jueves, 25 de abril de 2013

Un juez abre diligencias para investigar el destino de 300.000 euros de una cuenta de la Junta

ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha incoado diligencias previas encaminadas a investigar si se hizo un posible uso fraudulento entre 2009 y 2012 de los fondos públicos de una cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Almería después de que se detectasen movimientos presuntamente irregulares por un cuantía que ronda los 300.000 euros.

   La actuación judicial se inició a raíz de la denuncia interpuesta el 1 de febrero por el actual titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien deberá prestar declaración en calidad de perjudicado el próximo día 30 para ratificar el contenido de la citada denuncia.
   Las irregularidades en la cuenta bancaria, de aprovechamientos forestales e intervención en montes públicos, y los "muchísimos movimientos supuestamente delictivos", se detectaron durante el proceso de fusión de los departamentos de Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente de la Junta andaluza en Almería.
   "La secretaria de la Delegación me lo comunicó y yo lo puse en conocimiento inmediato de los servicios jurídicos para interponer la denuncia", ha indicado Ortiz Bono, quien ha precisado que se trata de una cuenta que "no se ha sometido a fiscalización y en la que se han registrados muchísimos reintegros sin justificar y sin memoria que detalle a qué se destinaron".
   Según publica este miércoles la prensa local de Almería, en la denuncia de la que deriva la incoación de diligencias previas por parte de la juez Alejandra Dodero se indica que, con el exdelegado Clemente García al frente de Medio Ambiente, se produjeron movimientos por un valor de 180.000 euros mientras que, bajo responsabilidad de su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, se habrían defraudado presuntamente unos 100.000 euros.
   La citada denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz Bono, los movimientos sospechosos en esta cuenta, donde se ingresarían las tasas de aprovechamientos de montes públicos que pagan los cazadores, habrían llegado a los 20.000 euros.
   En este sentido, en declaraciones a los periodistas la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, ha revelado que los poderes para operar en la cuenta y emitir "cheques al portador" lo ostentaban "un funcionario y un cargo político".
   Ferrer ha trasladado que la cuenta "está ya normalizada y sometida a fiscalización" y que tendrá que ser la juez instructora de la causa la que dirima la naturaleza delictiva de los hechos, "quienes son los responsables y si se produjo o no adecuado control" de los fondos.
   "La Junta es la primera interesada y está deseosa de que se aclaren los hechos, de que se depuren responsabilidades y de que quien la haya hecho, la pague", ha indicado al tiempo que ha subrayado la necesidad de "diferenciar entre la institución y las personas que pudieron cometer el delito".
   En la misma línea se ha expresado Ortiz Bono, quien ha asegurado que la denuncia viene motivada por la "obligación y el convencimiento en defensa de la transparencia e intereses públicos".
 "Queremos que cuanto antes esos fondos se reintegren en las arcas públicas y demostrar que se puede confiar en la clase política".

El fiscal ve presunta malversación y falsedad en caso 'Facturas' y denuncia a Pérez Montoya (PSOE)

ALMERÍA.- La Fiscalía de Almería ha formulado denuncia contra el exvicepresidente del Patronato Provincial de Turismo Luis Pérez Montoya (PSOE) y el exgerente Francisco Iglesias al apreciar que pudieron incurrir en presuntos delitos continuados de malversación y falsedad documental en la emisión de "facturas ficticias" por un valor superior a 60.000 euros cuando estaban al frente de la institución.

   El decreto, dictado el día 17, deriva del informe elaborado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía a raíz de la denuncia que presentó el actual equipo de gobierno del PP en la Diputación de mano del vicepresidente, Javier Aureliano García, al detectar la existencia de "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.
   La denuncia, que ha sido remitida al Decanato de los Juzgados de la capital para reparto, interesa que se cite a declarar en calidad de imputado tanto a Pérez Montoya como a Iglesias, así como a la exsecretaria delegada del Patronato Provincial, María Teresa G.R., quien habría dado conformidad a las facturas supuestamente fraudulentas, y al gerente de la agencia de viajes que las emitió.

