ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería investiga un
presunto fraude millonario en la concesión de ayudas públicas del
Servicio Andaluz de Empleo a las Unidades Territoriales de Empleo,
Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), según publica hoy La Voz de Almería.
El magistrado Rafael
Soriano cita a declarar a partir de este martes a una decena de cargos y
ex cargos socialistas de la provincia de Almería implicados en la
gestión de fondos públicos para el empleo entre los años 2010 y 2012.
Entre
los investigados se encuentran Francisca Pérez Laborda, ex delegada
provincial de Empleo de la Junta de Andalucía (cesó el 31 de julio de
2012) y los directores de los consorcios de las diez UTEDLT existentes
en la provincia de Almería, la mayoría con vinculación directa al PSOE.
Los
directores son Esperanza García (Consorcio de Adra), María de los
Ángeles Guzmán (Consorcio del Andarax y líder del PSOE de Canjáyar),
Juan José Ramírez (Consorcio de Berja y alcalde socialista de Huécija
desde 1999), Antonio Gutiérrez (Consorcio de Carboneras y alcalde
socialista de Padules), Juan José Rubio (Consorcio del Mármol), Juana
María Muñoz (Consorcio de Los Vélez y candidata socialista en Cuevas del
Almanzora), Juan José Cano (Consorcio de Huércal-Overa y ex alcalde de
Purchena), Elena del Arco (Consorcio de Purchena y ex portavoz
socialista en Olula del Río), José Francisco García (Consorcio de
Tabernas) y Joaquín Balazote (Consorcio de Vícar y ex alcalde socialista
de Cantoria).
Fondos públicos
Las
unidades territoriales fueron creadas como medio de cooperación entre
el SAE y los ayuntamientos para fomentar la creación de empleo en el
ámbito local. En la práctica suponían un apoyo a las políticas activas
de búsqueda de trabajo en áreas de la provincia con menos recursos
municipales.
Sin embargo, la selección del personal, el
criterio de concesión de las ayudas públicas y la fiscalización de la
actividades financiadas levantaron sospechas de supuestas irregulares.
En
el año 2012, con José Antonio Griñán todavía como presidente de la
Junta de Andalucía, las UTEDLT cesaron sus actividades y en el año 2015
se abrieron diligencias penales por presunto fraude y malversación de
fondos públicos.
El magistrado Rafael Soriano inició la
instrucción del procedimiento en Almería, conocido como Caso Alpes. Las
ayudas de empleo se gestionaban a través de los consorcios y, en segunda
instancia, de los agentes locales de promoción y empleo (Alpes).
Según
documentos a los que ha tenido acceso La Voz de Almería, especialistas
en delitos financieros de la Policía Nacional siguieron el rastro de la
concesión de 5,6 millones de euros en ayudas públicas entre los años
2010 y 2012.
El magistrado cita a declarar a partir del
martes (en varias sesiones) a la entonces responsable de Empleo en
Almería, Francisca Pérez Laborda, a los directores de las UTEDLT y a
decenas de Alpes empleados en estos ejercicios en proyectos
desarrollados en la provincia.
Esta investigación se extendió a
la gestión de la Consejería de Empleo (etapa de Manuel Recio y Antonio
Ávila) y a otras provincias andaluzas. En la mayoría de los casos, los
juzgados de instrucción terminaron por archivar el procedimiento por la
falta de indicios de malversación.
5,6 millones en ayudas, 638.000 euros en despidos
La
instrucción judicial del Caso Alpes en Almería estudia el destino de
5,6 millones de euros en subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo a
las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico
(UTEDLT). La investigación halla indicios de descontrol en el destino de
las fondos públicos y estudia una presunta malversación de caudales.
La
Junta de Andalucía decidió clausurar la UTEDLT en plena crisis
económica y la Administración tuvo que asumir los costes salariales de
la red de trabajadores compuesta, en el conjunto de Andalucía, por 95
directores y 697 técnicos.
En Almería, había aproximadamente
medio centenar de Alpes (agentes locales de promoción y empleo), que
iniciaron un contencioso con la Junta para conseguir su integración en
el Servicio Andaluz de Empleo.
Las indemnizaciones por despido
ascendieron en Almería a 638.600 euros, según datos de la investigación
desarrollada por la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción número
Cinco de Almería.
Las diligencias se concentran esencialmente
en el destino de los fondos públicos y en la posible existencia de
lucro personal gracias a un sistema de subvenciones para el empleo que,
según un informe del Tribunal de Cuentas, carecía de una adecuada
fiscalización de las actividades desarrolladas en la unidades
territoriales para el empleo.
En la provincia de Almería había diez UTEDLT activas para la gestión en coordinación con las corporaciones locales.