martes, 1 de diciembre de 2009

Berenguer advierte de que las fusiones entre las cajas de ahorros deberán ser autorizadas por la CNC

MADRID.- El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el alicantino Luis Berenguer, advirtió hoy de que las fusiones entre las cajas de ahorros deberán ser autorizadas también por el organismo que preside.

"Las fusiones entre las cajas de ahorros tendrán que ser autorizadas por la CNC para comprobar si superan los umbrales de la Ley de Defensa de la Competencia", afirmó Berenguer, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía en el Congreso para presentar el Plan de Actuación de la CNC 2010-2012.

Berenguer recordó que la CNC es "supervisor y no regulador" y que "cualquier manifestación que pueda hacer jamás se refiere a problemas de competencia, ya que se estaría desacreditando para intervenir en los expedientes".

Respecto al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Berenguer explicó que la CNC tendrá que "manifestar una serie de opiniones que requieren un debate previo" antes de emitir una opinión definitiva sobre las posibles consecuencias sobre la competencia de su aplicación.

En cuanto a la reducción de los plazos de pagos establecidos en la Ley de Morosidad, cuya modificación se llevará a cabo en el marco de la Ley de Economía Sostenible, Berenguer informó de que "no se ha solicitado informe" a la CNC, pero reconoció que "no confía demasiado en esta reforma legislativa".

"Nunca se han conseguido pruebas suficientes que permitieran considerar que el incremento de los plazos supongan un abuso de posición dominante, pero si existen abusos los perseguiremos", apuntó, al ser preguntado por el portavoz de CiU, grupo que propone introducir la posibilidad de renegociar la extensión del pago cuando expiren los plazos de 60 días para administraciones públicas, pymes y autónomos, y de 30 para el sector privado.

España logra bloquear la norma para facilitar el 'turismo sanitario'

BRUSELAS.- España logró hoy bloquear una nueva norma comunitaria cuyo objetivo es reforzar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, alegó que la directiva no garantiza una atención de buena calidad y supondrá un coste adicional para la sanidad española de 2.000 millones de euros anuales.

Jiménez consiguió reunir una "minoría de bloqueo" que impidió que se aprobara la norma, como era el deseo de la presidencia sueca y de la Comisión tras un año y medio de negociaciones.

Esta minoría estaba formada por Portugal, Rumanía, Grecia, Polonia, Lituania y Eslovaquia, explicaron fuentes comunitarias. Ahora le corresponde a la presidencia española, durante el primer semestre de 2010, tratar de lograr un acuerdo sobre la directiva de servicios sanitarios.

El ministro sueco de Asuntos Sociales, Göran Hägglund, avisó de que la falta de acuerdo crea "mucha inseguridad jurídica" para los pacientes. Y la comisaria de Sanidad, Androulla Vassiliou, dijo que "es un momento triste para los pacientes" porque "son los principales perdedores".

"Se ha perdido una oportunidad de oro para reforzar su derecho a buscar tratamiento en otro Estado miembro y ser reembolsados", señaló.

"Tomo nota del compromiso personal de la ministra española de continuar sus esfuerzos para lograr un acuerdo durante la presidencia española", afirmó Vassiliou. La ministra de Sanidad confirmó su compromiso de buscar un pacto durante la presidencia española, pero aclaró que cualquier acuerdo debe satisfacer las pretensiones de todos los Estados miembros y garantizar la calidad de la atención sanitaria.

"Sabemos que es un tema delicado, que es un tema difícil, que partimos de posiciones bastante encontradas. Pero confiamos en que sea posible la armonización de los intereses contrapuestos que hemos observado", dijo.

La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recurrir al 'turismo sanitario' y tienen derecho a que se les reembolse el coste del tratamiento a la vuelta.

En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.

Para España, esta norma "va en contra del derecho exclusivo que tiene cada Estado a la organización de sus servicios sanitarios" y no garantiza "ni la calidad ni la seguridad jurídica suficiente", según dijo Trinidad Jiménez. A su juicio, la directiva "rompe lo que es la prestación sanitaria como servicio público" y la convierte en "una mercancía, un objeto de consumo más".

