martes, 19 de junio de 2012

La Diputación instará a IU a pedir a la Consejería de Fomento una subvención para carriles bici en carreteras

ALMERÍA.- El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y portavoz del equipo de gobierno, Javier Aureliano García (PP), ha señalado este martes que instarán al diputado provincial de IU, Juan Pablo Yakubiuk, a "crear y pedir una propuesta de pleno" para "pedir a la Consejería de Fomento, que pertenece a IU, que nos dé una subvención para hacer carriles bici en las carreteras provinciales". 

   Así se ha mostrado ante la propuesta registrada por Yakubiuk en la institución provincial para solicitar la adecuación de la carretera AL-3117 como vía de preferencia turística para uso ciclista, ya que "se ha convertido en una de las vías preferidas por los ciclistas deportivos para realizar sus trayectos".
   García, quien ha calificado de "buena idea" dicha propuesta, ha señalado que, no obstante, la "prioridad" en la diputación provincial es "arreglar carreteras que están intransitables". 
"Nosotros estamos dispuestas a ver la posiblidad que tiene la Diputación para hacer esos carriles bici", ha dicho García insistir en que la "prioridad" es reparar vías de difícil tránsito.
   Por otra parte, el portavoz ha anunciado que la junta de gobierno ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones para la contratación de promotores deportivos para el año 2012, de forma que se van a repartir entre 50 municipios menores de 5.000 habitantes un total de 125.000 euros.
   El pasado 21 de febrero se dio 'luz verde' a la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales de hasta 5.000 habitantes para la contratación de este personal para dinamizar la actividad cultural en los municipios. El objeto de la convocatoria es la colaboración económica con la finalidad de contribuir a la mejora del desarrollo de las programaciones deportivos de los municipios, poniendo a su servicio los recursos humanos necesarios para el asesoramiento y gestión de sus intereses deportivos.

El PP de Almería aportará al congreso regional del partido un total de 190 compromisarios

ALMERÍA.-   El PP de Almería aportará 190 compromisarios al Congreso Regional del PP-A, que se celebrará entre el 13 y 15 julio en Granada y en el que se elegirá a la nueva dirección regional de la formación, de forma que este miércoles tendrá lugar el comité ejecutivo provincial en el que se aprobará la distribución de dichos compromisarios para que las asambleas locales puedan determinar a sus representantes mediante votación. 

   Así lo ha explicado este martes el secretario provincial del PP de Almería, Javier Aureliano García, quien ha detallado que la elección de esos compromisarios tendrá lugar el 2 de julio entre las 17,00 y las 20,00 horas mediante la colocación de urnas en las sedes de las juntas locales del PP en la provincia.
   Igualmente, García se ha congratulado del papel que tendrán los miembros 'populares' almerienses en el próximo congreso, ya que contará con tres personas de esta provincia en el comité organizador entre quienes se encuentran la portavoz del PP-A, Rosario Soto, y el propio García. Asimismo, el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, participará en la ponencia de Organización, una de las dos que se debatirán durante el cónclave.
   "La segunda ponencia será de estrategia política, donde también participarán muchos almerienses para expresar sus ideas y decir por dónde tiene que ir políticamente el partido dentro del centro reformista que nos caracteriza", ha dicho el secretario del PP de Almería, quien se ha mostrado convencido de que del congreso saldrá un partido "fuerte y unido" que "va a dar la victoria y va a poder gobernar la Junta en las próximas elecciones autonómicas".

Chamizo, a los diputados: "La gente está hasta el gorro" de la "pelea" política

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo en funciones, José Chamizo, ha presentado este martes ante la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones del Parlamento de Andalucía el informe anual correspondiente a la gestión de la Institución durante 2011, una intervención en la que ha instado a los parlamentarios "a resolver los problemas del personal", y dejar de lado "la pelea" política. "Hay que hacer un ejercicio de buena voluntad y avanzar para resolver los problemas del personal, pues la vida se nos va a veces en la pelea, y la gente está muy enfadada, hasta el gorro de todos ustedes", ha afirmado.  

