ALMERÍA.- El Tribunal Supremo (TS) ha citado a declarar al senador y alcalde de Gádor Eugenio Gonzálvez (PP), como imputado en un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de las obras de una nave en este municipio, por valor de 144.837 euros, por lo que se sentará en el banquillo de la Sala Segunda del TS el próximo día 12 de abril.
Pese a todo, Gonzálvez anunció hace unos días que volverá a encabezar la lista del PP en la próximas municipales.
Al ser aforado por su condición de senador, Gonzálvez comparecerá en dicha Sala Segunda, destinada a causas especiales y conformada por cinco magistrados, siendo el instructor de la causa Miguel Colmenero.
El TS se declaró competente para instruir el proceso el pasado mes de junio, tras admitir a trámite una querella interpuesta por el PSOE de Gádor, ya que la Fiscalía del Supremo encontró indicios suficientes de este delito de prevaricación en la adjudicación de las obras de una nave en este municipio, valorada en 144.837 euros.
El auto de la Sala Segunda estimó así la querella tal y como solicitó la Fiscalía del PSOE acerca de "la adjudicación de un contrato administrativo de obras sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación".
El ponente, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, expone que "Pudiendo, en principio, los hechos relatados en la querella ser, tal y como informa el Ministerio Fiscal", una vez tomado testimonio íntegro del Procedimiento Contencioso-Administrativo interpuesto sobre la misma cuestión, Procedimiento Ordinario 540/2007 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería...." y "estando suficientemente acreditado en las presentes actuaciones la condición de Senador del Excmo. Sr. Don Eugenio Jesús Gonzálvez García, es procedente, de conformidad con los arts. 71.2 de la Constitución Española, 57.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 22.1 de Reglamento del Senado, asumir la competencia de esta Sala, para el conocimiento de la causa y la designación de Instructor, conforme al turno previamente establecido".
Las obras fueron iniciadas en el año 2.000, sin que se hubiese realizado un concurso público para escoger a la empresa encargada de las mismas. El portavoz socialista de Gádor, Juan Antonio Almansa aseguró en su día que "para darle apariencia de legalidad, Gonzálvez pidió un presupuesto a tres empresas que pertenecen al mismo grupo y que comparten sede social".
El secretario interventor, ante la orden de pago de las facturas del alcalde puso un reparo en el que se decía que "se habían omitido requisitos y trámites esenciales" o que "no habían sido fiscalizados los actos que generaban las órdenes de pago". Ya en el pleno de 7 de agosto de 2007, donde se dio cuenta de estos pagos, Gonzálvez "se hace el gallito y aunque no era necesario decide votarlos".
Por otro lado, el Supremo ha informado además de las citaciones de los testigos de la acusación. El 19 de abril declararán a partir de las 10:30 horas Juan Miguel Fernández Jurado, secretario interventor del Ayuntamiento de Gádor, Francisco Quesada Sánchez, ingeniero técnico industrial del Consistorio, y María del Rosario Cañizares Gonzálvez, representante de Montajes Metálicos Almería SL.
El día 26 de abril, a la misma hora, pasarán por la Sala Segunda, también como testigos de la acusación, los representantes legales de las empresas Acerama SC y Lamas Estructuras Metálicas SL.