En concreto, dos eran las cuestiones que más preocupaban a España en la fase final de las negociaciones. En primer lugar, la definición del Estado miembro de afiliación, sobre todo en el caso de los pensionistas extranjeros. La norma establecía que era el país de residencia, y no el de cotización, el que debía pagar el tratamiento de un jubilado que se desplazase a otro Estado miembro. Es decir, que España debería pagar el tratamiento de un jubilado alemán residente en Mallorca que quisiera tratarse en Alemania.

"España es un país receptor de pensionistas y residentes comunitarios. Y, en ese sentido, si tuviéramos que hacernos cargo del coste de la prestación de todos los pensionistas que residen en España pero que van a tratarse a su país de origen, hemos hecho un cálculo estimado de alrededor de 2.000 millones de euros", explicó la ministra de Sanidad.

Pero además de este coste adicional, la norma obligaría a España a crear una "una organización dual" de sus servicios sanitarios. "Por un lado tendríamos que mantener nuestro sistema público" universal y gratuito y "por otro, de forma paralela, tendríamos que mantener este sistema que se nos propone en la directiva, este sistema de reembolso que no existe en nuestro país", señaló Jiménez.

Además, la norma de la UE obligaría a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a un hospital privado de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertado. El Gobierno rechaza esta posibilidad y alega que si el mismo ciudadano va a un hospital privado en España no se le reembolsarían los costes.

"No se trataba de excluir la participación de proveedores privados como algunos han argumentado, sino de asegurar garantías de calidad para los pacientes y preservar las competencias de los Estados para organizar sus servicios de salud", insistió la ministra de Sanidad.

Pero por encima de todo, España considera imprescindible la exigencia de autorización previa para ir a tratarse en otros Estados miembros. "Lo que pretendíamos es que la prestación sanitaria no fuera tratada como un bien más, como una mercancía más dentro del mercado.

Recibir un tratamiento médico no es lo mismo que ir a comprar un ordenador. El paciente no puede elegir por sí mismo el lugar, la razón y el tipo de tratamiento que tiene que recibir, tiene que estar aconsejado por un médico, tiene que formar parte de una decisión del sistema nacional de salud", dijo Salgado.

Resaltó además que esta libertad de elección sólo "daba satisfacción a menos de un 1% de la población que puede permitirse el adelantar el pago de un determinado tratamiento escogido" y a cambio "a nosotros nos rompe el equilibrio de cohesión, de justicia, de equidad, de solidaridad".

El Consejo de Unicaja aprueba asumir íntegramente el plan de Boston Consulting Group como referencia

MÁLAGA.- El consejo de administración de Unicaja aprobó este martes, en sesión extraordinaria, la asunción íntegra del plan de reestructuración elaborado por Boston Consulting Group como "cuerpo básico de referencia del proyecto de fusión" con CajaSur.

Este consejo, que se celebró en la sede central de la caja y que empezó a las 12,00 hasta 14,30 horas, aprobó este martes un acuerdo, que está vinculado a la aprobación de dicho documento por parte el consejo de administración de CajaSur, que se reúne en sesión extraordinaria esta misma noche, después de que los máximos directivos de Unicaja y CajaSur alcanzaran anoche un principio de acuerdo sobre el plan estratégico de negocio de la fusión.

Dicho acuerdo, cuyo texto es idéntico para ambas cajas, contempla que las dos entidades, "conscientes de su responsabilidad ante las necesidades de su entorno, valoran profundamente las exigencias de servicio y eficacia que requieren sus clientes, teniendo presentes los intereses de sus empleados y siendo fieles a los principios sociales que las inspiraron".

Por ello, acordaron aprobar el plan estratégico de negocio de la fusión "basado en la idea principal de crear un proyecto viable que fortalezca el desarrollo económico y social de nuestro entorno geográfico, en el que se propicie un trato justo, singular y equitativo para todos los colectivos e instituciones interesados en este proyecto y basado en el principio de unidad y autonomía empresarial".