   Según ha expuesto el Defensor en su comparecencia parlamentaria, Chamizo ha informado de que en 2011 se han desarrollado 6.303 quejas nuevas, que han bajado respecto a 2010, con un total de 6.620. Además, ha habido un total de 8.575 consultas en las más diversas cuestiones. Las quejas, ha indicado Chamizo, se han centrado en materias como educación (881 quejas), medio ambiente (531), y servicios sociales y dependencias (461), a las que se han unido aquellas del personal del sector público. Asimismo, en 2011 se han iniciado 261 actuaciones adoptadas por iniciativa de la Institución a través de quejas de oficio, "centradas en educación, problemas de menores o accidentes laborales", ha afirmado.
   Chamizo ha destacado también el empleo "notorio" de nuevas tecnologías, con una "consolidación" de las vías electrónicas de formulación de quejas --un 38,7% de las recibidas--, del mismo modo que se obtienen datos de crecimiento exponencial de los contactos mantenidos a través del servicio de Internet. Además, ha subrayado la "vocación de diálogo" de la Defensoría, ampliando fórmulas de presencia como las videoconferencias y consultas en línea, al tiempo que ha resaltado el "importante" trabajo de la Oficina de Información.
   Además, Chamizo ha aludido a la realización de informes "especiales", como el dedicado a 'La intervención de la Junta de Andalucía en el sistema penitenciario', y el relativo a las Personas Mayores y las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Andalucía. Igualmente, el Defensor ha hecho hincapié en que los menores representan una "prioridad" para la Institución, con una atención "específica" ante sus problemas, que "se encuentra en el núcleo del informe anual que ya hemos entregado como Defensor del Menor", señala.
   Por otra parte, ha propuesto una lectura de la memoria a partir del elemento que explica muchas de estas actuaciones, la crisis, que "ha dejado su impronta en muchas de las actuaciones del Defensor", señala Chamizo, toda vez que alude a las actuaciones puestas en marcha, y que se recogen en el Informe, "para garantizar los derechos y las prestaciones a las personas afectadas", porque "estamos obligados a ofrecer algo más que palabras de consuelo cuando los ciudadanos acuden exponiendo su sufrimiento, con propuestas y alternativas concretas para paliar las consecuencias".
   Así, la sección primera de dicho informe se refiera a las propuestas que el Defensor ha venido promoviendo en relación con la vivienda, la asistencia social básica y el empleo. Sobre la vivienda, el Defensor pide la modificación de la Ley Hipotecaria, la dación en pago, o dar "preferencia al alquiler", porque "la gente necesita un hogar y no un patrimonio". Del mismo modo, en materia de servicios sociales, apuesta por sistemas de albergues, comedores sociales, o ayudas inmediatas de subsistencia". "Todas estas medidas se resumen en profundo rediseño en políticas asistenciales, y no encontramos un impulso normativo que viene siendo postergado desde hace años", lamenta.
   Además, el Defensor aboga por "una mejora" del servicio de asistencia jurídica a menores infractores, que "alcance una dimensión esencial en el ámbito penal ordinario", y una "mejora" de las actuaciones de las administraciones. En este sentido, y en relación con la vivienda, pone de relieve que "año tras año aumentan las denuncias por la desocupación de viviendas protegidas", ante lo que dice que "es intolerable que las administraciones públicas no inspeccionen eficazmente que los beneficiarios residan en ellas". Además, señala que la administración de justicia "necesita un revulsivo".
   Por último, el Defensor he hecho un resumen de la legislatura 2007-2012, en la que "han aumentado un 20% las quejas, con un 25,7% más de quejas atendidas", y "una atención evidente hacia los sectores sociales, personas con capacidades reducidas, inmigrantes, sectores marginados, con un impulso al desarrollo de los derechos sociales y sus garantías". Además, ha puesto de relieve la "presencia decidida" del Defensor para "ofrecer un servicio, y atender de inmediato puentes hacia la sociedad para permitir el acceso a la Institución", y todo ello "asumiendo con rigor hacer más o menos", y "trabajando en montar un sistema de gestión de calidad que sigue su proceso de implantación en toda la Institución".  
   "Son tiempos difíciles, pero la ciudadanía necesita confianza, ilusión para la esperanza de que el futuro será mejor", afirma Chamizo, quien dice que la sociedad "cuenta con un aliado en la defensa de sus derechos, porque es lo que venimos haciendo en todos estos años de crisis". Por último, ha afirmado que "garantizar las necesidades básicas de una población necesitada no está reñido con  la austeridad y el buen gobierno. PP-A "ECHA EL FALTA" EN EL INFORME EL ASUNTO DE LOS ERE
   Por su parte, la portavoz del PP-A, Rosalía Espinosa, tras agradecer la labor del Defensor, ha señalado que "lo bueno sería que ningún tema se quedar fuera", y por eso dice "haber echado en falta el asunto de los ERE, sobre el que se ha abierto una queja pero se ha cerrado inmediatamente", así como que el Defensor "no haya requerido" a su homólogo nacional "interponer un recurso de constitucionalidad por los funcionarios públicos andaluces", dos cuestiones a las que Chamizo ha respondido diciendo, sobre la primera, que en el tema de los ERE "todo está sub judice", y sobre la segunda ha defendido que "el recurso al Constitucional se le pasó al Defensor del Pueblo Español, y es ella la que ha decidido no presentar el recurso".
   La portavoz del PSOE-A, Cinta Castillo, ha dejado claro que su partido "va a seguir apoyando la labor de Chamizo y su equipo", y "ha llamado la atención" sobre la cantidad de quejas en educación. Además, ha señalado que a su formación, el informe "le va a servir para hacer una hoja de ruta y que nuestras iniciativas vayan en el sentido de lo que le importa a los andaluces". Por último, Castillo ha criticado la existencia en su equipo de un adjunto que "bajo el paraguas del cargo, creemos que hace mal uso libertad de expresión", un extremo ante el que Chamizo ha respondido que "respeta la libertad de expresión de cada uno", toda vez que manifiesta que "hay que evitar tanta politización". Además, ha recordado que "los adjuntos tiene que ser nombrados por el Defensor, y no se está haciendo", así que insta "a una revisión" de este asunto, y que el concepto adjunto "cambie a nivel jurídico".
   Por último, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, ha dejado claro que desde su partido "se apuesta por la Institución", y dice "no entender como la ola de desaparición del Defensor del Pueblo puede convertirse en una medida de ahorro". Además, asegura que la Defensoría "necesitaría un nuevo impulso", porque "con el prestigio que ha ido acumulando en Andalucía no debería ser un Pepito Grillo de la realidad. Por tanto, continúa, "nos gustaría que las orientaciones y resoluciones del Defensor tuvieran un mayor valor operativo, para que todos nos viéramos en la obligación de seguirlas e ir al pie de las mismas", un extremo del que Chamizo dice "es un tema a discutir", aunque reconoce que "su encaje legal no es fácil".

