sábado, 6 de febrero de 2010

La Diputación implanta el primer servicio de prevención de riesgos laborales para los trabajadores del Empleo Agrícola

ALMERÍA.- La Diputación de Almería ha puesto en marcha el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para los más de 3.000 trabajadores que participan en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en toda la provincia.

En este sentido, el diputado de Fomento y responsable del PFEA, Joaquín Álvarez, destacó en un comunicado el gran paso que supone "formar a todos los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales".

Álvarez explicó que para la implantación de este Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para el PFEA, la Diputación de Almería destina 85.000 euros. Esta herramienta contempla dos medidas: la vigilancia de la salud y una jornada de formación de ocho horas para cada trabajador.

Este nuevo servicio hará la revisión médica a cada empleado y un técnico especialista en Riesgos Laborales impartirá la formación a todos los trabajadores desempleados agrícolas que forman parte del PFEA, en grupos de 25 personas por cada municipio.

Además, el área que dirige Álvarez elaboró un calendario para impartir el curso de formación, con el objetivo de abarcar a todos los trabajadores en un plazo que rondará los dos años.

Tras asistir a la jornada formativa, se les entregará un carné que certificará la formación que han recibido y que les servirá para estar acreditados de cara a la nueva normativa europea que entrará en vigor en el año 2012.

El diputado, acompañado por los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, se desplazó hasta los 92 municipios donde tiene presencia el PFEA, para explicarles a los alcaldes en qué consiste esta nueva medida.

Las actuaciones del Programa de Fomento de Empleo Agrario abarcan desde el acondicionamiento de parques o jardines, hasta la modernización de regadíos, pasando por la restauración de viviendas para turismo rural, o el saneamiento y pavimentación de calles en estos municipios.

Se busca una salida financiera para la autopista de peaje Cartagena-Vera ante la mala situación económica de la empresa concesionaria

MADRID.- Este año, a varias autopistas de peaje les toca pasar un delicado test con sus acreedores. Deben reestructurar la deuda asumida para construir las vías que el Ministerio de Fomento adjudicó en los últimos diez años, según adelanta 'Expansión'.

Entre las refinanciaciones más urgentes, destacan los peajes de Madrid R3 y R5 (renegociación de 500 millones de euros antes el verano), en los que participan Sacyr, Abertis y FCC. Otras sociedades, como el Eje Aeropuerto, de OHL, o la autopista Madrid-Toledo, participada por Isolux y Comsa-Emte, disfrutan de financiaciones a largo plazo, pero, sin embargo, se encontrarían técnicamente quebradas por la falta de tráfico.

El denominador común de estas empresas y del resto de sociedades afectadas (al menos, ocho autopistas que han movilizado inversiones por 4.000 millones de euros) es el incumplimiento sistemático de su plan de negocio. Ninguna alcanza la previsión de ingresos inicial, los accionistas ya no pueden asumir más ampliaciones de capital para sanear su balance y, ante esa situación, se enfrentan al riesgo de quiebra.

Solución
Fomento lo sabe desde hace tiempo y, por eso, se ha puesto a trabajar para encontrar una solución rápida. Para el Gobierno, se trata de un asunto vital, ya que de él depende que la banca mantenga la confianza en el modelo y respalde el plan extraordinario de infraestructuras de 15.000 millones de euros que el titular del departamento, José Blanco, quiere presentar este mes.

"Es una condición sine qua non. Si no se resuelven previamente nuestros problemas, el plan de Fomento corre un alto riesgo de fracasar, ya que ni nosotros ni nuestros acreedores querrán participar", asegura el responsable de una de las autopistas de peaje afectadas. Fomento analiza, al menos, dos opciones. Ambas forman parte del paquete de enmiendas a la nueva ley de captación de financiación para concesiones, en tramitación parlamentaria.

