domingo, 31 de enero de 2010

La contribución negativa de la demanda regional al PIB se suaviza por el freno en la contracción del consumo

SEVILLA.- La contribución negativa de la demanda regional al Producto Interior Bruto se suavizó a finales de 2009, debido al freno en la contracción del consumo privado como en la inversión, según el último número de las 'Previsiones Económicas de Andalucía' elaboradas por la sociedad de estudios Analistas Económicos de Andalucía, perteneciente al grupo Unicaja.

En dicho informe se apunta que la menor caída del consumo privado y la inversión en el tercer trimestre de 2009 ha provocado que la contribución negativa de la demanda regional al Producto Interior Bruto se haya reducido hasta los -6,1 puntos, uno menos que entre abril y junio.

El informe precisó que la suavización en el perfil de caídas trimestrales ha sido común a los principales componentes del gasto, "pero más acusada en el consumo de los hogares, que se ha visto favorecido por el Plan 2000E, y la inversión pública, en la que ha incidido la ejecución de los proyectos acogidos al Plan Estatal de Inversión Local".

El consumo de los hogares ha crecido ligeramente en relación con el segundo trimestre (0,2 por ciento), lo que ha permitido recortar en un punto la tasa de variación interanual negativa (-5,1 por ciento).

El estudio indicó que uno de los indicadores que han mostrado una clara mejoría en el tercer trimestre del año fueron las matriculaciones de turismos, que pasaron de descender un -54 por ciento en el primer trimestre del año 2009 respecto al mismo período de 2008, a descender sólo un -0,9 por ciento en el tercer trimestre como consecuencia de las ayudas directas a la adquisición de automóviles puestas en marcha a mediados de mayo.

Del mismo modo, las ventas minoristas experimentaron un menor descenso entre julio y septiembre y la recaudación por IVA arroja tasas menos negativas que en meses anteriores, según el estudio.

En cuanto a la formación bruta de capital, en el tercer trimestre se registró el menor descenso trimestral desde inicios de 2008, "aunque en términos interanuales la caída de la inversión sigue siendo intensa".

El informe precisó que "el fuerte descenso de la demanda interna, la débil demanda exterior, las mayores restricciones al crédito y la incertidumbre sobre una recuperación sólida continúa lastrando la puesta en marcha de proyectos de inversión, sin que los bajos tipos de interés puedan contrarrestar esta situación".

Por último, Analistas apuntó que la inversión en equipo "sigue mostrando una intensa caída, como refleja el índice de producción industrial de bienes de inversión o la matriculación de vehículos de carga".

Por su parte, el ritmo de descenso de la inversión en construcción "podría haberse estabilizado como consecuencia principalmente del repunte en la actividad no residencial y especialmente de la obra civil, por los proyectos acogidos al Plan E".

Agregó que esta mejora "podría haber compensado el deterioro de la inversión en edificación residencial, a tenor del fuerte descenso que siguen experimentando las viviendas visadas".

El 90% de los inmigrantes europeos jubilados y no empadronados están en ocho provincias, entre ellas Almería

MADRID.- Más del 90% de los inmigrantes mayores de 55 años procedentes de países europeos, y que en la mayoría de los casos no están empadronados, viven en ocho provincias españolas, entre ellas Almería y Málaga. Así, Alicante, y las dos ciudades andaluzas concentran dos tercios del total, mientras que en el archipiélago balear, Las Palmas, Tenerife, Gerona y Murcia se distribuye el resto, según un estudio del Real Instituto Elcano.

El informe revela que el 21% de los dos millones y medio de europeos que viven en España son jubilados que en la mayoría de los casos no se empadronan para no pagar impuestos, porque no están integrados (no hablan el idioma), por no perder derechos sociales en sus países de origen o por desconocimiento.

En concreto, el estudio, elaborado por los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Vicente Rodríguez y Paz Rodríguez, y el profesor de la Universidad de Zaragoza, Raúl Lardiés, se basa en estudios previos y en encuestas y entrevistas personales realizadas a extranjeros retirados y residentes en Andalucía para describir a esta población, que ya representa el 48% de todos los europeos que viven en España.

Los autores destacaron que "la población extranjera retirada tiende a no empadronarse" en el municipio de residencia, "a pesar de lo cual acceden a determinados servicios y beneficios sociales", lo que "causa perjuicios relevantes a las arcas municipales y a la capacidad de los Ayuntamientos y otras administraciones públicas para planificar la dotación de servicios".

