ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería
ha incoado diligencias previas encaminadas a investigar si se hizo un
posible uso fraudulento entre 2009 y 2012 de los fondos públicos de una
cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en
Almería después de que se detectasen movimientos presuntamente
irregulares por un cuantía que ronda los 300.000 euros.
La actuación judicial se inició a raíz de la denuncia interpuesta
el 1 de febrero por el actual titular de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien deberá prestar declaración en
calidad de perjudicado el próximo día 30 para ratificar el contenido de
la citada denuncia.
Las irregularidades en la cuenta bancaria, de aprovechamientos
forestales e intervención en montes públicos, y los "muchísimos
movimientos supuestamente delictivos", se detectaron durante el proceso
de fusión de los departamentos de Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente
de la Junta andaluza en Almería.
"La secretaria de la Delegación me lo comunicó y yo lo puse en
conocimiento inmediato de los servicios jurídicos para interponer la
denuncia", ha indicado Ortiz Bono, quien ha precisado que
se trata de una cuenta que "no se ha sometido a fiscalización y en la
que se han registrados muchísimos reintegros sin justificar y sin
memoria que detalle a qué se destinaron".
Según publica este miércoles la prensa local de Almería, en la
denuncia de la que deriva la incoación de diligencias previas por parte
de la juez Alejandra Dodero se indica que, con el exdelegado Clemente
García al frente de Medio Ambiente, se produjeron movimientos por un
valor de 180.000 euros mientras que, bajo responsabilidad de su sucesora
en el cargo, Sonia Rodríguez, se habrían defraudado presuntamente unos
100.000 euros.
La citada denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz
Bono, los movimientos sospechosos en esta cuenta, donde se ingresarían
las tasas de aprovechamientos de montes públicos que pagan los
cazadores, habrían llegado a los 20.000 euros.
En este sentido, en declaraciones a los periodistas la delegada
del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, ha revelado que los
poderes para operar en la cuenta y emitir "cheques al portador" lo
ostentaban "un funcionario y un cargo político".
Ferrer ha trasladado que la cuenta "está ya normalizada y sometida
a fiscalización" y que tendrá que ser la juez instructora de la causa
la que dirima la naturaleza delictiva de los hechos, "quienes son los
responsables y si se produjo o no adecuado control" de los fondos.
"La Junta es la primera interesada y está deseosa de que se
aclaren los hechos, de que se depuren responsabilidades y de que quien
la haya hecho, la pague", ha indicado al tiempo que ha subrayado la
necesidad de "diferenciar entre la institución y las personas que
pudieron cometer el delito".
En la misma línea se ha expresado Ortiz Bono, quien ha asegurado
que la denuncia viene motivada por la "obligación y el convencimiento en
defensa de la transparencia e intereses públicos".
"Queremos que cuanto
antes esos fondos se reintegren en las arcas públicas y demostrar que
se puede confiar en la clase política".