martes, 9 de octubre de 2012

La recentralización del Estado y sus consecuencias

MADRID.- Según el CIS, el 40% de los españoles está a favor de regresar al centralismo y devolver a Madrid las competencias de las autonomías. Pero esto implicaría reformar la Constitución, afectaría a la clase política y obligaría a seguir pagando los sueldos de cerca de medio millón de funcionarios sin tarea, según http://arndigital.com

El Estado autonómico vive sus horas más bajas de los últimos años. Por un lado, su viabilidad está siendo puesta constantemente en duda por los partidarios a favor de la separación de Cataluña o de la implantación de un modelo federal. Por el otro, cada vez están cobrando más fuerza las propuestas de aquellos que exigen lo contrario. Cuatro de cada diez ciudadanos entrevistados por el CIS se muestran favorables a la supresión de las comunidades, o, al menos, a que pierdan alguna de las competencias que les han sido transferidas. El principal argumento que esgrimen los partidarios de la recentralización es que esto supondría un importante ahorro y pondría fin a las duplicidades. Pero, según los expertos, dicho ahorro solo empezaría a notarse tímidamente al cabo de un mínimo de cinco años y, en el corto plazo, supondría duplicidades y serios problemas políticos, jurídicos y de deuda.
La pasada primavera, mucho antes del viraje hacia el soberanismo del Gobierno catalán, la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso que se devolviesen al Gobierno central competencias como la Sanidad, la Educación o la Justicia. Tan sólo unos meses después, un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) señalaba que la mayoría de los ciudadanos veía con buenos ojos una recentralización. Algo que, en un momento en que Madrid ha establecido límites de déficit y endeudamiento de las comunidades, y en el que casi todas las regiones con mayor peso en la economía española han acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), podría ser visto por algunos como una oportunidad política inmejorable.


Un proceso políticamente imposible…


El problema es que, como señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, “salvo que se trate de llevar a cabo un cambio revolucionario, cualquier intento de suprimir una Comunidad Autónoma requeriría una reforma de la Constitución por la vía agravada del artículo 168”. Y, si lo que se pretende es que el Estado recupere competencias que han sido asumidas por una Comunidad, habría que modificar ineludiblemente su Estatuto, para lo que también sería necesario cambiar la Carta Magna, aunque, quizás, por el procedimiento del artículo 167, mucho más sencillo.


La reforma constitucional sólo podría eludirse en un número de casos muy limitado: en aquellos en los que, como sucede con la policía de tráfico en Cataluña, se haya utilizado una ley orgánica de transferencia o delegación.


Pero, según Punset, la recentralización es “políticamente imposible”. Esto se debería, como explica Juan Aitor Lago, director del Strategic Research Center de la escuela de negocios EAE, a que, si se viesen privados de todas sus competencias, lo más probable es que las instituciones de las comunidades autónomas dejasen de existir, lo que afectaría seriamente a la clase política. Según los expertos, si en España se adoptase un Estado centralista similar al francés, el número de políticos se reduciría de 400.000 a 100.000.


… y complicado para la economía


Éste motivo, el mismo que haría que la clase política española se opusiese en todo momento a una vuelta total al centralismo, es precisamente uno de los más utilizados por sus partidarios. Los otros dos son el ahorro y la supresión de duplicidades entre administraciones. Ahora bien, en el plano económico la recentralización también tendría una serie de consecuencias que no serían precisamente positivas.


Y es que, como señala el catedrático de Economía de la Universidad Complutense Mikel Buesa, “todo puede ser económicamente viable: todo depende de los costes y de los beneficios”. En la actualidad, las competencias que tienen un mayor peso en el gasto público del Estado y de las autonomías son, como se ha venido recordando insistentemente, las relacionadas con la Sanidad y la Educación, ya que la justicia mantiene aún un notable grado de centralización. Se calcula que el gasto público en estas dos materias ascendía en 2009, antes de los últimos recortes, a cerca de 110.000 millones de euros.


Si Madrid recupera la titularidad de estas competencias, el gasto repercutirá en la Administración central, y también quedarán a su cargo los empleados públicos autonómicos que hasta entonces las desempeñaban. Pero, como explica el también profesor de la Complutense Alfonso Utrilla de la Hoz, es muy posible que, en vez de generar ahorro, a corto plazo la vuelta al centralismo produzca más costes, derivados, paradójicamente, de la aparición de nuevas duplicidades.


Nuevas duplicidades


Esas duplicidades estarían causadas, según Juan Aitor Lago, porque, aunque se queden sin tarea, los funcionarios que ocupan puestos administrativos en las autonomías seguirán manteniendo sus plazas fijas de trabajo, y, por lo tanto, cobrando los salarios correspondientes del Gobierno central, aunque no desempeñen ninguna función. Esto se vería de una forma especialmente acusada en la Sanidad y en la Educación, sobre todo en las universidades públicas autonómicas.


En este sentido, otros especialistas añaden que, si bien una recentralización supondría inequívocamente el despido de gran parte del personal laboral, el problema de los funcionarios no tendría solución. Estos mismos analistas indican que, de acuerdo con el último Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número de dichos funcionarios –descontando al personal sanitario y los maestros, cuya inserción en un sistema centralizado sería mucho más sencilla– ronda el medio millón de personas.


Pagar más por la deuda


El otro gran problema vendría asociado a la deuda autonómica, que este año ha ascendido a 140.000 millones de euros. De la Hoz apunta que, una vez se hubiesen visto privadas de sus principales competencias, las comunidades seguirían teniendo que hacer frente a sus endeudamientos millonarios, pero podrían muy bien no tener ingresos para ello. Para salvarlas del ahogamiento, los expertos coinciden en que sólo quedaría una solución: que la Administración central hiciese suya dicha deuda. El problema es que, entonces, los elevados intereses de los bonos autonómicos podrían hacer que el Tesoro español tuviera que pagar mucho más para colocarlos en los mercados.


¿Y el ahorro?


El proceso de recentralización sería especialmente complejo y dificultoso, ya que las comunidades podrían oponerse a perder unas competencias que les fueron transferidas a lo largo de quince años. Y además, en una situación de problemas de costes y pagos de los intereses de la deuda, únicamente podría esperarse una reducción de gastos en un plazo mínimo de un lustro. Y todo ello dependería, no obstante, de las condiciones que Alemania impusiese de cara a una posible petición de rescate por parte de España y del modo en que se llevasen a cabo las conocidas como ‘economías de escala’, es decir, conseguir que la actividad de la Administración llegase al mayor número de usuarios al menor coste posible. Lo malo es que, como recuerda Xavier Cuadras, profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, en determinados servicios, como la Sanidad, su elevada territorialidad hace muy difícil que estas ‘economías de escala’ puedan tener una gran implantación. Por todo ello, los expertos coinciden en que, en lugar de impulsar un proceso involutivo hacia el centralismo, la opción más adecuada estaría en apostar por la reducción de gastos y la coordinación entre entidades territoriales.

