martes, 19 de junio de 2012

El número de rumanos en España se reduce por primera vez

MADRID.- El número de rumanos que viven en España con un permiso de residencia cayó por primera vez en el primer trimestre de este año, con una reducción que si bien está por debajo del uno por ciento, representa un cambio en la tendencia desde la incorporación de Rumanía a la Unión Europea, pues la comunidad afincada en España no había parado de crecer, con ritmos que llegaban a rozar el 20 por ciento.

   En total, al cabo del primer trimestre de este año se contaban en España 5,29 millones de extranjeros con permiso de residencia, 238.454 personas más que en el mismo periodo del año anterior (4,72%). De ellos, 2,7 millones son oriundos de países no europeos (51,58%) y 2,5 millones proceden de la Unión o son parientes de ciudadanos comunitarios (48,42%).
   En la actualidad, la rumana es la nacionalidad extranjera más numerosa en España, representa al 35,26 por ciento de todos los foráneos que viven en el país y cuenta con 903.964 ciudadanos registrados, conforme los datos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración actualizados a 31 de marzo de 2012.
   Aunque son ciudadanos europeos y, como tales, tienen libertad de circulación, en España tienen restringido el acceso al mercado laboral desde julio de 2010, cuando el Gobierno les impuso la obligatoriedad de contar con un permiso de residencia.
   La comunidad rumana siguió incrementándose durante los meses siguientes pese a la restricción, aunque a ritmos cada vez más bajos. Si en 2008 había crecido un 19,04 por ciento, en 2009 frenó hasta el 4,57 por ciento, pero en 2010 la subida fue del 11,84 por ciento y, en 2011, registró un aumento del 11,84 por ciento. Entre marzo de 2011 y marzo de 2012 se amplió un 4,92 por ciento.
   Ahora se registra un primer descenso poblacional al comparar el primer trimestre del año con la recta final de 2011, cuando figuraban en las estadísticas oficiales 8.562 personas más de esta nacionalidad, principalmente por la salida de hombres, que a 31 de marzo eran un 1,3 por ciento menos que a penas tres meses antes.
   La rumana no es la única comunidad que ha registrado descensos. La búlgara, que comparte restricciones al mercado laboral, se redujo un 1,62 por ciento en el primer trimestre del año hasta los 172.565 habitantes; la portuguesa cayó un 1,74% interanual y cuenta con 127.852 y los polacos también son menos, con una reducción interanual del 4,25 por ciento, una caída del 1,23 por ciento en el primer trimestre y un total de 83.543 ciudadanos.
   Entre las principales nacionalidades no comunitarias sólo se han producido descensos entre ecuatorianos y colombianos. Los primeros, que suman 371.526 personas y son el 13,6 por ciento de los inmigrantes, vieron reducirse su población con permiso de residencia en un 0,24 por ciento en el primer trimestre y en un 2,46 en comparación con 2011. Los colombianos, que a 31 de marzo ascendían a 224.158 y son el 8,21 por ciento de la extranjería, perdieron un 1,44%.
   De hecho, cinco de las quince nacionalidades no comunitarias más numerosas han registrado incrementos durante este periodo, especialmente la marroquí, segunda comunidad extranjera más grande de España, que tiene 813.835 ciudadanos inscritos, el 29,81 por ciento del total. En el primer trimestre del año creció un 1,51 por ciento y, en comparación con 2011, aumentó un 4,7 por ciento (36.557 personas más).
   Otras cuatro de las quince nacionalidades más numerosas vieron aumentar su población durante el inicio del año: Paraguay, Pakistán, Bolivia, Senegal y Filipinas, que crecieron por encima del 2%. En perspectiva interanual, destaca el aumento de la comunidad boliviana, que creció un 12,44 por ciento (16.205 personas más); la china, con un 6,06%  (9.733 personas más); la paquistaní, con un aumento del 16,02% (8.720) y la paraguaya, que aumentó un 24,87 por ciento (7.415 ciudadanos más).

El presidente del TSJA pide 94 nuevos jueces y "reorganizar" los partidos judiciales andaluces

SEVILLA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha reclamado este martes la creación de 94 nuevas plazas de juez en la región andaluza ante la gran carga de trabajo existente y ha apostado por "reorganizar" los partidos judiciales, creando "agrupaciones territoriales más amplias" que conjuguen "la cercanía con la eficacia" de la Justicia. 

