domingo, 8 de diciembre de 2019

El cambio en el seguro del coche y la ITV que afectaría a todos los vehículos de España


MADRID.- ¿Tienes el seguro en regla pero aún no has pasado la ITV? Esto podría acabarse muy pronto, ya que el director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), Guillermo Magaz, ha defendido que se exija para la renovación del seguro de automóvil que el vehículo tenga en vigor la ITV.

El directivo ha resaltado que esta medida serviría para mejorar la seguridad vial, logrando que los vehículos que circulan por las carreteras españolas estén en perfecto estado, al tiempo que también permitiría luchar contra el «elevado» absentismo existente en el paso de los vehículos por las ITV.
Magaz recordó que actualmente hay unos seis millones de vehículos que circulan sin tener la ITV en vigor, sobre un parque total de alrededor de 33 millones de unidades. Además, enfatizó que el segmento de las furgonetas registra una tasa de absentismo de esta inspección del 40%.
En esta línea, indicó que, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las furgonetas sin la ITV vigente están implicados en uno de cada diez accidentes con víctimas mortales. En el caso de los ciclomotores, el 58% no tiene la ITV superada, con una tasa de accidentalidad con víctimas mortales del 7%.

Los bancos españoles no darán el paso de cobrar por los depósitos

MADRID.- Los bancos españoles no darán el paso de cobrar por los depósitos de los clientes minoristas, pese al escenario de tipos de interés negativos consecuencia de la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE), y asumirán en sus debilitadas cuentas el diferencial.
Aunque ya cobran a clientes institucionales y corporativos, las entidades financieras españolas han descartado cargar a los depositantes minoristas, opción que sí aplicarán algunas firmas europeas como la italiana Unicredit y las danesas Jyske Bank y SpardNord Bank, siempre para cantidades superiores a los 100.000 euros y para nuevos clientes.

A mediados de noviembre, un banco cooperativo alemán, el Volksbank Raiffeisenbank Fuerstenfeldbruck, cerca de Múnich, anunció que va a cobrar a sus nuevos clientes por sus depósitos a partir del primer euro, aunque no cargará costes a los antiguos.

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) el pasado septiembre de elevar al 0,5 % lo que cobra a las entidades por los excesos de reservas que depositan en el organismo contribuyó a extender la idea entre los analistas de que el escenario de tipos negativos se mantendrá, al menos, por otros cinco o seis años.

Este escenario de tipos de interés nulos o negativos, que comenzó hace cinco años y podría prolongarse por otros tantos -según el consenso del mercado- es similar a la situación vivida en Japón hace más de dos décadas y tampoco allí las entidades financieras trasladaron a los clientes minoristas los tipos negativos.

Algunos expertos advierten de los efectos secundarios de esta política monetaria tan laxa, que no produce el impacto deseado en la inflación y el crecimiento, y que además lesiona la maltrecha rentabilidad de los bancos.

En este sentido, el portavoz de la Asociación España de la Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, ha considerado fundamental desarrollar acciones que "liberen la política monetaria de su elevado protagonismo y de las medidas más distorsionadoras aplicadas durante la crisis, como son los tipos negativos".

Entiende, además, que las entidades financieras son la barrera que está impidiendo que los tipos oficiales negativos se trasladen a las familias.

Entre los bancos españoles, la entidad más a favor de esta opción fue el Banco Sabadell, cuyo consejero delegado, Jaime Guardiola, aseguró que es "inevitable" pensar en cargar ese coste, cuyo ritmo y alcance lo marcará la competencia.

Desde el Banco Santander, su "número dos", José Antonio Álvarez, negó que la entidad vaya a trasladar este coste a los minoristas, aunque dejó la puerta abierta a hacerlo para grandes clientes.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, fue muy tajante, diciendo que en ningún caso cobrarán a sus clientes particulares. Igual de contundentes fueron el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, y la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, que no se plantean cobrar a los particulares por sus depósitos.

Juan Abellán director del máster online en Banca y Finanzas del IEB, cree que la banca comercial no aplicará este coste a los minoristas porque sería "muy impopular" y cree que el ahorrador español tendrá que buscar oportunidades en renta variable y en fondos de inversión.

El economista jefe de Intermoney, Francisco Vidal, también cree "improbable" que los bancos cobren por los depósitos aunque alerta de que si los tipos se mantienen en negativo por mucho tiempo "será difícil que no lo repercutan".

El profesor de economía financiera de la Universidad San Pablo CEU Miguel Córdoba defiende un cambio en la política monetaria del BCE, porque "ya no tiene recorrido" y dice que le extrañaría que 2020 acabe con los tipos en negativo.

Pese a este escenario de nula retribución del ahorro, que continuará en los próximos años, el dinero minorista no ha salido desde los depósitos hacia otros activos más rentables, más bien al contrario.

En el último año los depósitos aumentaron en 37.000 millones, mientras que el patrimonio de los fondos de inversión -que venía creciendo de forma ininterrumpida desde 2012, en el punto álgido de la crisis- registró en 2018 un descenso de unos 4.000 millones.

El peaje de la autopista Cartagena-Vera no subirá un 0,84% a partir del 1 de enero

MADRID.- El precio medio del peaje de las autopistas que conforman la red estatal subirá un 0,84% a partir del próximo 1 de enero de 2020, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

La subida se aplicará en todas las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, salvo en las nueve que fueron 'rescatadas' por el Estado al quebrar durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento.
Seittsa, la firma pública que explota estas vías lo hace a través de un contrato que no es de concesión, por lo que no se les aplica la subida fijada para contratos concesionales, según explicaron fuentes de Fomento.
Estas nueve autopistas, que suman unos 700 kilómetros, son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que une la capital y el aeropuerto, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante.
La subida para 2020 tampoco se aplicará a otras dos autopistas, las que con el fin de año terminan su contrato de concesión, vuelven al Estado y suprimen el cobro de peaje.
Se trata del tramo de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante, y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, ambas actualmente gestionadas en concesión por Abertis. Ambas siguen a la AP-1 Burgos-Armiñón, que en diciembre de 2018 se convirtió en la primera vía de pago en culminar su contrato de concesión, desmantelar las barreras de peaje y revertir al Estado.
La subida media de los peajes para 2020 se aplica no obstante al grueso de la red estatal, esto es, en un total de 1.270 kilómetros de vías de pago.

Tres años de subidas

Se trata de un incremento inferior al del 1,67% y el 1,91% que, respectivamente, se aplicaron en 2019 y 2018. No obstante, supone encadenar tres ejercicios de subidas tras los descensos registrados en 2016 y 2017.
La actualización del precio medio del peaje de las autopistas es fruto de una fórmula de revisión automática anual que el sector pactó con el Gobierno en 2002.
Esta fórmula tiene entre sus principales variables el IPC medio entre los meses de octubre de un año y del siguiente que, posteriormente, se pondera en función de la evolución de los tráficos.
La nueva actualización anual de los peajes tendrá lugar en pleno debate sobre la necesidad de garantizar el mantenimiento y la viabilidad de la red de autopistas y autovías del Estado, que conlleva sopesar la eventual articulación de un peaje por el uso de las autovías.
El debate está actualmente en suspenso ante la situación de interinidad del Gobierno, toda vez que la última Legislatura concluyó antes de que se constituyera la Comisión del Congreso de los Diputados que iba a encargarse de abordarlo.
Por el momento, la subida de 2020 se registrará en tanto la red de autopistas estatales encadenará en 2019 un sexto año consecutivo de crecimiento de sus tráficos.A cierre del pasado mes de septiembre, las vías de pago contabilizan una media de 21.012 usuarios al día, un 4,8% más que un año antes.

La economía verde ha generado 500.000 empleos, que se triplicarán en 10 años

MADRID.- La economía verde es responsable de medio millón de empleos en España en la actualidad, que representan el 2,5 % de la ocupación, una cifra que se puede triplicar en los próximos diez años si se acometen las inversiones suficientes que requiere la lucha contra el cambio climático.

El director para España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Joaquín Nieto, asegura que "en la próxima década la creación de empleo verde será muy sostenida" y que se multiplicarán las inversiones, superando las previsiones del Plan Nacional de Energía y Clima que contempla 236.000 millones de euros hasta 2030.