Por qué no quieren a los políticos / José Oneto

La crisis institucional se agrava conforme se complica la situación económica y social del país, según reflejan dos de las más importantes encuestas que se elaboran periódicamente: la del oficial CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y la que para el periódico “El País”, realiza Metroscopìa.

Los datos de los dos sondeos proporcionan una radiografía bastante aproximada de la grave deriva económica, política, social, constitucional e institucional en la que está el país, hasta el punto que, por ejemplo, en la serie histórica que viene elaborando el CIS, la preocupación por la clase política ha ido en aumento y ha alcanzado su récord, ya que más de la cuarta parte de los españoles creen que los políticos y la denominada clase política, constituyen el tercer problema del país, después del paro y de la situación económica.

Pero es que, además, casi el 89 por ciento está convencido de que la situación económica del país es mala o muy mala, el 67 por ciento que es peor que hace un año, y el 77 % que el año que viene será igual o peor que éste, al tiempo que más del 77 por ciento piensa que la situación política es mala o muy mala, más del 87 por ciento que es igual o peor que el año pasado y el 76 por ciento que el año próximo será igual o peor que hoy.

El cuadro lo completa Metroscopia al señalar que quizás, debido a esa desconfianza en la clase política, se desploma la fidelidad de los ciudadanos a los dos grandes partidos, que se hunden respecto a los resultados de las últimas generales, mientras sus líderes cosechan un gran rechazo. Más el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, ya que el 90 por ciento de los encuestados confían poco o nada en él, frente al 84 por ciento de disconformidad frente a Mariano Rajoy. Dos cifras realmente preocupantes.

De los dos sondeos se deduce que el malestar social que ha provocado la crisis económica y sus devastadores efectos, han terminando dañando a los partidos políticos, a sus dirigentes, a los gobernantes, al sistema democrático, e incluso al modelo de Estado autonómico, al que se acusa de ser uno de los causantes del despilfarro que ha complicado, en alguna medida, la actual crisis, que ha terminado por condicionar el futuro político del país, en tanto hemos ido perdiendo soberanía frente a Europa a la que, para agudizar más la “gran crisis” en la que estamos, se quiere incorporar Cataluña, después de independizarse y escindirse de España, mientras tenemos que cumplir unas durísimas condiciones económicas -endurecidas en caso de un rescate de la Deuda soberana- que nos han conducido, por el momento, a una de las mayores recesiones económicas desde el final de la guerra civil de l936-1939. Aunque el ministro de Economía y Competencia, Luis de Guindos, acaba de asegurar en Luxemburgo, en la reunión del Eurogrupo, que “España no necesita más austeridad”.

Al final, ese gran despilfarro, la falta de un mínimo consenso para hacer frente a una crisis que se puede llevar todo por delante; los numerosos casos de corrupción que hace que, por ejemplo, en el Parlamento valenciano el tercer grupo parlamentario sea el de los “imputados” en numerosos casos de corrupción; que muchos imputados puedan volver a presentarse a las elecciones, como si no hubiese pasado nada; que representantes partidos políticos tengan una gran responsabilidad en el gran escándalo del hundimiento de las Cajas de Ahorros que han tenido que ser rescatadas con el dinero de los ciudadanos; que conocidos los datos de su desprestigio ante la ciudadanía, la única reacción que hayan tenido haya sido en vez de hacer la mínima autocritica, echarse la culpa uno a otro, el PP al PSOE, el PSOE al PP, Carlos Floriano a los gobiernos socialistas y Oscar López al gobierno de Rajoy, explica muy bien esa falta de sensibilidad con lo que realmente está pasando, ese desprestigio que está afectando gravemente al sistema, esa ausencia de liderazgo, en uno de los momentos más graves de nuestra democracia.

http://www.republica.com/2012/10/08/por-que-no-quieren-a-los-politicos_559523/ 

Denuncian que en la RPT de la Diputación de Almería figuran cuatro plazas de redactor con título de Bachillerato

ALMERÍA.- El Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería y la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) denuncian que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación de Almería, correspondiente a 2012, aprobada definitivamente con las modificaciones incorporadas por el pleno de la Corporación Provincial de 7 de septiembre, según recoge el anuncio del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en su núm. 195, de este 8 de octubre, figuren cuatro plazas de redactor/a, personal laboral, exigiendo el título de bachiller o equivalente. Asimismo, se contempla una plaza de jefe de prensa y dos de asesor de comunicación, de carácter eventual, para licenciados, sin especificar más. 

RPT Diputación
"Las siete plazas de la RPT de Diputación deberían ser exclusivas para periodistas, exigiendo el título de licenciatura o grado en Periodismo, o en Ciencias de la Información o Comunicación, especialidad de Periodismo o Comunicación Audiovisual, o bien pertenecer al Colegio de Periodistas de Andalucía. La administración debe velar escrupulosamente porque los periodistas tengan sus plazas de acuerdo con su titulación, como ocurre en la misma RPT con médicos, psicólogos, arquitectos y otras profesiones. El intrusismo debe terminar de una vez y la administración, más que nadie, ha de velar por evitarlo de forma clara y transparente", sostiene la Asociación de la Prensa.

La AP-APAL el 17 de noviembre de 2006, mostró su desacuerdo y rechazo a la oferta de empleo público de la Agencia de Comunicación Local (ACL) de Diputación donde se ofrecían seis vacantes de redactor (dos para nivel de titulación superior y cuatro para bachiller, FP 2 o equivalente). El 6 de octubre de 2010, el colectivo de periodistas denunció la convocatoria de Diputación, que después fue anulada, para cubrir cinco plazas de redactor de ACL Radio, exigiendo únicamente el bachillerato. 
En diciembre de 2011 la AP-APAL lamentó y rechazó el despido de tres periodistas de la ACL Radio, algunos de ellos con más de diez años de antigüedad en el medio “por causas objetivas”, al poco tiempo de que la Agencia pasase de ser un organismo autónomo local de la Diputación a depender directamente del área de Presidencia. Ahora, en la RPT aprobada, se encuadran las plazas en el Departamento de Comunicación, pero manteniendo su “estatus” anterior, objeto de la denuncia de los periodistas almerienses.