El número de rumanos en España se reduce por primera vez

MADRID.- El número de rumanos que viven en España con un permiso de residencia cayó por primera vez en el primer trimestre de este año, con una reducción que si bien está por debajo del uno por ciento, representa un cambio en la tendencia desde la incorporación de Rumanía a la Unión Europea, pues la comunidad afincada en España no había parado de crecer, con ritmos que llegaban a rozar el 20 por ciento.

   En total, al cabo del primer trimestre de este año se contaban en España 5,29 millones de extranjeros con permiso de residencia, 238.454 personas más que en el mismo periodo del año anterior (4,72%). De ellos, 2,7 millones son oriundos de países no europeos (51,58%) y 2,5 millones proceden de la Unión o son parientes de ciudadanos comunitarios (48,42%).
   En la actualidad, la rumana es la nacionalidad extranjera más numerosa en España, representa al 35,26 por ciento de todos los foráneos que viven en el país y cuenta con 903.964 ciudadanos registrados, conforme los datos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración actualizados a 31 de marzo de 2012.
   Aunque son ciudadanos europeos y, como tales, tienen libertad de circulación, en España tienen restringido el acceso al mercado laboral desde julio de 2010, cuando el Gobierno les impuso la obligatoriedad de contar con un permiso de residencia.
   La comunidad rumana siguió incrementándose durante los meses siguientes pese a la restricción, aunque a ritmos cada vez más bajos. Si en 2008 había crecido un 19,04 por ciento, en 2009 frenó hasta el 4,57 por ciento, pero en 2010 la subida fue del 11,84 por ciento y, en 2011, registró un aumento del 11,84 por ciento. Entre marzo de 2011 y marzo de 2012 se amplió un 4,92 por ciento.
   Ahora se registra un primer descenso poblacional al comparar el primer trimestre del año con la recta final de 2011, cuando figuraban en las estadísticas oficiales 8.562 personas más de esta nacionalidad, principalmente por la salida de hombres, que a 31 de marzo eran un 1,3 por ciento menos que a penas tres meses antes.
   La rumana no es la única comunidad que ha registrado descensos. La búlgara, que comparte restricciones al mercado laboral, se redujo un 1,62 por ciento en el primer trimestre del año hasta los 172.565 habitantes; la portuguesa cayó un 1,74% interanual y cuenta con 127.852 y los polacos también son menos, con una reducción interanual del 4,25 por ciento, una caída del 1,23 por ciento en el primer trimestre y un total de 83.543 ciudadanos.
   Entre las principales nacionalidades no comunitarias sólo se han producido descensos entre ecuatorianos y colombianos. Los primeros, que suman 371.526 personas y son el 13,6 por ciento de los inmigrantes, vieron reducirse su población con permiso de residencia en un 0,24 por ciento en el primer trimestre y en un 2,46 en comparación con 2011. Los colombianos, que a 31 de marzo ascendían a 224.158 y son el 8,21 por ciento de la extranjería, perdieron un 1,44%.
   De hecho, cinco de las quince nacionalidades no comunitarias más numerosas han registrado incrementos durante este periodo, especialmente la marroquí, segunda comunidad extranjera más grande de España, que tiene 813.835 ciudadanos inscritos, el 29,81 por ciento del total. En el primer trimestre del año creció un 1,51 por ciento y, en comparación con 2011, aumentó un 4,7 por ciento (36.557 personas más).
   Otras cuatro de las quince nacionalidades más numerosas vieron aumentar su población durante el inicio del año: Paraguay, Pakistán, Bolivia, Senegal y Filipinas, que crecieron por encima del 2%. En perspectiva interanual, destaca el aumento de la comunidad boliviana, que creció un 12,44 por ciento (16.205 personas más); la china, con un 6,06%  (9.733 personas más); la paquistaní, con un aumento del 16,02% (8.720) y la paraguaya, que aumentó un 24,87 por ciento (7.415 ciudadanos más).