   Durante su intervención en Sevilla en la Comisión de Justicia e Interior para presentar la memoria anual del Alto Tribunal andaluz correspondiente a 2011, Lorenzo del Río ha considerado "necesario" revisar el concepto de Juzgado, ya que España se sitúa por encima de la media europea en cuanto al número de juzgados por cada 100.000 habitantes, con más de cuatro.
   "No se trata de crear más órganos sino de incrementar el número de jueces --España se sitúa por debajo de la media europea en número de jueces por 100.000 habitantes--, estudiar las demarcaciones judiciales y revisar los partidos" de cara a desarrollar una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, ha dicho el presidente del TSJA durante su intervención parlamentaria.
   En este punto, ha revelado que muchos alcaldes andaluces se han dirigido al TSJA "preocupados" por la reorganización de los partidos judiciales propuesta por el Consejo General del Poder Judicial. "No debemos tener miedo a estudiar esta materia, pero con sosiego", ya que la actual Ley de Planta judicial "es de 1988, y estaba adaptada a una realidad que no es la actual".
   Por ese motivo, a su juicio, "es bueno estudiar la nueva reorganización territorial", siempre con un equilibrio "entre la cercanía al justiciable y la optimización de los recursos", por lo que ha adelantado que la Sala de Gobierno del TSJA redactará el próximo mes de julio un informe sobre este tema bajo el prisma de "crear agrupaciones más amplias, puede ser coherente estudiar y ver qué agrupaciones judiciales se pueden concentrar".
   Asimismo, y durante su intervención en la Comisión de Justicia e Interior, Del Río ha lamentado que la situación de la Justicia en la comunidad autónoma andaluza "no es nada satisfactoria", ya que, según ha añadido, sigue presentando, al igual que en 2010, "un alto porcentaje de litigiosidad y una tasa de ingresos de asuntos demasiado elevada".
   "No nos aproximamos a la meta del rendimiento óptimo de la Justicia, tenemos derecho a una Justicia en un plazo razonable, pero estamos muy alejados de resolver ésto", ha subrayado el presidente del Alto Tribunal andaluz, quien ha achacado esta situación a varios factores, entre ellos la falta de aumento de las plazas judiciales. "La distorsión en materia de recursos personales da lugar a colapsos estructurales", ha sentenciado.
   Tras incidir en que "el mayor estigma" de la Justicia "es su lentitud, la duración de los procesos", Lorenzo del Río ha opinado que el actual sistema organizativo "no es sostenible e impide una Justicia de mayor calidad", motivo por el que hay que acometer "cambios organizativos y estructurales profundos" para conseguir una Justicia "ágil y de calidad, que es un valor económico" en una situación como la actual.
   En esta línea, Del Río ha demandado, además de una transformación organizativa y el desarrollo de una nueva oficina judicial que tenga "como avanzadilla" al servicio común de ejecutorias, una transformación tecnológica --"seguimos obsesionados con el papel, hay que ir a la Administración de Justicia digital"-- y la "racionalización" del volumen de entrada de asuntos.
   Así, el presidente del TSJA ha apostado por el establecimiento de una serie de tasas "disuasorias" y ha querido diferenciar éstas del copago, que "son cosas muy distintas". 
"Cuando un ciudadano se hace el carné de conducir, el DNI o el permiso de trabajo, se le pide una tasa, pero pedir el Libro de Familia o la certificación de nacimiento es gratis, cuando eso tiene un coste", ha precisado.
   "Esta pequeña tasa no obstaculizaría el acceso a la Justicia", ha opinado Lorenzo del Río, quien, a continuación, ha analizado la tasa de litigiosidad y el nivel de pendencia por jurisdicción, así como la incidencia de la crisis económica en los órganos judiciales y en los desahucios --4.900 pendientes en los juzgados andaluces--, concursos de acreedores o despidos. "Se trata de un problema social que tiene incidencia judicial"
   Tras finalizar su intervención, ha tomado la palabra la parlamentaria de IULV-CA Alba Doblas Miranda, quien ha diferido con Del Río, no en las preocupaciones detectadas, pero sí en las soluciones propuestas, aseverando que "hablar de Justicia y no de lo que sucede con miles de ciudadanos es un error", punto en el que se ha referido a los desahucios concretos de varias familias "por entidades bancarias".
   "Hay un poder, la banca, que no emana del pueblo y al que le regalan millones", ha añadido, abogando por que "se admita la dación en pago" para paliar "este drama humano", punto en el que ha pedido a los jueces "que bajen del estrado" y se enfrenten a este tipo de problemas. "Curiosamente, los plazos en los desahucios, subastas y embargos sí se cumplen", ha lamentado.
   A su juicio, "el mal endémico de la Justicia está en la desigualdad social", señalando que "otro drama social y humano son los despidos". La Justicia "está dejando absolutamente indefenso a los trabajadores; mientras el pueblo paga el rescate a la banca, esta desahucia al pueblo", ha concluido.
  De su lado, la parlamentaria del PSOE Nieves Masegosa Martos ha coincidido con su antecesora en el uso de la palabra en apostar por que "todos los grupos políticos trabajemos y apostemos porque la dación en pago sea aceptada y se convierta en una realidad".
   Asimismo, ha abogado "por trabajar mucho por la Justicia", para lo que "es fundamental el espíritu de autocrítica", y por la transformación tecnológica, organizativa y funcional de la Administración de Justicia, así como por "dimensionar y racionalizar" el volumen de entrada de asuntos.
   Sobre la tasa "disuasoria" aludida por el presidente del TSJA, la parlamentaria socialista ha lamentado que "podría llevar a un copago encubierto".
   Por último, el parlamentario del PP Juan Ramón Ferreira Siles ha considerado que la situación actual "es insostenible", por lo que ha opinado que el documento presentado por Lorenzo del Río "tiene que marcar el camino", lamentando que "se parece mucho al del año pasado, y eso denota que las carencias y objetivos siguen siendo los mismos; hemos avanzado poco".
   Asimismo, ha considerado "imprescindible" dar tiempo al nuevo consejero del ramo, Emilio de Llera, de manera que "tenga la oportunidad de desarrollar su proyecto con una continuidad mínimanente razonable", lo que hasta el momento "no ha pasado".
 "Es imprescindible dar tiempo a los equipos y proyectos dotándolos de un horizonte temporal razonable", ha añadido.
   Lorenzo del Río, de su lado, ha asegurado que los jueces "son conscientes de que gestionan situaciones de crisis de los ciudadanos", pero "en determinados momentos tendrán que aplicar la Ley, pues si se negaran a desahuciar, se diría que se incumple" la labor judicial. "No estamos fuera de la realidad y no somos ajenos a los dramas sociales", ha concluido.