Según los resultados de la investigación, una de las razones por las que no se registran es porque "temen que el empadronamiento haga llegar sus datos a la policía, lo cual llevaría quizá implícita la necesidad de cotizar y pagar impuestos en España, siendo eso sinónimo de perder ciertos derechos y beneficios en sus países de origen".

Asimismo, un 43% de los entrevistados alegó vivir temporalmente en España como razón para no registrarse, lo que para los investigadores supone "dejar la puerta abierta a la posibilidad de entender la residencia como una estancia turística de larga duración" y así, "mantener los derechos sociales y la vinculación con el país de origen" ya que no hay conexión entre los distintos registros nacionales.

Por otra parte, los investigadores señalan "el desconocimiento de las normas y prácticas administrativas españolas" y "el desinterés por conseguir una información adecuada" así como "las dificultades con el idioma y el temor al coste personal, en tiempo y esfuerzo", para realizar el empadronamiento.

El estudio explica que en España hay una sobre representación de jubilados europeos respecto del conjunto de los inmigrantes. En 2009, los mayores de 55 años procedentes de la UE-15 más Noruega y Suiza sumaban 400.000 personas, un tercio del total de extranjeros de estas nacionalidades.

En casos como los de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza, el 40% de sus nacionales instalados en España están en edad de jubilación y, en total, el seis por ciento de los europeos que viven en el país han cumplido ya los 75 años.

El Ejido con tres alcaldes / Pepe Fernández *

La última semana ha sido bastante intensa en todo lo concerniente a la Operación Poniente, destacando algo más esa intensidad en los ámbitos políticos que en los judiciales. Mientras la Juez Montserrat Peña se toma su tiempo y analiza, contrasta, valora y decide sobre la Causa en su despacho de la primera planta del Edificio Judicial de Oliveros de Almería, se mantiene un largo compás de espera en tanto llegan los pasos siguientes, que llegarán casi con toda seguridad y en distintos aspectos procesales en próximas fechas. En esa misma línea trabajan los fiscales y la veintena larga de funcionarios policiales y tributarios adscritos a esta causa. Mientras, en El Ejido, ya tienen tres alcaldes y aclaran “uno en funciones, otro en prisiones y el que acaba de llegar con ambiciones”.


Cuando Cándido Conde Pumpido definió esta investigación como “muy compleja” allá por la primavera pasada, confirmando la existencia de la misma – y según algunos observadores del asunto- “alertando” a navegantes en las procelosas aguas políticas del Poniente almeriense, -mensaje que según parece algunos no captaron- decía que no exageraba al hablar de “complejidad” el jefe de los fiscales españoles.


Es de tal tamaño la maraña de documentación que está siendo analizada, cruzándola con la que se tiene en la base de datos de la Agencia Tributaria y otros registros oficiales, que cualquier prueba consistente que se añada al sumario debe ser avalada con el contraste probatorio del delito que se imputa a cada uno. Jueza y Fiscalía parece que no están dispuestos a que las defensas desmonten las acusaciones por defectos o propicien de futuro anulaciones de parte de lo actuado. Sigilo y prudencia pues sigue siendo la máxima entorno a esta macro investigación. Los periodistas lo tenemos más crudo que otras veces con las fuentes oficiales.


La justicia sigue trabajando y parece que esta vez no pueden quejarse por falta de medios de refuerzo y, según he podido reconfirmar, la magistrada Peña piensa mantener a rajatabla el secreto. (Anoten finales de marzo/abril como hipótesis para que muy posiblemente se levante un cachito del telón) No obstante, cualquier cuestión que ella entienda que deba conocer la opinión pública, la transmitirá “solo” a través del gabinete de Prensa del TSJA, tal y como hizo con la puesta en libertad de los testaferros de Pepe Amate, hijo y yernos, el pasado viernes 29. A los medios de comunicación tan solo nos quedará como fuente documental las partes personadas en el procedimiento.


En plural porque, además de las defensas de los, de momento, veintitrés imputados del Poniente, la magistrada ha aceptado la personación del PP como Acusación particular, “solo en la causa principal”, se supone que la que nace del saqueo de las arcas de la empresa mixta Elsur. Esta aseveración de la jueza deja abierta la posibilidad a que, como ha sucedido en otros macro procesos, se estén abriendo piezas separadas que no tengan que ver directamente con el ayuntamiento de El Ejido. Si ello sucede no cabe duda que en esos otros sumarios es donde puede haber estado basada la “compleja” investigación de dos años de la que habló Conde Pumpido en primavera, casi al mismo tiempo que comenzaban por orden judicial los seguimientos telefónicos al clan.


