Fitch otorga a la nueva Cajamar la calificación de 'bono basura'

MADRID.- La agencia Fitch ha situado la calificación de riesgo a largo plazo del nuevo grupo Cajamar -Grupo Cajas Rurales Unidas, tras la fusión con la valenciana Ruralcaja- en "BB", considerada de "grado especulativo" o "bono basura".

Fitch, que coloca la calificación en perspectiva estable, ha justificado la decisión por el deterioro de los activos, el aumento de la morosidad, que según sus cálculos podría alcanzar el 12 por ciento a finales de 2012, la alta dependencia de la financiación del Banco Central Europeo (BCE), y la situación general de recesión del país, según ha detallado en un comunicado.

Estos mismos factores, ha añadido, justificarían también la rebaja de la calificación del Grupo Cooperativo Cajamar, de "BBB-" a "BB".

Como factores positivos, la agencia de calificación señala que el Grupo Cajas Rurales Unidas, que aglutina el 50% del negocio total y los activos del sector de las cajas rurales españolas, tiene una importante red de sucursales que le proporciona una amplia base de depósitos y añade que cuenta con un potencial de sinergias en costes derivado de la integración.

Las niñas con hábito, los niños con sotana / Gabriel Sánchez

Como un barco a la deriva así va la libertad educativa de la que gozábamos en este país. Hoy veo con preocupación como los logros conseguidos tras la muerte del dictador se esfuman como la niebla con este gobierno incompetente que, en vez de buscar soluciones a los problemas que de verdad preocupan y maltratan a los ciudadanos, se dedica en lanzar una cortina de humo para tenernos entretenidos, utilizando eso sí, una de las piedras angulares de nuestro Estado, la educación.

Pero este plan, perfectamente estudiado, pretende mantenernos entretenidos para que nos olvidemos de lo verdaderamente importante (el paro por ejemplo, casi dos millones más desde que llegaron al gobierno o los muchos recortes sociales), haciéndole de camino el agua clara a la iglesia y plegándose a sus imposiciones para imponernos un modelo de enseñanza que de manera sibilina se pasa la Constitución por el forro, al instaurar encubiertamente en un Estado laico como el nuestro la doctrina católica apostólica y romana como cuando vivíamos en tiempos de Franco.

De casta le viene al galgo (les hablo del ministro Wert) y ni que decir tiene que creyéndole manso nos engañó a todos, pues dejando a un lado la imagen de hombre moderado se ha quitado la mascara enseñándonos su radical forma de entender la enseñanza seguramente porque han aflorado con añoranza en él, aquellos recuerdos de tiempos lejanos, aunque no olvidados, donde éramos obligados por la fuerza, a base de palmetazos, tirones de patillas o guantazos a aprendernos el catecismo mientras un cura salvador de almas nos decía:     “ quien bien te quiere te hará llorar”

¡Y yo que pensaba que el integrismo religioso se practicaba tan solo en los países musulmanes!

A veces pienso que lo que estos talibanes de la política pretenden es ver por narices a nuestros hijos con hábito o sotana, el escapulario al cuello y el catecismo en la mano. No en vano se han empecinado en que todo el alumnado estudie la asignatura de religión y sin, otra asignatura de religiosidad encubierta que al dictado de la curia el ministro Wert se ha propuesto imponernos.

¿No es esta imposición un atentado contra el artículo dieciséis de la Constitución? ¿Acaso no somos libres para practicar la religión que queramos sin que tengan que imponérnosla?

De nada sirven los argumentos que alumnos, asociaciones de padres y demás entes han puesto sobre la mesa para que este intransigente gobierno y el peor ministro de educación de toda la democracia, dé marcha atrás a un modelo de enseñanza del que la mayor parte de la ciudadanía está en contra, a excepción claro está de la iglesia y de sus adláteres, palmeros incluidos, entre los que cabe destacar tertulianos y periodistas en nómina de la misma que ocupan radios, periódicos y sobre todo platós de televisión defendiendo la política del ministro, haciendo campaña en su favor, validando las tesis dictadas por el todopoderoso Opus Dei, los influyentes neucatecumenales o por los legionarios de Cristo del pederasta Maciel, verdaderos ideólogos y artífices de esta propuesta por ser los que marcan a este gobierno plagado de miembros de ultraderecha cual ha de ser la educación que nuestros hijos han de recibir, arrugandose a sus consignas sin importarle atentar contra la carta magna y cargarse de un plumazo nuestra libertad de elegir, religión incluida.

Sin hogueras de por medio, ni procesos, ni maquinas de tormento, son esta caterva de intransigentes, la nueva inquisición del siglo XXI.

