viernes, 12 de agosto de 2011

Rodríguez-Comendador traslada a Griñán el "sentimiento de agravio" de los almerienses por el "deterioro" de La Alcazaba


ALMERÍA.- El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el "sentimiento de agravio" de los almerienses ante el "deterioro a pasos agigantados" que sufre La Alcazaba y las Murallas de la Hoya y San Cristóbal, de forma que se ha cuestionado si se trataría igual a otros monumentos andaluces de similar relevancia histórica, cultural y turística, como La Alhambra, la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla.

   En la epístola dirigida a Griñán y el consejero de Cultura, Paulino Plata,  el regidor pone de relieve la relevancia histórica, artística y arqueológica que supone para la ciudad el segundo conjunto monumental de índole musulmán más extenso de la Península, con lo que destaca el "especial orgullo" que supone para los almerienses dicho enclave.
   No obstante, el primer edil capitalino matiza en dicha carta que, a su juicio, el cuidado, el tratamiento y la conservación del monumento por parte del Gobierno andaluz "no está siendo acorde al respeto que se merece", con lo que alerta de que las Murallas del Cerro de San Cristóbal "corren el riesgo de derrumbarse, al igual que ocurrió hace unos meses con las de la Hoya".
   En este sentido, Rodríguez-Comendador ha recordado que, en el caso de La Hoya, la situación requirió una "intervención de urgencia" por parte de la Delegación Provincial de Cultura que, "en una decisión unilateral, empleó acero 'corten', un material que rompe toda la estética de la muralla, lo que ha generado el rechazo prácticamente unánime de instituciones académicas, culturales y sociales, así como de colectivos ciudadanos y vecinales, además de grupos políticos".
   Así, el alcalde apunta a que, ante el "deterioro" de este monumento, las soluciones "no pasan por parcheos o medidas provisionales, sino por una rehabilitación integral que ataje de una vez su progresivo desmoronamiento".
"Sería lamentable que lo que no ha conseguido el paso del tiempo, ni las catástrofes naturales, ni los expolios, ni los conflictos bélicos lo logrará la dejadez de las administraciones, especialmente de la competente por ley de su cuidado y protección, que es la Junta de Andalucía", explica en su carta remitida este miércoles.
   Con esto, propone el estudio de la creación de un patronato que gestionara conjuntamente el monumento; una reivindicación que califica de "justa" y atribuye en representación "de todos los almerienses" después de detallar que el Ayuntamiento, con fondos propios y de la Unión Europea, a través del Plan Urban, trabaja en la ampliación y mejora de los accesos al conjunto monumental y mantiene un proyecto para la regeneración del entorno de La Hoya en colaboración con la propia Junta, a través de las delegaciones de Cultura y Obras Públicas, que está pendiente de financiación por parte del Gobierno andaluz.

Unas 186 familias temen perder sus casas en Vera

VERA.- Unas 186 familias del complejo residencial Natura World, de Vera, temen perder sus viviendas ante la falta de acuerdo económico entre la empresa promotora de las 500 viviendas y la propietaria del terreno, Proleal S.A. y Pradul, respectivamente; ya que, según han sabido tras varios procedimientos judiciales, la promotora no llegó a recibir la cantidad económica pactada con la promotora, por lo que reclama parte de las viviendas que ya han sido adquiridas por distintos particulares. 

