martes, 30 de marzo de 2010

MANIFIESTO POR LA JUSTICIA DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN

El juez Baltasar Garzón ha ejercido una justicia de forma continuada y valiente durante veinte años en la Audiencia Nacional, comprometida con la defensa de los derechos humanos en España y en el mundo contra dictadores, terroristas, corruptos y enemigos de la democracia.

El juez Baltasar Garzón ha sido uno de los principales promotores del desarrollo en España del principio de Justicia Universal.

El juez Baltasar Garzón es víctima de una campaña promovida por sectores de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias, con una sorprendente connivencia de algunos sectores progresistas.

El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad un juicio sumario contra los defensores de la Democracia, la Justicia y los Derechos Humanos y a favor de la impunidad de crímenes muy graves de carácter internacional.

El juez Baltasar Garzón está siendo juzgado por una sala del Tribunal Supremo en la que la mayoría de sus miembros juraron lealtad al Movimiento Nacional del franquismo.

Una sentencia adversa al juez Baltasar Garzón, tras agotar las instancias judiciales españolas, acabaría probablemente con una superior sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español.

El juez Baltasar Garzón representa el modelo de justicia basado en la defensa de los Derechos Humanos conforme con su Derecho Internacional que millones de ciudadanos y víctimas reclaman en todo el mundo.

Ya en 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado español la derogación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.

Este caso vuelve a demostrar la necesidad de la Justicia Internacional. Incluso España, el país que intentó procesar al dictador Pinochet, es incapaz de juzgar su propia dictadura. Y quien lo intenta, es juzgado por ello.

Firma en esta dirección de la Plataforma de Apoyo al Juez Garzón

Presos de sus palabras / Rafael M. Martos

Ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, que el PP puede ser preso de sus palabras por pedir la dimisión de todos los responsables del PSOE que aparecen en las llamadas de la Operación Poniente. Jiménez ha recordado que pueden aparecer dirigentes del PP en otros sumarios, y que espera que entonces cumplan que lo que ahora exigen a los demás.

Resulta excesivo que la portavoz andaluza del PP, Rosario Soto, pida la fulminante destitución de los ocho o nueve cargos públicos del PSOE que aparecen de un modo u otro en las conversaciones intervenidas y cuyo secreto ha dejado de serlo. Excesivo porque lo primero es pedir explicaciones, y tras escucharlas actuar en consecuencia... más que nada porque efectivamente se les puede volver en contra.

No todos los socialistas que aparecen lo hacen del mismo modo. Así, no puede condenarse a alguien políticamente por lo que un tercero dice de él, cuando además ese tercero es tan poco de fiar como el ex senador del PP Gómez Angulo, auténtico correveidile de toda esta trama.

No es lo mismo escuchar a Diego Asensio (senador y secretario general del PSOE de Almería) hablando con Juan Enciso (alcalde de El Ejido y presidente del PAL, en prisión incondicional) sobre como "planificar el curso político", que escuchar a Gómez Angulo diciendo que Manuel Recio (nuevo delegado de Empleo) es su "hombre de confianza en Sevilla".

No es lo mismo escuchar a José Alemán (ex interventor de El Ejido y en prisión incondicional) pedirle un favor a Juan Antonio Segura (parlamentario socialista y secretario de Relaciones Institucionales) y que este confirme que se lo ha hecho, que escuchar que el delegado de Hacienda Juan Cáceres es un tipo dispuestos a hacer favores...

Y desde luego, es muy fuerte que Asensio haya podido adelantarle a Alemán con cuatro meses de anticipación, el mes exacto en que sería detenido.

Todo esto exige primero una explicación aún inexistente. Y luego la exigencia de responsabilidades políticas.

Porque claro, pedir dimisiones a todos por igual supondría reclamárselas también a los del PP, cuya presencia en ellas es mínima y que carecen del relieve de las mantenidas con el PSOE. No olvidemos que el objetivo común de socialistas y PAL es acabar con los populares, y que quienes gobernaban la Diputación eran PSOE-PAL, y que quien hace oposición en Diputación y El Ejido es el PP... en definitiva, que no es comparable un contacto esporádico de una persona concreta, que una estrategia bien definida de colaboración constante y permanente "entre jefes con mando en plaza".

Pero hechas estas salvedades, que necesariamente implican explicaciones por parte de los protagonistas del PSOE, también es verdad lo que dice Mario Jiménez, porque hay dirigentes del PP que están en sumarios de otras operaciones anticorrupción y a los que por la misma regla de tres se les debería exigir la dimisión.

Es el caso de Javier Arenas o la alcaldesa de Valencia, a quienes se les supone receptores de regalos por parte de los imputados en la trama Güertel. Con las premisas de Soto, ambos deberían dimitir, ya que, al margen de si es cierto o no que recibieron presentes, están en el sumario.