En su conjunto, añade, se generarán al menos medio millón de empleos hasta 2030 en España, ya que a los puestos de trabajo que creará la generación y distribución de energías renovables se sumarán los de otros sectores sobre los que ejerce de locomotora, como el transporte, la edificación o la agroalimentación.

No obstante, teniendo en cuenta también la economía circular y siempre que se adopte en la Unión Europea el "Green New Deal", un programa para la transición hacia una economía de cero emisiones, el "efecto palanca en la generación de empleo elevaría al millón los puestos de trabajo creados en los próximos diez años".

Nieto resalta que "España ha tomado a tiempo la transición energética, esta vez puede no perder el proceso de modernización productiva" y valora los planes de transición energética y climática y la estrategia de transición justa dirigida a los trabajadores que ha elaborado el Gobierno.

"España tiene que hacer a la vez cuatro procesos: adaptación digital, transición energética con criterios de transición justa, la recuperación social y la igualdad, en particular la de género", y todo ello propiciando que se beneficien de estos cambios todos las regiones, lo que podría dar soluciones a "la España vaciada".

El éxito de este proceso dependerá, por un lado, de si se avanza hacia la generación energética distribuida y el autoconsumo, que serán "una fuente de creación de empleos", porque desarrollar una red de instalaciones dispersa conllevará servicios de instalación y mantenimiento, explica Nieto.

Por otro lado, la industria del automóvil está llamada a una reconversión y reorientación hacia el vehículo eléctrico y el autónomo, si bien, señala Nieto, dependerá de si las empresas automovilísticas que tienen sus plantas en España apuestan por desarrollar esta tecnología en ellas.

A nivel mundial, los datos son más ambiciosos, ya que la OIT prevé la generación de 18 millones de empleos netos en el horizonte de 2030, tal y como recoge en su informe sobre "El papel de los trabajadores y los empleadores frente al empleo en una economía verde".

En los próximos diez años, la OIT prevé la aparición de 24 millones de puestos de trabajo nuevos y la desaparición de otros 6 millones de los actuales, al tiempo que se producirá una redistribución de la ocupación entre sectores.

De los 163 sectores económicos analizados, únicamente se destruirá más de un millón de empleos en dos de ellos: el refino y la extracción de petróleo (unos tres millones en su conjunto). No obstante, en otros catorce se observa una pérdida de empleo superior a los 10.000 puestos de trabajo.

Esta transición entre empleos que se quedarán obsoletos hacia otros más "verdes" requerirá de la implementación de un sistema de protección por desempleo que sea "lo suficientemente protector y ágil para atender situaciones de desempleos transicionales rápidas", deja claro el representante en España de la OIT.

Añade que quizás sea necesario poner en marcha políticas de ingreso mínimo o básico, porque el objetivo será "acompañar a estas personas, con formación y protección social, para que a nadie le falte un ingreso, una atención sanitaria, una educación para sus hijos y formación permanente a lo largo de toda su vida".

En este sentido, el secretario de Medio Ambiente de CCOO, Mariano Sanz, coincide en que medidas de protección social, como prestaciones por desempleo o prejubilaciones, son necesarias para aquellas personas que no tengan posibilidades de recolocación, al tiempo que reclama reforzar la negociación colectiva.

"No podemos dejar a nadie atrás y es necesario un plan B", exige la secretaria de Salud Laboral y Medioambiente de UGT, Ana García de la Torre, ya que lo contrario "generará desigualdades" y, por ello, ve necesaria una formación cualificada no sólo para los afectados de forma directa sino también para la industria auxiliar.

Con este planteamiento sindical coincide la patronal, que defiende intensificar la formación, lo que incidirá en una "mejora de la productividad, la competitividad y la fidelización del talento".

Asimismo, explica la directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE, Rosa Santos, es necesario reforzar la negociación colectiva, porque es "la herramienta idónea para la implementación de procesos de transición justa".

Se calcula que en España hay 31.000 personas sin hogar y 8.000 "duermen de manera estable en las calles

MADRID.- Cientos de madrileños se han puesto este sábado en la piel de una persona sin hogar para dormir a la intemperie dentro de la primera "Gran dormida mundial" que se ha celebrado en Madrid y ha tenido lugar también en otras 50 ciudades del mundo, entre ellas Nueva York, Chicago, Londres, Edimburgo, Nueva Delhi, Brisbane, Dublín, Manchester, Bruselas, Oslo y Santiago de Chile, con la que se ha buscado concienciar a los ciudadanos de las dificultades de los sintecho.  

El objetivo de# este evento es recaudar 50 millones de dólares (45,4 millones de euros) para ayudar a los sintecho y los refugiados. La iniciativa ha recaudado hasta el momento cerca de 60.000 euros. Esta iniciativa, que ha tenido lugar por primera vez en España impulsada por HOGAR SÍ, destinará todo lo recaudado a proyectos para personas en situación de sinhogarismo y personas desplazadas y refugiadas. Para seguir contribuyendo a la causa y hacer posible erradicar esta situación, la web lanochesinhogar.org permanecerá activa hasta principios del próximo año.
"Vamos a vivir una mínima parte de lo que sienten en su día a día las personas sin hogar", ha explicado María, una joven estudiante de 21 años que "viene concienciada" desde casa, ya que los domingos por la mañana ayuda a los indigentes.
Unas 2.000 personas cargadas con esterillas, sacos de dormir o dobles capas de ropa se han sumado en Madrid a este proyecto, que en España ha organizado la Fundación Hogar Sí bajo el lema 'La noche sin hogar' en Matadero Madrid, y que ha contado con la actuación solidaria de artistas como Andrés Suárez, Marlon, Marlango, Despistaos, Maika Makovski, Depedro, Neuman, La La Love You, Isma Romero o Soledad Vélez. 
Precisamente, uno de ellos, Depedro, ha hecho un llamamiento a la sociedad: "Que mire a su alrededor para ver las necesidades de las personas que tenemos cerca". "Es muy duro darte cuenta de que necesitamos hablar de un derecho fundamental, tener un techo para dar calor a tu familia", ha recalcado.
Desde Alicante ha llegado el matrimonio formado por Javier y Alicia. "Menos luces de Navidad y consumismo", ha clamado esta pareja como propuesta para solucionar "problemas básicos" como el que este sábado se ha querido visibilizar.
Alicia contrasta el caso de España con el de Escocia, un país que empezó hace 20 años a tomar medidas para combatir este problema social con un reparto mas equitativo de la riqueza.
Jesús, un portero de un edificio céntrico de la capital, comparte esa opinión y considera "penoso" que en nuestro país todavía haya gente que no tiene hogar. "No es justo y es una desgracia", ha enfatizado con su saco de dormir a la espalda.
Se trata de que los participantes "sepan cómo se vive en la calle y puedan concienciar a sus familias y amigos para crear una comunidad" que reclame el acceso a una vivienda digna en todo el mundo, según ha explicado Juan Manuel Caballol, coordinador del programa Habitat de esta ONG.
Según las previsiones, la mitad del dinero recaudado en esta acción se destinará a programas dirigidos a personas sin hogar, como el "Vivienda primero" (Housing First, en inglés), mientras que el otro 50% será para ayudar a los refugiados. 

Aumentan los sintecho en España

Caballol calcula que en España hay 31.000 personas sin hogar y 8.000 "duermen de manera estable en las calles" y no acude a los "sitios en los que pregunta el Instituto Nacional de Estadística (INE)".
Los últimos datos del INE indican que las personas sintecho acogidas en centros han aumentado casi un 10% en dos años y ya son 18.000.
El responsable de Hogar sí, que destaca que el sinhogarismo ha aumentado en toda Europa "excepto en los países que toman decisiones correctas", cifra en un 5% el crecimiento de los sintecho en España.
Sin embargo, por el momento no relaciona este aumento con la crisis económica, pero sí vaticina que su efecto se notará "en un futuro cercano".
Insiste en que el proceso para convertirse en una persona sinhogar requiere un período largo de tiempo y niega haya un "perfil concreto".
"Le puede pasar casi a cualquiera en cuanto a edad, género o condición social", afirma Caballol, que añade: "Hay cosas que nos protegen de quedarnos sin hogar", entre ellas, la economía personal de cada uno y la red de relaciones que "en un momento de dificultad pueden ayudar".
En este sentido, recuerda que, en los casos de desahucio, cuando los afectados han tenido una red familiar y una casa en la que refugiarse, "han podido aguantar el embate de la crisis", mientras que a los que les faltan estas redes "son los que han caído en la calle".
Según sus datos, los sintecho —un 20% mujeres, frente al 80% de hombres— tienen normalmente una esperanza de vida 20 años menor que la población en general.