"Esta situación, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones el Colegio de Periodistas de Andalucía, la FAPE, la FAAP y la AP-APAL, es una muestra más de que las Administraciones Públicas -ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía- desprecian el trabajo del periodista profesional al negarles el acceso a la Función Pública por no contemplar la categoría laboral de Periodista en la Relación de Puestos de Trabajo. Esta situación da lugar a que decenas de compañeros sean contratados como administrativos o como personal de confianza, cuando su trabajo real es el de un profesional de la comunicación en un gabinete de prensa o en una emisora o medio público, y que está al margen del color político del gobierno de turno", concluye la nota de la Asociación de la Prensa.

La UNED espera superar las 2.800 matrículas para este curso en Almería

ALMERÍA.- El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha presidido la inauguración del Curso Académico 2012/2013 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Durante el acto, el presidente de la institución provincial, que también preside el Patronato almeriense de la UNED ha destacado la importancia de este organismo "que acerca la universidad a todos los rincones de la provincia, facilitando el acceso a la formación a aquellos que están más lejos de la capital y los que no disponen de medios para desplazarse a otras provincias". 

    Trino Gómez, director del Centro Asociado de la UNED en Almería, ha explicado que "para este curso ya contamos con 1.500 matriculados a falta de un mes para acabar el plazo, por lo que esperamos superar la cifra de 2.800 conseguida el año pasado", según ha informado la Diputación en una nota.
   Gómez ha explicado además que el principal objetivo de este año es impulsar las aulas AVIP, que permiten mediante video conferencia la realización de tutorías que transciendan no solo su aforo, sino que además pone en relación a profesores y alumnos de diferentes Centros Asociados.
   El acto ha servido también para imponer el escudo de oro del Centro al personal que cumplía 20 años en el mismo y los escudos a los licenciados y diplomados del último año, que han sido 73 alumnos. Además, el profesor de Derecho Penal de la UNED, Alfonso Serrano Maíllo, ha impartido la Lección Inaugural titulada 'Consideraciones criminológicas y jurídico penales sobre el reciente Anteproyecto de 2012 de Modificación del Código Penal'.
   Durante la inauguración se ha dado a conocer la memoria del curso anterior, financiado por la Diputación de Almería en casi un 60%.
   El Centro Asociado de Almería, dependiente de la Diputación Provincial, ha impartido la totalidad de las enseñanzas regladas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 28 titulaciones entre licenciaturas y diplomaturas, 26 grados, 43 masteres, CUID y el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años.
   Además de las enseñanzas de doctorado, más de 600 Cursos configuran la oferta docente de la UNED, canalizada en títulos propios de postgrado y cursos de formación continua. En el curso 2011/12 el número total de matriculas adscritas a este Centro fue de casi 2.800 frente a las 2.495 del curso anterior, un incremento de 12,5%.
   El curso que ahora finaliza se ha caracterizado por un mayor número de alumnos procedentes de la provincia frente a los de la capital almeriense, así como por una mayor proporción de alumnas, con un 55%; frente a los alumnos matriculados. El curso ha significado además una consolidación en la aplicación de las nuevas tecnologías con experiencias como el Aula Virtual, que ha permitido una mejor comunicación con los alumnos sin que estos hayan tenido que desplazarse al Centro.
   Además, en estos años se ha producido una importante evolución en el perfil del alumnado ya que la UNED está dejando de ser una segunda oportunidad para aquellos alumnos que no habían podido estudiar en su momento, para ser un centro donde los alumnos vienen a sacar una segunda titulación.

La compraventa de viviendas repunta tras 17 meses de caídas

MADRID.- La compraventa de viviendas aumentó un 3% en agosto respecto a igual mes de 2011, hasta un total de 27.708 operaciones, de las que el 49,8% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 50,2% sobre inmuebles nuevos, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   El repunte interanual de las compraventas de vivienda registrado en agosto pone fin a una racha de descensos que ya duraba 17 meses y se debe al empuje de las transacciones de pisos nuevos.
   En concreto, la compraventa de viviendas nuevas subió un 6,2% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 13.922 operaciones, mientras que la de usadas no registró variación alguna, con 13.786 operaciones.
   La mayor parte de las viviendas transmitidas por compraventa durante el octavo mes del año, en concreto el 90,3%, fueron viviendas libres. En total, la compraventa de este tipo de viviendas aumentó un 7,3%, hasta 25.022 operaciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas sumaron 2.686, con un descenso del 25% respecto a agosto de 2011.
   En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se incrementó un 1,2%, frente al repunte del 7,8% que experimentó en julio. En los ocho primeros meses del año, las compraventas de viviendas acumulan un retroceso del 16,3%.
   En agosto, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (106), Baleares (101) y Comunidad Valenciana (99).
   El 60,5% de las compraventas de viviendas efectuadas en el octavo mes de 2012 se registraron en Andalucía (5.526 operaciones), Comunidad Valenciana (4.073), Cataluña (3.835) y Madrid (3.343).
   Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas en agosto fueron Navarra (245 operaciones), La Rioja (273) y Cantabria (393).
   Las regiones donde más se incrementó la compraventa de viviendas en valores interanuales fueron Extremadura (+19,2%), Baleares (+18%) y Castilla-La Mancha (+16,9%), mientras que las que presentaron los mayores retrocesos fueron Cantabria (-16,3%) y Asturias (-12,3%).
   Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), el total de fincas transmitidas en agosto fue de 129.133, con un alza del 6,5% sobre agosto de 2011 y un descenso del 3% respecto al mes anterior.
   Por compraventa se transmitieron un total de 60.643 fincas, un 6,4% más que en agosto de 2011, mientras que 4.842 fincas se transmitieron por donación (+8,5%), 740 por permuta (-28,4%) y 28.917 inmuebles por herencia (+4%).
   En el apartado de compraventa, el 87,2% de las transacciones efectuadas en agosto correspondieron a fincas urbanas y el 12,8% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 52,4% fueron compraventas de viviendas.
   Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 2,5% en agosto, hasta las 7.752 operaciones, mientras que el de fincas urbanas repuntó un 7%, hasta las 52.891.
   El número total de fincas transmitidas en agosto por cada 100.000 habitantes fue mayor en Castilla y León (549), Castilla-La Mancha (521) y Aragón (519).
   Las comunidades con mayor tasa de variación interanual fueron Baleares (+28,9%) y Castilla-La Mancha y La Rioja (+28,8% en ambos casos), mientras que los mayores descensos se los anotaron Navarra (-33,1%), País Vasco (-20,5%) y Cantabria (-20,3%).

