lunes, 7 de junio de 2010

El comisario europeo de Transportes insta a finalizar las infraestructuras pendientes

ZARAGOZA.- El comisario europeo de Transportes, Siin Kallas, afirmó hoy en Zaragoza que se puede aprovechar la construcción de infraestructuras para superar los actuales "momentos difíciles" que atraviesa la economía española.

De visita en Zaragoza para participar mañana, martes 8 de junio, y pasado mañana en la Reunión de ministros de Transportes de la UE, con motivo de la Presidencia española de turno de la UE, Siin Kallas expresó que es preciso "presionar, mover e intentar que se cumplan" y se ejecuten los proyectos pendientes, entre otros el denominado Proyecto 16, que incluye la construcción de la Travesía Central del Pirineo (TCP) para conectar España con Francia a través del Pirineo aragonés.

Siin Kallas recordó que, históricamente, "se han utilizado las inversiones para generar empleo". También indicó que están aprobados por la UE el Proyecto 16 y el denominado Eje Mediterráneo, que enlazaría España con Francia a través del Levante y Cataluña, con el que compite Aragón como eje de comunicaciones terrestres a largo plazo.

En este sentido, aseveró que "hay que cumplir con estos proyectos", tras lo que consideró que "no hay competitividad" entre ambos, sino "complementariedad", ya que ambos formarán parte de las Redes Transeuropeas.

Siin Kallas se entrevistó con el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autónomo, y después ambos se trasladaron a la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), donde conoció el proyecto y visitó el área ferroviaria.

COAG lanza una campaña en Bruselas para "impulsar un lobby" contra el acuerdo de asociación UE-Marruecos

ALMERÍA.- El sindicato agrario COAG ha iniciado una campaña para "impulsar" en Bruselas un "lobby" contra el acuerdo comercial bilateral alcanzado entre la UE y Marruecos y ha solicitado a los representantes españoles que trabajen dentro de sus respectivos grupos parlamentarios para evitar la ratificación del compromiso "lesivo" para los intereses de los productores de España sellado el pasado mes de diciembre.

Así lo explicó hoy en rueda de prensa el responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, quien finalizó el pasado viernes una ronda de contactos con los diferentes grupos políticos con presencia en el Parlamento Europeo con el objetivo de dar el "pistoletazo de salida" al lobby de presión.

Durante estas entrevistas, Góngora ha mantenido contactos con europarlamentarios que participan en las comisiones de Agricultura y Comercio Internacional para recabar su apoyo y solicitar que no se ratifique el acuerdo en la Eurocámara, a menos que se incluyan modificaciones en los actuales sistemas de control de las exportaciones alauitas, así como cláusulas que garanticen la equiparación de las condiciones laborales, sociales o medioambientales entre ambas orillas.

"Hay estudios realizados que dicen que en Marruecos trabajan alrededor de 600.000 niños de entre 7 y 14 años, muchos de ellos en los invernaderos", criticó el responsable sindical quien demando, además, que se opongan a la liberalización del comercio euromediterráneo, en general, y que trabajen, en particular, desde sus respectivos grupos para evitar que se ratifique un acuerdo.

Uno de los medios propuestos, según detalló Góngora, han sido las preguntas parlamentarias para, de este modo, lograr que "nuestros políticos se posicionen en contra y que se consigan introducir una serie de modificaciones que permitan salvaguardar la competitividad de nuestras explotaciones, afectadas año tras año de manera progresiva por las exportaciones marroquíes".

De esta ronda comunitaria han salido además las posibles fechas en las que la Unión Europea tiene previsto examinar el acuerdo bilateral. En principio, reveló COAG, todo parece indicar que será en septiembre, ya bajo presidencia belga, cuando se presente ante el Consejo Europeo para, 4 ó 5 meses más tarde, hacerlo ante el Parlamento, por lo que advirtió que si se cumple este calendario y la UE finalmente aprueba la renovación del convenio bilateral con Marruecos, éste podría entrar en vigor para la campaña 2011-2012.

