miércoles, 16 de mayo de 2012

Bruselas propone destinar 205.000 euros para un estudio en España para controlar las colonias de abejas

BRUSELAS.- La Comisión Europea propone destinar un total de 3,2 millones de euros para contribuir a financiar estudios de control sobre la evolución de las colonias de abejas en 18 Estados miembros, incluidos 205.000 euros para España, ante el aumento de la mortalidad de esta especie a nivel mundial desde 2009, incluido en la UE.

   Las ayudas propuestas por el Ejecutivo comunitario contribuirán a financiar el 70 por ciento de los costes de los estudios de control de las poblaciones que se realicen en España, pero también en Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia y Reino Unido.
   El objetivo de los estudios es tener un mejor conocimiento sobre el alcance del problema por la alta mortalidad en las colonias de abejas en la Unión Europea, un problema cada vez más frecuente y que podría estar relacionado con el uso de determinados pesticidas.
   La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria reconoce que los sistemas de vigilancia en los Estados miembros son débiles en términos generales todavía y que no existen suficientes datos científicos comparativos y por ello la Comisión ha apostado por hacer un estudio a escala europea con el que determinar si son necesarias nuevas medidas de protección y de qué tipo.
   Bruselas puede limitar pesticidas en caso de que tengan un efecto negativo en estos insectos y también quiere revisar las normas veterinarias para asegurar el control y protección de las abejas.
   La apicultura preocupa a la Unión Europea por la producción de miel y otros artículos como la jalea real o la cera que se utilizan en la producción de cosméticos, velas y otros, ya que la UE importa cerca del 40% de la miel que consume. Además es importante su papel en la polinización necesaria para la producción de ciertas frutas, verduras y plantas, aunque Bruselas tampoco dispone de datos exactos sobre este asunto.
   Ante este escenario, la Comisión Europea decidió aumentar de 26 a 32 millones de euros las ayudas anuales para el sector en el periodo 2011-2013, procedentes de los fondos agrícolas de la UE, han explicado fuentes comunitarias. España, con cerca de 2,5 millones de colmenas, abarca un 17,5% del total de colmenas en la Unión Europea y recibirá 5,5 millones de euros al año de las arcas comunitarias para el desarrollo de su plan nacional para la apicultura.

Medio Ambiente anuncia una "profunda revisión" del sistema de evaluación ambiental

MADRID.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha anunciado una "profunda revisión" en el sistema de evaluación ambiental para corregir "solapamientos, incoherencias y trabas administrativas", como parte de una nueva política que cumplirá unos objetivos de conservación "exigentes", pero que "no será un lastre" para las nuevas actividades que creen empleo y riqueza.