Las CC.AA. que se acojan al FLA podrán endeudarse

MADRID.- Las comunidades autónomas que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al fondo de liquidez autonómico podrán realizar operaciones de endeudamiento a través de certificados de deuda que se sometan a las leyes alemanas, según la disposición general que acaba de publicar el Ministerio de Economía.

   De esta forma, las comunidades autónomas que voluntariamente se adhieran al fondo de liquidez sólo podrán endeudarse a través de distintos instrumentos, entre los que se encuentran los certificados de deuda bajo ley alemana, los conocidos como 'schuldschein', instrumentos híbridos entre préstamos y bonos, que se rigen por el ordenamiento jurídico alemán y con plazos de devolución amplios, de entre diez y quince años.
   Pero las comunidades adheridas al fondo de liquidez no sólo podrán financiarse a través de este instrumento, sino que también podrán realizar operaciones de endeudamiento en valores negociables o no, emitidos mediante emisión pública o privada, en mercados mayoristas o dirigidos al segmento minorista, o bien instrumentos de financiación a corto plazo, préstamos a largo plazo u otros instrumentos que autorice expresamente la Secretaría General del Tesoro.
   Lo que no podrán hacer es acudir a los mercados para realizar operaciones instrumentadas en valores ni operaciones de crédito en el extranjero y, además, el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, no podrá superar en 250 puntos básicos el rendimiento de la deuda pública del Estado al plazo equivalente.
   En el caso de las operaciones en derivados financieros, Economía prohíbe a las comunidades que se adhieran al fondo de liquidez contratar derivados financieros sin un coste máximo cualquiera que sea el escenario, derivados donde se asuma el riesgo de cualquier índice de precios, derivados que supongan un diferimiento de la carga financiera o derivados contratados a precios fuera de los precios razonables de mercado.
   Asimismo, la realización de derivados financieros exigirá la firma de un contrato estándar por el que se recojan los derechos y obligaciones asociadas a estas operaciones, y se prohíben las cláusulas de resolución anticipada de cualquiera de los instrumentos de financiación como consecuencia de una bajada de la calificación crediticia.
   Igualmente, si las comunidades deciden realizar una emisión en divisa distinta del euro, el riesgo cambiario deberá cubrirse con un contrato de permuta financiera, cuyo coste se incorporará al coste total de la emisión.
   La resolución del Ministerio de Economía indica que con carácter excepcional se podrán autorizar operaciones de endeudamiento que no se ajusten a estas condiciones, siempre que la comunidad autónoma que lo solicite presente una memoria en la que se detallen las circunstancias extraordinarias de mercado y se justifique que la operación no pone en peligro su solvencia financiera.
   Por último, las regiones que se acojan al fondo de liquidez tienen la obligación de comunicar mensualmente las condiciones finales de todas las operaciones de endeudamiento, y dichas comunicaciones se acompañarán de un certificado del interventor general de la comunidad.

La restauración del paraje del Algarrobico costará 1,5 millones de euros

ALMERÍA.- La restauración ambiental del paraje de El Algarrobico, en Carboneras, una vez se proceda a la demolición del hotel de Azata del Sol, va a precisar una inversión de 1,5 millones, según se recoge en el informe elaborado por la empresa estatal Tragsa que fija el coste global de las actuaciones para restaurar la legalidad urbanística en la zona en 7,1 millones de euros. 

   Así lo ha indicado en un comunicado la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el que se desgrana que el estudio cuantifica en 3,9 millones de euros los necesarios para la demolición y el tratamiento de los residuos generados por la misma, mientras que estima en 304.920 euros el coste estudios previos y redacción del proyecto y en 217.800, la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.
   Conforme se establece en el mencionado informe, en primer lugar, para la viabilidad del proyecto de demolición y restauración de la zona es necesario resolver la disponibilidad de los terrenos y siempre con un pronunciamiento judicial favorable y firme. Una vez resuelto este aspecto, se elaboraría un anteproyecto que incluiría el acceso por parte de las administraciones al proyecto de construcción del hotel, a conocer in situ el estado actual de las obras y a visitas de inspección. Posteriormente, se definiría el modelo de restauración a llevar a cabo, así como la accesibilidad a la zona de actuación para la ejecución de la topografía al detalle.
   Para la ejecución de las obras, se va a tener en cuenta el valor base de cálculo de 43.840 metros cuadrados de superficie construida y 142.480 metros cúbicos --una altura media de 3,20 metros-- de volumen aparente, ya que es el que se cita en sentencias judiciales ya dictadas en firme por los órganos judiciales.
   En cuanto a la descripción de los trabajos, en primer lugar se llevará a cabo el vallado perimetral, la retirada de mobiliario, la limpieza de residuos sólidos urbanos, la desinfección y desratización, así como el desmontaje y las demoliciones con medios mecánicos y manuales. A continuación, las actuaciones de carga y transporte con medios mecánicos dentro del recinto de la obra, desde el lugar de la demolición hasta la zona de acopio. Después, la gestión del residuo in situ o su traslado a vertedero autorizado.
   A partir de los valores estimados para la superficie construida y el volumen aparente, se considera un volumen de residuos de construcción y demolición, incluyendo los procedentes de la cimentación, de 60.000 metros cúbicos.
   Los trabajos de restauración ambiental comenzarán una vez finalizados los de demolición y la gestión de los residuos. En este sentido, la restauración se llevará a cabo en los terrenos que han sufrido alteración, tanto por la construcción directa del hotel como por movimientos de tierra o por el trazado del viario. Para ello, se han establecido tres zonas distintas: la zona A, ocupada por el hotel y con una extensión de 3,28 hectáreas; zona B, afectada por movimientos de tierras y la zona C, parcialmente afectada por movimientos de tierras y viario.
   El proceso de restauración se llevará a cabo en cuatro etapas: en la primera de ellas, en las zonas A y B se diseñará una geoforma armónica con el paisaje y creación del relieve final. En esta etapa serán claves la pendiente y la creación de la red de drenaje y los principales criterios a tener en cuenta serán la estabilidad geotécnica acorde al riesgo; la adecuada gestión de las aguas afloradas o pluviales y la protección de las geoformas y el control de la erosión como consecuencia de precipitaciones excepcionalmente intensas.  
   La segunda etapa es la de preparación, distribución sobre el terreno y estabilización del substrato. Para ello, hay que proporcionar un substrato edáfico que ayude a recrear esas geoformas, para lo cual es necesario un considerable aporte de terreno que además facilite el desarrollo del tipo de formación vegetal deseado.
   En esta etapa se contempla la posibilidad de utilizar parte del material de machaqueo procedente de la demolición del hotel --20.000 metros cúbicos--, evitando de esta manera su transporte fuera de la zona afectada. Este material será utilizado en las primeras capas del relleno convenientemente compactado y sobre el mismo se dispondrá terreno natural. Estas dos primeras etapas de la restauración ambiental tienen un presupuesto de un millón de euros.
   La tercera etapa, para la que se prevé una inversión de 319.000 euros, consiste en el desarrollo a corto plazo de una cubierta vegetal suficientemente protectora para evitar la erosión del substrato instalado recientemente, intentando fomentar la biodiversidad con el uso de especies autóctonas de la zona.
   Por último, la cuarta etapa de la restauración ambiental incluiría el riego de las siembras y plantaciones, control de especies agresivas e invasoras que puedan comprometer la regeneración del ecosistema natural, así como control del posible inicio de procesos de erosión en los taludes. El coste de estas tareas de control y mantenimiento  se estima en 84.000 euros.
   Desde el Gobierno andaluz se ha trasladado en que el proyecto es medioambientalmente insostenible y administrativamente "inviable", así como su "indiscutible" voluntad, que tiene que "estar acompañada del necesario respeto a un procedimiento que permita llevar a cabo, con la totalidad de las garantías jurídicas, la recuperación y restitución ambiental de la zona", según ha añadido.

