin vida que permanecen en las cuentas de la geografía española" con expresiones que "difamatorias" contra personas que buscan a sus familiares, atribuyéndoles comportamientos de falsedad que hace desmerecer el público aprecio y respeto que merecen.
   El escrito concluye que Hernando traspasó los límites de la libertad de expresión con una "injustificada" lesión a la asociación querellante y solicita al Tribunal Supremo que le llame a declarar para proseguir el procedimiento.

España se puede convertir en puerta de entrada para el gas en Europa

MADRID.- Las sofisticadas infraestructuras de gas en España podrían ayudar a Europa a reducir su dependencia del suministro de Rusia cuando los proyectos para transportar gas a través de los Pirineos se conviertan en una realidad, dijo el jueves el presidente de Sedigas.

España, el país importador de gas más diversificado de Europa, tiene unas enormes capacidades de gas no exploradas que podría transportar a Francia y a otros países, pero unas conexiones de gasoductos infrautilizadas con otros países han convertido a España en una especie de isla energética.
"España dispone de uno de los sistemas más seguros y diversificados de Europa. Queremos ofrecer nuestra capacidad de interconexión", dijo Antonio Peris en un encuentro con periodistas.
Una tercera parte de las importaciones de gas y petróleo de la Unión Europea proceden de Rusia. Las recientes tensiones diplomáticas y comerciales entre el bloque europeo y Moscú debido a la anexión unilateral de la provincia ucraniana de Crimea por parte de Rusia han contribuido a un incremento de las preocupaciones entre los 28 países miembros sobre la seguridad de su suministro energético.
En torno a un 40 por ciento del gas es además transportado a través de Ucrania.
En tanto, España no recibe ningún tipo de suministro de gas de Rusia y por ello no se vio afectada por las crisis de gas de la UE en 2006 y en 2009 cuando las disputas sobre facturas impagadas entre Kiev y Moscú llevaron a los cortes de suministro de las exportaciones de gas a Europa Occidental.
Estratégicamente posicionado en el Mediterráneo, alrededor de la mitad de su gas procede de Argelia y el resto de otros diez países diferentes, que España recibe como gas natural licuado (GNL) a través de buques.
España, que se gastó miles de millones de euros en sus infraestructuras de gas durante el boom económico y con siete plantas de regasificación de GNL, dispone de una capacidad mayor que ningún otro país europeo para volver a convertir gas natural licuado en gas.
MIDCAT, que es uno de los proyectos de la lista de la Comisión Europea considerados estratégicamente importantes, elevaría la capacidad de interconexión con Francia hasta los 14.000 millones de metros cúbicos (bcm)
"Con este gasoducto podría reemplazar al 10 por ciento del gas que se importa de Rusia", dijo.
Ahora mismo existe un único gasoducto entre España y Francia, llamado Larrau, que tiene una capacidad de 5.200 millones de metros cúbicos, una fracción de los 462.000 millones de metros cúbicos de gas consumidos el año pasado por la Unión Europea.
Un gasoducto llamado Biriatou, que recorre el País Vasco hacia Francia podría añadir otros 2.000 millones de metros al cúbicos de capacidad cuando se complete su construcción en 2015, dijo Peris.
En respuesta a crisis previas en el contexto gasista en Ucrania, Europa ha hecho algunos progresos en mejorar las redes de energía en las fronteras, impulsando la capacidad de almacenamiento y volviendo reversibles los flujos de los gaseoductos, situándose en mejor posición que en el pasado a la hora de enfrentarse a cualquier corte en el suministro de las exportaciones rusas.
Tras las recientes tensiones en Ucrania, la Unión Europea pidió a Estados Unidos si podría iniciar la exportación de su gas natural, pero el presidente estadounidense, Barack Obama, ligó el miércoles cualquier tratado de exportación con el nuevo tratado transatlántico comercial y dijo que la Unión Europea no podría apoyarse únicamente en Estados Unidos para reducir su dependencia energética a Rusia.
La crisis ucraniana ha provocado también un debate sobre otras fuentes energéticas en la Unión Europea, con algunas propuestas sobre objetivos más sólidos para apoyarse en energías renovables y otras tratando de impulsar la energía nuclear, el carbón o gas de esquisto, lo que podría ayudar a la Unión Europea a ser más independiente en materia energética.