Sistema de integración exitoso

Así, frente al tradicional "sistema en escalera" -que ofrece techo temporal y comida y "que, lejos de solucionar el problema, lo cronifica"-, Hogar Sí apuesta por el sistema "Vivienda primero", que desarrolla en España desde 2014, tras ser probado con éxito a nivel internacional.
En este sistema que facilita un hogar a los sintecho, el 95% de los participantes permanece dos años después, según las evaluaciones realizadas, "reduce la victimización y el sufrimientode delitos de odio desciende casi a cero".
Además, José Manuel Caballol destaca la "significativa recuperación de las relaciones familiares y la mejora la salud, principalmente relacionada con problemas de sueño y depresión", que experimentan los sintecho con este programa.
Disponer de un hogar les permite "tener un proyecto sobre su propia vida y decidir sobre ella", explica el responsable del programa.
Los beneficiarios son visitados semanalmente por un equipo de profesionales que les ayudan en los objetivos que se han propuesto y, en el caso de que tengan adicciones, no se les sugieren que las abandonen. Simplemente se "espera pacientemente y se les confronta con las consecuencias que ese problema puede tener para ellos, para que tomen la decisión", concluye Caballol.
Un problema complicado pero del que se puede salir, como explica Diego, uno de los asistentes al evento de Madrid, que abandonó las calles gracias a la ayuda de una entidad.
"Es muy duro y un problema muy grande. No he dormido en la calle por gusto. Necesitas alguien que te comprenda y te ayude", ha dicho con su saco de dormir sobre la espalda.

Andalucía vierte sin depurar el 13% de sus aguas residuales, según un informe oficial de la Junta

SEVILLA.- Las aguas vuelven a ríos o mares en Andalucía depuradas de una u otra forma, excepto al menos un 13%. El más reciente informe de la Junta señala que 115 aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes realizan a lo sumo un tratamiento primario -por completo fuera del requisito mínimo-. A ellas se suma la mitad de las aglomeraciones menores de 2.000 habitantes. La situación de las 327.000 viviendas ilegales ni siquiera se contabiliza, pues no existe ningún dato sobre depuración de sus aguas, según El Mundo.

El tratamiento de aguas residuales es una competencia municipal que ningún Ayuntamiento está dispuesto a asumir sin ayuda de Junta o Estado. La directiva europea, y la norma estatal, obligan a unos plazos para realizarlo que se han sobrepasado. 
Tal es así, que España paga una multa semestral a la UE de 10 millones de euros por la falta de depuradora en 8 municipios de más de 15.000 habitantes, casi todos andaluces: Matalascañas, Isla Cristina (Huelva), Barbate (Cádiz), Coín, Nerja y Alhaurín el Grande (Málaga).
Pero los munícipes no están exentos de castigo. En Nerja, dos ex alcaldes de PP y PSOE, y varios concejales, incluido uno de IU, están procesados por delito ecológico debido a la ausencia de depuradora -aunque sí se cobraba el canon a los vecinos-, tras la denuncia de Ecologistas en Acción, en una causa que la juez ha calificado de compleja para disponer de 18 meses extra de instrucción.
El Informe de Medio Ambiente 2018, que por fin ha ultimado la Consejería de Agricultura (ente que absorbió las competencias ambientales), divide a la región en 418 aglomeraciones mayores de 2.000 habitantes, ya que varios municipios pueden compartir depuradora. Generan un volumen equivalente al de 11,3 millones de habitantes, pues se computan las aguas residuales de las industrias.
De esas aglomeraciones, 115 (equivalente a 1,1 millones de personas, el 9,8%) vierte sus aguas residuales sin tratamiento o después de un tratamiento primario, por no disponer de infraestructuras adecuadas.
Todavía hay que sumarle las aglomeraciones menores de 2.000 habitantes. De este grupo la Junta admite que no tiene datos certeros, aunque la estimación es que al menos la mitad se halla fuera de cumplimiento, es decir, unos 350.000 habitantes equivalentes.
Por tanto, el 13% de los vertidos se vuelcan a cauces o mar «a chorro», como lo define una fuente de la Consejería consultada por este diario. La depuración primaria no es más que dejar reposar el vertido en una balsa para que decanten arenas y retirar los sólidos flotantes.

Un pozo séptico

Ese 13% no incluye a las viviendas ilegales. Suman 327.000 según un cálculo sólo aproximativo de la Junta, ya que ni los ayuntamientos conocen el dato de su localidad. Su sistema de depuración en la mayoría de los casos no es más que el pozo séptico, un tratamiento primario que genera altas concentraciones bacterianas.
Todavía resta un ámbito donde se producen incumplimientos, el de las zonas calificadas como sensibles por estar ubicadas en lugares de valor ecológico alto. El 95% de la carga total que debe someterse a este tratamiento dispone de depuración secundaria, pero sólo la mitad cuenta con el sistema exigido, más riguroso aún. Esto se debe al aumento de las zonas sensibles en 2013, que dejó a 18 depuradoras faltas de la adecuación, en particular para el procesado de nitrógeno y fósforo.
La mayor parte de la carga contaminante que se vierte sin tratar por falta de depuración, añade el informe de la Junta, «se concentra en el entorno de la cuenca del río Guadalhorce, y los municipios del área metropolitana de Granada. El resto corresponde a algunos importantes municipios costeros de las provincias de Cádiz y Málaga, y Almería, y en su mayoría con aglomeraciones de pequeño tamaño dispersas por todo el territorio andaluz».
Porque, como concluye el Informe de Medio Ambiente 2018, «en Andalucía existen unos 2.200 núcleos definidos (no diseminados por encima de 300 habitantes) que representan una carga contaminante equivalente a de 714.000 habitantes, cuyo tratamiento de sus aguas residuales no se conoce bien, ni en lo que respecta a la cobertura de infraestructuras, ni en lo que se refiere a la funcionalidad de las existentes».
El vertido de aguas residuales sin autorización es una infracción administrativa, que pasa a delito cuando implique perjuicio o daño grave concreto a los sistemas naturales o a la salud de las personas. La Junta de Andalucía es competente en planificar; la ejecución sólo en las obras que califique de interés de la Comunidad. Para financiarlas la ley de Aguas creó el canon de mejora, lo que supone 1 euro al mes por usuario.
La Junta prevé ingresar este año por ese impuesto 139 millones de euros, aunque hasta hace unas semanas no llegaba al 12%. Ese canon, calificado como «atraco» por el Moreno Bonilla candidato, ahora lo mantiene ya como presidente.

Almería tardará 6 ó 7 años en poder sumarse contra el cambio climático

ALMERÍA.- Los almerienses, según la última encuesta del Ecobarómetro, están seriamente preocupados por el cambio climático y los efectos indeseables que se esperan en el clima y en la economía provincial. Un 87 por ciento de los encuestados declaran esa preocupación. Algo que, sin embargo, no está teniendo reflejo en las políticas de infraestructuras, señala la Mesa en Defensa del Ferrocarril en una nota.

A su entender, si nada cambia -y todo parece apuntar en esa dirección- la provincia seguirá siendo durante al menos seis o siete años más, la peor dotada del país en materia de unos servicios ferroviarios que, a todos los efectos, son los mismos, e incluso inferiores, a los que tenía Almería en los primeros años del siglo pasado.

Ese ‘centenario de miseria’ se cumple sin perspectivas a corto o medio plazo de disponer de la alta velocidad ferroviaria, con unas líneas convencionales obsoletas y con la velocidad media de viaje más lenta de España, con hasta cuatro trasbordos para ir a Sevilla (siete horas y cuarto en poco más de 400 kilómetros), y una única línea con Madrid que está amenazada con la desaparición en los próximos meses, añade.