Las descargas de pescado en las lonjas de la provincia de Almería se incrementan casi un 80% en lo que va de año


ALMERÍA.- Más de 7,7 millones de kilos de pescado y marisco se han subastado en las cinco lonjas pesqueras de Almería entre enero y agosto pasados, un volumen que supone casi un 80 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de la Delegación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. El valor de estas descargas, por su parte, ha ascendido a 15,7 millones de euros, un 6,7 por ciento más que en los ocho primeros meses de 2011.

   La facturación, según precisa en una nota el delegado territorial de Agricultura, pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, "está incrementándose gracias al importante aumento de las capturas, ya que los precios de algunos productos como la caballa y el jurel están registrando unos niveles bajos, precisamente por la abundancia de estas especies". Por el contrario, la sardina y la alacha, por su demanda, han visto subir sus precios en las subastas.
   Hasta agosto, en las lonjas de la provincia se han desembarcado más de 1,7 millones de kilos de caballa del sur, un 257 por ciento más que el año pasado. Las capturas de jurel han crecido un 210 por ciento --1,86 millones de kilos--. Importante ha sido también el volumen de sardina --casi 900.000 kilos-- un 130 por ciento más que el año pasado, mientras que las capturas de gamba blanca han crecido un 65 por ciento,  y las de gamba roja, un 13,6 por ciento.
   Las especies que han obtenido este periodo mejores precios que el pasado ejercicio son la sardina, la alacha, la merluza, el pulpo, la brótola y la cigala, especies cuyas capturas, salvo en el caso de la sardina, han sido menores que en 2011. Por el contrario, han perdido valor la caballa, el jurel, el pez espada y la gamba roja, mientras que los salmonetes mantienen la cotización.
   Por lonjas, en la que más pescado y marisco se ha descargado es de Almería capital, donde se han subastado 4,2 millones de kilos, un 75 por ciento más que el año pasado. En la lonja de Adra se han desembarcado 2,1 millones de kilos, un 132 por ciento más que el año anterior. Por su parte, en la de Roquetas de Mar, cuya lonja estuvo cerrada en la primera mitad del pasado año, se han subastado más de 235.000 kilos, frente a los 204.000 de 2011.
   En la costa de Levante, en el puerto de Carboneras se han subastado casi 629.000 kilos, un 31 por ciento más; y en la de Garrucha, 287.000 kilos, frente a los 302.000 kilos del pasado ejercicio.

El Ayuntamiento de Almería se "opone frontalmente" al proyecto de Minas de Alquife para sacar hierro por el puerto

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería (PP) ha trasladado este lunes su "oposición frontal" al proyecto presentado por la compañía Minas de Alquife Holding para exportar por el Puerto de Almería el mineral y los metales que prevé extraer en las canteras de la localidad granadina, ya que "va contra el medio ambiente y la calidad de vida de los almerienses". 

   En rueda de prensa, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Pablo Venzal (PP), ha criticado el planteamiento hecho por la sociedad alemana, que ha solicitado ante la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la autorización ambiental unificada (AAU) para instalarse en el puerto almeriense, ya que supone "volver a finales del siglo XVIII" en cuanto a las emisiones de ruido, polvo o contaminación, según el edil.
   Según Venzal, la documentación, que se encuentra en periodo de alegaciones antes de la concesión de la autorización, contempla una actuación consistente en el transporte diario de unas 12.000 toneladas de hierro a través de diez trenes diarios de 340 metros de largo cada uno en cada sentido. "Es imposible en términos de calidad de vida", ha insistido el concejal, quien ha rechazado los extremos previstos en el anteproyecto en cuanto a la afección a la atmósfera.
   "Almería no se puede permitir 20 trenes diarios con o sin soterramiento lo diga la Junta, ADIF o el Ministerio", ha considerado antes de asegurar que la documentación presentada por la empresa reconoce "molestias" y habla de "paliativos" para solucionar problemas de contaminación ambiental propiciados, principalmente, por la aparición de polvo en suspensión, según el responsable municipal.
   Además, Venzal cree que la actuación "va a dejar bastante poco dinero" en la ciudad puesto que el trabajo "no se crea principalmente en Almería". De hecho, según ha vaticinado, la acción de la sociedad minera conllevará "destrucción de empleo" dada la incidencia que tendría en el turismo al afectar a las playas y zonas costeras, según su planteamiento.
   En este sentido, ha animado a las organizaciones ecologistas y a la izquierda a "inundar de alegaciones" la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ya que el proyecto se mantendrá en exposición pública hasta el 4 de noviembre y tiene que ser examinado por los técnicos medioambientales de la Junta. "Almería no forma parte de la zona subdesarrollada de África", ha manifestado el edil 'popular', quien ha apuntado que el "único argumento" que se esgrime en la documentación para realizar la operación es que "antaño se hacía".
   Con esto, Venzal se ha planteado la rentabilidad de la actuación en términos medioambientales y socioeconómicos. "No nos vamos a vender por la tasa portuaria", ha recalcado Venzal antes de señalar que no conoce ningún puerto que pueda soportar el tránsito estimado en el anteproyecto. "El siglo XXI ha llegado para todos, no solo para los alemanes", ha apostillado.
   El concejal ha explicado que este asunto ha sido tratado con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Trinidad Cabeo, quien se ha mostrado "sensible" a la postura del Ayuntamiento, quien le ha trasladado que "hay otros frentes litorales" para ubicar la actuación, si bien ha declinado señalar algún espacio concreto para ello.
   Ante la posibilidad de que la empresa financiara parte del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad como contraprestación por la actuación, sentido en el que se han mantenido reuniones con el Ministerio de Fomento, Venzal ha rechazado los "cuentos" de "inversores de este tipo", de forma que aunque viera "el cheque", cree que la actividad "no sería buena" para la ciudad y sus habitantes.