Equo exige a Junta y Gobierno medidas de disciplina urbanística en El Algarrobico para derribar el hotel

ALMERÍA.- Equo Andalucía ha exigido este martes a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que ponga en marcha medidas de disciplina urbanística en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya señalado, en el fallo en el que restablece la zona como espacio protegido no urbanizable, que podría ser aplicable en este caso el artículo 38.1 del Real Decreto 1/92 que contempla la demolición del inmueble sin indemnización a la promotora.

   En una nota, el coportavoz de Equo Esteban de Manuel ha recordado que el Tribunal Supremo ya ha determinado en firme que el establecimiento de Azata del Sol viola la Ley de Costas y ha indicado que su "inmediato" derribo era uno de los puntos "más importantes" del pacto de gobierno de PSOE-A e IULV-CA para formar gobierno.
   En esta línea, ha señalado que la recuperación de la playa y la demolición del hotel "puede servir como ejemplo de reconversión de estructuras obsoletas e inviables en fuentes generadoras de empleo y usos sostenibles" en alusión a la propuesta elaborada por N'Undo y Greenpeace. "Estamos a tiempo de que este hotel se convierta o en una vergüenza nacional legado de políticas obsoletas y de burbujas inmobiliarias, o que se convierta en un símbolo del no todo vale en la costa", ha trasladado De Manuel.
   Por su parte, la coportavoz de Equo Andalucía Mar Salas ha destacado que el hotel de El Algarrobico se ha convertido en el "buque de la lucha "contra la destrucción de la costa ya que su localización en la puerta del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar "lo convierte en uno de los mayores escándalos urbanístico".
 "Este modelo de turismo salvaje no es sostenible, solo hay que ver en la zona como las infraestructuras hoteleras están cerradas la mayor parte del año no generando actividad turística", ha concluido.

Andalucía aprueba su plan de ajuste que ya se aplicará en julio

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto-ley que recoge su plan de ajuste económico-financiero para el periodo 2012-2014, que entrará en vigor "de forma inmediata" y se aplicará en las próximas nóminas que se abonen en el mes de julio, según ha avanzado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

   En rueda de prensa al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Martínez Aguayo ha puesto el acento en que este plan de ajuste, que la Junta quiere que se tramite en el Parlamento como proyecto de Ley,  opta por "repartir trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad" con el objetivo de "mantener el máximo empleo sin privatizar servicios públicos".
   Según la titular de Hacienda, la Junta "acata por responsabilidad" las exigencias del Ejecutivo central aunque mantiene un "profundo desacuerdo" con los criterios relativos a la fijación del objetivo de déficit, si bien ha querido dejar claro que la Junta va a realizar un "importante esfuerzo" para cumplir los objetivos de estabilidad fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el conjunto de las comunidades autónomas.
 