El presidente del TSJA pide 94 nuevos jueces y "reorganizar" los partidos judiciales andaluces

SEVILLA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha reclamado este martes la creación de 94 nuevas plazas de juez en la región andaluza ante la gran carga de trabajo existente y ha apostado por "reorganizar" los partidos judiciales, creando "agrupaciones territoriales más amplias" que conjuguen "la cercanía con la eficacia" de la Justicia. 

   Durante su intervención en Sevilla en la Comisión de Justicia e Interior para presentar la memoria anual del Alto Tribunal andaluz correspondiente a 2011, Lorenzo del Río ha considerado "necesario" revisar el concepto de Juzgado, ya que España se sitúa por encima de la media europea en cuanto al número de juzgados por cada 100.000 habitantes, con más de cuatro.
   "No se trata de crear más órganos sino de incrementar el número de jueces --España se sitúa por debajo de la media europea en número de jueces por 100.000 habitantes--, estudiar las demarcaciones judiciales y revisar los partidos" de cara a desarrollar una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, ha dicho el presidente del TSJA durante su intervención parlamentaria.
   En este punto, ha revelado que muchos alcaldes andaluces se han dirigido al TSJA "preocupados" por la reorganización de los partidos judiciales propuesta por el Consejo General del Poder Judicial. "No debemos tener miedo a estudiar esta materia, pero con sosiego", ya que la actual Ley de Planta judicial "es de 1988, y estaba adaptada a una realidad que no es la actual".
   Por ese motivo, a su juicio, "es bueno estudiar la nueva reorganización territorial", siempre con un equilibrio "entre la cercanía al justiciable y la optimización de los recursos", por lo que ha adelantado que la Sala de Gobierno del TSJA redactará el próximo mes de julio un informe sobre este tema bajo el prisma de "crear agrupaciones más amplias, puede ser coherente estudiar y ver qué agrupaciones judiciales se pueden concentrar".
   Asimismo, y durante su intervención en la Comisión de Justicia e Interior, Del Río ha lamentado que la situación de la Justicia en la comunidad autónoma andaluza "no es nada satisfactoria", ya que, según ha añadido, sigue presentando, al igual que en 2010, "un alto porcentaje de litigiosidad y una tasa de ingresos de asuntos demasiado elevada".
   "No nos aproximamos a la meta del rendimiento óptimo de la Justicia, tenemos derecho a una Justicia en un plazo razonable, pero estamos muy alejados de resolver ésto", ha subrayado el presidente del Alto Tribunal andaluz, quien ha achacado esta situación a varios factores, entre ellos la falta de aumento de las plazas judiciales. "La distorsión en materia de recursos personales da lugar a colapsos estructurales", ha sentenciado.
   Tras incidir en que "el mayor estigma" de la Justicia "es su lentitud, la duración de los procesos", Lorenzo del Río ha opinado que el actual sistema organizativo "no es sostenible e impide una Justicia de mayor calidad", motivo por el que hay que acometer "cambios organizativos y estructurales profundos" para conseguir una Justicia "ágil y de calidad, que es un valor económico" en una situación como la actual.
   En esta línea, Del Río ha demandado, además de una transformación organizativa y el desarrollo de una nueva oficina judicial que tenga "como avanzadilla" al servicio común de ejecutorias, una transformación tecnológica --"seguimos obsesionados con el papel, hay que ir a la Administración de Justicia digital"-- y la "racionalización" del volumen de entrada de asuntos.