La APA encarga el Plan Especial Puerto-Ciudad, que será "flexible y abierto" para la inversión privada

ALMERÍA.- La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Trinidad Cabeo, ha anunciado este lunes que ha encargado a una consultora especializada la redacción del Plan Especial Puerto-Ciudad que permitirá integrar el casco urbano con el espacio portuario después de que la comisión técnica destinada a tal fin haya concretado los usos y necesidades de la zona. 

   En declaraciones a los periodistas, Cabeo ha detallado que se ha solicitado a la consultora que contemple una fórmula "flexible y abierta" a las distintas posibilidades del territorio de cara a la participación de la inversión privada en las actuaciones y en busca de que el proyecto "sea rentable" y "responda a las necesidades de la ciudad y a las que esos inversores tengan".
   Así, ha destacado el "buen talante" que han mantenido las administraciones que han participado en la comisión técnica, asunto que ha trasladado en la primera de las reuniones periódicas que la APA mantendrá con la Junta de Andalucía. 
En este sentido, la delegada de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha resaltado la "importancia logística" que tienen los puertos de Almería y Carboneras y la "coordinación" que deben tener ambos organismos.
   "Ha habido también distintos operadores internacionales que han mostrado la voluntad de venir al puerto de Almería y para ello es necesario una serie de infraestructuras", ha dicho Ferrer a la hora de explicar las cuestiones abordadas en la reunión. 
Los tráficos de la APA y la recientemente terminadas obras del Puerto de Carboneras también han sido tratadas en el encuentro así como las futuras inversiones para un nuevo dique de abrigo del muelle de Poniente del puerto capitalino.

La Junta "duda" del "compromiso" municipal de abordar una futura conexión soterrada entre la estación y el puerto almeriense

ALMERÍA.- La delegada de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha expresado este lunes las "dudas" que al Gobierno andaluz le han generado "algunas voces" del Ayuntamiento de Almería (PP) sobre la futura conexión soterrada de la estación de ferrocarril con el Puerto de Almería; una apuesta contemplada por todas las administraciones que conforman la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) que se ha tornado "contradictoria" a otras iniciativas promovidas por el Consistorio capitalino, como es la aprobación del Plan Especial del Sistema General Ferroviario o también conocido como el 'Plan de El Toblerone'. 

   Tras mantener una reunión con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Trinidad Cabeo, en la sede del Gobierno andaluz, Ferrer ha insistido en que solicitará una reunión de los agentes que componen AAV para que las administraciones que la componen --Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Gobierno central, ADIF y Renfe-- "veamos los compromisos" y "aclaren su condición o participación".
   Las administraciones implicadas, así como la Autoridad Portuaria, apuestan por acometer una conexión bajo el suelo entre el puerto y la estación en una segunda fase del soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad, sentido en el que el Ministerio de Fomento trabaja en un estudio informativo para analizar las opciones de actuación y cuyo plazo inicial de entrega está fechado para mayo del próximo año. Anular la conexión ferroviaria entre la estación y el puerto afectaría también a las futuras zonas logísticas de Almería y Níjar ya autorizadas por la Junta, según ha recordado la delegada.
   No obstante, la delegada de la Junta ha asegurado que debido a las últimas declaraciones efectuadas desde el Ayuntamiento, la Administración andaluza está "un poco confusa" sobre las intenciones del Ayuntamiento, que trabaja paralelamente en resolver el plan especial de 'El Toblerone' que afecta a los suelos por los que, en caso de prosperar, pasaría el tren que comunicaría el puerto y la estación.
   En este sentido, cabe recordar que el edil de Urbanismo, Pablo Venzal (PP), anunció recientemente que el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Almería y la sociedad estatal ADIF firmarán el próximo día 11 el convenio para la cesión a la ciudad de los 30.000 metros cuadrados de suelo comprendidos entre la Estación del Ferrocarril y la rotonda de las Almadrabillas, bajo el Cable Inglés. Esta actuación, entre otros aspectos, conllevará la eliminación de las vías a favor de un parque en la zona así como de edificios donde se asientan los antiguos silos.
   A esto se suma, según ha apuntado Cabeo, el análisis que las administraciones implicadas tienen que realizar de los proyectos previstos para el Puerto de Almería, entre ellos el expuesto por la compañía Minas de Alquife Holding, que prevé la exportación de mineral de hierro de las minas granadinas a través del puerto almeriense una vez comience a operar
   "Minas de Alquife ha mantenido reuniones con la Autoridad Portuaria en el ámbito de cuestiones operativas, de la carga del mineral en el puerto, instalaciones, servicios, infraestructuras y tasas y en el marco de esas conversaciones siempre se han mostrado abiertos a colaborar en la solución que signifique la llegada del mineral al puerto", ha aclarado Cabeo.
   No obstante, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha incidido en que aún no se ha hablado de cifras, y ha recordado que previamente, es necesario obtener los resultados del estudio informativo de Fomento para analizar las soluciones más oportunas.

El Ejido modificará la normativa del PGOU para instalar provisionalmente invernaderos en suelo urbanizable

EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado este lunes en sesión plenaria modificar la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la instalación provisional de actividades agrícolas en suelos urbanizables pendientes de desarrollo y así dar respuesta "a las crecientes demandas de los propietarios de terrenos urbanizables que, ante el fuerte estancamiento del sector inmobiliario de los últimos años, ven en la agricultura una salida económica a su situación actual".