Quienes administran la Justicia en este caso conocen sobradamente a estas alturas la envergadura de lo que investigan y , por supuesto, el poder de defensa (y ataque) del que aún hoy disponen los imputados fuera de la cárcel. El trabajo, parece que serio y profesional que está realizando la Justicia, necesitará cuando procesalmente sea posible, que el denominado cuarto poder, los medios de comunicación, trasladen a la sociedad lo que ha ocurrido con el dinero de los ejidenses, sobre todo para que más de trece mil paisanos cuando vuelvan a las urnas el año que viene, conozcan que han hecho determinados políticos del PdAL, los que hace un año les prometían un ayuntamiento “En buenas manos”. En este caso confluyen circunstancias políticas de indudable calado social, algo que reclama, si cabe más que en otros procedimientos, una absoluta y total transparencia; luz y taquígrafos para que se sepa toda la verdad y nada más que la verdad.


La jueza Peña y el fiscal jefe Gázquez, con su trabajo en este asunto, serán los únicos capaces de responder en su momento a Juan Enciso cuando desde la cárcel se preguntaba, en su célebre manifiesto carcelero, si estaba siendo víctima de un proceso judicial politizado.

Esta semana ha concluido el primer acto del “Plan B” del encisismo con la irrupción como el “tercer alcalde” de Pepe Añéz. En El Ejido dicen que ya tienen tres alcaldes: uno en funciones, otro en prisiones y el que acaba de llegar, con ambiciones. El número dos del PdAL culminaba su estrategia personal tras haber conseguido el tarro de las esencias “encisistas”, convertido de facto en la voz y el espíritu del alcalde tele transportado desde El Acebuche.


Pero ese final del primer entremés ´palero´ estuvo aguado por la dimisión del tercer hombre del partido. Y todo a cuenta de la Operación Poniente que, según confesó, le había sobrepasado personal y humanamente. Así de sincero y claro habló Gerardo Palmero, delegado de Cultura, cabeza de lista en las ultimas autonómicas por el PAL. Días antes habían dejado el PdAL dos concejales de Huercal Overa, una de ellos la segunda en la lista autonómica del partido.


Palmero, con vínculos familiares con los hermanos Lirola, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, dueños de la empresa concesionaria de limpieza, seguro que ha habrá hablado con sus parientes y conocido los asuntos por los que les preguntaba la jueza a los tres cuando les detuvo y les imputó.


Saber de primera mano el alcance de las verdaderas acusaciones contra Enciso y Alemán, al que los Lirola pagaban anualmente un sueldo de asesoramiento “verbal” de 800.000 euros, a razón de 60.000 mensuales, y finalmente conocer que Enciso se vino abajo cuando la magistrada le hizo escuchar una grabación con su voz, cuyo contenido no supo justificar, volviendo a la cárcel, fueron los elementos finales que seguramente barajó Palmero para tomar su decisión de abandonarlo todo, sin renunciar a asumir, si las hubiere, responsabilidades políticas y judiciales sobre su gestión.


Se marchó como un señor, pero algunos que se quedaron reaccionaron contra él como villanos, con una virulencia inusitada, lanzándole veladas acusaciones por distintos medios, especialmente en algunos foros de Internet. Ni siquiera dijo Palmero nada sobre sus comentados desencuentros políticos con Añéz, el mando a distancia que ha tomado Enciso para manejar el ayuntamiento mientras continua en prisión, encargándole de paso una compleja misión: salir de este trance lo menos tocado posible, política, social y penalmente.


José Añéz Sánchez, que entre otros títulos políticos posee el haber pasado a la historia como el primer presidente tránsfuga (apoyado en secreto por el PSOE) de la Diputación de Almería, acaba de irrumpir con gran fuerza en escena, convirtiéndose en el brazo ejecutor del alcalde preso preventivo, asumiendo una nueva Concejalía de Alcaldía sobre cuya creación, dadas las actuales circunstancias, existen serias dudas desde un punto de vista jurídico. Una primera impresión recogida esta semana en la voz de un magistrado de lo Contencioso Administrativo, aseguraba que modificar la estructura del gobierno de un ayuntamiento, con el alcalde en la cárcel sin estar inhabilitado, “es un asunto que presenta serias dudas sobre su ajuste a legalidad”.