Asimismo, en este acuerdo se advierte de que "no podrá cerrarse un acuerdo laboral de fusión que no garantice y obligue fehacientemente a la consecución de las sinergias de costes de personal recogidas en el plan de Boston Consulting Group".

En este sentido, ambas entidades reiteran su voluntad de "poder alcanzar un acuerdo laboral que concite la máxima adhesión posible entre la representación de los trabajadores de ambas cajas".

Igualmente, el acuerdo contempla que la viabilidad del proyecto "queda condicionada a la adecuación, certeza e irreversibilidad de las ayudas solicitadas".

A la salida del consejo, el consejero y vicepresidente de la entidad, Manuel Atencia, destacó a los periodistas que dicho principio de acuerdo "es un buen acuerdo" y aunque reconoció que "todavía el proceso de fusión tiene etapas por delante, es bueno que este proceso se desarrolle en buena armonía y unidad de criterio, para que las dos cajas avancen en un proceso que tiene muchos aspectos positivos y que permite dotar a Andalucía de una gran entidad financiera".

Agregó que en estos momentos de difícil situación económica el proceso de fusión "tiene su complejidad, pero hay que esperar que el sentido de la responsabilidad se imponga".

Por ello, mostró su deseo y esperanza de que las medidas que en el futuro se planteen en el seno de este acuerdo "se hagan con suficiente inteligencia y flexibilidad para conseguir el objetivo de una gran caja de ahorros competitiva en España".

Cuestionado sobre los plazos para hacer efectiva esta operación, Atencia no se atrevió a dar un plazo, aunque espera que todo se desarrolle "a la mayor agilidad para ir cubriendo etapas", tras lo que resaltó que el acuerdo alcanzado ayer sobre la fusión supone "un paso importante en el que las dos cajas han estado a la altura".

Preguntado por la posibilidad de que exista pérdida de empleo, Atencia indicó que las cajas "trabajan en el objetivo de que la entidad fusionada sea viable en términos económicos y financieros, y eso no hay que perderlo de vista desde el punto de vista de Málaga y Córdoba". Asimismo, preguntado por el futuro nombre de la entidad, precisó que Unicajasur "es un nombre se aprobó en un principio pero no está cerrado".

La producción agraria andaluza subió a 10.066 millones en 2008

ALMERÍA.- La producción agraria en Andalucía sumó en 2008 un total de 10.066 millones de euros, un 5,22% más que el año anterior, cuando se contabilizaron 9.567 millones. En este mismo periodo, los precios subieron el 5%.

Estos datos se desprenden del Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2008, que publica anualmente la Fundación Unicaja y elaboran Analistas Económicos de Andalucía, y en el que se indica que la producción agraria andaluza supone un 24% de la española.

Las hortalizas y el aceite y sus derivados concentran el 68,3% del valor nominal de la producción agrícola.

El informe pone también de manifiesto que la renta agraria en Andalucía se ha estimado en unos 8.841 millones de euros, un aumento del 4,8% y en concreto Almería y Jaén siguen siendo en 2008, las provincias que realizan una mayor contribución a la renta agraria, pues han superado los 1.700 y los 1.500 millones de euros respectivamente.

El PP anuncia que votará en contra de los presupuestos de Diputación (PSOE) mientras IU y PAL se abstendrán

ALMERÍA.- El grupo del PP en la Diputación Provincial de Almería anunció hoy su intención de "votar en contra" del proyecto de los presupuestos que el equipo de gobierno (PSOE) ha preparado de cara a las cuentas de 2010, una decisión que, si bien no es compartida por el resto de formaciones en la oposición (PAL e IU), éstas optaron por la "abstención", según comunicaron a los periodistas tras la comisión de Hacienda que se celebró hoy.

El portavoz del grupo del PP en Diputación, José Fernández, señaló en el transcurso de una rueda de prensa que "hasta el último instante" antes de la comisión de Hacienda en Diputación se pidió al presidente de la institución, Juan Carlos Usero (PSOE), que "no se lleven los presupuestos a pleno", ya que el PP considera que "no son buenos para la provincia ni para los municipios".