Lo primero es pedir explicaciones a todos por igual, y luego exigir medidas en función de la relevancia de los hechos. Meter a todos en el mismo saco puede hacer que el saco pese demasiado, se rompa, y se escapen los que van dentro.

Pero no, pase lo que pase, no pasa nada. Ahí está Jaume Matas, que ha reconocido tener millonarias cantidades de dinero negro (por una herencia dice, pero negro al fin y al cabo) y sólo ha sido suspendido de militancia temporalmente a petición propia, cuando debía haber sido fulminantemente expulsado del PP. O ahí está Diego López Garrido, secretario de Estado imputado a quien nadie del PSOE le pide la dimisión.

O como el propio Diego Asensio, que en una entrevista en Interalmería TV se defendía recordando que el portavoz del PP en la Diputación, José Fernández, sí estaba imputado... reiterándolo varias veces, pero nadie le dijo en ese momento "pero hombre, si vosotros os habéis ido a Huércal Overa a realizar vuestro congreso extraordinario, y el alcalde está imputado en la Operación Costurero junto con todo su equipo de gobierno, o teneis a un alcalde que ha sido condenado tres veces en sentencia firme, y el Gobierno socialista le indultó del delito de electoral para que pudiera volver a presentarse a las elecciones..."

Conferencia en Mojácar sobre la llegada del AVE a la comarca del Levante

MOJÁCAR.- La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar (ACEM), en colaboración con el arquitecto Jacobo Armero, ha organizado para el próximo mes de abril una interesante conferencia bajo el título ‘La llegada del AVE al Levante Almeriense. Una oportunidad irrepetible para engancharse a un desarrollo sostenible’.

Cómo se puede preparar la comarca para aprovechar la llegada del AVE, qué otras experiencias pueden servirnos o cómo afectará a nuestro territorio esta nueva infraestructura son algunas de las preguntas a las que dará respuesta el conocido arquitecto Jacobo Armero (más información sobre su trabajo en ‘zonalevantealmeriense.blogspot.com’).

La charla tendrá lugar el próximo 8 de abril, a partir de las 20 horas, en el parador de turismo de Mojácar.Cuenta con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Levante Almeriense.

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar agrupa en la actualidad a un centenar de empresarios de sectores como el comercio, los servicios o la hostelería, además de profesiones liberales. El colectivo quiere animar a toda la ciudadanía en general a participar en esta nueva iniciativa.

Diputación procederá contra el Ayuntamiento de Vera por su ruptura unilateral del contrato con 'Galasa'

ALMERÍA.- La Junta de Gobierno de la Diputación de Almería ha aprobado la próxima interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado, el pasado día 27 de enero, por el Ayuntamiento de Vera, por el que rompía de forma ‘unilateral’ el contrato de 50 años con la empresa provincial Gestión de Aguas del Levante Almeriense SA (Galasa) para la gestión de la explotación de los servicios públicos del ciclo integral del agua en dicho municipio.

El vicepresidente provincial, Luis Pérez, recuerda que en dicho pleno se acordó prescindir de los servicios de GALASA y desestimar las alegaciones realizadas por la Institución Provincial a instancias del informe jurídico Secretario General, siendo notificado el acuerdo sobre el cambio de gestión el 16 de febrero de 2010, por el que Vera administra directamente el abastecimiento, saneamiento y depuración del agua en su territorio, a excepción de la zona costera.

Pérez dice que de esta forma se ‘rompen los derechos del contrato’ además de ser una ‘cuestión de legalidad’ por lo que Diputación tienen que ‘defender sus intereses’.Además, se produce un perjuicio económico que podría estar en torno a 1,8 o 2 millones de euros por lo que GALASA que se ‘crea para un determinado volumen, se puede quedar en precario y habría que desinfrarla’, dice el vicepresidente.

El portavoz provincial dice que los hechos podrían haber transcurrido de otra forma si el Consistorio hubiese negociado o propuesto una compensación por los daños, pero que ahora ya ‘no se puede dar ese paso, eso habría sido antes del pleno’. No obstante, Pérez se muestra dispuesto a hablar con la corporación local.

Por otro lado, Pérez cree que los vecinos ‘pierden en varios sentidos, en el económico y en la política de control de la gestión’ del agua, al entender que el siguiente paso será ‘privatizar el servicio’. De esta forma, Pérez dice que ‘el interés público de GALASA no es el mismo que el de una empresa, que es obtener un beneficio’ y entiende que hasta ahora la labor de GALASA había sido ‘coherente y buena’ con el municipio.

Dadas estas condiciones ‘mejores y menos lesivas’, Pérez considera que no hay una razón económica o social detrás del movimiento del Ayuntamiento, aunque ‘pueden haber otros intereses políticos’ detrás de la misma.