   "Las políticas medioambientales no pueden ser ajenas a la reforma que está emprendiendo el Gobierno pero creemos que puede haber una sinergia con otras medidas. A estos efectos vamos a revisar toda la normativa medioambiental en materia de aguas, costas, evaluación ambiental y medio natural", ha agregado.
   Así lo ha adelantado Ramos durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que ha detallado la líneas generales que determinarán su actividad al frente de esta secretaria de Estado.
   "Promovemos certeza y confianza frente a incertidumbre e inseguridad", ha defendido Ramos, quien ha subrayado que un marco normativo "claro y seguro" favorecerá que la sociedad avance hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Con ello, ha avisado de que el "desorden jurídico" existente en la actualidad puede ser "igual de devastador y generador de ineficiencias y desigualdades" que la ausencia de recursos económicos.
   En este sentido, ha destacado que el futuro modelo normativo proporcionará seguridad jurídica a los agentes económicos, especialmente a las empresas, para que puedan programar sus inversiones y, más concretamente, a las que tienen objetivos de reducción de la contaminación y de gestión de residuos.
   Además, ha detallado que, respecto a las distintas actuaciones en el ámbito de la calidad, la evaluación ambiental y el medio natural, éstas se trabajarán "estrechamente" con las comunidades autónomas, para establecer procedimientos homogéneos.
   Por otro lado, ha garantizado el compromiso de cumplir el Protocolo de Kioto, a pesar de la "lamentable" situación de partida que a su juicio arrastra el país por la anterior gestión medioamebiental y lejos de cumplir el protocolo, a pesar de que se vaya a comenzar el segundo.
   "Nuestras emisiones se han reducido pero por efectos de la crisis, que no es para sentirse muy orgulloso. En 2011 subieron por efecto del decreto del carbón que tuvo un coste muy importante y no sólo en millones de euros sino en emisiones", ha agregado.
   Con ello ha recordado que las estimaciones actuales apuntan a que para cumplir el primer periodo de Kioto se necesitarán 194 millones de toneladas, es decir, "faltan entre 500 y mil millones de euros" para cumplir con las obligaciones a las que España se había comprometido.
   Para ello, ha señalado que el ministerio ultima una nueva estrategia de compra de unidades de carbono, que permitirá cumplir con los compromisos adquiridos y que los retornos a las empresas españolas sean "reales", es decir, que se concreten en proyectos ante los "pobres resultados" de la anterior legislatura.
   Asimismo ha planteado la necesidad de establecer la plataforma de Durban para la adopción antes de 2015 de un nuevo instrumento legalmente aplicable a todos los países a partir de 2020, así como la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima y la continuación de Kioto, a través de un segundo periodo de compromiso.
   En relación a la política de Costas, Ramos ha abogado por lograr una mejora de la regulación y de la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre y por emprender acciones que refuercen la garantía de derechos.
   Para ello, ha dicho que se aumentará la transparencia y la seguridad jurídica de la política de costas mediante acciones como la publicación de la línea de deslinde en la web además de que la secretaría de Estado elaborará un inventario de ocupaciones en la costa española.
   Ramos ha subrayado así que la futura Ley, en la que trabaja el ministerio, hará posible que la protección del litoral sea compatible con la creación de empleo y con la conservación de los recursos naturales. También, ha adelantado que la secretaría de Estado ultima un código de buenas prácticas para los titulares de concesiones en las playas, que serán también los "principales aliados" en la protección, conservación y desarrollo sostenible de estos espacios.
   Entre otros ejes de actuación y en relación a la biodiversidad marina, Federico Ramos ha indicado que se consolidará la Red Natura 2000 y que se propondrán nuevos Lugares de Importancia Comunitaria y se declararán zonas de Especial Protección para Aves marinas.
   Igualmente, ha apostado por la simplificación normativa en materia de medio natural para evitar el solapamiento sobre un mismo espacio de distintas figuras de protección, cada una con su propio régimen de ordenación. Esta simplificación, según ha puntualizado, no supondrá "en ningún caso" una merma en la protección medioambiental.
   Sobre la revisión del Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire, como otra de sus prioridades, Ramos ha indicado que van a incluirse medidas "realistas y eficientes", así como el desarrollo de una estrategia que permita cumplir con los objetivos europeos de prevención y reciclado de residuos.
   En materia de aguas, el secretario de Estado ha propuesto una política "seria, realista y proyectada a largo y medio plazo" porque, en su opinión, es lo que garantiza la sostenibilidad de un recurso "tan escaso como necesario".
   De hecho, ha recordado el "desorden de la etapa socialista" en la planificación, así como el retraso en el cumplimiento de la directiva marco de agua, que a su juicio ha provocado que España haya perdido crédito frente a la UE y que se hayan puesto en riesgo la ejecución de nuevas obras con fondos europeos.
   Así, ha puntualizado que con el decreto ley de medidas urgentes en medida de medio ambiente, que se aprobará este jueves en el Congreso, el Gobierno pretende resolver el desorden con distintas actuaciones en materia de agua y que, según ha avanzado, se completarán con una reforma de la Ley de Agua.
   Respecto a las acciones previstas con las desaladoras, Ramos ha indicado que por el coste de su producción es "difícil" emplearlas de forma masiva en la agricultura, aunque sí puede ser útil para el suministro urbano y turístico.
   Para hacer sostenible esta red el ministerio trabaja en la incorporación de volúmenes de agua desalada para consumo urbano, por lo que se han planificado obras necesarias para poner en producción las plantas y ligarlas al consumo urbano.

El ministro Soria anuncia un nuevo cable submarino para telecomunicaciones entre Almería y Melilla

MELILLA.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se ha comprometido a apoyar el desarrollo turístico e industrial de la Ciudad Autónoma de Melilla en el transcurso de una reunión con su presidente, Juan José Imbroda.