Pero ¿hasta están estos negados dispuestos a llegar?.

Mucho me temo que no tengan límites y que se hayan propuesto privatizar la enseñanza, cargándose en consecuencia la enseñanza pública. Para ello nada mejor que ir poniendo piedras en el camino de la misma esquilmando las ayudas, hacinando a los alumnos en las aulas, dotando a los colegios de menos personal docente, marginando a éste con condiciones laborales cada día más denigrantes, proveyendo a los colegios de un presupuesto menor con el fin de crear una enseñanza de peor calidad para que de ésta manera la privada, es decir la de la iglesia en su mayor parte, tenga el camino libre.

Dispuestos a todo y no conformes con su afrenta han disminuido el importe del dinero destinado para becas y ayudas al alumno, subiendo de manera indecente e impúdica los importes de las tasas educativas, créditos y matriculaciones para que al pobre le sea más difícil el acceso a la universidad. Sin un ápice de vergüenza han creado una enseñanza claramente discriminatoria hacia las clases humildes. Saben bien lo que hacen, pues con ésta política jóvenes sin recursos no podrán costearse los estudios y tendrán que dejar de estudiar.

Detrás de todo esto, pensando mal, yo diría que se proponen marginar a la clase obrera impidiendo que sus hijos puedan formarse y es que a estos talibanes le repatea que nuevamente el hijo de un vaquero pueda llegar al poder. Para evitar esto necesitan controlar la enseñanza y ya de paso traer la privatización.

O paramos a este gobierno y les decimos que no estamos dispuestos a que hagan su santa voluntad o generaciones venideras lamentarán que no lo hayamos hecho.

La Fiscalía denuncia al secretario municipal de Zurgena por falsedad documental y malversación

ALMERÍA.- El Ministerio Público ha interpuesto una denuncia contra el secretario del Ayuntamiento de Zurgena, José Antonio A.M., por presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos después de que el alcalde de la localidad, Francisco Ramos (PP), denunciara ante la Fiscalía que el secretario falsificó la firma del anterior regidor Cándido Trabalón (PA) en diversa documentación durante 2010. 

   Así lo ha confirmado el propio alcalde, quien ha explicado que con la entrada de la nueva corporación el secretario "ya estaba de baja" aunque este extremo no fue comunicado al Consistorio formalmente hasta, al menos, tres meses después, cuando presentó los partes de baja médica, lo que motivó las sospechas del equipo de gobierno.

   En este sentido, el alcalde ha asegurado que ahora revisarán todo el trabajo realizado con este secretario, al que acusan además de haber hecho uso privativo y abusivo de un teléfono móvil municipal "con el que se llevaba noches enteras hablando", y que como consecuencia dio lugar a facturas por valor conjunto de unos 12.000 euros anuales.

   El fiscal ha centrado su denuncia en los posibles casos de falsedad documental y malversación, mientras que ha desestimado investigar otros aspectos solicitados por la acusación, como la veracidad de los partes médicos presentados dada la "amistad" que tiene con una médica, o la ocultación de una carta del Ayuntamiento de Villalpardo (Cuenca) en relación su "obsesión" en controlar la correspondencia postal.

   La denuncia adelantada por 'La Voz de Almería' incorpora también "una factura por 348 euros de un escudo bordado de Zurgena que se desconoce que llegara a las dependencias municipales y una factura de 374 euros en 25 ejemplares de un libro", cuyo paradero se desconoce.

Fitch cree que las CC.AA. pueden cumplir los objetivos de déficit para 2012

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que los datos de déficit de las comunidades autónomas correspondientes al tercer trimestre de 2012 sugieren que pueden alcanzar los objetivos marcados para 2012, según informó la agencia en un comunicado.

   Aun así, Fitch añade que aún no es "seguro" que lo vayan a cumplir y subraya que esto requerirá que las autonomías mantengan sus esfuerzos de consolidación en los tres últimos meses del año, cuando a menudo se concentran los gastos.

   Las comunidades autónomas registraron en el tercer trimestre de 2012 un déficit de 595 millones de euros, lo que sitúa el acumulado hasta septiembre en los 9.790 millones de euros, equivalente al 0,93% del PIB. "Esto es significativamente un inferior al objetivo anual del 1,5%", destaca Fitch.

   Sin embargo, la agencia advierte de que el aumento del 2,3% de los ingresos registrado en el periodo comprendido entre julio y septiembre es "vulnerable" a la contracción de la economía española y el déficit final de los nueve primeros meses del año dependerá de los ajustes contables, que en los últimos ejercicios han sido "grandes".