Diecinueve imputados por emisión de facturas ficticias en el Patronato de Turismo de Almería

ALMERÍA.- El juez instructor del caso 'Facturas' por el que se investigan en Almería presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y malversación con la emisión de "facturas ficticias" en el Patronato de Turismo bajo el anterior mandato ha elevado a 19 los imputados, entre los que figuran desde el comienzo del procedimiento el exvicepresidente de la Diputación Luis Pérez (PSOE) y el exgerente Francisco Iglesias.

   Entre los nuevos imputados figuran siete administradores de agencias de viajes y de una empresa de tecnología, a quienes los últimos informes de la Policía Judicial incorporados a la causa atribuye la facturación "aparentemente irregular" de bienes y servicios al Patronato por importes superiores a 4.000 euros, y tres asesores del equipo de gobierno entre 2009 y 2011 que, según esos mismos informes, "pudieron disfrutar de bienes y servicios con cargo al Patronato sin justificación aparente alguna y sin tener, en principio, relación con el mismo".
   Los nuevos imputados son los administradores de Viajes Viconos, de Grupo J126, de Sportur Agencia de Viajes Vertical, de Viajes Bernardo, y de Tecnología y Comunicaciones Móviles, así como Juan Antonio Bisbal, José Andrés Soler y Teresa María Rojas.
   El auto dictado por el magistrado Luis Durbán el día 20 indica que los informes policiales con los que se intenta determinar el destino de 460.000 euros de dinero público que se abrían abonado presuntamente mediante un centenar de facturas "ficticias", recogen "también nuevos hechos de apariencia delictiva" con respecto a las personas que ya figuraban imputadas en la causa, y resuelve que deben prestar de nuevo declaración en sede judicial.
   Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción nº 6 acordó en julio de 2013 imponer prisión provisional eludible bajo una fianza de 12.000 euros Pérez Montoya, así como a la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo María Teresa González y al empresario almeriense Joaquín Conde. Junto a ellos, mantuvo los cargos a la esposa del exnúmero dos de la Diputación, a Francisco Iglesias y a su esposa, al director de una agencia de viajes, Arístides Javier Martos, y a una pareja de amigos del exgerente.
   Los informes elaborados por la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía señalan también a otras 23 personas que, según remarca el juez, también podrían haber disfrutado de bienes y servicios con cargo al Patronato de Turismo "sin justificación aparente alguna", lo que supone que habrían incurrido en un posible delito de malversación aunque, matiza, ya prescrito.
   Según explica, en la "mayor parte" de los casos han trascurrrido más de tres años desde su comisión, en concreto hasta diciembre de 2010, y las cuantías de las facturas no superan los 4.000 euros, por lo que estima el instructor que les sería de aplicación el subtipo atenuado del artículo 432.3 del Código Penal para decidir no dirigir la causa contra ellos y citarlos a declarar en calidad de testigos.
   "Aunque el plazo de prescripción no forma parte del tipo penal, lo cierto es que merece la consideración de ley penal a los efectos analizados pues del mismo depende, a la postre, la aplicación práctica de los tipos", sostiene, si bien deja la puerta abierta a que la administración perjudicada, en este caso la Diputación Provincial, pueda ejercitar acciones por la vía civil contra ellos.
   Junto a los 23 testigos con estas particularidades, el auto resuelve la citación a declarar como testigos a la espera de fijar un calendario, de otras 18 personas, incluido el expresidente de la institución, el socialista Juan Carlos Usero, el exgerente del Patronato Antonio Cantón y la exdiputada provincial del PSOE Caridad Herrerías. En el marco de la instrucción, ya han prestado declaración en calidad de testigos otras diez personas, la mayoría de ellos trabajadores de la institución.
   El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.
   En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, Javier Aureliano García, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich, Edimburgo o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación. Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.
   Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitió al juzgado 99 facturas más "supuestamente falsas" por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas para que se incorporaran a la causa.
   Esta última aportación fue detectada a raíz del informe policial que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia contra el exvicepresidente de la Diputación y del Patronato, el socialista Luis Pérez Montoya y el exgerente Francisco Iglesias, entre otros.
   La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia contra Pérez Montoya e Iglesias a raíz de un informe encargado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para investigar los hechos tras detectar posibles "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.