   Así, el presidente del TSJA ha apostado por el establecimiento de una serie de tasas "disuasorias" y ha querido diferenciar éstas del copago, que "son cosas muy distintas". 
"Cuando un ciudadano se hace el carné de conducir, el DNI o el permiso de trabajo, se le pide una tasa, pero pedir el Libro de Familia o la certificación de nacimiento es gratis, cuando eso tiene un coste", ha precisado.
   "Esta pequeña tasa no obstaculizaría el acceso a la Justicia", ha opinado Lorenzo del Río, quien, a continuación, ha analizado la tasa de litigiosidad y el nivel de pendencia por jurisdicción, así como la incidencia de la crisis económica en los órganos judiciales y en los desahucios --4.900 pendientes en los juzgados andaluces--, concursos de acreedores o despidos. "Se trata de un problema social que tiene incidencia judicial"
   Tras finalizar su intervención, ha tomado la palabra la parlamentaria de IULV-CA Alba Doblas Miranda, quien ha diferido con Del Río, no en las preocupaciones detectadas, pero sí en las soluciones propuestas, aseverando que "hablar de Justicia y no de lo que sucede con miles de ciudadanos es un error", punto en el que se ha referido a los desahucios concretos de varias familias "por entidades bancarias".
   "Hay un poder, la banca, que no emana del pueblo y al que le regalan millones", ha añadido, abogando por que "se admita la dación en pago" para paliar "este drama humano", punto en el que ha pedido a los jueces "que bajen del estrado" y se enfrenten a este tipo de problemas. "Curiosamente, los plazos en los desahucios, subastas y embargos sí se cumplen", ha lamentado.
   A su juicio, "el mal endémico de la Justicia está en la desigualdad social", señalando que "otro drama social y humano son los despidos". La Justicia "está dejando absolutamente indefenso a los trabajadores; mientras el pueblo paga el rescate a la banca, esta desahucia al pueblo", ha concluido.
  De su lado, la parlamentaria del PSOE Nieves Masegosa Martos ha coincidido con su antecesora en el uso de la palabra en apostar por que "todos los grupos políticos trabajemos y apostemos porque la dación en pago sea aceptada y se convierta en una realidad".
   Asimismo, ha abogado "por trabajar mucho por la Justicia", para lo que "es fundamental el espíritu de autocrítica", y por la transformación tecnológica, organizativa y funcional de la Administración de Justicia, así como por "dimensionar y racionalizar" el volumen de entrada de asuntos.
   Sobre la tasa "disuasoria" aludida por el presidente del TSJA, la parlamentaria socialista ha lamentado que "podría llevar a un copago encubierto".
   Por último, el parlamentario del PP Juan Ramón Ferreira Siles ha considerado que la situación actual "es insostenible", por lo que ha opinado que el documento presentado por Lorenzo del Río "tiene que marcar el camino", lamentando que "se parece mucho al del año pasado, y eso denota que las carencias y objetivos siguen siendo los mismos; hemos avanzado poco".
   Asimismo, ha considerado "imprescindible" dar tiempo al nuevo consejero del ramo, Emilio de Llera, de manera que "tenga la oportunidad de desarrollar su proyecto con una continuidad mínimanente razonable", lo que hasta el momento "no ha pasado".
 "Es imprescindible dar tiempo a los equipos y proyectos dotándolos de un horizonte temporal razonable", ha añadido.
   Lorenzo del Río, de su lado, ha asegurado que los jueces "son conscientes de que gestionan situaciones de crisis de los ciudadanos", pero "en determinados momentos tendrán que aplicar la Ley, pues si se negaran a desahuciar, se diría que se incumple" la labor judicial. "No estamos fuera de la realidad y no somos ajenos a los dramas sociales", ha concluido.