   Por otro lado, destaca que las autonomías están llevando a cabo "fuertes reducciones" del gasto operativo y de capital, algo positivo pese a que no todas ellas lograrán alcanzar los objetivos de déficit.

   En concreto, señala que los costes de personal se han reducido un 4,4% en comparación con hace un año, lo que sugiere una intensificación de las medidas de austeridad desde el verano de 2011, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y Baleares.

   Por su parte, los gastos de capital se redujeron un 26% en el tercer trimestre, aunque Fitch apunta que si el balance no mejora en los tres últimos meses del año, las autonomías retrasarán aún más los proyectos pendientes para poder así cumplir con los objetivos fiscales marcados.

   La agencia de calificación también incide en que existe una "amplia" diferencia entre regiones, ya que Murcia y Navarra ya han superado el objetivo del 1,5% y Cataluña, Andalucía y Extremadura tendrán difícil alcanzarlo pese a la "impresionante" mejora respecto a 2011.

   A este respecto, agrega que no está claro todavía como reaccionará el Gobierno central ante el incumplimiento de los objetivos, aunque considera que cualquier intervención será "políticamente sensible".

   Por último, explica que los ratings que otorga a las regiones españolas ya tienen en cuenta los "significativos esfuerzos" que están realizando para recortar el gasto, que respaldan sus calificaciones incluso si se desvían ligeramente de los objetivos. Aun así, cree que cumplirlos sería un "paso clave para recuperar la confianza de los inversores en las autonomías".

IULV-CA, partidaria de suprimir las cesantías si se aprecia "rechazo" ciudadano

SEVILLA.- El diputado de IULV-CA y vicepresidente primero del Parlamento andaluz, Ignacio García, se ha mostrado partidario de suprimir las cesantías para los parlamentarios en el caso de que "realmente" se aprecie "un rechazo" por parte de la ciudadanía a esta cuestión. "De ser así, se quitan y en paz", ha apuntado.

    García ha explicado que su formación está a favor de abrir este debate, de analizar que significan las cesantías y, a partir de ahí, "tomar una decisión" sobre si se considera necesaria su continuidad o no.

   El parlamentario de IULV-CA, que ha destacado que en muchas ocasiones se habla de las cesantías utilizando "una profunda carga despectiva", ha destacado que la ciudadanía tiene que saber también que los diputados no tienen derecho a paro.

   No obstante, ha dicho estar "totalmente de acuerdo" con que hay que abrir el debate y que "posiblemente" haya algunos "flecos" que revisar, en referencia a la duración de las cesantías o a la cuantía de las mismas, entre otras posibilidades.

   "Hay que afrontar este debate y analizar la cuestión, pero al final quien manda es el pueblo soberano. Y si realmente se aprecia un rechazo de la sociedad a este tema se quita y en paz", ha insistido el diputado de IULV-CA.

Chamizo abre una queja de oficio sobre menores víctimas de desahucios

SEVILLA.- El Defensor del Menor en Andalucía, José Chamizo, ha abierto una queja de oficio para conocer el impacto en menores que son víctimas de lanzamientos de sus viviendas e intentar investigar la entidad del problema. Pero, sobre todo, la Defensoría quiere conocer con esta iniciativa las respuestas que se deben poner en marcha para amortiguar estos efectos "en quienes más sufren la pérdida de sus viviendas".

   La Oficina del Defensor ha anunciado esta actuación de oficio con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, un elenco de pronunciamientos para la dignidad del ser humano que la crisis "hace peligrar" en Andalucía, porque esta situación de crisis "es la peor amenaza para el conjunto de derechos y libertades que esta comunidad ha venido construyendo a lo largo de las últimas tres décadas", indica a través de un comunicado colgado en su portal web.

   En este sentido, señala que la situación de "grave" crisis económica "provoca un efecto expansivo de la pobreza", con una inmersión de sectores "muy importantes" de la población "hacia situaciones de insuficiencia de recursos propios que afecta de inmediato a la propia unidad familiar y sus miembros con multitud de aspectos que estallan contra la estabilidad de las familias".

 "La crisis se expande entre segmentos sociales, pero también profundiza sus efectos porque los sistemas públicos de cobertura y protección disminuyen o desaparecen", lamenta.

   "Y nos preocupan muy particularmente los menores", continúa en dicho comunicado el Defensor. Así, se refiere a datos de Unicef que indican que, en España, "el 13,7 por cien de las personas menores de 18 años vive en hogares con un nivel de pobreza alta", una cifra que muestra "la gravedad de la situación: hay más niños pobres, y además de crecer en número aumentan sus carencias". "Podemos decir que esta pobreza tiene rostro de niño y que todas las previsiones coinciden en un agravamiento de esta incidencia infantil", advierte.