El TSJA rechaza supuestas irregularidades denunciadas por ecologistas en la causa de suelo del Algarrobico

ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha indicado que correspondía a la Sección Tercera de la sala de lo contencioso-administrativo entender del recurso de la promotora del hotel de El Algarrobico, en Carboneras, que se ha resuelto declarando urbanizable el suelo y que se empezó a tramitar en esta sección en 2012 al considerarse que se trataba de un asunto "muy concreto" en materia de medio ambiente y ordenación del territorio.

Fuentes del Alto Tribunal han explicado que el cambio de la Sección Primera, que votó y falló en junio de 2012 que el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel era "espacio protegido no urbanizable", a la Sección Tercera data del 29 de marzo de ese mismo año tal y como se recoge en una diligencia en la que se da por concluida la fase de prueba en el procedimiento para que siga su curso.
   Cabe recordar que Salvemos Mojácar, el Grupo Ecologista Cóndor y Salvemos Macenas han anunciado la interposición de una querella criminal contra los tres magistrados que firman la resolución ante el Tribunal Supremo (TS) por presunta prevaricación que, entre otros puntos, se fundamenta en que no les "correspondía" dictar sentencia y en que se cambió de sección y de ponente "tres días antes de la votación y fallo en este procedimiento, celebrada el 27 de febrero sin que se motivara y notificándose a asociación ecologista personada después de que hubiese tenido lugar la deliberación".
   Sostienen que esto "vulneraría" las normas de reparto del TSJA y que contra la citada providencia de 27 de febrero se presentó recurso por parte de Greenpeace que no fue resuelto antes de dictar sentencia. Sobre este extremo, el Alto Tribunal ha puntualizado que fue Azata, promotora del hotel, la que recurrió y que el colectivo se "unió cuando se le dio traslado de este recurso", que, matizan, "no paraliza la votación y fallo".
   Las mismas fuentes han precisado que las secciones de las salas de lo contencioso-administrativo "no son orgánicas" y que, por tanto, no asumen un asunto sin posibilidad de que se produzca modificación y que las normas de reparto, públicas y en vigor desde 2008 y 2012 sin novedad, son "una manera de repartir el trabajo de forma reglada".
   Cabe recordar que la querella criminal anunciada, tal y como se publicó el martes, argumenta que el citado cambio "vulneraría el artículo 24 de la Constitución por haber privado del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por ley".
   Salvemos Mojácar, Grupo Cóndor y Salvemos Macenas sostienen que el hecho de que la sentencia la haya dictado la Sección Tercera es de "una enorme importancia" pues, según subrayan, de haber seguido en la Sección Primera, la sentencia "no habría podido ser contradictoria" con la de esa misma sección de fecha 11 de junio de 2012 "pues de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) se habría vulnerado el principio de igualdad y la sentencia sería, así, nula". 
"Sería cosa juzgada", remarcan.
   La sentencia hecha pública el martes hace referencia a esta situación y, en ella, el tribunal recoge en su punto duodécimo que la citada sentencia de 2012 "no produce efectos de cosa juzgada" ya que en los dos procedimientos actúan partes distintas --en el primero no estaba personada Azata-- y, "sobre todo", lo solicitado y la causa de pedir son diversas".
   Con respecto al principio de igualdad indica que la jurisprudencia constitucional ha excluido la existencia de tal derecho "cuando los procesos sometidos a comparación radican en secciones diferentes de un mismo tribunal".