Y todo ello, continua el escrito, "a pesar de que en el Día de la Constitución el  ministro de Fomento, José Luis Ábalos, declaraba el compromiso firme del Gobierno es que para 2030 el transporte emita un 32% menos gases contaminantes. Como no podía ser de otra manera, Ábalos incluye en ese plan la mejora del transporte ferroviario, que pasa por ser uno de los más eficientes en la reducción de emisiones".

“Lo lamentable es que Almería está aún muy lejos de poder cumplir con ese loable objetivo, impulsado por las exigencias de cumplir los compromisos para poner freno al cambio climático. En los escenarios más optimistas, la provincia no tendrá la opción de apostar por el tren, ni para personas ni para mercancías, antes del año 2025 o 2026 y eso supone que una población concienciada y preocupada no podrá formar parte de la avanzadilla que trata de reducir la huella de carbono”, apunta la asociación.

Los plazos se alargan, los proyectos no acaban de fluir, las previsiones no se cumplen y ello aboca a Almería a un futuro ferroviario aún plagado de nubarrones que impiden ver con un mínimo de claridad ese futuro ‘descarbonizado’ del que habla  el ministro, continúa la Mesa en su nota.

Pero, señaladas ya las líneas de lo que es y será necesario hacer en los próximos años, a esta organización le parece “incomprensible que a fecha de hoy no se adopten decisiones relacionadas con esa reducción de emisiones de gases contaminantes que España, y la mayor parte del resto del mundo, se han propuesto”.

Como ejemplo  pone el trayecto Almería-Madrid, con cuatro relaciones diarias entre ambas capitales; 560 kilómetros de recorrido en los que la locomotora del Talgo consume en torno a los 1.400 litros de gasoil cuando, en realidad, podría reducir esa cantidad en un 60 por ciento.

“No hay más misterio que saber que de esos 560 kilómetros de trazado ferroviario más de la mitad, en concreto 314, están ya electrificados. Si queremos marcarnos el objetivo de reducir la huella de carbono, los 214 kilómetros restantes (entre Almería y Linares) se tendrían que seguir realizando con locomotoras diésel, mientras que los 314 que van de Linares hasta Madrid pueden hacerse con una locomotora eléctrica que enganchase en Linares en muy pocos minutos”.

"No hay coste de obras, ni proyectos a aprobar, licitar y adjudicar; se trata de tomar la decisión y llevarla a la práctica ya, hoy o mañana. Con ello en cada trayecto entre Madrid y Almería se estarían ahorrando en torno a los 840 litros de carburantes y sus correspondientes emisiones a la atmósfera", asegura la Mesa.

"Los almerienses seguimos clamando por la mejora de los servicios ferroviarios o por la culminación de los proyectos de alta velocidad para el Corredor Mediterráneo, pero en tanto esas infraestructuras no llegan, sólo nos cabe rogarle al Ministerio y a su titular que, por favor, nos deje formar parte de esa batalla que la humanidad está librando contra el cambio climático. Es nuestra obligación, pero también nuestro derecho", concluye.

El cambio político provoca una crisis en los partidos andaluces

SEVILLA.- Dicen los propios afectados que un año en política es muchísimo. La experiencia de este último en Andalucía ha demostrado que esa afirmación es cierta porque los cinco partidos andaluces con representación parlamentaria han vivido sendos procesos de crisis que no han terminado y cuyas consecuencias están todavía por conocerse, según publica hoy Abc

El objetivo, ese también lo tienen claro, es estar perfectamente preparados para cuando haya elecciones autonómicas dentro de tres años. El problema está en el camino que deben recorrer hasta entonces y si serán capaces de renovar lo suficiente para volver a ilusionar a los andaluces.

El liderazgo del PSOE. Incierto futuro de Susana Díaz

Los responsables del PSOE andaluz confiesan en voz baja que el golpe del 19 de noviembre (fecha en la que se hizo pública la sentencia del caso ERE que ha condenado a 19 exaltos cargos incluyendo a los expresidentes Chaves y Griñán) ha sido muchísimo más grave que el del 2 de diciembre de 2018 cuando perdieron la Junta tras 37 años en el poder.
Y lo peor es que todavía quedan por juzgar cerca de doscientas piezas separadas del caso ERE que, si bien sus consecuencias ya no serán tan grave en términos políticos, sí que provocará constantes noticias y que el asunto siga estando de actualidad. Por si fuera poco, el caso de las facturas falsas de la UGT está a punto de ser juzgado. Otra gota más en el vaso. En este contexto será difícil pasar página.
Esta situación ha colocado a Susana Díaz en una posición de extrema debilidad; la otrora todopoderosa lideresa andaluza que hizo caer a todo un secretario federal del PSOE está en sus horas más bajas. Recluida en San Vicente, con su enemigo interno a punto de formar Gobierno en España y viendo cómo cada día sus apoyos en las diferentes agrupaciones se van diluyendo.
Porque si antes su liderazgo era indiscutible en Andalucía por más que Pedro Sánchez lo dudase y tuviese a sus peones tratando de moverle la silla, ahora hay muchos —que tienen voto en el congreso regional— que se plantean si la hora del relevo es ya inaplazable.
La posición del PSOE andaluz en el Parlamento es la muestra más evidente de su situación. No tienen una estrategia de oposición y los plenos se convierten en continuos ataques a Susana Díaz mientras que el presidente, Juanma Moreno, se va de rositas, vendiendo su gestión y llevando a debate público los asuntos que a él le interesan.
Así, la lideresa de la oposición se dedica a defenderse cuando precisamente su trabajo sería justo el contrario: exigir al Gobierno y ser beligerante con sus políticas.
¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? La que tarden sus opositores en rearmar la candidatura alternativa a Susana Díaz o, para ser más precisa, cuando encuentren a un líder que sea capaz de aglutinar todas las corrientes contrarias a Díaz. La mayoría de los ojos miran a Francisco Reyes, secretario general de Jaén y presidente de la Diputación.
Su perfil y su experiencia política son sus avales pero en su debe está que no lo ven como candidato a la Junta. Ahí entraría María Jesús Montero (ahora desaparecida tras la sentencia de los ERE) o quizás Juan Espadas, el alcalde de Sevilla que ya ha dicho que no volverá a presentarse en el Ayuntamiento. Pero las bicefalias nunca han salido bien en el PSOE. ¿Estaría Reyes dispuesto a ser un líder de transición? Habrá que verlo.

La confusión entre desatención de servicios y despoblación en la 'España vacía'


MADRID.- Todo sobre la 'España vacía' pero sin la demografía. Es la sensación de los expertos de esta rama de las ciencias sociales, hartos de ver explicaciones en los que no se les tiene en cuenta o, denuncian, se tergiversan sus análisis. Antes de confirmar una entrevista con la prensa, algunos piden "aclarar algunos puntos". Entre ellos, que su perspectiva se basa en datos empíricos y que para nada va en la línea en la que se suelen enfocar los temas relacionados con la despoblación. Y hablan de despoblación porque ni siquiera ven claro que se deba hablar de 'España vacía'. Menos aún de 'vaciada', se opina en www.eldiario.es

"Muchas veces se utiliza el tema pero se desplaza la discusión", lamenta Andreu Domingo Valls. Él es profesor de Sociología y presidente de la Asociación de Demografía Histórica. En conversación telefónica con este periódico, recuerda que la popularidad del término 'España vacía' llegó por el libro de Sergio del Molino, sobre el que apunta: "Es un ensayo escrito desde la emoción en el que relaciona el fenómeno con la emigración de los años 60, algo que no se corresponde con la realidad: hay zonas que la padecieron y no se han despoblado y otras que no experimentaron aquel proceso y sí se han despoblado".

