viernes, 29 de julio de 2011

Moody's empieza a dejar de creer en las posibilidades de Andalucía

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado hoy un escalón las calificaciones a largo plazo de seis regiones españolas, y ha colocado en revisión para un posible recorte la de otras cuatro comunidades.

   En concreto, la agencia ha recortado un escalón la calificación de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Castilla y León, y ha puesto en revisión la de Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco.
   En el caso de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, Moody's explica su decisión por las dificultades que espera que atraviesen estas regiones a la hora de mejorar sus déficit en 2011, aparte de su vulnerabilidad a los mercados debido a sus grandes necesidades de financiación.
   Por su parte, la agencia señala que la rebaja de Andalucia y Castilla y Leon refleja la preocupación de Moody's en relación con las obligaciones comerciales de estas regiones y la ausencia de planes claros sobre cómo y cuándo serán financiadas.

Bruselas pagará a España los 71 millones que reclama por la crisis del pepino

BRUSELAS.- España recibirá los 70,9 millones de euros que reclama a la Unión Europea en compensación por las pérdidas sufridas con la llamada 'crisis de los pepinos', que provocó la caída de los precios y del consumo de frutas y verduras a raíz de que Alemania acusara erróneamente a una partida de producto español como fuente del brote de 'E.coli', han informado fuentes comunitarias.

   La Comisión ha comunicado este jueves a los Estados miembros el reparto del fondo específico creado para esta crisis y que estaba dotado inicialmente con 210 millones de euros. Bruselas ha decidido aumentarlo hasta los 226,2 para asegurar que todos los países reciben finalmente el 100% de las peticiones notificadas, han indicado las fuentes.
   La decisión debe ser aún adoptada formalmente por el colegio de comisarios y será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea probablemente la próxima semana. Los países podrán iniciar los pagos a sus agricultores un día después de la publicación, con la obligación de pagar todas las ayudas el 15 de octubre a más tardar.
   La Comisión Europea creó este fondo específico con el objetivo de reembolsar en torno al 50 por ciento del valor total de las pérdidas producidas por esta crisis, si bien limitó las compensaciones a los productores de pepino, tomate, lechuga, calabacín y pimiento, porque considera que son los alimentos más afectados y de más difícil almacenamiento.
   La decisión ha sido transmitida por el Ejecutivo comunitario a los Estados miembros esta tarde en una reunión del comité de gestión competente, una vez que varios países, entre ellos Polonia, revisaron a la baja sus demandas iniciales, que Bruselas consideró "poco coherentes".
   España, con 70,9 millones de euros es el país que más dinero recibirá del fondo, seguido por Polonia (46 millones), de Italia (34 millones) y de Países Bajos (27,1). Sólo cinco Estados miembros (Chipre, Finlandia, Lituania, Malta y Luxemburgo) no han solicitado ayudas para compensar a sus agricultores por esta crisis.
   Además, de España, Polonia e Italia, también recibirá parte de los 226,2 millones de euros Alemania, país en donde se localizó el brote de 'E.coli', que recibirá un total de 16 millones de euros.
   El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha defendido que el gasto de los fondos europeos agrícolas "debe estar plenamente justificado" y por ello no ha anunciado el reparto de las ayudas hasta contar con información "complementaria" de algunos gobiernos.
   El incremento del fondo "asegurará un apoyo adecuado a nuestros productores de verduras en este difícil momento económico para el sector y permite el reembolso de las demandas de todos los Estados miembros para el periodo que va entre el 26 de mayo y el 30 de junio", según ha explicado el comisario.
   Ciolos, además, ha defendido la capacidad de Europa de defender "rápidamente" cuando es necesario y se ha comprometido a que el colegio adopte formalmente este incremento "lo antes posible", para que los países paguen a sus agricultores "pronto".
   El dinero para este 'plan de urgencia' procede en su totalidad de las arcas comunitarias, en concreto de la Política Agraria Común (PAC), pero existen otros mecanismos adicionales previstos a los que se pueden acoger los agricultores que forman parte de una organización de productores y, en función del país y hortaliza concreta, sumar otro 20% de compensaciones para llegar hasta un máximo del 70% del valor de la pérdida.
   También serán reembolsados agricultores de Grecia (7,7 millones), Portugal (5,2 millones), Rumanía (3,7), Bélgica (3,6), Bulgaria (2,5), Austria (2,2), Francia (1,6) y Hungría (1,5). Asimismo, recibirán cuantías menores que no alcanzan el millón de euros República Checa (261.935 euros), Dinamarca (858.423), Estonia (1.321), Irlanda (13.159), Reino Unido (649.175), Eslovaquia (536.107), Eslovenia (192.675), Suecia (112.872) y Letonia (57.381).

