jueves, 31 de julio de 2014

El Tribunal de Justicia de Andalucía dice que El Algarrobico es legal

ALMERÍA.- La licencia municipal de obras concedida en 2003 al hotel Azata del Sol para construir el hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, es conforme a derecho y no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. 

Así lo ha dictaminado la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia que estima los recursos de Ayuntamiento de Carboneras y empresa promotora contra el fallo del juez de Almería, Jesús Rivera, que ordenó en 2008 la revisión de oficio de esa licencia al estimar que el hotel invadía el dominio público marítimo terrestre y se levantaba sobre suelo no urbanizable de especial protección.
La sentencia hecha pública este miércoles por el alto tribunal andaluz sostiene que la resolución de Rivera causa indefensión a las partes demandadas al no haber resuelto de "forma congruente y motivada" sus argumentos contra la revisión de oficio, ni la denuncia del Ayuntamiento de que las asociaciones ecologistas no habían aportado los documentos que exige la Ley para interponer demandas contencioso administrativas".
En cuanto al recurso de la Junta de Andalucía, declara que la sentencia "fue incongruente" porque, pese a negar todos los argumentos por los que la Junta pedía la nulidad de la licencia, estimó el recurso del letrado de la administración autonómica "y además, no se limitó a declarar que se iniciara el trámite de revisión de oficio sino que hizo declaraciones que iban más allá de su competencia".
También revoca la sentencia por este motivo aunque entra a resolver el fondo de la demanda y declara que la licencia fue otorgada "con arreglo al planeamiento urbanístico aplicable ya que este planeamiento había sido aprobado por la propia Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento carbonero", contando, según remarca, con "informes previos y favorables" de la Administración del Estado, "que como titular de la defensa de las Costas no opuso ningún inconveniente".
La sentencia de la Sección Tercera, según indica el TSJA en un comunicado, sostiene, asimismo, que el ordenamiento jurídico "debe articular los medios para que los planes urbanísticos sean coherentes con la legislación ambiental y de costas", pero matiza que, una vez aprobados, "su aplicación y la concesión de las licencias de obras previstos en dichos planes es obligatoria para el Ayuntamiento". "No puede alegarse la nulidad de aquellos planes urbanísticos, que son normas jurídicas vigentes, y su eventual nulidad no constituye causa para la revisión de la licencia urbanística", remarca.
El tribunal argumenta que la propia ley "impide los procedimientos de revisión de oficio de los reglamentos y planes urbanísticos a instancia de particulares, que pueden solicitar su declaración de nulidad si recurren las licencias que los aplican dentro del plazo legal para ello, dos meses desde el otorgamiento de la licencia".
Recuerda, no obstante, que, una vez que dichas licencias alcanzan firmeza, "solo se puede pedir su revisión de oficio por defectos de nulidad de las propias licencias, y no de los planes o reglamentos que definen las condiciones para otorgarlas".
 "Por tanto, la clave del litigio es que lo que el juez de instancia -en alusión al magistrado Jesús Rivera- resolvía como motivo para revisar la licencia eran las supuestas ilegalidades de los planes urbanísticos, y no defectos de nulidad de la propia licencia, que era firme y por tanto inatacable por esta vía".
Con respecto a la causa de inadmisión de las impugnaciones de los colectivos ecologistas, señala que la causa de la inadmisión es que quienes comparecieron en nombre de estas asociaciones ecologistas "no acreditaron que existiera un previo acuerdo del órgano competente de las respectivas asociaciones que asumiera la decisión de interponer las demandas" y subraya que es "imprescindible" dicho acuerdo para actuar válidamente en nombre de una persona jurídica como son estas asociaciones privadas.
También expone que este defecto de comparecencia, que se les puso de manifiesto por la defensa del Ayuntamiento de Carboneras, pudo haber sido subsanado en toda la tramitación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Almería pero que "no aportaron el acuerdo, ni alegaron nada sobre la razón de no hacerlo".
La Sección Tercera estima, así, que hay un "incumplimiento consciente" de este requisito que la ley exige para garantizar que las asociaciones privadas asumen la responsabilidad de los actos y demandas de quien comparece en el proceso, "lo que el juez Rivera debería haber declarado y no entrar a enjuiciar los recursos así interpuestos".

miércoles, 23 de julio de 2014

Podredumbre andaluza / Joaquín Abad *

Ahora parece que nos escandalizamos porque descubrimos que los de UGT Andalucía hacían facturas falsas de acuerdo con empresas suministradoras. Ahora nos escandalizamos porque descubrimos que la Junta montó un sistema de ayudas a sus amigos, a sus empresarios amigos, con fraudes en ayudas y cursos de formación. Ahora nos enteramos, cuando en Andalucía se vienen haciendo mil y un fraudes desde que Juan Guerra, el hermanísimo del vicepresidente, tomaba cafelitos con empresarios en un despacho de la Delegación de Gobierno que el propio Tomás Azorín le proporcionó. 
 
