ALMERÍA.- El exdelegado de Medio Ambiente de la Junta
en Almería Clemente García ha trasladado este martes su "sorpresa
absoluta" por ser el único cargo político imputado en las diligencias
judiciales incoadas para investigar la presunta malversación unos
300.000 euros procedentes de una cuenta de la Junta y ha asegurado que
"colaborará hasta el final" con la Justicia para que "quede claro" quien
ha sido la persona que "ha robado dinero que es de todos los
andaluces".
"¿Cómo es posible que este yo hoy aquí solo y no se haya llamado
también a la delegada que me sustituyó en el cargo y que no esté
imputado exactamente igual que yo el actual?", se ha preguntado en
declaraciones a los periodistas García, quien aludía en estos términos a
Sonia Rodríguez y a José Manuel Ortiz Bono a la salida de la sede del
Juzgado de Instrucción nº 1, donde ha prestado declaración durante
más de una hora y media.
Al hilo de esto, ha negado "rotundamente" su implicación "en este
asunto" y ha expresado su "doble sorpresa" ante el hecho de que figurase
"hasta antes de ayer" como apoderado en la cuenta bajo sospecha "cuando
--ha añadido-- no tengo ningún poder en la Junta y, es más, no
desempeñó ningún cargo público desde que se me cesó hace casi tres
años". Cabe recordar que la investigación abarca desde 2009 hasta 2012.
Las diligencias previas que instruye la jueza Alejandra Dodero se
incoaron a raíz de una denuncia interpuesta el 1 de febrero por el
delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel
Ortiz Bono, quien acudió hace una semana a sede judicial para ratificar
"en todos sus detalles" el contenido de la citada denuncia y prestar
testimonio en calidad de denunciante-perjudicado.
"Estoy absolutamente sorprendido del hecho de encontrarme hoy aquí
sólo", ha asegurado García, quien ha instando a "arreglar esto, pero
entre todos".
"¿Por qué no está aquí la delegada que me sustituyó en el
cago y su secretaria general puesto que. en su época y no estaba yo, se
sustrajeron más de 100.000 euros de esa cuenta?", ha reiterado.
En esta línea, ha afirmado que, a su juicio, "habría que
preguntarle" a Ortiz Bono y a "su secretaria Rosa Plaza" qué medidas
"han puesto en marcha ellos para evitar precisamente que hayan limpiado
en su época 12.000 euros de esa cuenta". "El sorprendente que no estén
imputados exactamente igual que yo", ha apuntillado García, a quien la
jueza investiga como autor de un presunto delito de malversación de
caudales públicos.
El exdelegado se ha mostrado convencido de que "todo se sabrá
antes que después" y que se "aclarará, pero entre todos", según ha
advertido al tiempo que ha lamentado el "daño personal importante" que
se le está causando y que "alguien tendrá que explicar como
responsable".
Junto a García estaba citado este martes a declarar, también en
calidad de imputado, el funcionario autonómico F.J.T., quien, según se
desprende la denuncia interpuesta por la Junta, figuraba supuestamente
como "autorizado" en la cuenta desde la que se malversaron 300.000
euros.
Las irregularidades en la cuenta bancaria, en la que se ingresan
las tasas en concepto de aprovechamientos forestales, se detectaron
durante el proceso de fusión de los departamentos de Agricultura y
Pesca, y Medio Ambiente de la Junta andaluza en Almería.
En la denuncia de la que deriva la incoación de diligencias
previas por parte de la juez Alejandra Dodero se indica que, con el
exdelegado Clemente García al frente del departamento de Medio Ambiente,
se produjeron movimientos por un valor de 180.000 euros mientras que,
bajo responsabilidad de su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, se
habrían defraudado presuntamente unos 100.000 euros.
La citada denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz
Bono, los movimientos sospechosos en esta cuenta, que ya se encuentra
fiscalizada y bajo control según la Junta, habrían llegado a los 20.000
euros. La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, señalo
que el control de esa cuenta era de "un cargo público y de un
funcionario".
Rodríguez solicitó la pasada semana al juzgado instructor su
personación como perjudicada en las diligencias y se desvinculó de los
hechos denunciados al asegurar que no tuvo "conocimiento alguno de las
irregularidades que presuntamente se cometieron".