"Estamos cansados de que gente que no tiene ni idea de demografía dé pinceladas sobre valores o fecundidad, que se despiste el tema y no se afronte en su complejidad", se queja este profesor. Su hartazgo le ha llevado a editar el el libro Demografía y postverdad (Icaria, 2018), una obra en la que más de diez expertos abordan temas como la fecundidad o las migraciones con una enfoque riguroso que echan en falta en el debate público.
"Cuando se habla de la 'España vacía' se está haciendo referencia a uno sólo de los efectos de un proceso de gran complejidad y gran trascendencia como es la redistribución espacial de la población", desarrolla Julio Vinuesa, catedrático emérito de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta dinámica, continúa, "responde a factores muy diversos que tienen que ver con el medio natural, con las infraestructuras, la organización político-administrativa del territorio, el modelo económico o las dinámicas sociales".
Por ello, lamenta "las simplificaciones excesivas, el intentar valorar los procesos complejos por uno de sus síntomas, por muy llamativo que sea, sin estudiar sus causas". Un camino que, espeta, "conduce a diagnósticos sesgados y, cuando menos, inútiles". 
"Para mí es más preocupante el tradicional desinterés por los estudios sobre el sistema urbano y la ausencia de políticas territoriales para una estructura más equilibrada de las redes de asentamientos".
De cualquier modo, en España no hay muchos demógrafos. Ni siquiera hay un grado universitario sobre esta materia. Solo se imparten algunas asignaturas de enfoque general en Geografía o Sociología, con alguna excepción. Los estudiantes de estas carreras suelen ser los que luego se especializan en demografía. 
Es el caso de Julio Pérez sociólogo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, campo que estudia desde hace más de dos décadas. El pasado año publicó un artículo con el, a priori, llamativo titular ¿España en crisis demográfica? Contra tópicos y alarmas.

El "escándalo demográfico" en el Senado

Para Pérez, los casos más flagrantes han sido los de las comisiones sobre despoblación en el Senado, que las califica de "escándalo demográfico". La primera fue en 2015, a petición del PSOE. "Hubo una treintena expertos compareciendo, pero en el documento final se incluyen un par de ideas fuertes de cada uno, que resumen en pocas líneas. En unas pocas páginas recogen todo lo que dijeron estas personas, pero es que después incluyen un dossier de una persona que no compareció", relata.
Esa persona es Alejandro Macarrón Larrumbe, un consultor empresarial que dirige la Fundación Renacimiento Demográfico. "Está muy ligado a la derecha cristiana y habla de que el problema de la despoblación es el aumento de la fecundidad. Una burrada absoluta porque eso no ha sido así nunca", defiende, pues las causas están en la migración y la movilidad interior.
De hecho, destaca que la fecundidad ha sido tradicionalmente más alta en las ciudades, "pero el problema es que se han ido". "Que se tolere que un partido añada algo así para favorecer a su propia ideología es escandaloso", lamenta este demógrafo, que recuerda que este episodio pasó desapercibido porque fue paralelo a la moción de censura de Pedro Sánchez. Pero hubo más.
En 2017, el PP creó la 'Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España', dirigida por Ignacio Cosidó, que había estado al mando de la Policía cuando Jorge Fernández Díaz era ministro de Interior. "De nuevo vuelve a comparecer Larrumbe", subraya Pérez, que recuerda el fervor religioso de Fernández Díaz. "Su trabajo se limita al compendio de recortes de Wikipedia y de ideas que ya eran arcaicas en los años treinta del siglo pasado", asevera.
"El análisis que se ha extendido lo han dibujado personas que no tienen formación en demografía, y desde las universidades o el CSIC es muy difícil contrarrestar algo así. Es importante que para buscar soluciones se apoyen en expertos reales", recopila este demógrafo, lamentando el "catastrofismo" de expresiones como "suicidio demográfico".

Los orígenes del abandono rural

Los demógrafos consultados insisten en diferenciar entre los movimientos migratorios de los años 60, de carácter masivo, y los actuales, que van más bien a cuenta gotas. En cualquier caso, destacan también que la despoblación viene de los procesos de urbanización que se desarrollaron en el siglo XIX y, en especial, el XX. Hasta entonces, la economía agraria hacía que la población viviera más distribuida.
Uno de los problemas es que estos pueblos estuvieron dedicados "sobre todo a la ganadería, pero también a la agricultura de subsistencia", modelo que "se ha quedado obsoleto en términos económicos". 
Así lo explica Joaquín Recaño Valverde, profesor de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y autor del estudio La sostenibilidad demográfica de la España vacía, publicado por el Centro de Estudios Demográficos de la UAB. "La forma de tratar este tema muchas veces es puramente oportunista. Este tema lleva así décadas y ha saltado a la palestra porque estamos en una fase de los estertores", critica en conversación con este periódico.
De hecho, el proceso se ha desarrollado tanto que ya alcanza a capitales de provincia, "que ya no pueden abastecerse de su núcleo fundamental, los jóvenes de entornos más rurales, porque ese recurso se ha agotado". 
"Los jóvenes se van de sus pueblos porque las oportunidades que hay son incompatibles con el mundo globalizado", continúa este profesor. Si un joven de un pueblo de Guadalajara -ejemplifica- se va a estudiar a Madrid, es muy complicado que luego pueda volver a desarrollar esa profesión. 
"Además, cuando conoce lo urbano, un mundo vasto de oportunidades que empiezan en Madrid y se extienden al mundo global, ¿van a querer volver al pueblo?".
Uno de los datos que más se suele difundir sobre la despoblación es que los movimientos interprovinciales se han duplicado desde principios de los años 80 a hoy, según la Estadística de variaciones residenciales del INE. 
"El factor que explica eso es la migración de población extranjera, que ronda el 40% y se mueve al poco tiempo, cada uno o dos años. Los movimientos dominantes son los de corta distancia", responde Recaño sobre este asunto: "Las migraciones clásicas rural urbano están de capa caída porque ya no hay mucha gente que salir".

La tensión entre los servicios y su coste

"En España ha habido épocas de mayor intensidad migratoria, de mayor despoblamiento y de mayor concentración. Quizás lo nuevo es el interés mediático", sugiere por su parte Julio Vinuesa, catedrático de la UAM. Para él, los principales problemas son "los crecientes desequilibrios en la distribución de los factores de localización, la excesiva concentración espacial de los elementos que ofrecen mejores oportunidades para dar respuesta adecuada a las expectativas de la población".
En su caso, tiene una perspectiva más positiva de la despoblación. En determinados territorios, indica, "podría suponer un mayor equilibrio entre las expectativas de calidad de vida de sus habitantes y la 'habitabilidad' de esos territorios". En este sentido, Recaño añade que "es posible dar servicios a zonas rurales pero a costes desorbitados, en términos de costes por persona".
Aquí está la cuestión que todos los demógrafos consultados señalan. Despejadas de la ecuación las empresas privadas, que buscan una rentabilidad difícil de hallar en entornos con poca densidad de población, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Hasta dónde debe tener en cuenta la rentabilidad la Administración pública? ¿Debe haber límites de coste por persona para ofrecer servicios?
Por un lado, está el artículo 139 de la Constitución -"Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio-. Por el otro, agrega Recaño, que "eso ni siquiera ocurre en las ciudades". 
Cabe preguntarse, continúa, si "el Estado está dispuesto a hacer inversiones muy elevadas para porcentajes muy pequeños de población, porque en áreas urbanas también hay personas desatendidas de ciertos servicios y son muchas más".
Pérez, del CSIC, lo ilustra así: "Si una mujer tiene que ir a parir a 60 kilómetros de su casa, ahí hay un problema. Pero, a la vez, no se pueden extender hospitales con todos los servicios en todos los puntos de la geografía española". 
"El debate es hasta qué punto compensa dedicar recursos o no a mitigar o revertir esos efectos. En principio es planteable, pero hay muchas facetas", reconoce, a la par que indica que "es mucho más eficiente dar servicios o infraestructuras en ciudades porque las economías de escala lo posibilitan".
En este sentido, sugiere una perspectiva más global para criticar "la concepción de que el Estado tiene que actuar igual que una empresa, buscando siempre que todo lo que haga sea rentable". 
No obstante, avisa de que la Administración también tiene que ser eficiente, pues es "absurdo pensar que esto se resuelve poniendo mucho dinero en las zonas rurales". 
Sobre todo, hay que pensar a qué se dedica el presupuesto y para qué porque "mejorar las carreteras sin solucionar las causas puede conseguir el efecto contrario: que se marchen más a mayor velocidad".
Vinuesa, por su parte, recalca "no es realista obviar la necesidad de que existan unos umbrales mínimos de demanda", pues "que responden también a una mínima racionalidad en el empleo de los recursos". 
"Los costes por habitante en ámbitos débilmente poblados multiplican varias veces los que se produce en una gran aglomeración, pudiendo hacerse insostenible económicamente", desarrolla.