Por último, Pérez ha desligado esta cuestión de la dimisión de Juan Parra como Consejero Delegado de la empresa pública, según recoge 'Teleprensa'.

UPyD exige a Berja y Adra que asesoren a los agricultores sobre la propiedad de sus terrenos

ALMERÍA.- Unión Progreso y Democracia Almería se siente consternada porque que desde ninguna de las dos administraciones locales, ayuntamiento de Berja y Adra, 'se haga nada para evitar el atropello que supone la desestimación de las alegaciones que basada en títulos de propiedad registrados, han aportado los agricultores afectados ante la Administración Andaluza'.

El día 19 de Marzo, la Agencia Andaluza del Agua publicó la resolución sobre el deslinde del río Adra, merced a la cual se informa a los agricultores sobre la desestimación de las alegaciones que en su día hicieron al deslinde inicial (consistentes mayoritariamente en escrituras, datos registrales y catastrales, etc.).

De este modo, pasarán a Dominio Público Hidráulico tierras que son propiedad de los agricultores. Por lo tanto, si por interés general deben pasar a ser propiedad pública, se debería pagar por ellas un justiprecio.

La administración andaluza contesta a los alegantes textualmente cosas como que “…el Registro de la Propiedad por sí sólo no lleva consigo ni produce una verdadera y auténtica identificación real sobre el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un simple contenido jurídico, no garantizando, en consecuencia, la realidad física y concreta situación sobre el terreno de la finca…”.

Ante esto, desde UPyD entendemos que puede que esta justificación se ajuste a derecho, pero para que el terreno sea público la Administración utiliza solamente el resultado de un programa informático, llamado HEC-2, cuyos resultados dependerán de las variables que se le introduzcan en cada momento, y por tanto se cambiaría la linde del Dominio Público Hidráulico.

UPyD no quiere entrar en que los datos presentados por los agricultores sean correctos o no, pero la nulidad de los mismos por “Real Decreto” y la sustitución del derecho de la propiedad apoyándose en un programa informático que tiene como principal característica para llegar a ser utilizado, el que es americano y de difusión gratuita, no nos parece de recibo.

Unión Progreso y Democracia, insta a los ayuntamientos afectados a que tomen cartas en el asunto y defiendan la titularidad, si es propia, de sus convecinos.

"Desde esta formación estamos dispuestos a colaborar en aquello que nos pidan. Si bien entendemos que lo que deben hacer es preguntar a sus técnicos, o a sus asesores que para eso se les paga, en relación con esta resolución y tras esto coordinar a los agricultores para que hagan valer los derechos defendibles o devuelvan a “lo público” aquello de lo que se pudieran apropiarse indebidamente", recoge 'Teleprensa'.

IU exige una mejor gestión de los residuos y vigilancia de Punta Entinas

EL EJIDO.- El coordinador local de Izquierda Unida en El Ejido, Miguel Ángel Maldonado, quiere denunciar públicamente la situación de dejadez de abandono que mantiene el Ayuntamiento de El Ejido con el parque natural de Punta entinas, cuya mayor parte está en territorio ejidense y lamentablemente en las peores condiciones.

“No hablamos ya de los mosquitos que están impidiendo estos días de Semana Santa disfrutar a vecinos y foráneos de Almerimar, sino de las basuras que se pueden ver a la entrada del parque, donde se ha colocado una puerta muy bonita pero que al ritmo al que se echan vertidos acabará por no verse.

Por no hablar del apartado de residuos de jardinería que ha habilitado el Ayuntamiento, en pleno acceso al parque natural. Pensamos que no hay peor carta de presentación que una proliferación de residuos a la puerta de un paraje como éste en un municipio que quiere vanagloriarse de ser un buen destino turístico”.

Izquierda Unida denuncia que mientras un grupo de trabajadores a través del Patronato de Punta entinas está desempeñando labores de limpieza en el parque, por otro lado el Ayuntamiento no realiza la vigilancia que debiera sobre el terreno para evitar la proliferación de vertederos incontrolados, así como el continuo paso de vehículos que tanto daña al medio ambiente.

Maldonado pide al Ayuntamiento que se comprometa con el paraje natural porque según las denuncias recogidas desde IU “el asiento del patronato que debe ocupar el Ayuntamiento ha estado siempre vacío y desde IU nos preguntamos si esa desidia tiene que ver con que aún manejan la idea de fomentar más la cultura del ladrillo que la de la naturaleza”, según recoge 'Teleprensa'.

Los Verdes acusan al Ministerio de Industria de obstaculizar las energías renovables en el agro almeriense

ALMERÍA.- Los Verdes acusan al Ministerio de Industria de obstaculizar las energías renovables en el agro almeriense, informa 'Teleprensa'.