   Pero, continúa, "existe otro factor esencial que está arrastrando con sus efectos unos daños muy especiales en estos niños, como es la pérdida sobrevenida de la vivienda", con lo que "no resulta difícil imaginar los efectos que se producen", porque los menores "pierden su elemento material de cobijo y resguardo. Su casa es su referente de vida y de relación con el entorno. La vivienda es su escenario vital, su lugar de convivencia y desarrollo. Su domicilio es determinante para su vida escolar, sus relaciones ente iguales y su propio entorno urbano".

 "Si asumimos el efecto de estas expulsiones de los hogares en las personas adultas, en el caso de menores los impactos son mucho más duros", asegura Chamizo.

   Y, sin embargo, se pregunta, "poco sabemos de la dimensión de este problema. ¿Cuántos niños se están viendo lanzados junto a sus padres de las viviendas? ¿Su presencia es un factor condicionante en los procesos judiciales? ¿Actuamos igual o, por el contrario disponemos de recursos específicos cuando estén menores afectados?".

   Así las cosas, el Defensor del Menor de Andalucía ha anunciado una próxima actuación de oficio para dar a conocer esta situación e intentar investigar la entidad del problema. Dicha actuación se dirigirá a la Consejería de Salud y Bienestar Social para investigar las medidas de lucha contra la pobreza en el sector de la infancia.

   Pero, agrega, "también queremos conocer de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), como entidad representativa de los municipios andaluces, la posible existencia de protocolos de atención social de emergencia para atender estas situaciones con menores implicados y de la Consejería de Vivienda, conocer la aplicación concreta de criterios de adjudicación de viviendas protegidas por la existencia de menores necesitados de este preciado bien"

El PSOE-A llevará al Parlamento la "desviación ilegal del 120%" en el coste del Teatro Auditorio, de Roquetas

ALMERÍA/ROQUETAS DE MAR.- El PSOE-A ha anunciado este martes que pedirá explicaciones en el Parlamento de Andalucía sobre la gestión de los fondos públicos utilizados para la construcción del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, que, según dicta una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), registró un aumento de casi del 120% con respecto al precio inicial de la obra fijado 7.063.094,25 euros.

   Así lo ha indicado en rueda de prensa el vicesecretario general de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, quien ha asegurado que la citada sentencia, hecha pública en abril, determinó que, bajo el mandato de Gabriel Amat, se produjo una "desviación ilegal" de manera que las obras "terminaron costando 15 millones de euros".

   "Estamos hablando de ocho millones de euros a los que se les ha perdido el rastro, de los que se dispuso sin respaldo legal", ha remarcado Jiménez, para quien esto "compromete" la gestión de Amat al frente del Ayuntamiento de Roquetas y "como presidente del PP en la provincia de Almería".

   El anuncio llega después de que el PSOE de Almería haya pedido a la Fiscalía Provincial que solicite al Juzgado de Instrucción nº 3 de Roquetas de Mar la reapertura de las diligencias penales contra el regidor, que fueron archivadas de manera provisional a la espera de fallo en el procedimiento contencioso-administrativo que ha resuelto el TSJA anulando la aprobación del proyecto de ampliación y de terminación del Teatro Auditorio así como la modificación del contrato de obra, al considerar que "no son ajustadas a derecho".

   Jiménez ha recordado que las obras se iniciaron en virtud de un convenio entre el Ayuntamiento de Roquetas, la Diputación Provincial de Almería y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por lo que ha trasladado que cree que en las tres administraciones "deben iniciarse investigaciones exhaustivas sobre lo sucedido".

   "La austeridad y el ahorro de los fondos públicos se lo pasan los responsables del PP por el arco del triunfo", ha asegurado para, a continuación, subrayar que, a su juicio, "llegar ya a una desviación del 120%, con informes en contra de técnicos del Ayuntamiento, que decían claramente que no era posible disponer de esos recursos, es una tomadura de pelo y huele mal".

   Jiménez ha asegurado que espera que Amat termine dando "muchas explicaciones" que también ha hecho extensivas al que fuera presidente de la Diputación Provincial y actual alcalde de Almería y senador, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. "Tendría que aclarar si conocía que se estaba haciendo esa disposición irregular de recursos públicos, contra el criterio de los servicios técnicos, hasta provocar un agujero del 120% en la construcción del que posiblemente sea el auditorio más caro del mundo", ha indicado.