Una perspectiva ecológica (y política)

"La despoblación es negativa para quienes la perciben como tal, pero para muchas mujeres y jóvenes ha sido la salvación, porque ha mejorado su calidad de vida", dispara Recaño, que señala que "a efectos ecológicos, abandonar territorios por parte de los humanos tiene una huella ecológica positiva", pues "la concentración tiene una huella ecológica más pequeña que la dispersión".
"Benidorm es mucho mejor modelo turístico que uno de casas unifamiliares, desde el punto de vista ecológico", ejemplifica. Vinuesa, por su parte, sugiere ir más allá de que "sean o no habitables para las circunstancias actuales": "Siempre tendrán un enorme valor por sí mismos como espacios naturales".
Julio Pérez, del CSIC, sí ve problemas en ese sentido. Por ejemplo, el caso de la explotación ganadera de las praderas que, entre otras cosas, sirve como método de abono. "El abandono del pastoreo modifica el riesgo de que prenda esa masa inflamable que puede haber. Organizar un servicio ambiental si no hay una actividad rural intensa o sostenida también puede ser muy costoso", señala al respecto. 
También pone sobre la mesa "el valor cultural e histórico de muchos pueblos, sobre los que se debe decidir si merecen protección".
Eso sí, tanto Vinuesa como Pérez sugieren que detrás del interés político por esta España rural puede haber también intereses electorales. El primero explica que puede haber "una motivación relacionada con las circunscripciones electorales", mientras que el segundo recuerda que "los votos no ponderan igual en estas zonas". 
Sirvan como ejemplo los extremos de las anteriores elecciones: Teruel Existe obtuvo un representante con 19.696 votos, mientras Ciudadanos y Más País tuvieron que cosechar el quíntuple de papeletas por escaño en la Comunidad de Madrid.
Además, Pérez da otro barniz político, recordando que los fascismos de los años 30 construyeron una identidad "a través de símbolos e imágenes que se centran en pasado rural, buscando lo que llamaban la esencia de las nacionales, porque la tradición política anterior lo buscaba en las ciudades". 
"Es igual que lo que ocurre hoy: solo hay que ver cómo la gente de Vox defiende al ganadero taurino y al que caza conejos, aunque sea una parte ínfima de la sociedad, y se ponen a reivindicar la España auténtica", expone.
Para este sociólogo del CSIC, no se trata solo de "un problema demográfico, sino político: tenemos que hablar sobre qué modelo de país y sociedad queremos". Si no, avisa, "podemos acabar repitiendo errores históricos gravísimos".

¿Se puede revertir la despoblación?

"No se puede en los pueblos pequeños, han perdido masa demográfica, y ya no tienen ni jóvenes para emigrar", responde Recaño, el profesor de la UAB, que apunta que "no se puede convertir un pueblo que vive de la ganadería y agricultura al sector servicios o producir ventajas urbanas en ambientes rurales". 
De hecho, considera que el desafío para las zonas que padecen la despoblación es "la resistencia", ya que el fenómeno ya afecta "incluso a municipios que no están en los ámbitos rurales". 
Recaño subraya que lo que caracteriza lo rural "no es el tamaño, sino el aislamiento. La pregunta es: ¿a cuánto estás de un núcleo urbano que te pueda ofrecer servicios?".
"La idea de la 'España vacía' ha tenido mucho éxito", incide, pero "se está confundiendo la queja del mundos rurales por la desatención de los servicios con las posibles medidas para luchar contra la despoblación. Los políticos piensan que con dinero se solventa todo". Además, recuerda, "el mundo rural español es muy heterogéneo y no puede haber soluciones comunes". 
Por ejemplo, Guadalajara, Soria o Teruel son las más afectadas. Pero, en cambio, "los entornos rurales no son pobres en términos de renta, sino que están en el sur, con todas las excepciones urbanas que pueda haber en Andalucía".
España tiene una estructura muy peculiar, desarrolla, basada en un área central y pueblos muy pequeños, "algo que tiene que ver con nuestra historia". 
"En Italia con menos superficie tiene el mismo número pueblos, pero mucha más población, 60 millones de habitantes. O Francia, que tiene más municipios y habitantes con una extensión similar", pone como ejemplo. De todos modos, ve una difícil solución, porque "no puedes anclar a la población al territorio cuando los jóvenes se están yendo". 
Y es que, "cuando entras en la rueda, lleva a un profundo abismo". Por ello, reconoce que"no se pueden poner paños calientes: hay municipios salvables y otros que no, así hay que establecer unas jerarquías". 
"En España hay muchos pueblos y cuando se podía solucionar nadie se preocupó del tema".
Para Vinuesa, el mundo rural debe "competir con las ventajas de la vida urbana", pues "si los individuos prefieren vivir en las ciudades es básicamente por la mejor respuesta que ofrecen en cada momento a sus expectativas, reales o potenciales, de calidad de vida". No considera que sea posible revertir el proceso, pero incide en llegar al fondo del asunto, que pasaría por "reconsiderar la organización territorial". 
"La actual organización es un obstáculo para implementar estrategias eficaces de cooperación interterritorial", avisa.
Por último, Andreu Domingo insiste en esta idea, pues sin atender al modelo centralizado es imposible "entender la despoblación de las Castillas y la metropolización de Madrid". 
"Los políticos nos preguntan qué hacer de un día para otro y no tiene sentido, es algo mucho más profundo". 
Propuestas como que las zonas deshabitadas se vayan a repoblar con población extranjera las tacha de "absurdas". Y zanja: "Si no se cambian las causas, ¿por qué van a querer quedarse ellos o sus hijos allí?".

La era de los extremos climáticos ya está aquí... y nada está preparado

BARCELONA.- La era de los extremos climáticos ya está aquí. En los últimos 20 años, 12.000 fenómenos meteorológicos extremos han dejado su rastro en prácticamente todos los rincones del planeta. Lluvias torrenciales, huracanes, inundaciones, olas de calor y sequías se han cobrado la vida de 495.000 personas y han dejado a su paso unas pérdidas de 3,54 billones de dólares, según los datos del Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch, se recuerda hoy en El Periódico.

 ¿Pero es la crisis climática responsable de estos fenómenos? La respuesta es más complicada de lo que, a priori, podría parecer. Científicamente no sería correcto atribuir un evento meteorológico concreto, como el caso de una tempestad o una gota fría, al estado de emergencia climática. 
Pero, a falta de estadísticas a largo plazo que confirmen esta relación, los expertos recuerdan que la crisis climática está relacionada con el aumento de la frecuencia y la intensidad de este tipo de sucesos. Esta es la cara más visible de una 'era de los extremos climáticos' que en los últimos años ha dejado innumerables daños tanto humanos como materiales en todo el planeta.
Los últimos episodios de gota fría, también conocidos por las siglas de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que han afectado a la península Ibérica este último año. La lluvia torrencial que provocó la crecida del río Francolí, en Tarragona. Las inundaciones de Sant Llorenç, en Mallorca. Los intensos aguaceros vividos este otoño, los más abundantes de los que se tiene constancia en el último medio siglo. La ola de calor que este verano ha ahogado una Península ya en riesgo de desertificación dejando récords de temperatura históricos. Todos ellos escenifican estos extremos. 
Pero, aun así, ninguno de estos puede atribuirse directamente a la alteración del clima causada por la acción humana. "Los modelos que utilizamos para estudiar el clima muestran que en un escenario de cambio climático estaremos más expuestos a este tipo de fenómenos. No podemos hacer extrapolaciones directas, pero sí confiar en estos patrones", argumenta José Manuel Gutiérrez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Física de Cantabria.

