miércoles, 29 de mayo de 2013

Eliminar a Sánchez Teruel, objetivo de los antiguos guerristas / C. San Juan

No hay que ser demasiado avispado para comprobar como algunos antiguos miembros del rancio sector guerrista de Almería llevan tiempo tomando posiciones estratégicas, a lo largo y ancho de toda la provincia, preparados para saltar a cuchillo cuando llegue el momento de desbancar de la Secretaría General del PSOE a José Luís Sánchez Teruel.

Vale la pena hacer un recordatorio por ser un tema que viene de antiguo y que comenzó con una estrategia llevada a cabo con el aliento del palacio de San Telmo, de Sevilla, que tuvo como consecuencia el derrocamiento de Diego Asensio como secretario general socialista. En aquella ocasión el antiguo sector guerrista se conformó; en esta ocasión, no lo hará.

Dentro del PSOE se sabe que los guerristas hubieran deseado otro secretario general en Almería; uno que fuese de su misma cuerda que, en cualquier caso, debería contar con las bendiciones del histórico Nono Amate, quien no ha dejado nunca de ser el verdadero líder de este sector.
 
En aquel momento, que no en éste, el preferido por Nono era su hombre de confianza, además de lacayo político, Juan Carlos Pérez Navas. Pero la necesidad de acabar con el llamado “clan de Cuevas” urgentemente, antes de que hubiera que preparar las listas para el Congreso, el Senado y el Parlamento Andaluz, hizo que los guerristas de siempre se sumasen a la operación orquestada por Griñán en contra de Martín Soler y Diego Asensio, y que pasaba por poner a José Luis Sánchez Teruel al frente del partido en Almería; para los guerristas un mirlo blanco que se había visto obligado a encabezar el golpe de estado propiciado desde Sevilla.

Hasta ese momento, Nono Amate se contentó con situar a su protegido Juan Carlos Pérez Navas como secretario de Organización de la Comisión Ejecutiva Provincial; un cargo que le otorga ser el número dos del partido, mientras que a su correligionario, Antonio Bonilla, lo puso como Presidente; ambos con la intención de marcar, entre otras cosas, a Adela Segura quien, desde el principio, estableció un tandem con José Luís Sánchez Teruel prácticamente similar al que tuvieran antes Martín Soler y Diego Asensio, siendo este tandem el verdadero núcleo duro de la nueva situación política.

Pero la estrategia no quedó ahí ya que, utilizando a Juan Carlos Pérez Navas como instrumento de sus intenciones, Nono situó en el Comité Provincial y en el Comité Director a muchos de sus antiguos compañeros, la mayoría jubilados políticamente; eran éstos los mismos que un día controlaran el partido, la Diputación Provincial y muchos ayuntamientos de la provincia, y a los que algunos militantes, mucho más jóvenes, llaman “prehistóricos” o “dinosaurios políticos”.

Algunos analistas de la política provincial vieron que las iniciales intenciones del actual secretario general de incorporar jóvenes de futuro al partido se quedaban en aguas de borrajas porque, más que incorporar savia nueva, se había reclutado a viejos cadáveres políticos incapaces de regenerar el partido. Un salto generacional sí, pero hacia atrás, al decir de muchos decepcionados afiliados y simpatizantes del PSOE.


Y mientras esto sucedía, la consigna estaba clara: había que seguir dando leña al mono, léase al “martinismo”. Hasta entonces, todos los que ganaron el Congreso que aupó a José Luís Sánchez Teruel a la Secretaría General habían permanecido juntos, evidenciándose en el aparato del partido una cierta estabilidad, que ahora los guerristas se proponen romper.

Si piensan que la irrupción de Fernando Martínez, antiguo alcalde de Almería, en la política local, consiguiendo hacerse con la Secretaria General del PSOE en la capital, es casual, tengan por seguro que no lo es. Pero ¿cuáles son sus propósitos?

Por supuesto que Fernando ha salido a los medios afirmando que no quiere volver a ser candidato a la alcaldía, dominando bien la retórica que se utiliza en esos casos, y puede que sea verdad y que lo único que quiera sea ganar puntos en la consideración social y política de Almería, para hacer de su nueva situación orgánica en el PSOE el trampolín para su verdadera ambición, que no es otra que convertirse en el nuevo rector de la Universidad. 


