SEVILLA.- El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA) ha publicado este viernes la orden, de 20 de mayo de 2025, de la
Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos por la que se dictan
normas para la elaboración del Presupuesto de la comunidad autónoma para
el año 2026, cuyo «foco principal» se dirigirá a «financiar de forma
eficiente y a mejorar la red de servicios públicos del sistema andaluz de protección social»,
según se detalla en el documento, donde también se precisa que «la
política de vivienda» será «una de sus prioridades» de las cuentas.
La consejera del ramo y portavoz del Gobierno
andaluz, Carolina España (PP-A), ya avanzó el pasado martes en un foro
que había rubricado esta orden que da comienzo a la elaboración de unas
cuentas que «volverán a poner el foco en atender las principales preocupaciones de los andaluces»,
según subrayó.
Al día siguiente, el miércoles, en la rueda de prensa
posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, España expuso
que el montante global del Presupuesto de este próximo año 2026 —que,
según recordó, será electoral en Andalucía, porque deberán celebrarse
comicios autonómicos— se acercará o incluso podría «superar» los 50.000 millones de euros.
La orden publicada este viernes en el BOJA, en vigor desde este sábado, 24 de mayo,
«tiene por objeto dictar normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía
para el año 2026, regulando el ámbito del Presupuesto, los criterios de
presupuestación, la unidad y estructura de los estados presupuestarios,
y los procesos de elaboración y tramitación del anteproyecto,
estableciendo los plazos y cuantas previsiones sean necesarias para su
cumplimiento».
Las normas contenidas en dicha orden serán
«aplicables, en los términos que en la misma se establecen, a la
Administración de la Junta de Andalucía, sus instituciones y agencias
administrativas, de régimen especial y públicas empresariales», así como
«a las sociedades mercantiles del sector público andaluz, a las fundaciones y demás entidades
previstas en el artículo 5.3 del texto refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y a los fondos carentes de
personalidad jurídica a que se refiere el artículo 5.5 del citado texto
refundido».
De igual modo, la orden precisa que el
Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2026 «se elaborará en
el marco del respeto a la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la optimización en el uso de los recursos públicos».
«El foco principal del Presupuesto se dirigirá
a financiar de forma eficiente y a mejorar la red de servicios públicos
del sistema andaluz de protección social, dando cabida a estrategias de gestión innovadoras que favorezcan el bienestar de la ciudadanía y la sostenibilidad financiera»,
añade también la orden, donde se indica además que las actuaciones del
proyecto de cuentas públicas «destinadas a apoyar al sector productivo
tendrán presente la necesidad de avanzar en la simplificación
administrativa y la reducción de cargas burocráticas y la atención a las
prioridades de inversión de la Unión Europea, en particular, las
transiciones verde y digital».
Además, «con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio
climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en
Andalucía, los programas presupuestarios deberán incluir los indicadores
presupuestarios relacionados con los objetivos o actuaciones que
inciden en el cambio climático, con el fin de valorar el impacto ambiental de las políticas de gasto e ingreso incluidas en el Presupuesto».
En los primeros párrafos de la orden se
subraya que «la economía andaluza ha mantenido un ritmo de crecimiento
sostenido durante 2024, con unas tasas que superan, incluso, a las de la
economía española en la última parte del año y unas expectativas
igualmente positivas para 2025 y 2026», a la vez que «el mercado de trabajo continúa mostrando un comportamiento muy favorable»,
según destaca la misma orden, que defiende que
«Andalucía se ha
convertido en un destino atractivo para las inversiones de la mano de un
modelo económico y social basado en el diálogo, la estabilidad, la
reducción de trámites administrativos y una presión fiscal a la baja».
Dicho esto, desde la Junta apostillan en el
mismo documento que «la solidez y estabilidad que proporciona el
contexto económico no encuentra paralelo, en cambio, en el contexto
político-institucional», ya que «el Gobierno de España no ha presentado, a la fecha, proyectos de Presupuestos Generales del Estado ni para 2024 ni para 2025».
«Tampoco, hasta el momento, las Cortes han
aprobado objetivos de estabilidad y deuda para el periodo 2025-2028»,
subraya la Consejería de Hacienda en esta orden en la que se reivindica
que «la Junta de Andalucía, por el contrario, cumple con su obligación de elaborar un proyecto de Presupuesto para el año 2026
a pesar de la incertidumbre existente sobre la aplicación del marco
normativo de estabilidad presupuestaria y la falta de reforma del
sistema de financiación, que continúa mermando los recursos con los que
debería contar la Comunidad Autónoma para dar cobertura a sus servicios
públicos esenciales en condiciones de equidad respecto al resto de
territorios».
Desde la Consejería advierten de que «la no aprobación de Presupuestos Generales del Estado paraliza las inversiones estatales en la Comunidad Autónoma
e impide dotar un fondo de nivelación que compense su pérdida de
recursos, mientras persiste la imposición desde el Gobierno central de
medidas de gasto que aumentan las cargas financieras de la Junta de
Andalucía en un importe que se estima en más de mil millones de euros».
La orden también incide en señalar que «los
servicios públicos fundamentales —educación, sanidad, atención a la
dependencia y servicios sociales— constituyen el núcleo del Presupuesto
andaluz y el foco del interés del Gobierno de la Junta de Andalucía», de
forma que, «en 2026, el Presupuesto reforzará el compromiso con
las políticas de mejora de las prestaciones, de la calidad de los
servicios y de la dotación de infraestructuras en estos ámbitos, trabajando a la par en la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos públicos».
Además, el Presupuesto andaluz de 2026 «sitúa a
la política de vivienda como una de sus prioridades, con el fin de
ofrecer respuesta a las necesidades de la población andaluza, en
particular, de la que cuenta con mayores obstáculos para llevar a cabo sus proyectos vitales, como los jóvenes», se puede leer también en la orden.
Igualmente, la Consejería de Hacienda da
cuenta de que «en 2026 finaliza el plazo para ejecutar los proyectos que
cuentan con la financiación del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, por lo que estos constituyen una prioridad dentro del Presupuesto», a la vez que «continuará el despliegue del marco financiero plurianual 2021-2027 de los Fondos Estructurales» europeos.
La orden también remarca que «la política del
Gobierno andaluz está firmemente comprometida con la sostenibilidad
ambiental», y «las inversiones verdes son esenciales para fomentar un
desarrollo sostenible, mitigar el cambio climático y preservar los
recursos naturales», y defiende que «los fondos destinados a energías
renovables, eficiencia energética o transporte sostenible generan empleo, impulsan la innovación y fortalecen las economías locales, garantizando beneficios ambientales y sociales a largo plazo».