IU apoya por responsabilidad
 
La dirección de IULV-CA ha difundido un boletín informativo en el que justifica su apoyo al plan de ajuste que aprueba este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "por responsabilidad", aunque admite que tiene la "tentación" de declararse "insumiso", y destaca que su "esfuerzo" ha permitido introducir "algunas mejoras" como que la reducción salarial no afecte a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos o que la reducción de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente.    En dicho boletín, IULV-CA señala en primer lugar que "no es responsable" de los ajustes que recoge este plan, "que corresponden al Presupuesto de 2012, previamente rechazado por IU", y responsabiliza al Gobierno de Mariano Rajoy de la necesidad de aplicar estas medidas tras el "brutal recorte que han supuesto sus políticas para Andalucía en su financiación, especialmente en los fondos destinados a políticas sociales (sanidad, educación y dependencia) y a la inversión pública".
   "Andalucía sufre una doble intervención: la que corresponde al conjunto del Estado y la intervención que recibe de manera específica del Gobierno Rajoy, que ha profundizado en unas recetas económicas que no sirven para nada", añade la federación de izquierdas, que apunta que, "ante esta situación, en IU tenemos la tentación de declararnos insumisos, y lo haríamos si eso resolviese el problema, un problema que hay que describir gráficamente como situación de cajas vacías en una Andalucía doblemente intervenida".
   En este sentido, IULV-CA señala que "podríamos entregar la llave e irnos, pero por responsabilidad seguimos, al menos de momento, porque irnos significa que venga la derecha, por una vía o por otra, y eso conduce a lo mismo", ya que se muestra convencida de que "la derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos, hoy muy fáciles de realizar gracias a la reforma laboral del señor Rajoy, y privatizaciones a todos los niveles", algo que, según subraya, "supera para IU los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto".
   Tras subrayar que "aquí no hay un recorte impulsado por la Junta, sino un único recorte que viene desde el Gobierno del PP", la federación de izquierdas pone en valor su trabajo para "propiciar el diálogo para conseguir mejoras en las propuestas iniciales del plan de ajuste financiero" con el objetivo de que "su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales".
   Entre dichas mejoras, IULV-CA cita que la reducción salarial no afecte a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos; que la reducción de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente; que "no habrá privatizaciones de servicios ni de empresas públicas" ni tampoco "despidos en la administración autonómica"; que se reduzca el sueldo de los altos cargos en un 7,5 por ciento frente al 5 por ciento inicial; y que se recoja el compromiso de "reponer la merma en sus salarios a todos los trabajadores afectados en el horizonte de diciembre de 2013.
   "Como el plan de ajuste se tramita en el Parlamento andaluz como proyecto de Ley, en el debate parlamentario todavía habrá posibilidades de introducir algunas enmiendas que mejoren su contenido, siempre desde la perspectiva del no a los despidos, a las privatizaciones y al recorte de servicios fundamentales. Esa es la voluntad y el compromiso de IULV-CA", concluye el boletín informativo.

Paradores se plantea cierres "parciales" de establecimientos

MADRID.- La presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, ha descartado este martes que se estén estudiando cierres "totales" de algunos establecimientos de la cadena hotelera pública integrada por 93 paradores, sino cierres "parciales" en los que se contempla la posibilidad de eliminar o reducir algunos servicios de restauración.