A falta de confirmación, pruebas

Gutiérrez explica que este tipo de estudios de atribución empezaron hace relativamente poco y aún hacen falta más investigaciones para hablar de manera más contundente. Una cosa son los fenómenos meteorológicos concretos (tormentas, tornados, huracanes, heladas, granizos o nieve, por ejemplo) y una muy diferente el clima (los valores promedio recogidos durante largos periodos de tiempo). 
"Por ahora se han estudiado algunos eventos a nivel individual. Pero necesitamos más tiempo y datos para extraer conclusiones más robustas a nivel global", comenta el experto en meteorología, quien pronostica que los datos más concluyentes hasta la fecha llegarán de la mano del próximo informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático del 2021.
A falta de confirmación oficial, la relación entre la crisis climática y los fenómenos meteorológicos extremos tendría una explicación física más que evidente. Rubén Sousse, físico dedicado al estudio de la atmósfera en la Universidad de Bremen (Alemania), apunta a que la demostración no es otra que el ciclo del agua. La emisión de gases contaminantes genera el ya conocido efecto invernadero, responsable del calentamiento global. 
Esto, a su vez, provoca que los océanos reaccionen a la subida de las temperaturas con una mayor evaporación de agua. Y este proceso es el que, a grosso modo, estaría alimentando unos fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes y extremos. Y no es que llueva más o menos que antes. Sino que los niveles de precipitaciones que antiguamente caían repartidas a lo largo de un año entero se concentran ahora en unos pocos episodios. 
"Para que nos entendamos, es como si estuviéramos echándole más leña al fuego", comenta Sousse.

Un año catastrófico

"Las olas de calor y las inundaciones que solían producirse una vez cada 100 años son cada vez más frecuentes", recalca el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (WMO), presentado por Petteri Taalas, secretario de la institución, durante la COP25. Los efectos de las precipitaciones irregulares ya dejan su huella a escala global. Mientras en un parte del mundo se producen tormentas, huracanes e inundaciones; en otra predominan las sequías. Muestra de ello, los datos de este último año. 
Visto en perspectiva, el 2019 cierra la década con las temperaturas más altas desde que se tiene registro. En estos últimos 365 días, las intensas precipitaciones han azotado con especial fuerza a la parte central de los Estados Unidos de América, la zona septentrional del Canadá, el norte de Rusia y la zona de Asia Suroccidental. 
Hasta la fecha, en el hemisferio norte se han producido 66 ciclones tropicales, una cifra notablemente superior al promedio de 56 que suelen formarse hasta esta época del año.
Paralelamente, las sequías extremas afectaron muchas partes del sureste asiático y el suroeste del Pacífico y las olas de calor se cebaron con Europa. Francia alcanzó un nuevo récord nacional de temperatura máxima de 46,0 °C (1,9 °C por encima del máximo anterior). Australia también vivió la temperatura media más elevada jamás registrada. Esto, a su vez, contribuyó a una temporada de incendios que superó los registros medios en lugares como Siberia y Alaska. 
Las condiciones de sequía en Indonesia y los países vecinos dieron pie a la temporada de incendios más devastadora desde 2015. América del Sur, uno de los territorios que  más perjudicado por los extremos de la crisis climática, ha vivido en el último año tanto graves inundaciones en el norte de la Argentina, el Uruguay y el sur del Brasil como devastadores incendios en el Amazonas, Bolivia y Venezuela.

Consecuencias extremas

La otra cara de la 'era de los extremos climáticos' es la huella que dejan en la vida de las personas. "Los eventos meteorológicos extremos son aquellos que dejan efectos extremos en la sociedad", recuerda Gutiérrez, experto en meteorología y datos. Y es que, aunque muchos relacionen la crisis climática solo con el desolador rastro de los huracanes, el Mediterráneo será una de las zonas más afectadas por la crisis climática. 
"Todo apunta a que en esta zona las temperaturas seguirán subiendo y que, por lo tanto, las sequías se incrementarán. Un 75% de la península Ibérica es susceptible de convertirse en una zona desértica. Esto tendrá efectos innegables en los recursos naturales del territorio, en las actividades que dependen de la naturaleza y en la población", destaca el investigador en referencia a los últimos informes publicados sobre la cuestión.
Inundaciones, tormentas y sequías están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los territorios más vulnerables del planeta. Un total de 35 millones de personas se encuentran en riesgo de hambruna por la crisis climática, de las cuales 17 millones son niños. 
LA WMO calcula que, entre enero y junio del 2019, más de diez millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de los daños que la crisis climática. 
Si la situación sigue como hasta ahora, los desplazamientos asociados a fenómenos meteorológicos extremos podrían triplicarse hasta alcanzar una cifra de aproximadamente 22 millones de personas a finales de 2019. Y esta es solo la punta del iceberg de una crisis medioambiental extrema que ya afecta a todo el planeta.

Las ciudades no están preparadas para la crisis climática

La crisis climática hará estragos en el Mediterráneo. Los expertos apuntan a que, al menos en Europa, esta será la zona más afectada por inundaciones, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos provocados por la acción del hombre sobre el medio ambiente. Aun así, las grandes ciudades del sur de Europa son las menos preparadas para hacer frente a lo que se avecina. 
El análisis más completo realizado hasta la fecha de los planes de acción climática de 885 ciudades europeas desvela que "las ciudades con altas tasas de desempleo, veranos más cálidos, próximas a la costa y, por lo tanto, con una mayor exposición a los impactos climáticos futuros, tienen significativamente menos planes de acción climática".
El estudio, liderado la Universidad de Twente (Países Bajos) en colaboración con 30 investigadores de diferentes instituciones, concluye que las zonas mejor preparadas para hacer frente a la crisis climática son las metrópolis de más de 500.000 habitantes y las localidades del norte del continente. 
Los datos sugieren que la mayoría de las ciudades europeas, concretamente un 66%, tienen un plan para mitigar los efectos de la crisis climática, ya sea autónomo o en sintonía con las políticas nacionales y/o europeas. 
Solo un 17% de las urbes europeas cuenta con un programa coordinado de adaptación y mitigación con el que hacer frente a los efectos de la emergencia climática. En el otro extremo, el 33% de carece de cualquier forma de programa independiente.

Pérdidas incalculables

Mientras, los eventos meteorológicos extremos van dejando rastro a su paso por el territorio. Por ejemplo, colapsando e inundando ciudades sin un alcantarillado adaptado. El Consorcio de Compensación de Seguro (CCS) estima que las últimas inundaciones vividas en España, que afectaron especialmente las regiones de Alicante y Murcia, provocaron unas pérdidas equivalentes a 445 millones de euros. 
Esta gota fría habría sido el segundo siniestro más caro en la historia reciente de España, después de las inundaciones del País Vasco de 1983. "Y esto solo es la punta del iceberg", asegura Pedro Tomey, director general de la Fundación Aon España. 
"Estas cifras solo reflejan la compensación económica de los elementos asegurados. Si tenemos en cuenta los daños humanos e inmateriales las pérdidas ocasionadas por la crisis climática serían incalculables", añade.
El rastro de los fenómenos meteorológicos extremos va mucho más allá de los daños que causa en el momento. "Estas catástrofes naturales también afectan al urbanismo, la producción agrícola, los recursos del territorio. Hay zonas que quedan totalmente devastadas después de una tormenta y la gente se ve obligada a reconstruir su vida o huir", argumenta Tomey. 
En España, explica, las catástrofes climáticas más amenazantes llegan en forma de inundaciones,  desertización y olas de calor cada vez más intensas y duraderas. "Y luego están los incendios, que también proliferan como una consecuencia indirecta del aumento de las temperaturas, el desgaste del suelo y la acción humana", recalca.