La exdelegada de Medio Ambiente se desvincula de la cuenta investigada, de la que no tuvo "conocimiento alguno"

ALMERÍA.- La exdelegada provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Rodríguez, ha señalado este miércoles que durante su periodo en el Gobierno andaluz no tuvo "conocimiento alguno de las irregularidades que presuntamente se cometieron" en relación a la cuenta investigada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ante un presunto uso fraudulento de 300.000 euros, de forma que "el funcionamiento de dicha cuenta estuvo al margen" de ella como delegada. 

   Así lo ha trasladado Rodríguez en una nota en la que subraya su "absoluta indignación" y "repulsa" ante estos hechos así como su "preocupación" por la "repercusión negativa" que los hechos denunciados puedan tener sobre la Junta de Andalucía, a la que representó como titular de Medio Ambiente en Almería durante dos años.
   "Durante mi etapa como delegada provincial de Medio Ambiente no tuve conocimiento alguno de las irregularidades que presuntamente se cometieron en relación con la citada cuenta. El funcionamiento de dicha cuenta estuvo al margen mío como delegada", ha afirmado la exresponsable de Medio Ambiente almeriense.
   Rodríguez ha añadido que además "en ningún momento" tuvo "capacidad para actuar sobre esta cuenta", ya que no estuvo "vinculada a la misma ni como titular, ni como autorizada, ni como clavero". No obstante, ha afirmado que independientemente de este extremo "no habría dudado un segundo en poner en conocimiento de la justicia dichas irregularidades si las hubiera detectado".
   Rodríguez ha querido dejar clara su "inocencia" y ha asegurado que hasta el momento no ha sido citada a declarar, si bien ha mostrado su "máxima disposición a colaborar con la justicia para aportar todas las aclaraciones que sean precisas", toda vez que ha trasladado su "absoluta tranquilidad" al estar "convencida" de "no tener ninguna responsabilidad sobre los hechos".
   "Soy de las máximas interesadas en que este tema se esclarezca, para diluir cualquier sospecha que pueda recaer sobre mi persona, y que se depuren todas las responsabilidades. Como se puede entender, este asunto me está afectando mucho a nivel personal, por lo que por favor pido respeto y que no se haga un juicio mediático paralelo", ha indicado.
   Las presuntas irregularidades denunciadas por la Junta de Andalucía sobre esta cuenta abarcan un periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, tiempo en el que supuestamente se extrajeron 300.000 euros mediante cheques al portador. Durante este periodo estuvieron al frente del departamento Clemente García, la propia Sonia Rodríguez y el actual responsable, José Manuel Ortiz Bono, quien ha interpuesto la denuncia que ha originado el procedimiento.

El PP-A pedirá "explicaciones" en el Parlamento sobre la desaparición de 300.000 euros de una cuenta de la Junta

ALMERÍA.- El parlamentario andaluz del PP por Almería Miguel Ángel Castellón ha reclamado este miércoles al Gobierno que preside José Antonio Griñán que dé "explicaciones" por la que considera "evidente falta de control" de la Junta de Andalucía sobre los recursos públicos después de que se haya puesto "en evidencia" con la "desaparición" de 300.000 euros de una cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente en Almería y ha anunciado que elevará una pregunta a la Cámara autonómica.

   Castellón ha considerado en un comunicado que las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, sobre la denuncia son "muy insuficientes" ante un "hecho tan grave" y ha indicado que el Gobierno andaluz "tiene que explicar cuántas cuentas tiene la Junta de Andalucía en las que se deposita el dinero que pagan ciudadanos en tasas e impuestos, cómo se gestionan esas cuentas y cuáles son los mecanismos de control sobre las mismas".
   Ha resaltado que resulta "evidente" que los mecanismos de control "han fallado de forma continuada" en la Delegación de Medio Ambiente de Almería, lo que, a su juicio, "siembra dudas de que lo mismo pueda ocurrir en otros departamentos y otras delegaciones".
 "Cuántos casos más puede haber en Andalucía si en una delegación han podido desaparecer 300.000 euros durante cuatro años", se ha preguntado.
   Castellón ha trasladado que el PP-A llevará al próximo pleno del Parlamento andaluz una iniciativa para que el Gobierno de la Junta "dé explicaciones y aclare todos los extremos de la investigación interna que realice".
   El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha incoado diligencias previas encaminadas a investigar si se hizo un posible uso fraudulento entre 2009 y 2012 de los fondos públicos de una cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Almería después de que se detectasen movimientos presuntamente irregulares por un cuantía que ronda los 300.000 euros.
   La actuación judicial se inició a raíz de la denuncia interpuesta el 1 de febrero por el actual titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien deberá prestar declaración en calidad de perjudicado el próximo día 30 para ratificar el contenido de la citada denuncia.
   En la denuncia de la que deriva la incoación de diligencias previas por parte de la juez Alejandra Dodero se indica que, con el exdelegado Clemente García al frente de Medio Ambiente, se produjeron movimientos por un valor de 180.000 euros mientras que, bajo responsabilidad de su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, se habrían defraudado presuntamente unos 100.000 euros.
   La citada denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz Bono, los movimientos sospechosos en esta cuenta, donde se ingresarían las tasas de aprovechamientos de montes públicos que pagan los cazadores, habrían llegado a los 20.000 euros.