Crespo dice que el Gobierno "apoyará" a la Junta sobre El Algarrobico aunque "el problema lo ha provocado ella"

ALMERÍA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha considerado que el nuevo escenario que plantea la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara urbanizable el suelo del Algarrobico lo "ha provocado la Junta de Andalucía" con el cambio de planimetría en la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar aunque ha trasladado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va a estar "ahí para apoyar" a Ejecutivo andaluz a "restablecer la normalidad que dicten los tribunales".

   "El problema lo ha creado la Junta con ese cambio, se sabe especialmente en Almería, pero ayudaremos a resolverlo", ha trasladado este jueves Crespo en declaraciones a los periodistas.
   Crespo ha cuestionado la posición de la Junta en el proceso, donde, a su juicio, "no ha mantenido una firme, sino que hoy sí y mañana no", al tiempo que ha lamentado la trayectoria judicial "larga, polémica y dificultosa" para los ciudadanos del hotel de Azata del Sol, de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
   Ha indicado que las sentencias "están para cumplirlas" y ha apelado al convenio Junta-Gobierno para la demolición del establecimiento que invade parcialmente la zona de servidumbre marítimo-terrestre de 100 metros y la restauración tanto paisajística como ambiental de la zona.
   "El ministerio estará ahí para apoyar y seguirá ese acuerdo en la medida de lo posible para restablecer la normalidad que dictaminen los tribunales", ha concluido.

La Junta recurrirá "por todas las vías posibles" para impedir que siga adelante el Algarrobico

SEVILLA.- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado este jueves en el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz recurrirá "por todas las vías posibles" para "impedir que siga adelante" el hotel construido por Azata del Sol en El Algarrobico tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara "urbanizable" el suelo sobre el que se levanta el hotel.

Díaz se ha pronunciado de este modo durante la sesión de control al gobierno en respuesta al portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, que había demandado previamente a la jefa del Ejecutivo andaluz que tenga "puño de hierro" en este asunto para situar a la Junta "al lado del movimiento ecologista" y formular recurso "cuanto antes" ante el Supremo contra la última resolución del TSJA.
   "Frente al fantasma de volver a la especulación urbanística y a un pasado que tanto queremos olvidar, vamos a recurrir y a utilizar todas las vías judiciales posibles para impedir la construcción y que siga adelante el Algarrobico", ha garantizado Susana Díaz, que ha expresado su "preocupación" por la última sentencia del TSJA en relación con el hotel de El Algarrobico, una instalación que, a su juicio, representa "lo que no tiene que ser la construcción en las costas andaluzas".
   Tras la sesión de control al Ejecutivo, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha explicado a los periodistas que la Junta interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
   Ha indicado que la Junta va a interponer el recurso porque, aunque respeta las decisiones de los tribunales, en este caso no la comparte porque la sentencia del TSJA desprotege el paraje natural del Algarrobico, una protección que ya se blindó en 2008. Ha agregado que la Junta no está de acuerdo con la sentencia del TSJA que establece que el suelo es urbanizable, toda vez que hay "falta de seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva".
   A su juicio, hay determinadas líneas que no se deben pasar y el Algarrobico es un "símbolo de lo que no se debe hacer en la costa", con lo que la Junta va a tratar de proteger la costa y el litoral andaluz, apostando por un desarrollo sostenible del territorio.
   Por su parte, José Antonio Castro ha lamentado, durante su debate con la presidenta, que el TSJA haya dictado una sentencia en la que plantea que el suelo sobre el que se asienta el hotel del Algarrobico es urbanizable, lo que ha causado sorpresa, desconcierto e indignación. Ha apuntado que esa sentencia se ha dictado después de movimientos "muy extraños en lo judicial" y contradice otras sentencias anteriores.
   Ha instado a la presidenta a que, frente a este nuevo movimiento que solo responde a la especulación y "huele fatal", el Gobierno andaluz tenga puño de hierro en esta cuestión, se sitúe al lado del movimiento ecologista y acuda a todas las instancias judiciales para que desaparezca este "símbolo que representa lo peor y lo más despreciable del modelo especulativo de este país".