Equo exige a Junta y Gobierno medidas de disciplina urbanística en El Algarrobico para derribar el hotel

ALMERÍA.- Equo Andalucía ha exigido este martes a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que ponga en marcha medidas de disciplina urbanística en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya señalado, en el fallo en el que restablece la zona como espacio protegido no urbanizable, que podría ser aplicable en este caso el artículo 38.1 del Real Decreto 1/92 que contempla la demolición del inmueble sin indemnización a la promotora.

   En una nota, el coportavoz de Equo Esteban de Manuel ha recordado que el Tribunal Supremo ya ha determinado en firme que el establecimiento de Azata del Sol viola la Ley de Costas y ha indicado que su "inmediato" derribo era uno de los puntos "más importantes" del pacto de gobierno de PSOE-A e IULV-CA para formar gobierno.
   En esta línea, ha señalado que la recuperación de la playa y la demolición del hotel "puede servir como ejemplo de reconversión de estructuras obsoletas e inviables en fuentes generadoras de empleo y usos sostenibles" en alusión a la propuesta elaborada por N'Undo y Greenpeace. "Estamos a tiempo de que este hotel se convierta o en una vergüenza nacional legado de políticas obsoletas y de burbujas inmobiliarias, o que se convierta en un símbolo del no todo vale en la costa", ha trasladado De Manuel.
   Por su parte, la coportavoz de Equo Andalucía Mar Salas ha destacado que el hotel de El Algarrobico se ha convertido en el "buque de la lucha "contra la destrucción de la costa ya que su localización en la puerta del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar "lo convierte en uno de los mayores escándalos urbanístico".
 "Este modelo de turismo salvaje no es sostenible, solo hay que ver en la zona como las infraestructuras hoteleras están cerradas la mayor parte del año no generando actividad turística", ha concluido.

Andalucía aprueba su plan de ajuste que ya se aplicará en julio

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto-ley que recoge su plan de ajuste económico-financiero para el periodo 2012-2014, que entrará en vigor "de forma inmediata" y se aplicará en las próximas nóminas que se abonen en el mes de julio, según ha avanzado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

   En rueda de prensa al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Martínez Aguayo ha puesto el acento en que este plan de ajuste, que la Junta quiere que se tramite en el Parlamento como proyecto de Ley,  opta por "repartir trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad" con el objetivo de "mantener el máximo empleo sin privatizar servicios públicos".
   Según la titular de Hacienda, la Junta "acata por responsabilidad" las exigencias del Ejecutivo central aunque mantiene un "profundo desacuerdo" con los criterios relativos a la fijación del objetivo de déficit, si bien ha querido dejar claro que la Junta va a realizar un "importante esfuerzo" para cumplir los objetivos de estabilidad fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el conjunto de las comunidades autónomas.
 
IU apoya por responsabilidad
 
La dirección de IULV-CA ha difundido un boletín informativo en el que justifica su apoyo al plan de ajuste que aprueba este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "por responsabilidad", aunque admite que tiene la "tentación" de declararse "insumiso", y destaca que su "esfuerzo" ha permitido introducir "algunas mejoras" como que la reducción salarial no afecte a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos o que la reducción de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente.    En dicho boletín, IULV-CA señala en primer lugar que "no es responsable" de los ajustes que recoge este plan, "que corresponden al Presupuesto de 2012, previamente rechazado por IU", y responsabiliza al Gobierno de Mariano Rajoy de la necesidad de aplicar estas medidas tras el "brutal recorte que han supuesto sus políticas para Andalucía en su financiación, especialmente en los fondos destinados a políticas sociales (sanidad, educación y dependencia) y a la inversión pública".
   "Andalucía sufre una doble intervención: la que corresponde al conjunto del Estado y la intervención que recibe de manera específica del Gobierno Rajoy, que ha profundizado en unas recetas económicas que no sirven para nada", añade la federación de izquierdas, que apunta que, "ante esta situación, en IU tenemos la tentación de declararnos insumisos, y lo haríamos si eso resolviese el problema, un problema que hay que describir gráficamente como situación de cajas vacías en una Andalucía doblemente intervenida".
   En este sentido, IULV-CA señala que "podríamos entregar la llave e irnos, pero por responsabilidad seguimos, al menos de momento, porque irnos significa que venga la derecha, por una vía o por otra, y eso conduce a lo mismo", ya que se muestra convencida de que "la derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos, hoy muy fáciles de realizar gracias a la reforma laboral del señor Rajoy, y privatizaciones a todos los niveles", algo que, según subraya, "supera para IU los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto".
   Tras subrayar que "aquí no hay un recorte impulsado por la Junta, sino un único recorte que viene desde el Gobierno del PP", la federación de izquierdas pone en valor su trabajo para "propiciar el diálogo para conseguir mejoras en las propuestas iniciales del plan de ajuste financiero" con el objetivo de que "su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales".
   Entre dichas mejoras, IULV-CA cita que la reducción salarial no afecte a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos; que la reducción de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente; que "no habrá privatizaciones de servicios ni de empresas públicas" ni tampoco "despidos en la administración autonómica"; que se reduzca el sueldo de los altos cargos en un 7,5 por ciento frente al 5 por ciento inicial; y que se recoja el compromiso de "reponer la merma en sus salarios a todos los trabajadores afectados en el horizonte de diciembre de 2013.
   "Como el plan de ajuste se tramita en el Parlamento andaluz como proyecto de Ley, en el debate parlamentario todavía habrá posibilidades de introducir algunas enmiendas que mejoren su contenido, siempre desde la perspectiva del no a los despidos, a las privatizaciones y al recorte de servicios fundamentales. Esa es la voluntad y el compromiso de IULV-CA", concluye el boletín informativo.