   Así lo ha manifestado el propio Imbroda en declaraciones a los medios tras concluir su encuentro con Soria, en la que el ministro ha transmitido a Imbroda su apoyo a la inclusión de Melilla en la próxima campaña de Turespaña, con un apartado específico para la promoción de las potencialidades turísticas de la ciudad española del Norte de África, y su inclusión en el Plan de Competitividad una vez que concluya el actual en este año 2012.
   Juan José Imbroda ha asegurado que no ha hablado de cuantías económicas pero ha reconocido que no serán las mismas cantidades de estos últimos años "sino adaptadas al actual escenario de crisis galopante".
   La primera autoridad melillense ha señalado asimismo que el titular de Industria también ha cogido con interés su petición de una ampliación y mejora del Parador Nacional de Turismo que existe en la ciudad autónoma.
   Sobre lo que se refiere a la industria, el presidente de Melilla ha comentado el proyecto para trasladar las instalaciones de la producción energía eléctrica del centro de la ciudad, que gestiona Endesa, a la futura ampliación del Puerto que pretende el gobierno melillense ya que el actual espacio "más allá de 2020 no tiene más capacidad de desarrollar su capacidad de suelo para poder incrementar los grupos de energía".
   Imbroda ha indicado que si bien aún queda tiempo para esta situación, este es un tema que ha querido abordar con el ministro "porque hay que ir ya planificándolo".
   Por lo que refiere a las telecomunicaciones, trasladó al responsable de Industria el proyecto de instalación de un cable submarino que iría entre la costa de Almería hasta la de Melilla que tendrá un coste aproximado de seis millones de euros y que tendrá financiación del Estado.
   Este cable para la mejora de las telecomunicaciones se empezará a instalar "próximamente" para  "poder hacer uso del mismo en el primer trimestre de 2013", por lo que ha transmitido a José Manuel Soria "la posibilidad de mejorar su desarrollo" en relación a la colaboración económica que tendrá el Ejecutivo Central en esta actuación.
   Imbroda, que salió satisfecho de la reunión porque "el ministro ha acogido todas estas cuestiones con cariño e interés por Melilla", ha anunciado que José Manuel Soria ha aceptado su invitación de visitar la ciudad. "Será en junio o en julio, dependiendo de su agenda, para que conozca la realidad socio-turística de Melilla porque eso es bueno" ha declarado el presidente de la Ciudad Autónoma.

Los hispanobonos se desinflan

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que vigilará a todas las comunidades autónomas y ha garantizado que las que no cumplan en estos momentos los objetivos lo acabarán haciendo en el futuro.

   "El que no esté, no está, pero va a estar", ha dicho Montoro en un almuerzo organizado por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), donde ha afirmado que el Gobierno aplicará la Ley, aunque las comunidades van por buen camino.
   Así, ha explicado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana examinará los planes de cada territorio, en lo que será una "operación política de gran envergadura". "Será un Consejo importante, clarificador", ha indicado.
   A su parecer, no hay que acercarse al encuentro de mañana con "recelos y rechazos" porque la intención política es justo la contraria: mostrar que el estado de las autonomías en España es "viable". Según Montoro, la reunión del CPFF supone una "oportunidad formidable" para clarificar donde está España y hacia dónde "puede y debe llegar".
   El ministro ha celebrado las últimas medidas anunciadas por algunas comunidades y ha reconocido que hay algunas dudas sobre otras, aunque los propios responsables políticos de esos territorios están resolviendo esas dudas, lo que pone de manifiesto la "madurez" de los mismos.
   En cualquier caso, Montoro ha asegurado que lo "realmente importante" es que los planes que se presenten mañana se cumplan, motivo por el que el Gobierno central será "muy exigente" a la hora de vigilar a las comunidades. "Aplicaremos la Ley de Estabilidad con todo el rigor", ha asegurado.
   En cuanto a la posibilidad de poner ya en marcha los hispanobonos, como reclaman algunas comunidades, Montoro ha explicado que el Gobierno buscará una fórmula de apoyo paras las comunidades, pero sin repartir el riesgo.
   En este sentido, ha explicado que cada comunidad tiene que aguantar las consecuencias de sus decisiones políticas, tal y como ocurre en la UE con los países miembros. "Que cada uno sea maduro y responsable", ha indicado.

Las CCAA y ayuntamientos deben 70 millones de euros a 40 ONGD

MADRID.- La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE) denuncia que los gobiernos autonómicos y locales deben a más de 40 entidades sociales un total de 70 millones de euros, en algunos casos, desde hace más de dos años, lo que está provocando un endeudamiento que pone trabas a la realización de su labor social. 