Porque en Andalucía, desde el ochenta y tantos, si, desde hace treinta años, nadie contrataba con la administración sin pasar antes por caja. Y si entonces se enviaba en maletines la mordida, en los años de Magdalena Alvarez la Junta perfeccionó los mecanismos para que todo pareciera legal. 
 
Recuerdo a un empresario, en Almería, que había constituido una empresa para dar cursos, había montado las oficinas, las aulas, y había pedido los consabidos permisos a la Administración. La licencia nunca llegaba, hasta que se presentaron dos funcionarios, llegados de Sevilla, para informarle que se desbloquearía si pagaba en efectivo cierta cantidad, que no era para ellos, sino para los altos cargos que debían firmar. Vamos, que en Andalucía ninguna empresa hacia negocio sino pagaba al que firmaba... 
 
También recuerdo a un empresario que tenía una agencia de publicidad en Almería que conseguía campañas institucionales de la Junta de Andalucía con cierta frecuencia. En una ocasión comprobé que llevaba un maletín repleto de efectivo para entregarlo, en mano, a un intermediario que lo esperaba en Granada.
 
Y es que la podredumbre lo tocaba todo. Otro empresario, este de la construcción, me comentaba que si encontraban restos arqueológicos y llegaba a oídos de la Junta, le paraban la obra a cuenta de estudios varios. Y que si pagaba al arqueólogo designado, pelillos a la mar. Pero si se negaba, podían pasar años sin que le dieran permiso de continuar con la obra.
 
Ese era el panorama general que conocí en Almería mientras dirigía un diario beligerante con el poder. Desde que Felipe González ganó las elecciones del 82, la corrupción se institucionalizó oficialmente. Y en Andalucía parece que no ha cambiado en todos esos años.
 
(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com

jueves, 3 de julio de 2014

La pantomima de Unicaja / Joaquín Abad *

Y es que Braulio Medel, el eterno presidente de la mayor caja de ahorros andaluza, Unicaja, ha sabido comprar favores durante treinta años... Ahora entiendo por qué don Braulio fichó como consejero a un indocumentado concejal almeriense, de nombre Ramón Sedeño, antiguo policía municipal, y le encumbrara nada menos que a Presidente de la Comisión de Control, que debía auditar las cuentas de la entidad. 
 
Y los consejeros, casi todos con los estudios y los conocimientos financieros del almeriense Ramón Sedeño, ningunos, estaban encantados de acudir al consejo para cobrar sus dietas, sólo por asistir, además de los generosos regalos que recibían en cada visita valorados en unos mil euros, y de las abultadas dietas por desplazamientos, por alojamiento. 
 
Ahora está saliendo a la luz, después de treinta años de reinado, de qué forma se han gobernado unas instituciones de crédito que en su fundación se crearon como obras pías para ayudar a los pobres, con obras sociales en vez de repartir beneficios. Pero enseguida los políticos, todos, los sindicatos, todos, acudieron a hacerse con las cajas para beneficio propio y de sus amiguetes. Así las obras sociales se redujeron al mínimo destinando los beneficios a colocarse en puestos excesivamente remunerados, darse préstamos difíciles de justificar, etc. Y así se ha llegado a donde estamos...
 
Pues un juez de Almeria, Luis Durbán, acaba de procesar al responsable de las auditorías de Unicaja, a Ramón Sedeño, por facturas falsas. Sí, a ese Ramón Sedeño que fue nombrado vicepresidente de la entidad como agradecimiento a su implicación en la fusión de la Caja de Almería con la de Braulio. Lo que no saben es que Sedeño no tiene idea de nada, y siempre se ha limitado a firmar lo que le han puesto delante. A cambio, desde el año 91 ha gozado de un despacho enorme, secretarias, coche oficial con chófer... Y es que Braulio Medel sabe como comprar voluntades.
 
(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com