Paradores se plantea cierres "parciales" de establecimientos

MADRID.- La presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, ha descartado este martes que se estén estudiando cierres "totales" de algunos establecimientos de la cadena hotelera pública integrada por 93 paradores, sino cierres "parciales" en los que se contempla la posibilidad de eliminar o reducir algunos servicios de restauración.

    Alarcó se ha mostrado "sorprendida" ante la decisión de los trabajadores de concentrarse cuando ambas partes estaban sentadas en una mesa de negociación, a la vez que ha solicitado a los empleados que expliquen qué puntos quieren cambiar dentro del convenio.
     "La empresa lo que busca son reducciones de costes a través de la flexibilidad y nunca reducciones de plantilla ni salariales", ha subrayado la presidenta de la cadena pública hotelera.
   Del mismo modo, ha apelado a los trabajadores al diálogo al considerar que aún hay aspectos de la negociación que se pueden "cambiar" o "añadir", recalcando que muchos de los empleados ya han mostrado su interés ante las medidas de flexibilización planteadas por la empresa.
   "Una concentración en la calle no es manera, es levantarse de la mesa y es lo que no entendemos", ha asegurado, para después insistir en que los planes de viabilidad de cada establecimiento aún no están cerrados.
   Alarcó ha recibido a los representantes de los trabajadores en las oficinas centrales de Paradores ante la voluntad de éstos de hacerle entrega de una carta en la que le solicitan que dé a conocer el plan de austeridad que la empresa pública tiene pensado llevar a cabo.
   La presidenta, que ha firmado el recibí de la misiva, ha mostrado a los empleados su voluntad de dialogar en favor de sus derechos, mientras que los trabajadores han señalado que comprenden la difícil situación que atraviesa la compañía.
   Paradores no atraviesa por un buen momento, tras acumular un déficit de 110 millones de euros en 2011. Actualmente, de la red de Paradores, que cuenta con 93 establecimientos, 23 de ellos presentaron pérdidas durante el último ejercicio, un 25% del total.
   Para 2012, se prevén unas pérdidas por valor de 25,5 millones de euros, según figura en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno.
   No obstante, a finales de mayo Alarcó estimó que la compañía pública volvería a beneficios "en tres años", a la vez que negó interés por parte de inversores privados al considerar que con tales pérdidas la empresa "no vale nada" en la actualidad.
En Almería cuenta con un establecimiento en Mojácar playa.

Dimite más de la mitad de la Ejecutiva de JJSS de Almería

ALMERÍA.- La Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas de Almería (JSA) ha sido disuelta y en su lugar será nombrada de forma temporal una gestora. La dimisión de ocho de sus miembros, que supera a la mitad más uno del total, ha forzado esta situación, llevada a cabo por el descontento con la gestión de la secretaria general, Rocío Úbeda, y que supone un reflejo de lo ocurrido hace un año en el PSOE de Almería, cuando el secretario general Diego Asensio se vio obligado a renunciar por el mismo motivo.