El Gobierno central ratifica su compromiso de cofinanciar la demolición del hotel

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha mantenido que es la Junta de Andalucía la que deberá decidir, en su momento, cuándo procede demoler el hotel de la promotora Azata ubicado en el paraje de El Algarrobico, en la costa de Carboneras, y ha ratificado el compromiso del Estado de cofinanciar al 50 por ciento los costes de la demolición y recuperación de la zona.

   En una rueda de prensa para presentar los datos de consumo alimentario en España, ha recordado que no es el Gobierno central el que puede tomar la decisión de ejecutar las sentencias sobre la construcción sino que es la Junta "cuando considere que se han agotado los trámites legales y que es procedente la demolición" la que debe acordar esa ejecución.
   "Yo puedo ratificar el compromiso firme del Estado para que cuando la Administración autonómica, en el momento en el procesalmente pueda, acuerde la demolición el Gobierno participe financiando los gastos de la demolición y la restauración, tal y como se estableció en el protocolo de colaboración", ha dicho Arias Cañete, que ha insistido en subrayar que "cuando así lo acuerde estableceremos de común acuerdo los gastos de demolición y los financiaremos al 50 por ciento, dentro del espíritu de colaboración que tenemos".
Por otro lado, el ministro ha recordado que la reciente sentencia del TSJA que declara "urbanizable" el suelo resuelve un procedimiento en el que no fue parte la Administración General del Estado y que, además, afecta a cuestiones de competencia autonómica y no del Dominio Público Marítimo Terrestre que es lo que el Gobierno tiene "responsabilidad de proteger".
   Además, el ministro ha dicho que con la actual Ley de Costas y su denominada cláusula Algarrobico se evitarán este tipo de situaciones ya que cuando el Gobierno central considere que una licencia municipal infringe esa ley puede pedir su suspensión en vía administrativa y evitar que la construcción se inicie. "No estaríamos en la situación en la que estamos porque la experiencia demuestra que si se permite hacer una edificación y el Estado no tiene recursos para pararla, volver al punto inicial es muy complicado", ha indicado.
   Así las cosas, ha lamentado que ahora en torno a la construcción hotelera haya una "maraña de recursos" que "hace muy difícil saber en qué momento hay que ejecutar la sentencia y en qué momento la administración puede pedir la demolición".

Crespo sobre la huelga en Calar Alto:"Si alguien ha salvado al observatorio de desaparecer ha sido el Gobierno"

ALHAMA DE ALMERÍA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha referido a la huelga iniciada este jueves por los trabajadores del centro astronómico hispano-alemán (CAHA) de Calar Alto, ubicado en Gérgal, motivada por el recorte del 60 por ciento del presupuesto para el centro fijado entre el CSIC y la sociedad alemana Max Planck, de manera que ha señalado que "si alguien lo ha salvado de las posibilidades de desaparecer ha sido el Gobierno de la nación".

 Crespo ha apuntado que el Gobierno se encontró a su llegada que "el anterior gobierno no había negociado con Alemania para mantener" el centro, con lo que la situación "era muy grave" dado que "Max Planck se marchaba".
   "La situación de Calar Alto era muy compleja y lo primero que hizo el Gobierno fue negociar con Alemania para que se mantuvieran las posibilidades económicas que aportaba al observatorio", ha defendido Crespo, quien ha insistido en que el Ejecutivo tuvo que "salvar la situación" al poco de que su partido tomara posesión del Gobierno.
   Crespo ha señalado que aunque las restricciones presupuestarias "están ahí para todo el mundo" pero que en este caso se va a intentar que sean las "más favorables" para que los empleados del centro tengan "algunas posibilidades adicionales" de trabajar en un observatorio que es "pionero en Europa y en el resto del mundo".
   La máxima representante del Gobierno en Andalucía ha descartado que la posición que mantiene el CSIC sobre el presupuesto de 1,6 millones por ejercicio hasta 2018 resulte "inamovible", si bien ha recordado que en "época de crisis económica" hay "restricciones presupuestarias" a las que se deben adaptar "todos los organismos de todas las instituciones".
   Así, ha manifestado la intención del Ejecutivo de "dialogar" con los trabajadores y tener una "posición clara y contundente con respecto al observatorio".