Según Los Verdes la reforma del Real Decreto 1578/08 que pretende el Ministerio de Industria, para regular la implantación de la energía fotovoltaica y su tarificación, bloquea el crecimiento del aporte de energía fotovoltaica en el campo almeriense al prohibir de facto las instalaciones conectadas a red tanto en la superficie de los invernaderos como en la superficie de otras infraestructuras agrarias.

Según el portavoz andaluz de Los Verdes "el ministro Miguel Sebastián está entregado a las grandes empresas eléctricas que emiten CO2, y por eso bloquea cualquier iniciativa que permita una obtención y comercialización verdaderamente distribuída de energía solar."

Para Los Verdes el potencial del agro almeriense en producción fotovoltaica es enorme, "pero el ministerio no quiere favorecerlo, impidiendo nuevas fuentes de ingresos para los agricultores que los harían más competitivos, además de que contribuirían a luchar contra el cambio climático," dice Sánchez.

Por su parte la portavoz de esta formación política en Almería, Annette Hauer, anima a las organizaciones agrarias a aliarse con las asociaciones de productores y constructores de instalaciones fotovoltaicas para presentar un frente común ante el ministerio, "la aplicación de la fotovoltaica conectada a red en la Almería agrícola permitiría conjugar un desarrollo agrario sostenible pues nuestro potencial solar fotovoltaico en toda la provincia es el de una gran central nuclear, pero produciendo energía limpia y generando empleo," sentencia Hauer.

La Unión Europea pide más transparencia y reforzar el peso de los productores para asegurar precios más justos a los agricultores

BRUSELAS.- La presidencia española de la Unión Europea logró anoche el apoyo de una "aplastante mayoría" de Estados miembros a las medidas propuestas para mejorar el control y transparencia de la cadena alimentaria, con el objetivo de reequilibrar el sistema y asegurar precios más justos a los agricultores y consumidores.

Las reticencias de Dinamarca, Suecia, Reino Unido y República Checa respecto a la idea de permitir cierta "flexibilidad" en la aplicación de la política comunitaria de Competencia a los productos agrícolas impidió el consenso necesario para que el documento fuera adoptado como conclusiones del Consejo de ministros de Agricultura de la UE reunidos este lunes en Bruselas.

Los ministros concentraron las prioridades en promover relaciones "sostenibles" entre las partes interesadas, incluido el refuerzo del productor en las negociaciones con la industria; incrementar la transparencia a favor de la competencia y de la "resistencia" frente a la inestabilidad de los precios; eliminar los obstáculos y acabar con las prácticas desleales que "fragmentan" el mercado interior, explicó la ministra española y presidenta de turno del consejo, Elena Espinosa.

Es la respuesta de los ministros a las "deficiencias" detectadas en la cadena alimentaria, entre ellas la "falta de transparencia de algunos estados" y prácticas "al límite de lo regulado, pero también para compensar la "rigidez" de los precios que dificulta la capacidad de adaptación e innovación de los agricultores y ganaderos europeos.

Este documento pretende "inspirar" a la Comisión Europea para impulsar medidas concretas al respecto y este lunes el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, mostró a las delegaciones su disposición para buscar "los medios de acción adecuados", indicaron fuentes comunitarias.

Después de que finalmente se incluyera la política agraria común (PAC) en la nueva estrategia económica europea para los próximos 10 años, los ministros destacaron su papel porque la agricultura "gestiona el 80% del territorio europeo", representa el 7% del empleo de la UE y abastece alimentos "sanos, seguros y de calidad" a la población.

Por su parte, el comisario de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos, apoyó la necesidad de dotar de mayor transparencia al sistema y se comprometió a buscar acciones "concretas", sin descartar el área de Competencia. También se mostró a favor de contar con una "red de seguridad" que proteja al sector agrícola ante futuras crisis y de pensar en nuevos mecanismos para una respuesta rápida.

Ciolos y Espinosa coincidieron en optar por actuaciones para la "prevención, mejor que curación" porque es "más caro" acudir al rescate de un sector que tomar las medidas para evitar dificultades.

Por otra parte, el comisario presentó ante los ministros el informe trimestral sobre la situación del sector lácteo y apuntó una recuperación y "cierta estabilidad" de los precios, si bien admitió que no ha sido suficiente para que los productores hayan podido compensar las pérdidas de los últimos años. También reconoció las diferencias entre Estados miembros

Ciolos confirmó a los 27 su intención de presentar un paquete de medidas antes de que finalice el año y que estarán dirigidas a la regulación y que no se traducirán en mayor financiación.

Respecto a las necesidades presupuestarias de la PAC a partir de 2013, Espinosa apostó por definir los objetivos de los Veintisiete antes de fijar su "valor económico determinado" y consideró que "no tendría sentido" que los ministros de Agricultura abordaran esta cuestión cuando la UE no ha abierto aún el debate sobre las perspectivas financieras.