   "Se trata de retrasos de hasta dos años en el pago de subvenciones ya concedidas; de requerimientos de devolución de fondos ya concedidos o incluso del no reconocimiento de la deuda contraída por las administraciones con las ONGD", explican las entidades.
   Entre otros impagos, señalan el de la Comunidad Valenciana, que "arrastra desde 2011, deudas que ascienden a más de 10 millones de euros", Castilla-La Mancha y Cataluña, que deben cada una "más de 8 millones de euros" y Andalucía, "con una deuda de 38 millones de euros", conforme indica la Coordinadora.
   En cuanto a los gobiernos locales, la entidad señala al Ayuntamiento de Calatayud porque "no reconoce la deuda contraída por el Gobierno anterior, y se niega a abonar las subvenciones de 2010", al de la Villa de Ingenio (Gran Canaria) que tiene pendientes deudas de 2008 y 2009 y al de Miranda de Ebro, por impagos de 2009 y 2010. En esta línea, denuncian que la Diputación de Valladolid debe fondos de 2006 y 2007 y la de Ávila, de 2007 y 2008.
   La coordinadora asegura que las más de 40 ONGD afectadas "continúan manteniendo firmemente su compromiso con los proyectos y organizaciones de los países donde trabajan" aunque en muchos casos, esto ha exigido la solicitud de créditos cuya cobertura depende del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las administraciones, y que "hasta ahora no se ha producido".  
   En consecuencia, se están paralizando proyectos de desarrollo en materias como salud, educación y capacitación laboral, vivienda, saneamiento, agua, y seguridad alimentaria, sectores directamente relacionados con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
   Además, hay organizaciones aliadas de las ONGD españolas que están desapareciendo en los países más empobrecidos "por la imposibilidad de mantener la mínima estructura de gestión de los proyectos que se desarrollan conjuntamente".
   "A los impagos se une el brutal recorte de los presupuestos de cooperación de los gobiernos autonómicos y locales en 2012 continúa su caída libre al ser el cuarto año consecutivo de descenso", denuncia la CONGDE, para recordar que en las comunidades autónomas se ha pasado de 451 a 271 millones de euros, lo que supone un recorte de 180 millones, un 39% menos que en 2011.
   En esta línea, señalan que Comunidad Valenciana (- 65%), Canarias (-89%), Andalucía (-20%), Baleares y Cataluña (-20%) son las comunidades con mayores recortes en Ayuda Oficial y destacan el caso de Castilla-la Mancha, ya que, según afirman, "a día de hoy no se sabe si habrá partida de cooperación al desarrollo".
   "Las únicas comunidades autónomas que entre 2011 y 2012 no ha recortado su presupuesto de AOD son Extremadura y Euskadi, manteniendo estable su compromiso. Esto demuestra que cuando hay voluntad política la solidaridad internacional con los países y personas más desfavorecidas permanece", apunta la CONGDE.
   En lo que respecta a los ayuntamientos y diputaciones, el presupuesto ha pasado 148 a 95 millones de euros en 2012, lo que supone un recorte de 53 millones, que a su vez representa un descenso del 36% respecto del año anterior.

Bruselas activa un almacenamiento de 100.000 toneladas de aceite de oliva

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha aprobado en el Comité de Gestión que se celebra este miércoles en Bruselas activar nuevas ayudas para el almacenamiento privado de aceite de oliva en las categorías 'virgen' y 'virgen extra', una medida que se pondrá en marcha durante un periodo de seis meses para un límite de 100.000 toneladas. 