La primera consiste en una fórmula contable por la que la sociedad concesionaria abre una cuenta a cobrar del Estado en su balance (cuenta de compensación). En ella, y durante un plazo de entre 10 y 20 años, la empresa anotará la diferencia entre los tráficos previstos en su plan económico-financiero y los ingresos reales. Al vencer el plazo, si el saldo es negativo, el Estado compensa a la concesionaria. Si resulta positivo, en teoría, se devuelve a la Administración.

"No entra dinero en caja y, por lo tanto, no tiene impacto en términos de gasto público. Se parece más a una garantía de cobro que, en principio, facilitará la renegociación con los bancos", remarcan las potenciales empresas beneficiadas. La adopción de esta medida depende del grado de acuerdo de Fomento, Hacienda y los grupos parlamentarios encargados de la presentación de enmiendas.

En principio, PSOE, PP y CiU están de acuerdo con el planteamiento, que ha superado, además, los informes jurídicos preceptivos. Esta fórmula, similar al déficit de tarifa de las eléctricas, ya ha sido aplicada por Fomento en la autopista AP-7, gestionada por Abertis.

Aunque positiva, los grupos de infraestructuras consultados consideran la medida insuficiente. "Corrige un problema puntual de algunas autopistas, como las radiales R5 y R3, pero no soluciona la crisis estructural del sector", advierten. En esta situación, se encuentran los peajes entre Madrid-Toledo, la conexión con la T4 del aeropuerto de Barajas y la autopista entre Cartagena y Vera, de FCC y Ploder (esta última constructora, al borde del concurso).

Para estas empresas, Fomento baraja la aportación de capital mediante créditos participativos (se devolverían cuando la sociedad entre en beneficios). El inconveniente de esta medida es que sí se produce un compromiso financiero del Estado, en un momento en el que el Gobierno quiere aplicar un recorte a la inversión en infraestructuras para conseguir un ahorro de 50.000 millones de euros en cuatro años.

Otra opción, más radical, es el levantamiento de los peajes. En principio, esta decisión requeriría del rescate de la autopista por parte del Estado con la debida compensación a la sociedad concesionaria. Según los expertos, la autopista entre Madrid y Toledo podría encajar en este esquema.

Sus responsables tienen planteada una demanda contra Fomento en el Tribunal Supremo que asciende a unos 400 millones de euros. Entre sus argumentos, figura el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión, entre ellas, la extensión del corredor hasta Córdoba.

Urgencias
1. El Ministerio de Fomento ya dio un primer paso al admitir y asumir parte del coste de las expropiaciones de las autopistas radiales de Madrid e introducir una fórmula de compensación para autovías de primera generación.

2. Ahora, se trata de alejar el fantasma de quiebra de varias sociedades concesionarias que no han cumplido con sus previsiones de tráfico y ven peligrar su viabilidad si los bancos y la Administración no les apoyan.

3. Para hacerse una idea del alcance del problema, el peaje M-12 de OHL (Eje Aeropuerto), en Madrid, preveía tráficos de hasta 50.000 viajeros día, cuando la intensidad real en 2008 fue de algo más de 10.000 vehículos diarios.

4. A la crisis del sector, se suman las dificultades particulares de algunos de los accionistas de las autopistas, como Ploder-Uicesa, que participa con FCC en el tramo Cartagena-Vera. Ploder está al borde del concurso de acreedores.

5. La medida llega en un momento clave, ya que hay sociedades, como la que gestiona los peajes R3 y R5 de Madrid, que debe refinanciar pronto un crédito de 500 millones de euros. En esta empresa participan Sacyr, Abertis y FCC.

Garantías
Una de las opciones barajada es ofrecer una garantía de cobro mediante una nueva cuenta a compensar en el balance de la concesionaria que recoja la diferencia entre tráfico real y previsto.

Crédito participativo
Es la más fácil de articular, pero tiene un coste financiero para el Estado. Se trata de una vieja fórmula poco utilizada, que está recogida en la nueva ley de captación de financiación.

Levantar peajes
Se trata de un mecanismo por el que el Estado llega a un acuerdo para convertir la carretera en gratuita. En teoría, obligaría al Gobierno a rescatar la concesión al alterar los términos del contrato.