Los agricultores afectados comenzarán a cobrar las ayudas de Bruselas en agosto

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha asegurado este jueves que los agricultores españoles comenzarán a cobrar las indemnizaciones de la Unión Europea en compensación por las pérdidas sufridas por la crisis del pepino a partir del próximo mes de agosto.

   Aguilar ha puntualizado que el 15 de octubre los agricultores afectados por esta situación "deberán haber cobrado" el cien por cien de los 70,9 millones de euros otorgados.
   En rueda de prensa después de que el comité de gestión competente de la UE aprobase estas ayudas, Aguilar se congratuló por haber conseguido que España "haya sido el principal beneficiario entre todos los países afectados".

AUAN alega contra el decreto de regularización de viviendas por "ambiguo, insuficiente y contradictorio"

ALMERÍA.- La asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-No' (AUAN), que engloba a residentes en esta comarca de la provincia almeriense, ha presentado las primeras alegaciones al borrador del decreto impulsado por la Junta de Andalucía para regularizar viviendas fuera de ordenación, que considera "insuficiente, ambiguo y contradictorio" y ha advertido de que, en el proceso,  se "corre el riesgo que gran parte de los afectados hayan muerto antes de ver regularizadas sus propiedades".

   Así lo ha trasladado en un comunicado la presidenta del colectivo, Maura Hillen, quien ha subrayado que esta afirmación "no es exagerada" dado que "gran parte" de los propietarios de edificaciones fuera de ordenación "son a día de hoy, jubilados" y la tramitación de las medidas incluidas en la norma "podría durar 10 ó 15 años". "Con los mecanismos previstos en el decreto, será muy difícil llevarlo a la práctica", ha sentenciado.
   Hillen ha señalado que, del primer análisis del borrador, se desprende que esta normativa "en algunos casos empeorará la problemática", por lo que ha abogado por una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de la Ley del Suelo "como mecanismo único para resolver esta problemática. "Es necesario proveer de servicios de luz y agua a las viviendas y de evitar su demolición en caso de adquirentes de buena fe, algunos incluso --ha remarcado-- con licencia urbanística".
   La AUAN, que ha solicitado una reunión con la consejera andaluza de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, "en aras del diálogo, transparencia y la democracia participativa", sostiene que la problemática de estas viviendas no se resuelve con un mero reglamento que es "demasiado complejo, ambiguo y contradictorio, lo que dificulta aún más la solución práctica del problema al contener disposiciones de dudosa legalidad".
   En concreto, alega que no queda "más remedio que reconocer" la "parcelación urbanística irregular de suelo no urbanizable" que se ha producido en muchos casos y que, añade, "no se pueden deshacer por imposible". "En vez de dar más seguridad jurídica, el proyecto crea una inseguridad jurídica adicional", lamenta el colectivo que demanda, asimismo la incorporación "rápida" de los asentamientos irregulares al planeamiento municipal.
   "Es verdad --reconoce-- que el borrador flexibiliza los límites de crecimiento del artículo 45 del POTA, lo cual es un punto a favor pero, adicionalmente, la regularización de estas viviendas en asentamientos parece pasar por los procedimientos habituales de planeamiento, lo que da una duración a todo el procedimiento que podría quizás ser de 10 a 15 años". "Durante el transcurso de ese tiempo, creo que no exageramos al decir que creemos que habrían muerto gran parte de los propietarios de viviendas en asentamientos que hoy son jubilados", apunta.
   Señala en esta línea que existen dificultades para aplicar el decreto que pasan por la situación de los Ayuntamientos que en su estado económico actual "no pueden costear las innovaciones de planeamiento"; la "gran dificultad" de poder coordinar un gran número de propietarios y de buscar terreno para sistemas generales y dotaciones; o la dificultad de decidir los límites del la unidad de ejecución
   "El borrador de decreto no da soluciones, y en la práctica consideramos que es probable que condene estas viviendas a una especie de limbo social, económico y jurídico", continúa la AUAN, que también critica que no especifique con "más detalle y claridad" las tres clases de viviendas irregulares, y sobre todo, que la norma prive de licencia de primera ocupación a las viviendas en el régimen de asimilado al de fuera de ordenación.
   "Esto crea problemas en cuanto a lo dispuesto en la LOUA, que señala que las compañías suministradoras de los servicios deben de exigir la licencia de ocupación para la conexión de los servicios", subraya. Al tiempo, estima que con la falta de acceso a estos servicios "se podrían estar infringiendo los derechos humanos".
   El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años, ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" mediante la nueva figura urbanística de "asimilado fuera de ordenación" que permitirá a sus propietarios tener acceso a "unos mínimos servicios" como luz, agua o alcantarillado "en régimen de autosuficiencia".