   Según informan fuentes comunitarias, el coste total de la ayuda podría situarse entre 18 y 20 millones de euros.
   La operación se basa en los bajos niveles de precios que se vienen registrando en la presente campaña en la Unión Europea, y en España en particular, en estas dos categorías de productos.
   Además de España podrán acogerse a la medida los operadores de Grecia, Italia, Francia, Portugal, Chipre, Eslovenia y Malta, informó el Ministerio de Agricultura español en un comunicado.
   Las cantidades a almacenar se adjudicarán entre los operadores por el sistema de licitación, para lo que se abrirán dos subperiodos durante los que se podrán presentar ofertas. El primer subperiodo comienza el 31 de mayo y termina el 5 de junio y el segundo subperiodo comenzará el 6 de junio y terminará el 19 del mismo mes.
   Previsiblemente a mediados de la próxima semana se publicará el reglamento que regula las bases de esta operación, que permitirá un ajuste de la oferta y la demanda y el equilibrio del mercado, lo que repercutirá en una mejora de los precios.
   El Ministerio de Agricultura destacó que, "tras múltiples gestiones llevadas a cabo ante la Comisión Europea", el titular de este departamento, Miguel Arias Cañete, ha logrado esta nueva operación, que se suma a la conseguida el pasado mes de febrero.
   Fuentes comunitarias detallaron que en la anterior operación se cubrieron las 100.000 toneladas previstas, todas procedentes de España.
   Cooperativas Agroalimentarias ha acogido con satisfacción la activación de un nuevo almacenamiento privado de aceite de oliva, una medida que espera que "alivie la crítica situación del mercado", según informó la organización en un comunicado.
   El sector del aceite de oliva suma cuatro campañas en pérdidas, según Cooperativas, que subrayó que se trata del producto que más bajó de precio en el conjunto de sectores de la Unión Europea en 2011.

Juncker: el cumplimiento del déficit en España depende de las CC AA


BRUSELAS.- El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha dicho este martes que el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit por parte de España dependerá de que las comunidades autónomas hagan su trabajo y que espera resultados en este sentido esta misma semana. 

"El Gobierno español confía en que va a alcanzar los objetivos de déficit para 2012 y 2013", ha asegurado Juncker a la entrada de la reunión del Ecofin.
"Esto depende principalmente de que los Gobiernos regionales hagan su trabajo y esto va a ocurrir a lo largo de esta semana", ha agregado, en referencia a la reunión del consejo de política fiscal y financiera que se celebra el jueves, y en el que se analizarán los planes de ajuste de las comunidades autónomas.
España sólo logrará reducir su déficit del 8,5% hasta el 6,4% este año y el 6,3% en 2013, según las previsiones económicas de primavera publicadas por la Comisión el pasado viernes. Estas cifras quedan muy lejos de los objetivos pactados con la UE del 5,3% y el 3%, respectivamente.

Planas: "El Algarrobico es un autentico desastre y se demolerá cuando se pueda legalmente"

SEVILLA.- El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, considera que el hotel construido en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras es un "auténtico desastre medioambiental" que "administrativamente es inviable" y apunta que se derribará "cuando sea legalmente posible".

   En una entrevista con Canal Sur Televisión, Planas considera que "se está subestimando el Algarrobico, pues para la imagen de Andalucía y España es uno de los peores anuncios que tenemos de nuestra identidad como industria turística y nuestra presencia turística a nivel nacional e internacional".
   "Es una de las cosas que nunca se deberían haber hecho y es voluntad de este Gobierno proceder como ya se ha indicado", ha indicado el consejero, quien apunta que una de los asuntos que deberá abordar con el Gobierno central será el coste monetario del derribo, aunque no dio más detalles.
   Sobre la reforma de la Ley de Costas, Planas asegura que no sabe "nada" sobre dicha reforma, y apunta que tiene la "impresión" de que la costa "está bastante dañada·", por lo que cree que "lo que hemos preservado lo deberíamos continuar preservando".
   Agrega que si en esa reforma se habla de chiringuitos, el Gobierno andaluz "es el primero que pretende buscar una solución, pero si se habla de otras cosas me preocuparía bastante".

Rosalía Martín (IU) dice que derribar el hotel del Algarrobico "ya es posible legalmente"

ALMERÍA.- La coordinadora provincial de IULV-CA y parlamentaria, Rosalía Martín, ha indicado este martes que la demolición del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, en Carboneras, "ya es legalmente posible" y ha mostrado su desacuerdo con el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas. "El derribo forma parte del acuerdo de gobierno y deben iniciarse los trámites cuanto antes", ha señalado.

   En un nota, Martín ha hecho referencia al pronunciamiento de marzo del Tribunal Supremo (TS) que dictaminó que el establecimiento contraviene la Ley de Costas y ha considerado que el hotel constituye "una agresión ambiental y un atentado contra la ordenación del territorio".
 "El Gobierno andaluz ha de proceder al derribo porque existen mecanismos para llevarlo a efecto", ha remarcado.
   En esta línea, ha asegurado que la demolición "forma parte del acuerdo" al que IU ha llegado con el PSOE para "formar gobierno en la comunidad", por lo que ha instado a Planas a  iniciar "cuanto antes" los trámites junto con el Gobierno central para proceder a la "recuperación del espacio natural de Carboneras, que nunca debió vulnerarse".
   Martín ha criticado que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy haya rechazado crear una comisión de investigación para depurar las responsabilidades sobre la construcción del hotel, tal y como solicito Izquierda Plural en una Proposición No de Ley (PNL).
   Planas ha señalado este lunes que considera que el hotel es un "auténtico desastre medioambiental" que "administrativamente es inviable" y apunta que se derribará "cuando sea legalmente posible".