Un 46,34% de los parados andaluces tiene pocas o muy pocas posibilidades de salir del desempleo

SEVILLA.- Un 46,34 por ciento de los 868.085 desempleados andaluces que estaban registrados en el Instituto Nacional de Empleo (INEM) a principios de febrero tenían pocas o muy pocas probabilidades estadísticas de encontrar un empleo, según el índice de ocupabilidad de los parados registrados que elaboró el Ministerio de Trabajo.

Este índice refleja que el 16 por ciento de los desempleados andaluces inscritos en el INEM (138.863) tenían muy pocas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, mientras que para el 30,34 por ciento (263.402 parados) las probabilidades eran bajas.

Para el 36,24 por ciento de desempleados andaluces en febrero de 2010 (314.612 personas) las probabilidades eran medias, mientras que sólo un 17,42 por ciento (151.208) tenían altas posibilidades de ocupabilidad.

El porcentaje del 46,34 por ciento de personas con pocas o muy pocas posibilidades de salir del paro en Andalucía es superior que a nivel nacional, donde el 39,93 por ciento de los más de cuatro millones de desempleados registrados en el mes de febrero de 2010, tenían pocas o muy pocas probabilidades estadísticas de encontrar un empleo.

En el resto de comunidades autónomas, las cifras más bajas corresponden a Ceuta, Castilla y León, Aragón, Murcia y La Rioja, donde apenas uno de cada diez parados tienen muchas posibilidades de salir del desempleo.

Todavía no se ha condenado a nadie por los sucesos racistas de El Ejido de hace diez años

MADRID.- Este sábado se cumplen diez años de los hechos racistas en El Ejido, que comenzaron el 6 de febrero de 2000 en el Mercado de Santa María del Águila, una pedanía de la localidad, cuando un joven marroquí de 22 años con trastornos mentales apuñaló a una mujer causándole la muerte en el acto. Arrancaba así una ola de violencia contra la población de origen extranjero que dio la vuelta al mundo.

Según SOS Racismo esta explosión de racismo social no surgió de la nada, sino que fue fruto "de una política local, fundamentada en una política de segregación hacia la población inmigrante, la mayoría de origen marroquí, a la que solo se admitía como mano de obra barata pero no como vecina".

Esta ONG recuerda el todavía alcalde de este municipio, Juan Enciso, que "se hizo tristemente famoso" con frases como "A las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos. A las ocho de la noche, sobran todos".

"Este racismo institucional" es, a juicio de la organización, perpetrado desde la política local, que se sumaba al ya consolidado a partir de la ley de extranjería que fomentaba la existencia de un colectivo de trabajadores sin papeles y sin derechos.

Desde esta plataforma denuncian que, aunque estos hechos ocurridos hace diez años "suponen las manifestaciones racistas más graves ocurridas en el Estado español", nadie ha sido condenado hasta la fecha y las condiciones de las personas que trabajan en los invernaderos "continúan siendo precarias" y la política en el levante almeriense "poco ha cambiado".

Si bien SOS Racismo destaca que en esta última década han sido "muchas" las iniciativas locales que han contrarrestado las consecuencias de una "nefasta política de extranjería", también lamenta los "debates artificiales" surgidos a partir de iniciativas de algunos ayuntamientos, que defienden postulados "xenófobos", como la restricción del empadronamiento de las personas inmigrantes.

Esta organización recuerda en un informe la aprobación de la Ley Orgánica 2/2009 de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 12 de diciembre.

A juicio de SOS Racismo, modifica más de 60 artículos de los 71 que contiene la norma e introduce apartados y artículos que antes no existían.

Así, critica que no se trata de una reforma sino de "una nueva ley de extranjería", pero sólo en la forma y no en el contenido, que "continua siendo en esencia segregador y paradigma del racismo institucional".

"Ofrece viejos remedios para nuevas realidades" del panorama migratorio en el que existe una población asentada, que vive y trabaja en España, al margen de tener o no su situación regularizada.