El PP tacha de "escándalo" la "desaparición" de 300.000 euros de la Junta y anuncia que "tomará cartas" en el caso

ALMERÍA.- El secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha calificado de "auténtico escándalo" la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ante un posible uso fraudulento de 300.000 euros entre 2009 y 2012 de una cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente, sentido en el que ha afirmado que su formación "tomara cartas en el asunto" para "velar por los intereses de los impuestos de los almerienses".

   En declaraciones a los periodistas, García ha advertido que desde el PP van a estar "muy pendientes de este asunto" toda vez que ha reiterado la gravedad de los hechos ante la "desaparición" de los fondos que presumiblemente se habrían desembolsado en talones al portador mediante cuantías que nunca superaban los 100 euros, en un periodo en el que ha habido tres delegados distintos: Clemente García, Sonia Rodríguez y el actual delegado territorial de Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono.
   García cree que "el hecho es gravísimo" y que tiene que tener "responsables", de modo que ha abogado por "tomar medidas de manera urgente" en el seno del Gobierno andaluz mientras que desde el PP, según ha asegurado, van a "velar para que el dinero de las arcas públicas no se lo lleve nadie y sea invertido en la provincia".
   "No me basta con que la Junta de Andalucía denuncie el hecho, está claro que es un hecho gravísimo que no tiene precedentes en nuestra provincia y desde luego las instituciones en las que gobierna el PSOE, o en las que ha gobernado, se le acumulan los problemas", ha remarcado el secretario de los 'populares' almerienses.
   En este sentido, García ha hecho referencia a la situación económica en la que se encuentran algunos ayuntamientos gobernados o que han estado gobernados por los socialistas, así como otras investigaciones en curso como el conocido 'caso facturas' en el Patronato de Turismo o el caso de los ERE. "Es un problema que tenemos que intentar analizar con más profundidad", ha puntualizado el dirigente del PP en relación a la investigación en Medio Ambiente.

Javier Aureliano García (PP) cree que la condena a Trabalón (PP) "no tiene por qué afectar" al pacto de gobierno en Zurgena

ALMERÍA.- El secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García, ha indicado este miércoles que la condena a 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta al exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), "en principio no debe o no tiene por qué afectar al pacto" de gobierno que su formación mantiene con los andalucistas en el municipio desde las últimas elecciones municipales. 

   En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en la Diputación de Almería, García ha apuntado que en caso de que la sentencia, motivada por la autorizar en 2005 la construcción de 12 viviendas en suelo no urbanizable, fuera firme, Trabalón "tendrá que dimitir como concejal", lo que llevaría a que "entrara otra persona de la lista del PA".
   "Evidentemente vamos a acatar y respetar la sentencia judicial", ha manifestado García, quien ha dado cuenta de que el edil de Obras Públicas se encuentra pendientes de otros procedimientos judiciales. En cualquier caso, ha indicado que este y otros casos "no afectan al PP", que "no puede disponer de lo que va a hacer el PA".
   Precisamente en el marco del caso 'Costurero', el exalcalde zurgenero se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación. En este caso, en el que ha tenido que prestar fianza civil de 571.147 euros, también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.