En esta línea, Fernández señaló haber trasladado a Usero su intención de "sentarse y hacer unos mejores presupuestos", un aspecto que, según indicó Usero "rechazó" a favor de que se pudieran llevar al pleno ordinario que se celebrará el próximo viernes.

Por otra parte, el portavoz del PP en la Diputación almeriense recalcó haberse sentido "utilizado y engañado" en cuanto a la reunión que mantuvo con el presidente de la Diputación y el vicepresidente primero, Luis Pérez, el pasado día 26 de noviembre, en la que el PP le trasladó sus propuestas para "mejorar" los presupuestos, tras lo que "no se ha hecho ni una sola concesión" en las cuentas para 2010.

"La reunión fue un paripé", criticó Fernández, quien además incidió en no haber recibido "una llamada" de Usero para comunicarle la inclusión o exclusión de alguna propuesta en los presupuestos, ya que, según sospechó, los presupuestos estaban ya "cerrados", por lo que calificó de "inflexible" la postura del presidente de la Diputación.

De esta forma, Fernández también hizo alusión a una posible negociación entre el PSOE y el PAL, partido que cuenta con dos diputados provinciales que a la hora de las votaciones daría la mayoría en el caso de mostrarse a favor de los presupuestos del equipo de gobierno, con 12 diputados provinciales.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación Provincial y portavoz del equipo de gobierno, Luis Pérez (PSOE) señaló en declaraciones a los periodistas que el equipo de gobierno "no va a negociar por debajo de las mesas" y aludió en referencia a las críticas de Fernández, que las negociaciones formales se hacen durante la comisión de Hacienda.

De este modo, Pérez apuntó a que las propuestas efectuadas por los 'populares' están "recogidas" en los presupuestos planteados por el gobierno de Diputación, por lo que se mostró "sorprendido" del "cambio" realizado por el principal partido opositor desde el pasado viernes, día en la que se mantuvo una reunión entre ambos partidos.

De este modo, en alusión a algunas medidas que planteó el PP, Pérez justificó que el uso de los remanentes de 2009 para el pago de deudas no sería "efectivo", ya que consideró "prioritario" destinar esas partidas a nuevas inversiones de cara a la generación de empleo y así "no castigar a los municipios".

En cuanto a la petición de que las partidas no puedan ser modificadas una vez aprobadas, el vicepresidente explicó que esta medida deja "inhabilitado" al equipo de gobierno para cambiar cuantías que "no sabemos cómo pueden evolucionar en el tiempo".

Hortyfruta rechaza el acuerdo UE-Marruecos y cree que es "lo peor que le podría pasar al sector con la crisis"

ALMERÍA.- La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) trasladó hoy su posición "totalmente en contra" con respecto a la próxima firma del principio de acuerdo de asociación alcanzado por la UE y Marruecos y auguró que se trata de "lo peor que le podía caer" al sector hortofrutícola que atraviesa "una profunda crisis".

La gerente de Hortyfruta, que agrupa a productores y comercializadores de Almería y Granada, María José Pardo, subrayó el "grave perjuicio" que supone para el campo, al tiempo que aseguró que no descartan pedir al Gobierno central, en la misma línea anunciada por los productores canarios, que "vete" el acuerdo, que aún debe ser ratificado los países miembros de la UE.

Pardo advirtió de que el sector hortofrutícola está inmerso "en la crisis más importante conocida", que ha obligado a adoptar medidas de control de precios como la retirada de la comercialización de segundas categorías de berenjena, pepino y pimiento, y reclamó que se cumplan las condiciones del actual acuerdo en cuanto a contingentes de exportación de tomate en fresco alauí, precios de entrada y "sobre todo, las normas que ahora no rigen para Marruecos y que derivan en competencia desleal".

La Unión Europea (UE) y Marruecos cerraron las negociaciones sobre un nuevo acuerdo agrícola que ahora tendrá que ser sometido al visto bueno de los Estados miembros antes de ser firmado posiblemente la próxima semana.