    Alarcó se ha mostrado "sorprendida" ante la decisión de los trabajadores de concentrarse cuando ambas partes estaban sentadas en una mesa de negociación, a la vez que ha solicitado a los empleados que expliquen qué puntos quieren cambiar dentro del convenio.
     "La empresa lo que busca son reducciones de costes a través de la flexibilidad y nunca reducciones de plantilla ni salariales", ha subrayado la presidenta de la cadena pública hotelera.
   Del mismo modo, ha apelado a los trabajadores al diálogo al considerar que aún hay aspectos de la negociación que se pueden "cambiar" o "añadir", recalcando que muchos de los empleados ya han mostrado su interés ante las medidas de flexibilización planteadas por la empresa.
   "Una concentración en la calle no es manera, es levantarse de la mesa y es lo que no entendemos", ha asegurado, para después insistir en que los planes de viabilidad de cada establecimiento aún no están cerrados.
   Alarcó ha recibido a los representantes de los trabajadores en las oficinas centrales de Paradores ante la voluntad de éstos de hacerle entrega de una carta en la que le solicitan que dé a conocer el plan de austeridad que la empresa pública tiene pensado llevar a cabo.
   La presidenta, que ha firmado el recibí de la misiva, ha mostrado a los empleados su voluntad de dialogar en favor de sus derechos, mientras que los trabajadores han señalado que comprenden la difícil situación que atraviesa la compañía.
   Paradores no atraviesa por un buen momento, tras acumular un déficit de 110 millones de euros en 2011. Actualmente, de la red de Paradores, que cuenta con 93 establecimientos, 23 de ellos presentaron pérdidas durante el último ejercicio, un 25% del total.
   Para 2012, se prevén unas pérdidas por valor de 25,5 millones de euros, según figura en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno.
   No obstante, a finales de mayo Alarcó estimó que la compañía pública volvería a beneficios "en tres años", a la vez que negó interés por parte de inversores privados al considerar que con tales pérdidas la empresa "no vale nada" en la actualidad.
En Almería cuenta con un establecimiento en Mojácar playa.

Dimite más de la mitad de la Ejecutiva de JJSS de Almería

ALMERÍA.- La Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas de Almería (JSA) ha sido disuelta y en su lugar será nombrada de forma temporal una gestora. La dimisión de ocho de sus miembros, que supera a la mitad más uno del total, ha forzado esta situación, llevada a cabo por el descontento con la gestión de la secretaria general, Rocío Úbeda, y que supone un reflejo de lo ocurrido hace un año en el PSOE de Almería, cuando el secretario general Diego Asensio se vio obligado a renunciar por el mismo motivo.

El ya ex secretario de Organización, José Manuel Fernández, y uno de los futuros aspirantes a secretario general de JSA, explica que los dimisionarios han actuado de esta forma porque entendían que la Agrupación Provincial “no llevaba a cabo sus tareas, no esta trabajando, no había buen rollo ni labor de oposición, ni eramos líderes de la juventud”, lo que había generado, dice, una situación “insostenible”.
Fernández señala que se habían producido varios intentos de negociación con Úbeda para llegar a una salida pacífica y llegar al Congreso de la mejor manera posible, pero “Rocío ha roto la cohesión, los acuerdos y ha hecho lo que le han venido en gana; por eso hemos renunciado y puestos nuestros cargos y responsabilidades a disposición de los órganos superiores”.
En este sentido, el ex secretario de Organización lamenta la imagen que se pueda dar de cara a la sociedad, pero pide respeto ya que “cuando dimite más de la mitad de la Ejecutiva, es síntoma de que las cosas no van bien; Rocío no puede decir que tiene el apoyo de la mayoría de la provincia, ya que es falso y ha quedado demostrado”.
El ya exsecretario de Organización de JSA en Almería José Manuel González, ha explicado que la disolución de este órgano que se hizo efectiva este lunes después de que la mayoría de sus miembros dimitiera en bloque el pasado sábado no afectará a los futuros procesos congresuales del PSOE, ya que la elección de delegados para el congreso provincial ordinario se había determinado con anterioridad.
   De esta forma, González ha tachado de "insostenible" la situación en la que se encontraba la ejecutiva provincial de JSA, debido a que "no se estaba trabajando" y se había "dejado atrás los objetivos prioritarios" de la organización; unos problemas que por otra parte se "mezclaron" con "problemas personales" entre sus componentes.
Con esto, el exsecretario de Organización ha puesto de manifiesto también el "descontento" de varias agrupaciones locales al entender que por parte de Úbeda se habían "priorizado otros intereses" frente a los objetivos marcados, lo que llevó a los miembros de la ejecutiva a abrir un diálogo con la secretaria provincial y miembro de la ejecutiva federal, con quien ha sido "imposible" de culminar en un acuerdo.
   "Ella siguió saltándose a la torera los acuerdos pactados y entendíamos que era insostenible", ha dicho González, quien presentó su dimisión junto con otros secretarios provinciales de distintas áreas en la ejecutiva como Juan Luis Montoya, Kevin López, Marta Rodríguez, Fabiola Rodríguez, Ana Gutiérrez y Mario Alcocer, así como la ya expresidenta provincial Soledad Martínez.
   En cualquier caso, González ha negado "presiones" y disputas internas entre Martínez y Úbeda, así como cualquier tipo de influencia de la coordinadora provincial de IAJ y miembros del comité federal de Juventudes Socialistas, Anabel Mateos, para quienes ha pedido "respeto".
Fernández espera que JSA salga reforzada de la gestora, y asegura que la organización no se quedará fuera de los procesos orgánicos del partido, puesto que ya se han elegido a los representantes que participarán en los mismos.
Por otro lado, Fernández ha confirmado que tiene la intención de presentar su candidatura a secretario general de JSA, y asegura que cuenta con el respaldo de “buena parte de las agrupaciones locales, de las personas que han dimitido y de los secretarios generales de las agrupaciones”.