   En esta línea, y ante lo que ha reiterado "es una tomadura de pelo a los ciudadanos, si no es algo más grave", ha demandado "explicaciones" al exlider del PP-A y parlamentario andaluz por Almería, Javier Arenas. 

"Yo no sé si se acuerda de que es diputado por esta provincia, no sabemos si sólo vino aquí con el canasto para llevarse los votos a Sevilla pero sigue teniendo responsabilidades en Almería y de esto tendrá que dar cuenta", ha concluido.

Amat se defiende atacando

El alcalde de Roquetas de Mar y presidente de la Diputación, Gabriel Amat (PP), ha defendido este martes la gestión económica que su equipo de gobierno llevó a cabo para ejecutar las obras del Teatro Auditorio del municipio, de manera que ha asegurado que "no hay indicios" de ningún tipo de delito como "bien claro" dice el TSJA, cuya sentencia al respecto recoge que se registró un aumento de casi del 120% con respecto al precio inicial de la obra fijado 7.063.094,25 euros.

   Así ha reaccionado después de que el vicesecretario del PSOE-A, Mario Jiménez, anunciara que pedirá explicaciones en el Parlamento de Andalucía sobre la gestión de los fondos públicos utilizados para la construcción del recinto al entender que se produjo una "desviación ilegal".

   El primer edil 'popular' de Roquetas asegura que hubiera sido "imperdonable" haber dejado a la localidad sin el Teatro Auditorio, con lo que además se habría hecho "un favor a los socialistas", que "son negativos y no tienen capacidad para hacer nada".

   Amat ha asegurado que el PSOE "no tiene ni idea de lo que está diciendo" al respecto y ha recordado que el Ministerio Público ya archivó una querella, si bien este aspecto estuvo condicionado al inicio previo de un procedimiento por la vía contenciosa-administrativa. 

En este sentido, el secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, y el secretario de Organización de los socialistas almerienses, Juan Carlos Pérez Navas, han solicitado la reapertura de las diligencias.

   Con respecto a esta denuncia, el también presidente del PP de Almería ha advertido que "tengan cuidado aquellas personas que han firmado" el escrito dirigido a la Fiscalía, ya que "algún día se pueden encontrar con la horma de su zapato y les puede estallar algo en las manos". 

Así, ha remarcado que el TSJA "ha dicho claramente que no se gastó ni un euro más" y entiende que, de haber encontrado indicios de delito, habría contactado con el Ministerio Público para que investigara al respecto.

Los obispos dicen que Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos

MADRID.- El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la asignatura de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que está recogido en la Constitución Española, y ha añadido que esperan que la nueva reforma de la Ley de Educación, a diferencia de la legislación vigente, facilite plenamente el ejercicio de este derecho.

   "La clase de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que tienen derecho a que sus hijos puedan ser educados de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas y pedagógicas. Está incluso recogido en la Constitución este derecho fundamental y un estado democrático tiene que facilitar el ejercicio efectivo de este derecho. Y nosotros esperamos que lo que hasta ahora no estaba plenamente facilitado en la legislación vigente, que en las nuevas leyes educativas sea realmente facilitado", ha remarcado.

   De esta forma, según ha añadido, "el 70 por ciento de alumnos cuyos padres piden cada año la educación en religión católica y moral" podrán ejercer su derecho "sin dificultades, sin inconvenientes y sin discriminación".

 "Suponemos que esto va a favor de la educación de los jóvenes y suponemos que nadie tiene un inconveniente de fondo, sino que se trata de cómo se articula esto en los planes educativos", ha añadido.

   Además, ha subrayado que la clase de Religión es una asignatura "de libre opción" que "no impone nada a nadie" y que, según los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, la asignatura de Religión "debe darse de tal modo que su estatuto sea equiparable al de las asignaturas fundamentales".

   "¿Cómo se articula eso? Hay diversas formas de articularlo, pero esto es el compromiso del Estado para que sea una asignatura que quienes la solicitan libremente --esto hay que repetirlo muchas veces, no se impone nada a nadie, es una asignatura de libre opción--, puedan tener la garantía de que es una asignatura seriamente impartida, cuyo curso no perjudique a nadie, ni a los que la eligen ni a los que no la eligen", ha precisado.

   Martínez Camino ha asegurado que esto es lo que "siempre se ha tratado de buscar" y ha indicado que los obispos esperan que la fórmula que finalmente se encuentre, "responda a estas características de las cuales nadie tiene nada que temer".

 En cualquier caso, ha advertido de que "todavía es un anteproyecto de ley" y "no hay nada todavía determinado por el Parlamento".