El nuevo marco de relación comercial con Marruecos en materia agrícola, que se firmó el pasado 27 de noviembre, y cuyo objetivo era lograr una liberalización lo más amplia posible, contempla una mejora "sustancial" de las cuotas de importación al mercado europeo de los productos marroquíes, según las mismas fuentes.

Así, en lo que se refiere al tomate que llega a la Unión Europea con un arancel especial, el incremento pactado fija las toneladas hasta las 254.000 en el primer año tras la entrada en vigor del acuerdo y de 285.000 a partir del cuarto año.

Asaja ve el "beneplácito" de Gobierno y Junta al acuerdo UE-Marruecos como "la puntilla" al sector hortícola

ALMERÍA.- El presidente de Asaja-Almería, Francisco Vargas, aseguró hoy que el "beneplácito" del Ejecutivo central y la Junta de Andalucía a la próxima firma del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos supone "dar la puntilla" al sector hortofrutícola y atribuyó al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) la "responsabilidad" ante los "continuos incumplimientos" del país alauí de los contingentes y precios de entrada en la exportación de tomate a los mercados europeos.

Vargas, quien calificó de "tomadura de pelo" el nuevo convenio, reclamó a la Junta de Andalucía que se "posicione y señale con el dedo" al Gobierno y a las autoridades comunitarias "por dejar que se vaya a la ruina el primer sector agrícola de la región junto al olivar" e instó al presidente andaluz, José Antonio Griñán, a "dar un paso adelante y denunciarles".

Aseguró, en esta línea, que el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos "está cerrado desde hace meses" y que, en el actual contexto económico, "ya nos da igual puesto que ahora tenemos un problema de supervivencia, de viabilidad de empresas y de, incluso, cobertura de primeras necesidades como la alimentación".

Tras mostrar su convencimiento de que al Ejecutivo central "le importa tres pitos la defensa del sector", Vargas urgió, al igual que su homólogo de COAG en la provincia, Andrés Góngora, la puesta en marcha "a rajatabla" de los certificados de exportación para que se cumpla y se reflejen "certeramente" las toneladas de tomate en fresco que exportan a los mercados de la UE, al tiempo que reclamó la intervención del Tribunal de la Competencia para investigar el "dumping lamentable" que se ejercen para bajar los precios hortícolas.

"No ha habido voluntad de cumplir el acuerdo actualmente en vigor y, además, no se ha hecho caso a más de 500.000 agricultores que no se merecen este gobierno al que no se si atribuirle dejación o impotencia", concluyó.

La Unión Europea (UE) y Marruecos cerraron las negociaciones sobre un nuevo acuerdo agrícola que ahora tendrá que ser sometido al visto bueno de los Estados miembros antes de ser firmado posiblemente la próxima semana.

El nuevo marco de relación comercial con Marruecos en materia agrícola, que se firmó el pasado 27 de noviembre, y cuyo objetivo era lograr una liberalización lo más amplia posible, contempla una mejora "sustancial" de las cuotas de importación al mercado europeo de los productos marroquíes, según las mismas fuentes.

Así, en lo que se refiere al tomate que llega a la Unión Europea con un arancel especial, el incremento pactado fija las toneladas hasta las 254.000 en el primer año tras la entrada en vigor del acuerdo y de 285.000 a partir del cuarto año.

COAG exige al Gobierno "certificados de exportación" en la UE y ve un "auténtico palo" el acuerdo con Marruecos

ALMERÍA.- El secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora, exigió hoy al Gobierno central que pida como estado miembro a la Unión Europea que implante un sistema de certificados de exportación ante la próxima rúbrica del nuevo Acuerdo de Asociación UE-Marruecos como "única manera veraz y fiable" de controlar la entrada en los mercados europeos de tomate alaüí ante los "continuos incumplimientos" en precios y contingentes, que, en 2009, han superado las 350.000 toneladas frente a las 285.000 toneladas que se establecen en el nuevo acuerdo y a las 235.000 que cómo máximo dispone el que está actualmente en vigor.