El 90% de los españoles cuestiona la credibilidad de la banca española

MADRID.- Nueve de cada diez españoles percibe "dudas o nula credibilidad" procedente las entidades financieras españolas, lo que sitúa al sector como el segundo peor valorado por los ciudadanos, según un estudio elaborado por la empresas de investigación de mercados Random. 
   El informe, denominado 'Credibilidad de la banca española' extraído a partir del estudio 'Compañías creíbles 2011', apunta además que esta imagen deteriorada de la banca española seguirá minándose al calor del rescate y las indemnizaciones de algunos de los directivos.
   En concreto, los consumidores españoles valoran la credibilidad de la banca con una nota media que no llega al aprobado --un promedio de 3,6 en una escala de valoración de 1 a 7 puntos. Así pues, el sector financiero ocupa el segundo peor lugar del ránking entre los cinco sectores analizados, tan solo por delante de las compañías de telefonía.
   El estudio atribuye esta caída de la credibilidad a que los ciudadanos dudan del "saber hacer" de estas compañías y del "grado de confianza que transmiten" a través de su comunicación y publicidad, red de oficinas y relaciones con los clientes.

Rubalcaba pide comparecencias de políticos y banqueros tras el rescate bancario

MADRID.-   El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido que políticos y banqueros comparezcan para explicar qué ha pasado para que España haya tenido que reclamar un rescate de su sistema financiero. "Y que cada palo aguante su vela. Yo estoy dispuesto a asumir el mío. Ojalá todo el mundo haga lo mismo", ha escrito en su cuenta de Twitter.

   Rubalcaba ha he hecho estos comentarios en esta red social al término de la primera reunión de la comisión de seguimiento de la situación económica que ha creado el PSOE. "Quiero que comparezcan los políticos, los gestores, los banqueros y que expliquen a la ciudadanía lo que pasó", ha explicado antes de abogar por que "cada palo aguante su vela".
   La Ejecutiva Federal del PSOE ha constituido esta tarde la comisión de seguimiento de la situación económica, que ha celebrado en Ferraz una primera reunión en la que se ha insistido en la necesidad de impulsar políticas de crecimiento. Además, se ha abordado posibles medidas para ayudar a los afectados por las participaciones preferentes de los bancos.
   Bajo la presidencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, la comisión ha estudiado la situación de España tras el rescate de la banca española, poniendo el foco en las tensiones de los mercados de deuda.
   Esta primera reunión también ha servido para analizar las propuestas que el PSOE defiende que deberían adoptarse tanto en la cumbre del G-20 como en el próximo Consejo Europeo. Según ha informado el PSOE, la comisión ha insistido en "la necesidad de desarrollar una política para el crecimiento y el empleo, como se recoge en la enmienda de adición al proyecto de ley sobre el Tratado de Estabilidad, que este jueves se verá en el Congreso".
   En la reunión se ha acordado que este órgano efectúe un seguimiento diario de la coyuntura económica, dada la gravedad de la situación, y que mantenga una reunión semanal. En el encuentro de hoy también se han abordado posibles medidas para los afectados por las participaciones preferentes emitidas por los bancos.

España y resto de productores de aceite de oliva tienen semanas para enmendar el plan de Bruselas

LUXEMBURGO.- España y los otros siete países productores de aceite de oliva de la Unión Europea podrán proponer "en las próximas semanas" sus ideas y "mejoras" al plan de acción a medio y largo plazo que la Comisión Europea plantea para apoyar al olivar ante la caída de los precios, que afecta especialmente a los productores españoles. El objetivo es que la versión definitiva del plan esté lista el próximo mes de julio.