Ni que decir tiene que Fernando Martínez y, en consecuencia los viejos guerristas, se sienten fuertes; no en vano han ganado el pulso a Sánchez Teruel a través de Adela Segura, que apoyaba abiertamente a Francisco Jiménez para la Secretaría General de la capital, asunto del que ya hablaremos en otra ocasión, como lo haremos del papel de los Ruano, Adriana Valverde, Consuelo Rumí o de los seguidores que aún le quedan a Juan Antonio Segura Vizcaino, todos confabulados contra la muy leal secretaria de Política Municipal e Institucional, Adela Segura.

Pero la consigna por ahora del antiguo guerrismo es que la superficie de la balsa esté tranquila, que no se descubran los movimientos bajo el agua, que ya llegará el tiempo de contar y de que, como una fruta madura, caiga ésta del árbol, que no es otra que José Luís Sánchez Teruel.
 
Cuando esto suceda, Antonio Bonilla estará presto para coger las riendas del partido; a nadie se le escapa que es un guerrista de pro, y el hombre que, junto a Juan Carlos Pérez Navas, ha organizado todo este tiempo al sector que perdió el poder del partido ante Martín Soler, aunque él se jacte ante sus próximos de que, a pesar de eso, ha estado en todas las ejecutivas provinciales desde entonces, integrándose como minoría o como mayoría triunfante.

El éxito de este asalto al poder dependerá de los tiempos, porque el verdadero relevo a José Luís Sánchez Teruel no es, aunque lo pueda parecer, Antonio Bonilla. El verdadero tapado del guerrismo y candidato a la Secretaría General es otro.  

El TSJA ratifica la absolución del exalcalde de Níjar y el secretario del Ayuntamiento de Almería

ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución del exalcalde de Níjar, el socialista Joaquín García, y el actual secretario del Ayuntamiento de Almería, Fernando Gómez, aunque deja la puerta abierta a una posible nulidad del veredicto emitido por un jurado popular y que los declaró no culpables de un delito de infidelidad de documentos públicos por el que se enfrentan a penas de seis meses de prisión.

   El Alto Tribunal indica en su sentencia, que la "motivación y el resultado" de hechos probados del veredicto "incurre en determinadas contradicciones", que, "acaso habrían debido dar lugar a su devolución", y que podrían "ser determinantes de su nulidad" aunque, según remarca, no ha sido pedida por el recurrente, acusación particular, lo que "impide a la Sala" pronunciarse y "entrar a conocer de oficio".
   El jurado popular resolvió absolver a García (PSOE) y Gómez, a quienes atribuyó haber actuado movidos por la defensa de los intereses municipales, al considerar que ambos cumplieron su obligación de publicar y diligenciar un edicto para la inmatriculación de una finca en el año 2002 y estimar que, si el registrador de la propiedad no recibió acuse, "fue por causas ajenas al ayuntamiento" ya que, dado que su remisión al este, fue por correo ordinario, "pudo haberse extraviado y su receptor pudo no recibirlo".
   El TSJA señala que resulta, "al menos, aparentemente contradictorio", la absolución por entender probado que el edicto estuvo expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento un mes y que se devolvió copia diligenciada al registro de la propiedad junto con el escrito de alegaciones por correo ordinario, y "al mismo tiempo" entender que existió "error de prohibición al actuar los acusados en la creencia de que no era preceptiva la publicación del edicto antes de practicar la inscripción de la finca ni la devolución al registro después de completar el plazo de publicación".
   "De esto parece derivarse justamente que no se procedió a la publicación ni a la devolución", remacha la sentencia, en la que cuestiona, asimismo, que los hechos como proponían las acusaciones fueran "subsumibles en el delito de infidelidad de documentos públicos" y si, por tanto, la no publicación del edicto o la falta de remisión de su cumplimiento al registrador constituye "ocultación o se trataría en todo caso de una prevaricación por omisión o una conducta atípica".
   El TSJA desestima, no obstante, en su resolución, contra la que cabe recurso de casación al Tribunal Supremo (TS), los motivos alegados en el recurso de apelación de una de las acusaciones particulares con respecto a un error de valoración en la prueba y sobre el error de prohibición argumentado por el jurado popular al considerar que "no resulta imposible creer que se envió el edicto y creer que no se recibió".
 "No hay equivocación sino valoración no irrazonable de la prueba", concluye.
   Los integrantes del jurado popular sostuvieron en su veredicto, emitido en noviembre de 2012, que las declaraciones de ambos acusados en sala fueron "convincentes" y subrayaron que consideraban probado que cumplieron con la publicación del edicto y el diligenciamiento aunque, dado que su remisión al registrador de la propiedad fue por correo ordinario, "pudo haberse extraviado y su receptor pudo no recibirlo por causas ajenas al Ayuntamiento".
 "Esto no es motivo para cargar la culpa a los acusados que actuaron diligentemente según la documentación obrante en autos", señaló.
   El jurado argumentó que actuaron en "defensa de los intereses municipales" ya que, por sentencia civil del Supremo la finca devino en municipal, e insistieron en que no existió ilícito penal en que no se cumplimentase debidamente el edicto ya que ambos habrían obrado de buena fe. Niega, asimismo, indemnización a los querellantes, propietarios de la finca, por estimar que sería "enriquecimiento injusto" por ser en la actualidad de titularidad del Ayuntamiento.
   El Ministerio Público consideraba que el trámite de publicación del edicto no fue cumplimentado por "voluntad" y con conocimiento de los acusados y les atribuía la "intención" de evitar que se publicase porque, según remarcaba, consideraban que la inmatriculación a nombre de los demandantes de la finca, en la que en la actualidad se ubica un parque infantil, "era contraria a los intereses municipales".
   La denuncia recogía que la finca objeto de litigio, ubicada en la pedanía de Aguamarga, formó parte presuntamente de una permuta de terrenos entre un exconcejal del equipo de gobierno de García y constructor, que se habría atribuido su propiedad, y el Consistorio.
    La querella, que se interpuso a raíz de que los impulsores viesen como se procedía al vallado de su propiedad, se presentó inicialmente contra todos los miembros de la comisión de gobierno que acordaron por unanimidad en junio de 2002 "suspender la inscripción de la finca" y "ejercer las acciones que resulten pertinentes en defensa de los bienes municipales" tal y como se reflejaba en el citado acuerdo.

Se confirman las sanciones a Asaja, COAG y Alhóndigas por fijar precios mínimos hortícolas en 2009

ALMERÍA.- La Audiencia Nacional ha confirmado las sanciones económicas impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a las organizaciones agrarias Asaja-Almería y COAG-Almería, así como a la Asociación de Comercializadores Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Alhóndigas) por el acuerdo alcanzado en diciembre de 2009 para fijar precios mínimos en pimientos, calabacín, pepino, berenjena y tomate.

   La resolución de la CNC recurrida por COAG y confirmada en todos sus extremos por la Audiencia Nacional multaba con 183.214 euros a Alhóndigas, con 29.662 euros a COAG y con 25.570 euros a Asaja al considerar que, en una situación de precios bajos en el sector hortofrutícola, pactaron durante una "multitudinaria asamblea" un acuerdo de unidad de acción sindical, en el que se incluía un acuerdo horizontal de fijación de precios.
   La sentencia subraya que las organizaciones sancionadas "actuaron claramente" como un "operador económico" y que el acuerdo no tuvo naturaleza "intersindical" sino que fue un "acuerdo sobre precios prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia".
   La sala de lo contencioso-administrativo estima que, en el expediente, quedó acreditada suficientemente la conducta de la que derivaron las multas y hace alusión al documento, de fecha 7 de diciembre de 2009 y  encabezado por las siglas de las tres organizaciones, denominado 'Acuerdo de unidad de acción sindical de Asaja-Almería y COAG-Almería en relación a la crisis del sector hortofrutícola de la provincia".
   En esta línea, el fallo hace suyos los argumentos de la Abogacía del Estado y remarca que el mencionado documento con los "denominados precios de partida" se hizo público a través de los medios de comunicación tras una reunión convocada por la patronal agraria. Al tiempo, defiende que la cuantía de las multas tuvo en cuenta el valor de la producción/comercialización imputable a cada una de las asociaciones.
   El expediente sancionador se inició tras tener conocimiento la Dirección de Investigación de la CNC a través de unas informaciones aparecidas en prensa de la posible existencia en el sector hortofrutícola de Almería de un acuerdo de fijación de precios mínimos y de la constitución de una mesa de trabajo para regular la variación de los precios, por parte de determinadas organizaciones profesionales agrarias, asociaciones alhóndigas y asociaciones de cosecheros-exportadores.
   Tras la oportuna instrucción, el Consejo de la CNC ha considerado acreditado que el 6 de diciembre de 2009 Asaja-Almería y COAG-Almería acordaron iniciar un proceso de unidad de acción sindical para defender una serie de reinvidicaciones, entre las que se encontraban la adopción de medidas en relación con los precios de los productos agrícolas. Además, anunciaron la futura constitución de una mesa de trabajo a la que invitarían a los representantes del comercio para realizar el seguimiento de la evolución de los precios en origen y adoptar las medidas oportunas.
   Todas estas cuestiones se plasmaron en un documento llamado 'Acuerdo de unidad de acción sindical entre Asaja-Almería y COAG-Almería, en relación con la crisis del sector hortofrutícola de la provincia'. En una reunión celebrada al día siguiente entre los agricultores de la zona, se repartió un documento llamado 'Documento de acuerdo de precios de productos hortícolas'.
   En este, se recogía un principio de acuerdo para que los agricultores se adhirieran a un sistema de precios recomendados, comprometiéndose a no vender por debajo de determinados precios que se irían acordando, y fijando unos precios mínimos de partida para determinados productos hortofrutícolas. El documento recogía además la obligación de reflejar los precios mínimos acordados en todos los albaranes de entrada o facturas.
   La investigación acreditó que, al menos, una primera 'Mesa de trabajo' el 10 de diciembre de 2009. En su resolución, el consejo de la CNC concluyó que las conductas analizadas constituían un acuerdo horizontal de fijación de precios mínimos, contrario a la Ley de Defensa de la Competencia y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que han participado COAG-Almería, Asaja-Almería y Alhóndigas que, aunque no participó inicialmente en el acuerdo, se adhirió al mismo a penas dos días después de forma pública y notoria a través de una nota de prensa que distribuyó y publicó en una página web.
   El consejo de la CNC aclaraba en su Resolución que no se oponía a que las organizaciones agrarias alcanzasen acuerdos de acción conjunta en defensa de los intereses de sus asociados, pero no podía aceptar que, bajo el título de acción sindical, se amparasen conductas contrarias a las normas de competencia, "como es el caso de los acuerdos de fijación de precios mínimos, que exceden de los límites de una acción sindical legítima".
   Además, recuerdaba que este tipo de acuerdos sobre precios mínimos no se han mostrado eficaces para resolver los problemas ni permite asegurar el objetivo buscado de una renta justa para los agricultores, como ya se puso de manifiesto en el 'Informe sobre Competencia y Sector Agroalimentario' realizado por la CNC en 2010.

Los delitos en el ámbito rural descienden un 16% en lo que va de año 2013

ALMERÍA.- El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha indicado este martes que los delitos en el ámbito rural han decrecido un 16 por ciento en el primer cuatrimestre de 2013 y lo ha atribuido al "buen trabajo" que se está realizando en las demarcaciones sobre las que tiene competencia este cuerpo.

   Cosidó ha asistido en Almería, junto a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y las organizaciones agrarias, a una reunión de seguimiento de medidas para combatir los robos y hurtos en el medio rural y agrícola acordadas a principios de abril.
   Ha destacado que las citadas medidas, entre las que destacan un sistema de "predenuncia" y la firma de convenios con ayuntamientos para localizar los puntos de venta de chatarra y material agrícola de segunda mano, "están produciendo resultados" y ha trasladado que van a "servir de ejemplo" para su "aplicación" en "otras demarcaciones que tienen un componente rural importante".
   En esta línea, ha expresado el "especial compromiso" del Cuerpo Nacional de Policía para "mejorar la seguridad" en el campo y dar cobertura a una "actividad económica, como la agroalimentaria, muy sustancial y de la que más contribuye la crecimiento y dinamismo de la economía".
   Cosidó, que ha saludado el descenso en un cuatro por ciento de las infracciones penales en Almería y el incremento en otro tanto de la tasa de resolución de delitos , ha remarcado como "fundamental" para lograr "el éxito y eficacia" de las medidas acordadas la colaboración de las organizaciones agrarias. "Que denuncien lo más rápidamente posible es un instrumento esencial, no solo para dar una respuesta eficaz, sino también para disminuir los tiempos de reacción".
   Por su parte, Crespo ha asegurado que las medidas acordadas en abril, que contemplan una intensificación de los controles policiales en los turnos de tarde y de noche, "son ya ejemplo de lucha" contra los robos en el campo, por lo que la previsión es que "se apliquen, con peculiaridades" en el ámbito de la comunidad andaluza.
   Ha avanzado que la Policía Nacional continúa trabajando en la "zonificación" de la capital almeriense y ha identificado 2.500 hectáreas de cultivo bajo plástico en Bellavista, El Alquián, La Cañada, la Rambla Lechuga y Haza Tableada, así como las tres grandes comercializadoras CASI, Vegacañada y Agrupalmeria.
   "Estamos trabajando en la buena línea aunque haya mucho por hacer. El tema está encima de la mesa, es dificultoso pero desde la Policía Nacional se va a seguir trabajando conjuntamente contra esta lacra que trae tantos problemas al campo".
   Las medidas que se acordaron contemplan la puesta en marcha de un sistema de "predenuncia" en la que los agricultores podrán interponerla a través de sus organizaciones agrarias para que, posteriormente, pueda ser ratificada ante la Guardia Civil o Policía Nacional en su caso mediante enlaces.
   Además de esto se impulsarán convenios con los ayuntamientos para que la Policía Local colabore en la detección de venta de material robado principalmente en talleres, desguaces y mercadillos. La Guardia Civil ya realiza en diferentes provincias campañas específicas de controles en los puntos de venta de chatarra y material agrícola de segunda mano.
   Por otra parte y a petición de la patronal agraria, se desarrolla una investigación sobre la actuación de empresas de seguridad privada "que no esté en regla" a fin de evitar prácticas laborales "irregulares" en la protección de las explotaciones agrícolas.

Los trabajadores de la finca "abandonada" por su dueño exigen a la Junta que "tome cartas en el asunto"

ALMERÍA.- Los 120 trabajadores del campo afectados por el "abandono" de sus tierras por parte de un agricultor de Almería, en paradero desconocido por los empleados a los que adeuda entre cuatro y doce meses de salario, se han manifestado este martes frente a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para exigir al Gobierno andaluz que "tome cartas en el asunto" y contribuya a "buscar una solución al problema". 

   Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas uno de los portavoces de la concentración, a la que han asistido los empleados de las fincas bajo las siglas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), quien ha señalado que las familias afectadas están ya "desesperadas" porque "se les debe mucho dinero, que es producto de su trabajo".
   Los empleados han indicado además que la última empresa que ha pasado a ocuparse de la gestión de los invernaderos "en el mes de abril ya no cotizó a la Seguridad Social" por lo que "muchos trabajadores tampoco pueden pedir sus ayudas". 
"Estamos respaldando esa lucha y estaremos junto a los trabajadores para que puedan cobrar su dinero, vivir dignamente y cómo se merecen", ha dicho el portavoz.  
   Con esto, ha apuntado que se han mantenido ya varias reuniones con el administrador concursal debido al proceso en el que se encuentran incluidos los bienes del propietario, aunque no se ha llegado a alcanzar ningún acuerdo, ya que, según ha expresado, en cualquier caso se contempla la extinción de los puestos de trabajo.
   Asimismo, han criticado que entre las soluciones propuestas "no se asumen responsabilidades o gastos de la empresa" para dar salida a la producción en mata, lo que permitiría finalizar la temporada y asumir con los beneficios derivados parte de los gastos y sueldos adeudados.