Góngora consideró un "auténtico palo" al sector agrario de la provincia tanto las condiciones estipuladas en el convenio alcanzado el pasado día 25 en Rabat (Marruecos) como "el secretismo bárbaro y la negación" que ha presidido la actuación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), al que "hemos pedido por activa y por pasiva, información".

Según el representante de COAG, el "nuevo acuerdo casi da igual, ya que Marruecos ha metido en la UE 350.000 toneladas a un precio de entrada de entre 30 y 35 céntimos de euros, muy por debajo de los 46 céntimo fijados de mínimo".

En este sentido, Góngora señaló que desde COAG "nos vamos a agarrar como a un clavo ardiendo" a las declaraciones de la consejera de Agricultura de la Junta, Clara Aguilera, quien informó la pasada semana de la paralización de la firma de convenio "alegando que Marruecos había estado incumplimiento el acuerdo actual", lo que significa, tal y como resaltó, "que es la primera vez que desde el Gobierno se reconoce que entra más tomate del permitido y a un coste inferior al establecido".

Más allá "de los pataleos que desde las organizaciones agrarias hemos hecho ante Bruselas", Góngora reclamó al Ejecutivo central y, en concreto, a la ministra Elena Espinosa que reclame a la UE la puesta en marcha de los certificados de exportación y aseguró que el "nudo gordiano del problema es que el Gobierno tenga las cosas claras en defensa del sector".

En esta línea, tras avanzar que se preparan nuevas movilizaciones de los productores hortofrutícolas, calificó de "clave" el "arrancar este compromiso" al MARM, para lo que aseguró existe margen de tiempo aunque no tenga lugar durante la presidencia española durante el primer semestre de 2010 ya que el nuevo Acuerdo de Asociación UE-Marruecos "según los plazos de aprobación del firmado con Egipto hace un año, no entraría en vigor ni en esta ni en la próxima campaña agrícola".

El secretario provincial de COAG se mostró más crítico con la actitud mostrada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para quien deseo una posición "más contundente y en sintonía" con Aguilera. "El acuerdo no sirve para desarrollar el tejido social y económico de Marruecos o proteger su medio ambiente --ahondó-- ya que sólo beneficia a los agroexportadores europeos".

Góngora advirtió de que esta fórmula "está diseñada estrictamente para esos grandes agroexportadores", al tiempo que "favorece que se siga explotando a los terceros países con condiciones laborales que contemplan, por ejemplo, jornales de cinco euros frente a los 40 euros diarios que se pagan en España".

"Una prueba es que no ha conseguido frenar que la gente se juegue la vida en la inmigración clandestina", concluyó.

El PSOE apunta a la presidencia de la UE para cumplir los acuerdos con Marruecos y rechaza una nueva firma

ALMERÍA.- El secretario provincial del PSOE en Almería y senador, Diego Asensio, apuntó hoy a que durante la Presidencia de Unión Europea (UE) durante el primer semestre de 2010, tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, trabajarán para que se cumpla el actual Acuerdo de Asociación entre los países miembro y países terceros, después de que se conociera que la UE y Marruecos cerraron la semana pasada las negociaciones sobre un nuevo acuerdo agrícola por el que se incrementarán los cupos de exportación del país alauita y que se rubricará, según las previsiones, la próxima semana.

En declaraciones a los periodistas, Asensio señaló que tanto su partido como las administraciones central y autonómica "defenderán" los intereses del sector agrícola español, que "en los últimos 30 años ha propiciado la buena marcha económica" de la provincia de Almería.

"Queremos y exigimos que se cumpla con lo pactado y mientras no se cumpla con eso, nuestra posición es que no se firme un nuevo acuerdo con entre la UE y Marruecos", sentenció el senador socialista, que precisó que se trabajará durante el primer semestre del año para no ampliar el cupo de importación de terceros países "hasta que no existan garantías para defender la agricultura".

Según informaron fuentes comunitarias, el nuevo marco de relación comercial con Marruecos en materia agrícola se firmó el pasado 27 de noviembre con el objetivo de lograr una liberalización lo más amplia posible en el mercado, de forma que contempla una mejora "sustancial" de las cuotas de importación al mercado europeo de los productos marroquíes, según las mismas fuentes.