La Mesa de las Infraestructuras pide a Blanco por carta que se "haga explícito" el apoyo al Corredor Mediterráneo

ALMERÍA.- La Mesa de las Infraestructuras de Almería, en la que están representados tanto partidos políticos como agentes sociales y económicos, han acordado por unanimidad instar al ministro de Fomento, José Blanco, "de manera oficial" que se haga "explícito" el apoyo al Corredor Mediterráneo "en toda su extensión, desde Algeciras hasta la frontera francesa".

   El acuerdo alcanzado en la reunión celebrada este jueves respalda igualmente la postura que hasta ahora ha expresado el Gobierno con respecto a esta infraestructura y las acciones adoptadas. "No tenemos porque dudar de nuestros ministros", según ha trasladado en rueda de prensa el presidente de la Mesa y de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano.
   La demanda "oficial" a Blanco para el citado apoyo se "haga explícito" así como el respaldo a las actuaciones emprendidas se hará mediante una carta al Ministerio, ha explicado Cano, quien también ha expresado que el ente está satisfecho con la marcha de las obras de la Línea de Alta Velocidad (AVE) "con todos sus proyectos o tramos en obras" aunque lamenta los retrasos registrados en la Autovía del Mediterráneo (A-7).
   Representantes de las provincias de Málaga, Granada y Almería, y de la Región de Murcia ya suscribieron en la primera quincena de julio en la capital almeriense la denominada 'Declaración de Almería' en la que instaban al titular de Fomento a que confirmase al comisario europeo de Transportes que el Gobierno de España "realizará el corredor mediterráneo en toda su extensión desde Algeciras a la frontera francesa antes de 2030".
   Por otro lado, demandaban a la CE a que tomase las medidas "necesarias y con inmediatez" para que el Corredor Mediterráneo se incluya desde Algeciras a la frontera francesa en la Red Central Trans-Europea mediante el apoyo al Gobierno "de modo --añadían-- que la infraestructuras quede garantizada como eje de comunicación de interés general para España".
   La declaración fue suscrita en un acto que contó con la asistencia del secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, por los Ayuntamientos de Almería, Adra, Málaga, Motril, Lorca y Cartagena, así como por la Diputación Provincial almeriense.
   Entre los agentes económicos y sociales que se han sumaron a la iniciativa figuran las cámaras de comercio de Almería y Motril, las confederaciones empresariales de Almería, Granada y Motril, o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), así como las organizaciones sindicales UGT y CCOO. Figuran, asimismo, entre los firmantes los colegios de economistas y de ingenieros de cáminos, el aeropuerto de Almería o la Asociación de la Prensa.