   Esta modificación, según explica el Consistorio en una nota, posibilitará que los propietarios puedan instalar provisionalmente invernaderos hasta que esas bolsas de suelo urbanizable se desarrollen de forma definitiva. "El suelo seguirá siendo urbanizable, pero permitirá la construcción en precario de este tipo de instalaciones, debiendo cesar dicha actividad y desmontarse dicha instalación cuando así lo requiera el municipio sin derecho a indemnización", aclaran.
   El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha calificado de "muy positiva" esta iniciativa ya que "se podrá obtener rentabilidad económica de aquellos terrenos que se encuentran pendientes de desarrollo urbanístico". El regidor ejidense ha explicado que "el PGOU se hizo con carácter finalista para ir vertebrando los distintos núcleos de población del municipio, sin embargo la llegada del parón inmobiliario supuso un jarro de agua fría".
   En este mismo sentido, ha señalado que "ahora los propietarios de esos suelos quieren ponerlos en explotación o bien renovar las instalaciones actuales, sabedores de la importancia de la agricultura como principal motor de generación de empleo de la provincia".
   El documento de modificación de la normativa del PGOU tiene por objeto la adaptación de su contenido con la finalidad de dar respuesta a las nuevas demandas no previstas en la normativa actual, impulsar provisionalmente la economía en terrenos para cultivos y corregir los emplazamientos de actividades no previstas.
   Dicha modificación del PGOU, amparada en lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), establece la posibilidad de implantar el uso provisional de los terrenos siempre y cuando no se dificulte la ejecución del planeamiento. En cuanto al grado de desarrollo del suelo, los terrenos no podrán constar de proyecto de reparcelación aprobado, ni de proyecto de urbanización.
   Asimismo, se regula la tipología de invernaderos que pueden implantarse, que deben ser fácilmente desmontables y de sencillez técnica, del tipo parral, y se regula también el emplazamiento de los mismos respecto a las viviendas existentes y parcelas residenciales urbanizadas.

Las riadas dejan daños por 100 millones en la provincia de Almería

VERA.- La gota fría que provocó graves inundaciones en la comarca del Levante almeriense hace diez días han causado daños en infraestructuras viarias y de servicios básicos, así como en propiedades privadas cuantificados en más de 100 millones de euros, según se recoge en un informe preliminar elaborado por la Diputación Provincial.

   Así se ha trasladado este lunes en el transcurso de una reunión entre los alcaldes de los municipios más afectados por las riadas y las lluvias torrenciales y el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, quien, en declaraciones a los periodistas al término del encuentro en la localidad de Vera, ha reclamado premura en la llegada de las ayudas a la zona, "que tiene necesidades urgentes y perentorias que atender".
   "Hay puentes que se han caído, carreteras a las que hay que buscar una salida urgente con vías que vengan a sustituir a las anteriores, depuradoras que hay que poner en marcha", ha desgranado para remarcar que aquellas que tienen que ver con la prestación de los servicios básicos "tienen el carácter de urgentísimas".
   Tras escuchar el balance de los regidores de Antas, Vera, Cuevas del Almanzora, Zurgena, Pulpí, Huércal-Overa, Mojácar y Sorbas, entre otros, Zoido ha exigido para "reducir" en el futuro "el impacto" de sucesos climatológicos de estas características, el desarrollo de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) desde el "respeto al medioambiente pero también a la seguridad y la tranquilidad de los vecinos".
   En esta línea, ha reclamado la "limpieza y cuidado" de los cauces públicos y ramblas para que "si se producen inundaciones no sean como consecuencia de que la administración con las competencias no lo ha hecho o no ha dejado que otro lo haga" y la elaboración de un Plan de Prevención de Inundaciones "para que no vuelva a repetirse lo vivido en esta comarca".
   "Las circunstancias históricas han cambiado y los medios técnicos que tenemos a nuestra disposición son muchísimo más modernos, así que hagamos las inversiones necesarias y apliquemos las técnicas para preservar la convivencia y dar tranquilidad a los vecinos", ha apuntillado.
   Zoido ha hecho, asimismo, un llamamiento "serio y riguroso" a la unidad, a trabajar "conjuntamente" y a "redoblar" los esfuerzos para conseguir el mayor número de ayudas y para que éstas lleguen lo antes posible a todos los vecinos afectados.
   Ha remarcado que el Gobierno "ya está dando los primeros pasos" con la constitución de un grupo de trabajo para poder cuantificar, valorar, concretar y definir los daños que se han producido en las zonas afectadas a la vez que se está trabajando para conseguir los fondos europeos necesarios para poder traer las ayudas que permitan restablecer todas las infraestructuras que garanticen los servicios públicos.
   "Desde cada uno de los ayuntamientos afectados estamos insistiendo en traer todas y cada una de las medidas que puedan al mismo tiempo beneficiar a todos los afectados" ha explicado al tiempo que ha trasladado "el apoyo" a todos los damnificados y agradecimiento a los integrantes de los operativos de emergencia.

La Junta abre las oficinas de intermediación contra desahucios en las provincias

SEVILLA.- La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto este lunes de manera oficial en siete provincias andaluzas las oficinas de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano en materia de prevención, mediación y protección de las familias afectadas por este problema, y que estarán atendidas por un equipo especialmente cualificado de licenciados en Derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

   Según indica la Consejería en una nota, con la apertura de estos siete puntos se completa la red prevista en todas las provincias, ya que la oficina de Sevilla arrancó la semana pasada.
   La medida, que forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera del ramo, Elena Cortés, en el Parlamento, se fundamenta en un principio especialmente novedoso, ya que "rompe la neutralidad de la administración ante este drama social".
   En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.
   Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída.
   El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
   La oficina garantiza también "la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social".
   La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas, al personal funcionario que atenderá estos puntos. Las jornadas convocaron a más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería.
   Recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano.
   El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (Facua).
   Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
   Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales.
   A esto se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.

Apertura en Almería

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta andaluza ha procedido hoy en Almería a la apertura de la oficina de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano por parte de un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales.
   La delegada territorial, Encarna Caparrós, ha indicado en un comunicado que la oferta de esta oficina está "muy demandada, porque sabemos que las familias de Almería y provincia atraviesan en muchos casos una situación crítica".
   Ha asegurado que la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto a disposición de los ciudadanos "los mejores medios técnicos y humanos de que dispone para esta labor, con la que esperamos dar solución a los problemas que nos planteen los usuarios" al tiempo que ha recordado la Junta "ya ha intervenido en la paralización de un desahucio en la capital, en lo que supone una vía de trabajo a favor de los más afectados por la crisis".
   De hecho, el objetivo de este punto de atención es dar respuesta a una situación de emergencia social, al tiempo que responde al compromiso adquirido por la titular de la Consejería, Elena Cortés, en el Parlamento andaluz, donde en septiembre anunció la inmediata puesta en marcha del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que definió como una medida para "romper con la neutralidad de la administración ante un drama que avergüenza a quienes no transigimos con la injusticia social".
   Este punto ofrece un servicio gratuito en tres grandes áreas, que son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de los desahucios. En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.
   Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
   La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
   La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas celebradas en septiembre, al personal funcionario que atenderá estos puntos en cada una de las provincias. Más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano.