El Ayuntamiento de Almería inicia el I Plan Municipal contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual

ALMERÍA.- El grupo de trabajo para la elaboración del I Plan Municipal contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha comenzado su andadura bajo la presidencia de la concejal de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Pilar Ortega, con el objetivo de "estudiar las acciones y  medidas necesarias para luchar contra la trata, la explotación sexual y la prostitución", según ha destacado la edil.

   En este grupo se encuentran representadas las asociaciones y organizaciones cuyo fin social está directamente relacionado con este ámbito, técnicos del Ayuntamiento, Policía Local y todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y el fin último es elaborar el I Plan Municipal contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, una herramienta de trabajo "que contemplará acciones realistas propuestas desde el Ayuntamiento, así como por las asociaciones y organizaciones que trabajan día a día con los colectivos más vulnerables a sufrir la acción de las redes de explotación sexual".
   Ortega explica en una nota que con esta iniciativa se pretende "trabajar en equipo con el objetivo común de sensibilizar, concienciar e informar a la población en general sobre la realidad de este fenómeno, así como mejorar en la medida de lo posible la atención y calidad de vida de las mujeres que viven esta realidad, dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento de Almería".
   El grupo ha quedado emplazado a una próxima convocatoria, que tendrá lugar a finales de junio, en la que, una vez que se hayan recibido las propuestas de cada uno de las integrantes por parte de los técnicos del Área de Políticas de Igualdad, se elaborará un documento conjunto con  vistas a su estudio, debate y, en su caso, aprobación para su inserción en el plan.

El alcalde de Cantoria alega que "carecía de medios" para "vigilar" construcción de casas ilegales

ALMERÍA.-   El alcalde de Cantoria, Pedro Llamas (PP), ha asegurado este martes que no actuó ante la construcción de cuatro viviendas en suelo no urbanizable y sin licencia municipal de obras entre los años 2003 y 2004 en el paraje de Las Terreras porque "carecía de medios" para incoar expediente sancionador y ha justificado el que autorizase el suministro de agua y luz en "razones humanitarias" ya que había "familias viviendo en ellas".

   "No fue por pasividad sino porque carecía de medios para perseguir y vigilar estos delitos hasta 2006 y prueba de ello es que pedí colaboración a la Junta de Andalucía", ha indicado Llamas en alusión a un escrito fechado en diciembre de 2004 durante la primera sesión de la vista oral que se celebra ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. El citado escrito, según ha explicado, dio lugar a que la Consejería de Obras Públicas acordase subrogar la incoación del expediente de disciplina urbanística.
   El regidor, quien ejerce el cargo de manera ininterrumpida desde el año 1993, se enfrenta a penas de diez años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y tres meses de cárcel por la presunta prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad documental. Se sienta en el banquillo de los acusados junto a los dos promotores de la obra y el arquitecto técnico que redactó el proyecto.
   Llamas ha reconocido ante la sala que "jamás" concedió licencias de obra, de primera ocupación o de primera utilización para esas viviendas "porque era imposible" y ha señalado que tuvo conocimiento de la "ilegalidad a través de los agentes de la Policía Autonómica", un extremo que ha cuestionado la fiscal al ha subrayar que autorizó el suministro de servicios básicos entre abril y septiembre de 2004, "mucho antes" de que se produjera esa comunicación.
   Ha afirmado, asimismo, no recordar que la secretaria municipal del Consistorio emitiese un informe --que sí obra en la causa-- en el proponía la apertura de expediente por obra sin licencia y la restauración del medio a su estado original o, de forma alternativa, suspender el suministro de luz y agua. Con respecto a esto último, ha defendido que nunca "mintió" a la Policía Autonómica al decir que no había emitido certificados para que se dieran de alta estos servicios "ya que lo que yo di fueron meras autorizaciones".
   En esta línea, ha apuntado que "nunca" emitió informes ya que la competencia corresponde al secretario municipal y ha insistido en que autorización y certificado "no tienen el mismo objetivo final". "Si la Policía Autonómica me hubiera preguntado en esos términos es obvio que hubiera dicho que sí pero es evidente que son diferentes. Yo autoricé, no certifiqué".
   Tras detallar que en la zona, incluida en la pedanía de Arroyo de Albanchez, existen unas 70 construcciones "históricas y recientes" y que estaba dotada tanto de alumbrado público como de asfaltado, ha remarcado a preguntas de su defensa sobre el delito de falsedad que se le imputa que las autorizaciones era "independientes a la legalidad o ilegalidad" al tiempo que ha reiterado que carecía de competencias para "certificar".
   Durante la primera sesión del juicio, en el que ejercen como acusación particular las cuatro familias propietarias de las viviendas sobre las que el fiscal interesa demolición, han prestado declaración, asimismo, F.P. y A.P, padre e hijo a quienes se acusa de un presunto delito contra la ordenación de territorio por promover la construcción. Así, F.P. ha asegurado que "nadie" le dijo que la obra "era ilegal" y que se enteró de esa circunstancia "cuando ya estaban ocupadas".
   Ha trasladado la responsabilidad al "gestor que contraté para hacerme los papeles", a la inmobiliaria que vendió los inmuebles y a la empresa constructora del cuarto imputado en la causa, R.L.G., --en este caso por presunta falsedad documental-- aunque ha reconocido que las viviendas se levantaron en suelo rústico sin licencia.
   "Si alguien me hubiera dicho que no lo podía hacer, no lo hubiera hecho. Nunca he tenido queja de nadie. Creía que todo era legal y perfecto, si no, no hubiera movido un dedo", ha reiterado para recordar que dieron autorizaciones para luz y agua "sin preguntar y tras pagar 300 euros al ayuntamiento".
   Por su parte, su hijo, A.P., ha negado que, tal y como sostiene el fiscal, participase en la promoción a través de la mercantil 'Construcciones y promociones inmobiliarias" con la que ha negado vinculación pese a que así lo señaló uno de los propietarios afectados. De este modo, ha limitado su actuación a "intérprete" y su interés al propio "de preguntarle a mi padre como iba". No obstante, tanto la fiscal como el juez le han exhibido documentos en los que figura como la persona que solicitó al menos una de las autorizaciones de luz y agua  y una licencia de primera ocupación.

El Ayuntamiento de El Ejido pide al juez que retenga el pago de facturas a empresas implicadas en caso 'Poniente'

EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido solicitará al juez instructor del caso 'Poniente' que retenga el abono de las facturas que se incluyen en el plan de ajuste elaborado en el marco del Real Decreto 4/2012 y que corresponden a empresas vinculadas a la presunta trama de corrupción política y empresarial bajo el anterior gobierno municipal liderado por PAL que se investiga en esta causa.