El ya ex secretario de Organización, José Manuel Fernández, y uno de los futuros aspirantes a secretario general de JSA, explica que los dimisionarios han actuado de esta forma porque entendían que la Agrupación Provincial “no llevaba a cabo sus tareas, no esta trabajando, no había buen rollo ni labor de oposición, ni eramos líderes de la juventud”, lo que había generado, dice, una situación “insostenible”.
Fernández señala que se habían producido varios intentos de negociación con Úbeda para llegar a una salida pacífica y llegar al Congreso de la mejor manera posible, pero “Rocío ha roto la cohesión, los acuerdos y ha hecho lo que le han venido en gana; por eso hemos renunciado y puestos nuestros cargos y responsabilidades a disposición de los órganos superiores”.
En este sentido, el ex secretario de Organización lamenta la imagen que se pueda dar de cara a la sociedad, pero pide respeto ya que “cuando dimite más de la mitad de la Ejecutiva, es síntoma de que las cosas no van bien; Rocío no puede decir que tiene el apoyo de la mayoría de la provincia, ya que es falso y ha quedado demostrado”.
El ya exsecretario de Organización de JSA en Almería José Manuel González, ha explicado que la disolución de este órgano que se hizo efectiva este lunes después de que la mayoría de sus miembros dimitiera en bloque el pasado sábado no afectará a los futuros procesos congresuales del PSOE, ya que la elección de delegados para el congreso provincial ordinario se había determinado con anterioridad.
   De esta forma, González ha tachado de "insostenible" la situación en la que se encontraba la ejecutiva provincial de JSA, debido a que "no se estaba trabajando" y se había "dejado atrás los objetivos prioritarios" de la organización; unos problemas que por otra parte se "mezclaron" con "problemas personales" entre sus componentes.
Con esto, el exsecretario de Organización ha puesto de manifiesto también el "descontento" de varias agrupaciones locales al entender que por parte de Úbeda se habían "priorizado otros intereses" frente a los objetivos marcados, lo que llevó a los miembros de la ejecutiva a abrir un diálogo con la secretaria provincial y miembro de la ejecutiva federal, con quien ha sido "imposible" de culminar en un acuerdo.
   "Ella siguió saltándose a la torera los acuerdos pactados y entendíamos que era insostenible", ha dicho González, quien presentó su dimisión junto con otros secretarios provinciales de distintas áreas en la ejecutiva como Juan Luis Montoya, Kevin López, Marta Rodríguez, Fabiola Rodríguez, Ana Gutiérrez y Mario Alcocer, así como la ya expresidenta provincial Soledad Martínez.
   En cualquier caso, González ha negado "presiones" y disputas internas entre Martínez y Úbeda, así como cualquier tipo de influencia de la coordinadora provincial de IAJ y miembros del comité federal de Juventudes Socialistas, Anabel Mateos, para quienes ha pedido "respeto".
Fernández espera que JSA salga reforzada de la gestora, y asegura que la organización no se quedará fuera de los procesos orgánicos del partido, puesto que ya se han elegido a los representantes que participarán en los mismos.
Por otro lado, Fernández ha confirmado que tiene la intención de presentar su candidatura a secretario general de JSA, y asegura que cuenta con el respaldo de “buena parte de las agrupaciones locales, de las personas que han dimitido y de los secretarios generales de las agrupaciones”.

El 90% de los españoles cuestiona la credibilidad de la banca española

MADRID.- Nueve de cada diez españoles percibe "dudas o nula credibilidad" procedente las entidades financieras españolas, lo que sitúa al sector como el segundo peor valorado por los ciudadanos, según un estudio elaborado por la empresas de investigación de mercados Random. 
   El informe, denominado 'Credibilidad de la banca española' extraído a partir del estudio 'Compañías creíbles 2011', apunta además que esta imagen deteriorada de la banca española seguirá minándose al calor del rescate y las indemnizaciones de algunos de los directivos.
   En concreto, los consumidores españoles valoran la credibilidad de la banca con una nota media que no llega al aprobado --un promedio de 3,6 en una escala de valoración de 1 a 7 puntos. Así pues, el sector financiero ocupa el segundo peor lugar del ránking entre los cinco sectores analizados, tan solo por delante de las compañías de telefonía.
   El estudio atribuye esta caída de la credibilidad a que los ciudadanos dudan del "saber hacer" de estas compañías y del "grado de confianza que transmiten" a través de su comunicación y publicidad, red de oficinas y relaciones con los clientes.