Así, en lo que se refiere al tomate que llega a la Unión Europea con un arancel especial, el incremento pactado fija las toneladas hasta las 254.000 en el primer año tras la entrada en vigor del acuerdo y de 285.000 a partir del cuarto año.

En cuanto al ofrecimiento realizado por el secretario general del PP-A, Javier Arenas, de alcanzar un "gran pacto" en defensa del campo de cara a la próxima presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010, Asensio indicó que el líder de los 'populares' andaluces llega "mal y tarde, aunque bienvenido sea", ya que recordó que esa misma propuesta fue lanzada el pasado jueves en el Parlamento andaluz por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Según Asensio, Griñán propuso propiciar un gran acuerdo en defensa de la agricultura andaluza con las principales organizaciones agrarias, la federación de cooperativas y con los grupos políticos de la Cámara andaluza apoyado en el "diálogo y consenso que conduzca a modelo productivo sostenible".

Así, criticó que Arenas no asistiera durante la semana pasada a la XXV Feria Internacional Expo-Agro que se celebró en Roquetas de Mar para "apoyar al sector".

"No debería jugar con tanta frivolidad con el sector agrícola y debería apoyarlo claramente como lo hace la Junta con a través de su presidente y la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera", apostilló.

Murcia invierte 2,3 millones en Águilas para mejorar las comunicaciones entre esa Región y la provincia de Almería

MURCIA.- El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, visitó hoy las obras que ejecuta la Comunidad Autónoma en este municipio para mejorar las comunicaciones entre la Región de Murcia y la provincia de Almería, y que suponen una inversión de 2,3 millones de euros, según informaron fuentes del Ejecutivo regional.

El consejero puso hoy la primera piedra de las obras de acondicionamiento, mejora y ensanche de la carretera de Calarreona (RM-333), una actuación en la que el Gobierno regional invertirá 1,6 millones de euros y que supondrá la construcción de tres glorietas y un carril bici de dos metros de ancho en el tramo central de la vía, para fomentar la movilidad sostenible en el municipio.

La actual carretera será ampliada con dos carriles de 3,5 metros en cada dirección, lo que permitirá facilitar los desplazamientos hacia las playas de Águilas.

Además, según indicó el consejero José Ballesta, "por medio de esta actuación se mejorarán la seguridad vial y las condiciones de una vía que no sólo presta servicio a los conductores del municipio aguileño, sino que, además, forma parte de las carreteras que permiten el acceso a nuestra Región desde Andalucía, por lo que se trata de una actuación de especial interés para la Comunidad Autónoma

Asimismo, el consejero inauguró una nueva glorieta en el municipio, en la intersección de la carretera RM-333, que comunica con el municipio almeriense de Vera, con la RM-D18, que da acceso a la pedanía de El Cocón.

Se trata de una actuación que, según indicó José Ballesta, "supone la eliminación de un punto negro en una zona que registra una alta intensidad de vehículos, sobre todo en época estival, con más de 10.000 vehículos al día".

Las obras han supuesto la remodelación de la antigua intersección para convertirla en una única glorieta de 56 metros de diámetro interior y 72 de diámetro exterior, con dos carriles de cuatro metros de ancho.

Además, se ha llevado a cabo la construcción de la variante hacia la pedanía de El Cocón, con dos carriles de 3,5 metros, y dos accesos directos para descongestionar el tráfico de la rotonda. La obra, que ha contado con una inversión de 705.690 euros, se ha complementado con la señalización, el balizamiento y el alumbrado de la glorieta.

"Esta actuación, que contribuirá a garantizar una mayor seguridad vial a los miles de visitantes y vecinos del municipio, viene a complementar las obras de la carretera de Calarreona. Así, con estas dos obras los ciudadanos podrán disfrutar de desplazamientos más cómodos, ágiles y seguros, facilitando el acceso a las playas de Águilas y mejorando las comunicaciones de la Región de Murcia con la provincia de Almería", concluyó José Ballesta.