   Así lo ha trasladado este martes el alcalde, Francisco Góngora (PP), durante el pleno de carácter extraordinario en el que se ha aprobado una operación de crédito de 115 millones de euros para hacer frente al pago de facturas pendientes a proveedores del propio Consistorio, Radio Ejido, la residencia geriátrica y la empresa municipal de desarrollos urbanísticos de El Ejido (DUE) acumuladas entre los años 206 y 2011.
   Góngora ha precisado que la medida se va a interesar al Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y el escrito se va a referir, en concreto, a las facturas adeudadas a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada en el sumario como pieza clave y "eje" de la presunta trama por el sumario, así como a las mercantiles con las que subcontrataba y que eran administradas por los principales imputados en la causa. En concreto, ha aludido a la dificultad de determinar la lesividad de las facturas de forma individual.
   Fuentes judiciales han precisado que el escrito, que se remitirá al instructor una vez se determine cuál va a ser el vehículo de abono y si lo tramitará directamente el Ministerio de Hacienda, pedirá que se retengan las cantidades endosadas, que no se paguen y que se manden al juzgado o, en caso contrario, que los beneficiarios "avalen" que, en caso de que quede demostrado en la causa el origen ilícito de esas deudas, devolverán el importe abonado.
   Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 acordó desestimar en diciembre de 2011 la cuestión de prejudicialidad penal planteada por el Consistorio ejidense a raíz del caso 'Poniente' en el procedimiento de reclamación de cantidad iniciado por Elsur para reclamar a la administración local una deuda de 89.159.256 euros.
   La operación de endeudamiento aprobada por mayoría en sesión plenaria establece un plazo máximo de diez años, con dos años de carencia en la amortización de principales, y con un tipo de interés equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.
   Según ha explicado el concejal de Hacienda, Contratación, Régimen Interior y Personal, José Francisco Rivera, se trata de un plan de ajuste "duro" que va a suponer una operación de crédito de 154 millones de euros entre amortización de capital e intereses. "A pesar de ello, --ha añadido-- nos quedarán otros 50 millones de euros necesarios de financiación porque nos siguen quedando más de 28 millones que deberíamos pagar y que no se han podido encajar en este plan y más de 17 millones que vamos a tener que incorporar al presupuesto de este año por medio de una modificación, porque no todas las obligaciones están reconocidas y aplicadas en el presupuesto".
   Por su parte, Góngora ha señalado "el gran esfuerzo" ante la situación "tan compleja y delicada" como la que atraviesa este Consistorio que, según ha subrayado, "no es comparable con la situación de los ayuntamientos de España". Así, ha remarcado que no es "normal" que la deuda ronde los 250 millones de euros y haya un "agujero económico" de unos 137 millones de euros. "Si este Ayuntamiento tuviera una deuda similar a otros consistorio como el de Almería o Roquetas, podríamos realizar inversiones", según ha concluido.
   El sumario de caso 'Poniente', que mantuvo encarcelado durante ocho meses al exregidor Juan Enciso (PAL), divide la presunta trama en seis clanes y el grupo Abengoa. De este se desprende que las sociedades de los principales implicados facturaron de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada eje, con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" al menos 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Señala, asimismo, que estos constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur.

El PSOE abre expediente a Diego Asensio por sus declaraciones contra Griñán al abandonar la secretaría provincial

ALMERÍA.- El comité ejecutivo provincial del PSOE de Almería ha abierto un expediente de expulsión al exsecretario provincial Diego Asensio con el voto a favor de todos sus miembros después de que en junio del pasado año anunciara su dimisión del cargo --empujada por la dimisión de más de la mitad de su ejecutiva-- a la vez que criticó las "las continuas agresiones a este partido y a la provincia por parte del presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán", al que acusó de tener "un talante autoritario y de anteponer sus intereses" como líder de los socialistas andaluces a "los intereses de la provincia".

   Fuentes socialistas han indicado que la decisión fue adoptada en la noche de este lunes por la totalidad de la treintena de miembros que componen el comité ejecutivo provincial, si bien este extremo viene motivado por el "clamor" de los miembros de la organización, que desde que se produjeron estas declaraciones han solicitado continuamente la adopción de medidas disciplinarias.
   En este sentido, han recalcado que la petición de expediente de expulsión se ha solicitado a través de diferentes cartas rubricadas por miembros del partido así como a través de acuerdos adoptados en el seno de las agrupaciones. Asimismo, destacan que la agrupación municipal del PSOE de Almería aprobó un acuerdo en el que se solicitaba la medida.
   Con esto, dichas fuentes han ahondado en las "consecuencias inesperadas" que han tenido a la postre las declaraciones de Asensio en contra de Griñán, a quien acusaba de haberse dedicado "a perjudicar los intereses de esta tierra anteponiendo sus intereses personales a sus deberes y obligaciones como presidente de todos los andaluces".
   Las palabras pronunciadas por el exlíder de los socialistas almerienses han sido utilizadas por el PP durante los periodos electorales a modo de propaganda para difundir sus mensajes, un asunto que ha calado entre las filas socialistas. De esta forma, se ha esperado a que los periodos de elecciones finalizaran para encarar este asunto.
   "En mi escala de valores no hay sitio para este tipo de comportamientos", aseguraba por entonces Asensio, quien indicaba que "mientras que él --en referencia al líder del Ejecutivo andaluz-- esté en el cargo, mi permanencia sólo hace daño a la provincia de Almería, y a todos y todas las almerienses".
   Por su parte, el expedientado en cuestión ha indicado que no tiene constancia de estos hechos que tuvieron lugar aproximadamente hace un año, si bien ha admitido conocer dicho asunto de manera extraoficial. No obstante, ha declinado hacer algún tipo de valoración o declaración hasta que la ejecutiva provincial del partido se lo comunique de forma oficial.