Por otra parte, una votación en la Diputación el viernes entre Pal y PSOE, reclamando deuda histórica para Almería, podría confirmar que el pacto entre ambas fuerzas no se rompió en realidad el pasado día 20 de octubre a nivel provincial y recuerda mucho a cuando se entendían a oscuras, bajo la mesa.


Mientras tanto en El Ejido, los trabajadores de Elsur, siguen reclamando en la calle sus sueldos y garantías de que se van a mantener sus puestos de trabajo. Los líderes sindicales empiezan a estar preocupados por el aumento del nerviosismo, bastante comprensible por otra parte. Invadir en manifestación el patio central del Ayuntamiento, fue un síntoma inquietante ya que escapó totalmente al control de los dirigentes sindicales. Esta semana se manifestarán en el centro de Almería, muy cerca de donde se amontonan los 30 mil folios que quizás expliquen muy clarito las causas de sus males, penalidades e incertidumbres.


Los partidos PSOE, PP y el sindicato CCOO ya están de acuerdo en que se retire la concesión municipal de El Sur, la empresa situada en el ojo del huracán por haber sido presuntamente saqueada a la vista de todos y que se engloba dentro de la multinacional Abengoa.


Fuentes sindicales están convencidas de que varios ejecutivos de este grupo acabarán dando explicaciones ante la Justicia sobre su gestión realizada en los últimos años, máxime cuando se tiene la certeza de que algunos de ellos estaban al cabo de la calle (o podrían incluso ser cómplices) del supuesto saqueo del clan. Por cierto, una fuente socialista explica con estas palabras el hecho de que las cajas presentes en el capital de Agua y Gestión, no hubiesen actuado antes: “las tenían engañadas, nunca supieron nada”, se asegura. Así se explican las deudas con entidades financieras.


Como colofón a esta situación general, conviene dejar constancia a titulo de inventario del cambio radical que se ha producido en la línea de defensa de los imputados. Desde un mismo abogado para todos, al descuelgue de Pepe Alemán cambiando de defensor, así como la adopción de una linea de defensa descaradamente politizada por parte de Juan Enciso.


Se han llegado a rumorear incluso intentos de intimidación (amenazas procesales “y te vas a enterar...”) a funcionarios de la investigación, dicen que en tono chulesco, pero la respuesta de la instructora ha sido contundente al mantener al alcalde en prisión tras una tercera petición de libertad, esta vez por supuestos motivos de salud. (También parece que hay material sonoro que demostraría cuanto poder ha pretendido desplegar el clan en los ámbitos judiciales almerienses).


Y dentro del apartado de rumores y para acabar de arreglar el panorama político judicial almeriense, se comenta en foros muy diversos la existencia de una segunda operación, al margen de la del Poniente, y que estaría en marcha sigilosamente desde hace algún tiempo. En algún medio comarcal, hace meses, se llegó a publicar la circunstancial presencia del juez Baltasar Garzón en una población del Levante almeriense, a quien los rumores atribuirían la instrucción de un sumario por blanqueo de capitales y cuyo escenario podría desarrollarse en el término de Vera y aledaños. Siempre según esa rumorología insistente, ambas operaciones podrían llegar a tener puntos en común. Los funcionarios y autoridades consultadas ni confirman ni desmienten, algunos solo sonríen al ser preguntados, aunque todos aseguran que han percibido cierta nerviosera en alcaldes muy concretos al norte de la provincia.


Notas finales:


-Premio Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Almería a Onda Cero por el 75 Aniversario de Radio Almería. Su director, Francisco Espinar, agradeció el premio y lo dedicó, también, a los periodistas de Onda Cero Almería y El Ejido que hace ahora tres años destaparon lo que prácticamente se sabe a día de hoy de la Operación Poniente.

-El PP ha hecho una encuesta en El Ejido para consumo interno. Juan Cantón y Paco Góngora son los candidatos sobre los que deberá decidir el PP, inclinándose Javier Arenas por Góngora que superaría levemente a Cantón en el sondeo. El 68% de los encuestados considera que Juan Enciso debe dimitir.


(*) Periodista. Director Regional de Onda Cero Andalucía.