   Así lo han explicado varios de los afectados, quienes han detallado que los particulares, que se hallan en situaciones dispares en cuanto a la adquisición de sus casas, han iniciado distintos procesos ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vera que, consecutivamente, ha dado la razón a los propietarios, si bien tras establecer recurso ante la Audiencia Provincial, las distintas secciones han dictados sentencias dispares que son favorables a la propietaria del terreno en algunos casos y a los particulares, en otros.
   Con esto, y aunque no todos los vecinos han llegado a iniciar un procedimiento judicial, 30 familias han terminado por interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras el rechazo por parte del Tribunal Supremo, a fin de concretar la propiedad de los inmuebles en los que actualmente habitan. En la misma línea, la empresa propietaria de los terrenos ha recurrido también al Constitucional en defensa de sus intereses, con lo que esperan que para los próximos meses se emita una sentencia firme.
   Las familias afectadas se reunieron a principios de agosto para trabajar conjuntamente en favor de sus derechos y poder enfrentarse socialmente a las dos empresas responsables del presunto fraude en el que se ven envueltos, de manera que han fijado un calendario de protestas que continuará la próxima semana en el municipio almeriense de Garrucha.
   Estas familias, que se autoincluyen en una "lista negra" de pisos situados en el ala derecha de la urbanización --espacio que reclama la dueña de los terrenos-- ya iniciaron procesos judiciales denunciando a las dos empresas responsables de la presunta estafa, pero temen que todo ésto "no sea suficiente" por lo que ven peligrar "injustamente" sus viviendas y su dinero, una media de 150.000 euros por apartamento.

Asaja amenaza con bloquear La Jonquera para protestar contra el boicot galo

BARCELONA.- La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cataluña ha anunciado este viernes que bloqueará el regreso de los turistas franceses a su país cortando la carretera de La Jonquera como respuesta al boicot de los productores galos y a los recientes ataques a camiones procedentes de la Península que transportaban fruta y hortalizas.

   El coordinador de Asaja en Cataluña, Albert Castelló, ha asegurado que ya se ha acabado la paciencia, "ojo por ojo y diente por diente", y ha afirmado que es absurdo seguir con buenas palabras y esperar actuaciones de los gobiernos.
   Además, ha avisado de que si siguen los ataques en la frontera de aquí a final de mes "automáticamente irán a buscar intereses franceses y a causarles el mayor daño posible".
   Ha emplazado a la policía catalana a ser "guardianes" y a defender los intereses de catalanes y españoles cuando se produzcan estos ataques, tal y como ha asegurado que hacen los cuerpos de seguridad galos.
   Asaja ha arremetido de nuevo contra el Gobierno por su "inmovilidad" a la hora de tomar medidas concretas para defender los intereses de los productores autóctonos, que esta semana han estado sufriendo nuevos ataques en la frontera.

Bruselas recuerda a Francia que debe garantizar la libre circulación de mercancías

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha señalado hoy que no ha sido informada formalmente de los últimos ataques de agricultores franceses contra camiones que transportaban frutas y verduras desde España, pero ha dejado claro que condena "todo tipo de acción ilegal y destructiva" y ha recordado a Francia que los países de la Unión Europea deben tomar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías.

   "No hemos recibido nuevas quejas. Pero de manera general, evidentemente la Comisión condena toda acción ilegal y destructiva", han declarado fuentes del Ejecutivo comunitario. Las fuentes han confirmado que están al tanto de las informaciones publicadas sobre los incidentes de los pasados 9 y 11 de agosto en la frontera francesa, pero han señalado que las autoridades españolas no han notificado los incidentes a Bruselas.
   En cualquier caso, apuntan las fuentes, "todo Estado miembro está obligado a tomar todas las medidas necesarias y proporcionadas, con el objetivo de garantizar la libre circulación de los bienes sobre su territorio". También tienen la obligación de informar al Ejecutivo comunitario "en caso de obstáculos importantes" a este derecho.
   Sin embargo, las fuentes consultadas, advierten de que las normas de la Unión Europea confieren a las autoridades nacionales "la competencia exclusiva" en lo que concierne al mantenimiento del orden público y a las medidas a poner en práctica para garantizar el derecho a la libre circulación en una situación específica.
   El pasado julio, tras un primer ataque de piquetes franceses contra camiones con frutas españolas, Bruselas se puso en contacto con París para advertirle de su obligación de cumplir las normas del mercado único. La gendarmería se comprometió entonces a intervenir si fuera necesario para impedir nuevos casos, según las fuentes.
   La Comisión puede actuar si recibe una queja formal. Primero la somete a examen y si lo considera necesario contactar con el Estado miembro. Si Bruselas considera que el país en cuestión infringe la regulación europea que le obliga a proteger la libre circulación de mercancías, podría iniciar un procedimiento de infracción.