Epicentros del cambio

Los expertos sitúan a las ciudades como epicentros del cambio en la lucha contra la crisis climática. El 'pacto de los alcaldes por el Clima', por ejemplo, ya reúne a más de 9.000 autoridades locales y regionales. España a Italia destacan como los países con más número de alcaldes adheridos a este convenio. 
Los datos indican que el impulso de políticas públicas en un territorio no solo afecta a este, sino que incita a los de su alrededor a actuar en la misma línea. Muestra de ello, la proliferación de iniciativas alrededor de las metrópolis con planes más ambiciosos de transición ecológica.
"Es importante que las administraciones locales se comprometan con medidas en favor de la la sostenibilidad tanto ecológica como social como, por ejemplo, la limitación del tráfico para el control de las emisiones", argumenta Agustí Amorós, de la consultora AIS Group quien, en colaboración con el Observatorio de la Sostenibilidad, lanza un programa para que los ayuntamientos puedan medir su grado de cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
"Ahora mismo necesitamos ir más allá de las iniciativas puntuales y apostar por una acción conjunta para hacer frente a este problema global", recalca.

La Fiscalía pide 113 años en la mayor operación contra la marihuana en Almería

ALMERÍA.- La Operación Acantha destapó el mayor alijo de cannabis sátiva descubierto  nunca en la provincia y, al mismo tiempo, supuso un toque de atención ante la auténtica dimensión del mercado clandestino sembrado en el sudeste español. Corría el año 2017, según recuerda hoy La Voz de Almería.

La Fiscalía Provincial de Almería pone ahora cifras al delito y solicita 113 años de prisión para los 11 acusados del cultivo de 54.000 plantas de marihuana, la inmensa mayoría aprehendidas en invernaderos de la comarca de Níjar entre septiembre y octubre de 2017.El escrito de acusación apunta a un presunto grupo organizado y profesional. 

“Decidieron de común acuerdo, y según una división preestablecida de funciones, dedicarse a la obtención de grandes cantidades de marihuana en fincas y viviendas alquiladas”.

A finales de septiembre, la Guardia Civil irrumpió en tres invernaderos y una finca anexa en Las Norias de Níjar. La propiedad fue alquilada previamente y en apenas tres meses había conseguido levantar una producción de marihuana inédita en Almería (la Comandancia de Almería grabó imágenes con un dron para recorrer todo el espacio explotado). 

En la primera superficie se hallaron 10.000 plantas, en la segunda 9.500 plantas y 2.700 esquejes y en la tercera 22.000 plantas. Nadie había alcanzado cifras semejantes en la provincia y solo había un par de antecedentes criminales similares en España.

La operación creció poco después. En el mes de octubre, apenas tres semanas después, la Policía Judicial golpeó de nuevo a la red con la localización de un cuarto invernadero con 8.110 plantas en el paraje La Pared de Atochares (Níjar).

Las instalaciones tenían puntos en común. No solo permitían la explotación intensiva y a gran escala de las superficies bajo plástico sino que además contaban con sistemas de seguridad y herramientas pensadas para el cuidado, corte y envasado de los cogollos.

En una tercera fase, la investigación se desplazó hasta las provincias de Alicante (San Juan, Elda, Petrer, Denia y Campello) y Murcia. En la provincia valenciana se produjeron registros en viviendas y fincas rurales con decomisos de menor tamaño.

La Fiscalía considera que los 11 acusados formaban parte de “un grupo criminal”  que, además, se “aprovisionaron de otras sustancias estupefacientes como la resina de cannabis y el MDMA para su posterior distribución y venta a terceros”. La operación acabó con los planes.

La acusación del Ministerio Público pide diez años de cárcel para nueve acusados (cada uno) centrados en el eje del presunto grupo criminal. En cambio, reduce a seis años y medio de prisión la solicitud para dos varones sorprendidos el 27 de septiembre de 2017 en las dos primeras fincas invernadas.  

El primero de ellos huyó a pie cuando los guardias civiles llegaron al paraje La Serrata de Níjar y el segundo se dio a la fuga en un vehículo estacionado en la parte trasera del invernadero, que incluso llegó a atropellar en su huida a un agente causándole lesiones leves. Poco después fueron detenidos en el primer paso de la mayor operación contra la marihuana.

Los acusados usaron presuntamente un sistema de producción agrícola similar al implantado en los invernaderos de Almería para el sector hortícola. Incluso tenían sus propios intermediarios para la exportación y personas dedicadas al cuidado y seguimiento de las producciones.

Existían operaciones anteriores sobre invernaderos de la marihuana (operaciones de la Policía Nacional y de Guardia Civil), pero nunca con un volumen de droga como este.

Aunque el grueso de las plantas estaba en la comarca de Níjar, los detenidos tenían su centro de operaciones en la provincia de Alicante. Allí se descubrieron anotaciones, otras drogas y evidencias de una producción enfocada a la exportación a Europa.

Los presuntos traficantes apostaron por instalar sus cultivos en el Campo de Níjar con el objetivo de ocultar la marihuana en el mar de plástico de invernadero. Aunque el olor era evidente, las grandes superficies agrícolas del entorno servían de parapeto. Se sospecha que la intervención llegó antes de la primera gran cosecha.

Acantha era un personaje de la mitología griega, aunque las versiones varían sobre su origen y papel. Se dice que pudo ser una ninfa convertida en planta por el dios Apolo. En cualquier caso, aparece en el origen del nombre acanto, una planta común en el arco mediterráneo y usado por sus propiedades medicina.

Las cifras de la Operación Acantha colocan el cultivo de marihuana a la altura de grandes empresas de exportación. Los traficantes levantaron un negocio millonario en unas pocas hectáreas dedicadas al cultivo de cannabis sátiva.

Nunca antes se sacó tanto rendimiento económico a un metro cuadrado de superficie invernada en la provincia de Almería... si no fuera por la irrupción de los agentes de la Guardia Civil. La Policía Judicial cortó algo más que una planta.

Según el pesaje oficial y la valoración económica de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, la droga intervenida roza los diez millones de euros en el mercado clandestino. El grueso corresponde a las plantaciones localizadas en la comarca de Níjar, aunque en una segunda fase los agentes detectaron cultivos de menor tamaño en la provincia de Alicante.

La investigación consiguió cortocircuitar un sistema que arranca en invernaderos y acaba en países del centro y norte de Europa, donde la demanda de marihuana es alta y los precios permiten obtener beneficios multimillonarios con inversiones pequeñas.

De hecho, en los registros se encontraron distintas etapas en el crecimiento y procesado del cannabis. Unas fincas tenían macetas recién plantadas, otras pequeños esquejes, otras plantas de dos metros de altura y otras bolsas de cogollos secos listos para viajar hacia Europa.

Un ejemplo de rentabilidad es el contrato de alquiler localizado en un dúplex de Benidorm. Por los 960 euros mensuales, los acusados presuntamente se hicieron con un lugar donde cultivar. Allí guardaban 204 plantas y tres kilos de picadura de baja calidad, con un valor de 23.000 euros en el mercado clandestino.

La Fiscalía de Almería pide para los acusados multas económicas de 29 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por la comisión de presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Dieciocho funcionarios con un doctorado trabajan como auxiliares en la Junta de Andalucía

SEVILLA.- La función pública cambia con el paso del tiempo. Igual que sus empleados. Si en el periodo entre 1989 y 1999 la edad media de acceso como funcionario de carrera en la Junta era de 29 años, en la última década -que va de 2010 a 2019-, los nuevos empleados públicos que aprueban unas oposiciones tienen ya 36 años. 

Aunque hay muchos factores para explicar este fenómeno, la crisis económica que vivó Andalucía -y España- durante años puede tener gran parte de culpa. Mucha gente, explican desde las academias de preparación de opositores, quedó fuera del mercado laboral y se animó, con más años de lo habitual, a intentar entrar en la Junta. De ahí que la media de edad haya subido.
La Junta de Andalucía tiene a 18 personas con un doctorado que trabajan en la categoría C1 y C2 -la más baja- de la administración andaluza. También hay 77 empleados públicos en esos puestos con un máster, cinco licenciados en Arquitectura, 39 ingenieros, 2.188 licenciados universitarios y 153 graduados por la Universidad.
Son personas que, pese a haber estudiado hasta los grados más altos de la escala universitaria, desempleñan tareas como auxialiares administrativos.
«Un porcentaje importante del personal de la Junta -señalan desde la administración andaluza- cuenta con una titulación muy por encima de la requerida para el puesto que ocupa», publica hoy Abc