Por otra parte, Andrés Góngora recordó que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha reconocido que existieron irregularidades en cuanto a los cupos importados por Marruecos durante las campañas 2008 y 2009 y las están investigando en estos momentos.

La Comisión ha solicitado información a España y Francia sobre las cargas arancelarias impuestas a estos envíos fuera de contingente pero ambos estados no han enviado todavía la documentación requerida.

Los alcaldes piden ayuda al Gobierno para que no les corten la luz

MADRID.- A las Administraciones Públicas se les ha atragantado la liberalización del mercado eléctrico. Ayuntamientos y comunidades autónomas (una fuente tradicional de morosidad para las eléctricas) están en pie de guerra ante la perspectiva de que las compañías les corten el suministro de luz, sin contemplaciones y con todas las de la ley, según 'Expansión'.

El problema viene de lejos, pero estalla ahora. Las Administraciones han pedido auxilio al Gobierno y a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que les proteja de posibles apagones. El regulador ha abierto un expediente para ver qué se puede hacer. Intenta buscar una solución, aunque debe ser el Ministerio de Industria el que decida.

¿Qué está ocurriendo para que la situación se pueda calificar de grave? Hasta hace un año, los organismos públicos podían marear a las eléctricas a la hora de pagar sus recibos de luz (tarde, mal o nunca, en muchos casos). La ley forzaba a las compañías a dar el suministro obligatoriamente. Pero todo cambió en julio de 2009, con la llegada de la liberalización eléctrica, destinada a eliminar los precios y los contratos regulados de luz.

Con los cambios legislativos, ahora son las compañías las que tienen la sartén por el mango. Legalmente, no tienen obligación de firmar contratos ni hacer ofertas a clientes de alta tensión, o a aquellos de baja tensión con 10 kilovatios o más de potencia contratada.

Entre esos clientes están miles de ayuntamientos y las comunidades autónomas. Estos cubren sus propias necesidades de luz, y también los servicios públicos esenciales, como bomberos o policía. El suministro de luz en estos servicios públicos esenciales sigue estando protegido por ley. Pero para el resto, los organismos públicos tienen la obligación legal de firmar un contrato de luz en el libre mercado.

Sin ofertas
Las eléctricas, que tradicionalmente han estado en posición de desventaja con los organismos públicos debido a leyes que limitaban su capacidad de negociación como proveedores, han dado ahora la vuelta a la tortilla. Las compañías se niegan a hacer ofertas a los organismos públicos. Ya no están obligadas por ley y nadie les puede exigir que lo hagan. La CNE ha recibido quejas de los organismos públicos en las que alegan «la falta de ofertas presentadas por las comercializadoras». La CNE lleva desde hace meses analizando la situación. Ha comprobado que el problema está extendido entre ayuntamientos y comunidades, al margen de otros posibles clientes privados.

En el caso de los organismos públicos, subyace el espinoso asunto de la morosidad, explican fuentes cercanas a la propia CNE. Las eléctricas no están siendo especialmente generosas en sus ofertas a los organismos públicos. En eso, ayuntamientos y comunidades tienen razón. Pero es una verdad a medias. En muchos casos, las eléctricas sí hacen ofertas, pero exigiendo garantías. Piden avales que, al menos, garanticen el cobro del servicio de suministro de luz durante varios meses; incluso un año.

"Están en su derecho de hacerlo", dicen desde la CNE, que consideran que el asunto es muy complejo jurídicamente. Y muy acuciante. La esencia de la liberalización eléctrica es el libre mercado. Es decir, los contratos deben ser acuerdos libres entre las partes. No se puede obligar a nadie, por ley, a firmar un contrato ni tampoco a ofrecerlo en unas condiciones determinadas. Además, los organismos han ido agotando prórrogas sucesivas para adaptarse: la última, diciembre de este año. Está también el problema de la contratación pública, con concursos, que limitan a los organismos.