   Así lo ha indicado en rueda de prensa en Luxemburgo el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, que este lunes ha propuesto al ministro español, Miguel Arias Cañete, y a sus colegas de Portugal, Italia, Francia, Grecia, Eslovenia, Malta y Chipre, un programa concreto de medidas para mejorar la calidad y promoción del aceite de oliva europeo y reforzar su competitividad.
   Fuentes comunitarias han explicado que el comisario ha concedido a los ministros que el problema del olivar no se limita a circunstancias coyunturales y que el problema se debe a un desequilibrio "estructural", por lo que las ayudas al almacenamiento privado activadas hasta en tres ocasiones este año no han tenido el efecto esperado de recuperación de los precios.
   Así las cosas, el plan de acción ideado por el Ejecutivo comunitario se centra en cinco ejes: calidad y control, reestructuración del sector, estructura de la filial, promoción y competencia con los países terceros.
   En materia de calidad, Bruselas apuesta por "reforzar los controles y las sanciones para combatir y desincentivar el fraude, en especial con la mezcla de distintas categorías" y por impulsar a nivel internacional la adopción de parámetros de calidad "más estrictos".
   Las nuevas tecnologías permiten detectar los aceites calificados "ilícitamente" como virgen, un fraude que afecta en especial a los productores de calidad porque es competencia desleal y que es una "trampa" hacia los consumidores, ha señalado Ciolos en rueda de prensa.
   El comisario plantea otras iniciativas como mejorar el etiquetado del aceite para que los consumidores tengan una mejor información y para "poner en valor" su calidad, pero también pide a los gobiernos y a la  industria que "reflexionen" sobre una posible nueva clasificación más clara en cuanto a las distintas calidades, porque más allá del aceite virgen y virgen extra, el resto queda englobado en un abanico "muy amplio, con un poco de todo, incluidas las mezclas".
   Otra idea tiene en cuenta el desequilibrio de fuerzas en la cadena de suministro y anima a concentrar la oferta de productores y transformadores para "aumentar el poder de negociación" con la gran distribución. Para ello, Ciolos plantea usar los fondos de desarrollo rural para apoyar medidas que favorezcan el reequilibrio, por ejemplo, favoreciendo los apoyos a quienes se unan en "inversiones colectivas".
   Al término del consejo de Agricultura en cuyos márgenes ha tenido la lugar la reunión sobre el olivar, el comisario ha dicho a la prensa que sus ideas han sido "bien recibidas" por los Estados miembros afectados, y que en las próximas semanas éstos podrán presentar sus "mejoras".

Sanitarios se encierran 24 horas en dos hospitales almerienses

SEVILLA.- Delegados sindicales de SATSE, FASPI y USAE, así como profesionales médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y técnicos del ramo mantienen desde las 12,00 horas de este lunes una encierro de 24 horas en 14 hospitales de la comunidad en protesta por los recortes contemplados en el plan de ajuste, que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

   Por ello, el secretario general de SATSE-Andalucía, Francisco Muñoz, ha explicado en declaraciones a Europa Press que esta nueva medida de protesta se ha planteado "a modo de vigilia y llamada de atención al Gobierno por la merma irreversible que supondrá para la sanidad pública".
   En concreto, ha detallado que los encierros, en los que se están llevando a cabo asambleas de trabajadores que se van incorporado al mismo, se están produciendo en los hall de los principales hospitales de Torrecárdenas y de Huércal-Overa, en Almería;  Puerta del Mar, Jerez y Punta Europa, en Cádiz; Reina Sofía en Córdoba; Virgen de las Nieves, San Cecilio y Motril, en Granada; Juan Ramón Jiménez en Huelva; Ciudad de Jaén; Carlos Haya y Virgen de la Victoria, en Málaga; y Virgen del Rocío de Sevilla.
   Muñoz, que ha calificado de "pantomima" la mesa de la función pública celebrada el pasado viernes, ha confiado en que el Consejo de Gobierno de mañana martes, "donde no está solo la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo", reconsidere los recortes contemplados para el ámbito sanitario, un estamento "que está muy controlado a la hora de acceder a un puesto de trabajo, ya sea fijo o eventual".
   "No queremos que se reduzca el empleo en la administración pública, pero nuestro sector (el sanitario) está muy estructurado e, inclusive, hasta el personal interino que accede a un puesto de trabajo lo hace mediante una bolsa de trabajo muy regulada donde no cabe el 'enchufismo'", ha valorado este dirigente.
   En cuanto a los sueldos de los trabajadores sanitarios, ha reiterado que es "especialmente gravísimo" el recorte de las nóminas complementarias de los sanitarios, que retribuyen la penosidad del trabajo a turnos, las 24 horas del día y los 365 días al año, y que pueden representar "alrededor del 20 por ciento de las retribuciones de los trabajadores contratados".
   Respecto a la presumible aprobación del plan de ajuste andaluz, Muñoz ya ha avisado de que, "si un gobierno se mantiene en legislar en contra de sus trabajadores, desde nuestro sindicato puede decir que desde mañana empezaríamos a trabajar y centrar todos nuestros esfuerzos en contra de ese gobierno".
   Respecto al plan de vacaciones de los centros sanitarios de la comunidad, del que Salud informó en la tarde noche del pasado viernes, el máximo responsable del sindicato de enfermeros andaluces ha ironizado ante el hecho de que "desde la Junta digan que se van a invertir 20 millones en reformas", calificando tal anuncio de "burla hacia los andaluces, ya que el plan de vacaciones con el cierre de un 45 por ciento de centros en horario de tarde es en sí un plan de ajuste".