La Junta de Andalucía sancionará a 19 entidades por infracciones con participaciones preferentes

HUELVA.- La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta va a incoar expedientes sancionadores contra un total de 19 entidades financieras que han cometido "fragantes" infracciones en la venta de participaciones preferentes, así lo ha señalado la secretaria de Consumo de la Junta de Andalucía, Dolores Muñoz.

   En este sentido, ya en rueda de prensa en Huelva ha recordado que los servicios de consumo han recibido 348 reclamaciones contra 19 entidades financieras de las que dos de ellas acaparan el 85 por ciento de las denuncias.
   "Tras llevar a cabo la sistematización de la documentación, la primera acción será incoar expedientes sancionadores por aquellas infracciones que se han adoptado en relación a las participaciones preferentes", ha subrayado.
   Asimismo, ha señalado la colaboración que mantienen con la Fiscalía General de Andalucía en el proceso penal abierto en cuanto a las cláusulas "abusivas" y el posible delito que se podría haber cometido con la venta de estos productos financieros.
   De igual manera, los servicios jurídicos están estudiando la presentación de un recurso civil para lograr indemnizaciones por daños y perjuicios en los casos en que corresponda y la declaración de nulidad de los contratos por vicio de consentimiento.
   De este modo se pretende "dar respuesta a las cerca de 60.000 personas que han sido engañadas y hasta posiblemente estafadas por la comercialización de estos productos", un asunto en el que "creemos que la Junta tienen debe estar con los afectados".
   Muñoz apuntaba que la banca es un sector donde la autoridad de consumo "habitualmente no ha entrado" al contar con organismos específicos, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), si bien con la llegada de la crisis y "la necesidad de contar con liquidez" han aparecido productos que "aunque no eran nuevos no se comercializaban a los niveles que ahora se ha hecho".
   "Se ha producido una situación de vulneración de todas las líneas rojas que la banca debía mantener y hay miles de afectados por las participaciones preferentes", ha subrayado.
   La secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, ha asegurado este lunes que en esta legislatura "la Junta apuesta por la ciudadanía como la clave para una mayor y mejor defensa de sus derechos e intereses como consumidores y usuarios". En este sentido, ha matizado que "apostar por el consumo y las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias es apostar por toda la ciudadanía andaluza".
   La secretaria de Consumo ha iniciado en Huelva una ronda por las ocho provincias para informar de las principales actuaciones que está desarrollando su Departamento en el marco del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de las Personas Consumidoras y usuarias, refrendado en enero de este año por las tres asociaciones de consumidores más representativas de Andalucía --Facua, UCE, Al-Andalus--. Muñoz ha aprovechado su visita institucional a Huelva para reunirse con representantes provinciales de la CEA y de las tres organizaciones de consumidores.
   Ha explicado que el trabajo, en esta legislatura y en el marco del citado pacto, se va a desarrollar basándose en tres pilares fundamentales: transversalidad, coordinación y participación. "No entendemos nuestro trabajo sin estos tres elementos que nos obligan a pensar bien, priorizar mejor y rentabilizar las acciones que realizan las distintas administraciones en esta materia", ha asegurado.
   Los principales retos son profundizar en el trabajo con todos los sectores implicados, priorizar participativamente y generar complicidad para que la sociedad se adhiera de una manera responsable en la búsqueda de las soluciones ya que, en caso contrario y más en estos momentos, es difícil seguir avanzando en derechos de los consumidores. Ha recordado que no sólo se trata de avanzar sino que la ciudadanía sepa ejercer sus derechos, otro de los retos de la Junta en consumo.
   Igualmente, se pretende reforzar la labor de inspección y el control de los mercados ya que "es muy importante vigilar para que los ciudadanos se sientan seguros y perciban que el Gobierno andaluz está cerca de ellos", así como potenciar la interlocución con las agentes sociales y económicos, en especial con los órganos de representación de consumo en todos los niveles, y aumentar la coordinación institucional.
   Muñoz se ha referido también a la crisis económica que "está situando a la ciudadanía en una posición de especial vulnerabilidad ante una economía global y compleja" que la debilita cada vez más.
   Ante este escenario, es el momento de contar con "administraciones fuertes y decididas" para "trabajar con ahínco" en favor de las personas que más lo necesitan. Para ello, la Junta apuesta por una mayor implicación de todos los sectores y organizaciones de consumidores, así como de los empresarios en aras a "homogeneizar y reforzar las actuaciones locales y autonómicas, optimizando los recursos".
   La secretaria General de Consumo ha resaltado el trabajo que realizan los servicios provinciales de consumo con la colaboración de los servicios municipales y de las asociaciones de consumidores. Entre otros datos, ha informado que durante este año el servicio de la Junta en Huelva ha recibido 825 reclamaciones y ha realizado 30 campañas de inspección.
   Muñoz ha destacado también la cooperación con los ayuntamientos a través de los puntos de información y atención a la ciudadanía (OMICs), que han contando con el respaldo económico de la Junta a través de subvenciones por importe de 86.712 euros. Igualmente, ha resaltado la cooperación con las organizaciones de consumidores provinciales y que se ha plasmado en la realización de 37 proyectos con Al Andalus, 75 con Facua y 79 con UCA, subvencionados con casi 54.000 euros. Este importe permitirá la puesta en marcha de 191 talleres formativos en los 79 municipios de la provincia onubense, lo que supone un mínimo de 2 talleres por municipio.
   Por último, ha destacado la "colaboración eficaz" que está llevando a cabo el servicio de la Junta en Huelva con la Policía Local de algunos municipios para detectar productos incluidos en la red de alerta, cooperando asimismo en tareas de inspección y control. El objetivo es consolidar estas prácticas "positivas y eficientes" fruto de una "política descentralizada y concertada", que debe revisarse y mejorarse en todo lo posible para asegurar las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias.