ALMERÍA.- La organización ecologista Greenpeace ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mediante un escrito que sea el propio tribunal el que tramite el expediente de revisión de la licencia de obras del hotel Algarrobico.
Esta medida, que está fundamentada en aplicación del artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sería una fórmula para eludir las estrategias dilatorias que el Ayuntamiento de Carboneras lleva desarrollando desde hace cuatro años.
Además, esta fórmula iría en beneficio del principio de economía procesal, puesto que evitaría que la empresa Azata y sus filiales recurrieran la decisión en vía contencioso-administrativa, alargando así la ya dilatada situación administrativa y judicial de este sonado caso.
“Si existe alguna fórmula dentro del reglamento jurídico para que podamos avanzar con este caso, rogamos al tribunal que la ponga en marcha. Es inadmisible que una entidad pueda estar más de cuatro años eludiendo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo. La situación de desamparo es total. Por eso animamos al TSJA a que inicie este procedimiento de oficio. La desfachatez del consistorio de Carboneras no conoce límites”, ha declarado Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.
Greenpeace recurre a esta medida tras el enésimo incumplimiento del Ayuntamiento de Carboneras, el cual ha dejado caducar el expediente abierto en el Consejo Consultivo de Andalucía en diciembre de 2025.
El Consistorio elevó una solicitud de dictamen a este órgano de apoyo técnico-jurídico al servicio de las Administraciones públicas como paso previo necesario para la revisión de la licencia de obras del hotel Algarrobico.
En el escrito enviado al Consejo Consultivo, el Ayuntamiento de Carboneras no adjuntó la documentación correcta y, tras más de tres meses de solicitudes, el Consejo Consultivo ha archivado la petición enviada.
La excusa del Ayuntamiento de Carboneras es, de nuevo, la falta de secretario municipal. Greenpeace considera que se trata de una nueva estratagema para incumplir la sentencia que le obliga a la revisión de la licencia de obras.
Ante la contumaz actitud a la hora de cumplir por parte del Ayuntamiento, y coincidiendo con el 20º aniversario de la paralización de las obras, Greenpeace dio un nuevo paso: solicitar al Alto Tribunal andaluz que se denuncie al alcalde de Carboneras por la comisión de un presunto delito de desobediencia.
La organización ecologista insta a que se abra la vía penal por considerarse en completo desamparo ante las constantes maniobras dilatorias que el consistorio ha realizado a lo largo de estos años.
“Estar mareando la perdiz durante años, con una sentencia firme del Tribunal Supremo que indica bien claro que el Ayuntamiento tenía que revisar la licencia de obras, no puede quedar impune. A Greenpeace, y a gran parte de la sociedad española, nos indigna ver cómo este símbolo del pelotazo urbanístico sigue en pie con excusas vanas y de dudosa veracidad”, ha concluido Luis Berraquero.