España celebra el plan de acción para el olivar

BRUSELAS.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente español, Miguel Arias Cañete, ha reclamado este lunes a Bruselas que el plan de acción que prepara para apoyar al sector del olivar incluya "mejoras estructurales de comercialización" y ha rechazado que las dificultades que afrontan los agricultores por la caída de los precios se deba a un exceso de producción, tal y como ha apuntado el comisario competente, Dacian Ciolos.

El Ejecutivo comunitario espera que España y el resto de países productores de aceite de oliva en la Unión Europea examinen el documento de trabajo y presenten sus enmiendas en las próximas semanas, con el objetivo de fijar el programa definitivo en julio. El Gobierno presentará "en el mínimo plazo posible" su respuesta a la iniciativa, han indicado hoy fuentes del Ministerio.
Ciolos ha presentado a Arias Cañete y a sus colegas de Portugal, Italia, Francia, Grecia, Eslovenia, Malta y Chipre, un programa concreto de medidas para mejorar la calidad y promoción del aceite de oliva europeo y reforzar su competitividad.
El documento ofrece un diagnóstico de la situación del sector y plantea soluciones basadas en cinco ejes: calidad y control, reestructuración del sector, estructura de la filial, promoción y competencia con los países terceros.
Fuentes del Ministerio que dirige Arias Cañete destacan la "sensibilidad" del comisario al presentar un documento mes y medio después de visitar Andalucía y conocer de primera mano los problemas del sector.
En la reunión en Luxemburgo de Ciolos con las ocho delegaciones afectadas, España ha subrayado que el problema del olivar no se debe a un "exceso de producción", tal y como ha apuntado el comisario, sino de la "necesidad de mejores estructuras de comercialización" en el mercado de la UE y a escala internacional.
La Unión Europea es líder mundial en la producción de aceite de oliva y España es el principal productor dentro del mercado comunitario. En materia de calidad, Bruselas apuesta por "reforzar los controles y las sanciones para combatir y desincentivar el fraude, en especial con la mezcla de distintas categorías" y por impulsar a nivel internacional la adopción de parámetros de calidad "más estrictos".
Las nuevas tecnologías permiten detectar los aceites calificados "ilícitamente" como virgen, un fraude que afecta en especial a los productores de calidad porque es competencia desleal y que es una "trampa" hacia los consumidores, según ha dicho Ciolos en rueda de prensa.
Por su parte, España aboga por mejorar los métodos utilizados para examinar la situación del sector, con análisis "más objetivos y precisos", que se pongan en práctica de manera uniforme en toda la Unión Europea para detectar los fraudes.
La delegación española, además, coinciden con Bruselas en permitir que los productores puedan establecer alianzas en sus relaciones con la gran distribución para reforzar su posición y ganar fuerza en la negociación de precios.
Tras meses de presión liderada por España, el Ejecutivo comunitario admite en su informe que la producción comunitaria de aceite de oliva registra desde hace tiempo una "baja rentabilidad" y achaca los bajos precios fundamentalmente a una oferta "excedentaria" y a un "fuerte desequilibrio" de poder dentro de la filial, según han indicado fuentes comunitarias.
En el caso de España, principal productor y también el más afectado por la caída de precios, los precios de las calidades virgen y virgen extra están por debajo del precio mínimo que fija la Unión Europea para activar mecanismos de intervención como, por ejemplo, las ayudas al almacenamiento privado. De hecho, en lo que va de año, Bruselas ha lanzado tres licitaciones para estas ayudas y los agricultores españoles han sido los beneficiarios.