viernes, 4 de octubre de 2013

AENA subirá un 2,5% las tasas aeroportuarias el 1 de marzo de 2014


MADRID.- AENA subirá un 2,5% las tasas aeroportuarias el 1 de marzo de 2014si bien las tasas de ruta y de aproximación se mantendrán congeladas, según anunció el presidente del operador de aeropuertos, José Manuel Vargas.

   El presidente de AENA enmarcó la revisión de tasas en el acuerdo a cinco años que el ente público firmó el pasado mes de mayo firmó con las aerolíneas y que, según destacó, "otorga un marco tarifario estable que incluso abre la puerta a potenciales bajadas de tarifas en un futuro si se recuperan los tráficos".
   En su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, Vargas recordó que AENA no recibe asignaciones públicas por lo que "debe avanzar en la senda de la recuperación de los costes a través de sus ingresos".
   En este sentido, avanzó que en 2014 AENA ya cubrirá el 81,5% de sus costes con sus ingresos. Según reveló, el operador ha logrado reducir el déficit tarifario de 850 millones de euros que el ente público presentaba en 2011, pero aún se sitúa en 250 millones de euros.
AENA prevé que la red de aeropuertos registre un descenso de tráfico de viajeros del 7,5% en el conjunto de 2013, lo que supone empeorar la previsión inicial que contemplaba una disminución de viajeros del 2,3%, según informó el presidente del operador, José Manuel Vargas.
   Vargas considera que los tráficos no se recuperarán hasta 2015 , tras un ejercicio 2014 que se espera de "estabilización" e "inflexión" en el descenso del volumen de pasajeros.
   "El sector del transporte aéreo atraviesa una coyuntura especialmente complicada por la crisis y por factores específicos como son la caída del turismo, sobre todo el nacional; el cierre de compañías aéreas, los conflictos laborales y la competencia con otros modos de transporte, como es el AVE", explicó el presidente de AENA en su comparecencia ante la Comisión de Fomento en el Congreso.
   Todo ello, en opinión de Vargas, "pone de manifiesto que la recuperación de la demanda será más lenta de lo prevista", lo que ha llevado a AENA a revisar a la baja su previsión de caída de viajeros para todo 2013.
   El presidente atribuye la peor previsión del número de viajeros al hecho de que la anterior estimación estaba realizada a partir de una previsión de caída del PIB del 0,5% frente a la actual de 1,3%. "Ello pone en evidencia que los tráficos aéreos van ligados al ciclo económico y a las perspectivas de crecimiento", apuntó.
   No obstante, el presidente del operador aeroportuario apuntó que los descensos de pasajeros de los últimos meses "parecen estarse moderando por el mejor comportamiento de los tráficos internacionales".
   Pese a ello, Vargas considera que el ejercicio 2014 será un año de "inflexión, con estabilización de los tráficos de pasajeros", para que "ya en 2015 vuelvan a crecer en sintonía con la esperada recuperación de la economía", auguró.
AENA prevé obtener un beneficio neto de 435 millones de euros en el ejercicio 2014, lo que supondrá elevar en un 16,6% el previsto para 2013, según avanzó el presidente del operador de aeropuertos.
   Los ingresos de explotación de la compañía progresarán un 3,4% el próximo año, hasta sumar 3.683 millones de euros, mientras que, por contra, los gastos se recortarán un 1%, hasta 2.816 millones.
   En su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, el presidente de AENA indicó que esta previsión está realizada a partir de una evolución de tráficos similar a la de 2013, ejercicio que espera cerrar con una caída del 7,5%.
   Vargas atribuyó esta cuenta de resultados a las medidas puestas en marcha hace dos años en Aena para sanear la compañía con medidas para reducir gastos, promover ahorros, racionalizar inversiones y aumentar y diversificar los ingresos.
   En cuanto a las medidas de ahorro, entre las que se incluye el ERE, redundarán en un ahorro total de 166 millones de euros en 2013 y de 33 millones ya en 2014.
   Con todo, Vargas considera que se ha dado la vuelta a una compañía que "estaba prácticamente quebrada", para convertirla en una empresa que genera caja y atiende a su deuda "sin recurrir al Estado". AENA prevé recortar su endeudamiento en 846 millones el próximo año.
   Según su presidente, AENA en 2011 presentaba un déficit tarifario de 850 millones, un endeudamiento de 13.000 millones y un flujo de caja negativo en 700 millones.

Caso Poniente, cuatro años después / Pepe Fernández

A solo tres semanas de que se cumplan cuatro años del arranque formal de la denominada Operación Poniente en El Ejido, el 20 de octubre de 2009, la instrucción sufre una parálisis de casi tres años. Quedó en dique seco nada más abandonar el juzgado la Juez Montserrat Peña, por traslado a Granada, que fue quien abrió diligencias secretas el 20 de abril de ese mismo año a instancias de la Fiscalía del TSJA.
 
Atraso inexplicable e incomprensible si se tienen en cuenta una serie de circunstancias bastante notables entorno a este macro caso de corrupción.
 
Fue la segunda gran operación judicial en Andalucía contra la corrupción, tras la Operación Malaya en Marbella, con cerca de setenta personas imputadas y millones de euros saqueados de las arcas públicas del Ayuntamiento de El Ejido. Entre los detenidos y encarcelados preventivamente estuvieron el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, el interventor municipal, Pepe Alemán y una panoplia de empresarios de las parasitarias contratas de la semi pública Elsur. Aquel sumario, con cerca de los 300.000 folios ya, fue instruido en el Juzgado Nº 2 de Almería, donde continúa abierto a día de hoy. Ante Su Señoría desfilaron la flor y nata del próspero empresariado del Poniente almeriense de la época.
 
El escándalo social levantado por aquella espectacular operación judicial fue de tal calibre que no solamente indignaba a los ciudadanos el tejemaneje económico de los encausados con el dinero público. Cabreaba e irritaba especialmente conocer, en papel timbrado del Ministerio de Justicia, la verdadera cara de la política almeriense donde, al margen de las siglas, casi todos acababan revolcados en la misma cama. La política, el funcionariado, los medios de comunicación y una selecta élite social que mangoneaba lo de los demás. Todos, siempre, muy unidos en sus fechorías.


-ORIGEN DE LAS DENUNCIAS.

La Operación Poniente no fue fruto de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía de Almería por IU y PP, tal y como en algún momento interesó vender en estos años por conveniencia de algunos políticos de la derecha. Ni tampoco por investigaciones de la Agencia Tributaria, como recientemente ha apuntado un portavoz de la misma. Difícilmente podrá presentar la AET un documento que demuestre que ellos, si verdaderamente descubrieron el pastel de El Ejido y Elsur, actuaron en consecuencia judicializando su informe de inspección.
 
En honor a la verdad quienes realmente impulsaron las primeras denuncias públicas fueron los trabajadores de la empresa Elsur, participada por Abengoa y el Ayuntamiento de El Ejido. (Por cierto, alguno de aquellos trabajadores que actuaron como “topos” de primera hora han sido incluidos en un Ere masivo para su despido esta semana, bajo supervisión del actual acalde Paco Góngora, el que mayor tajada política obtuvo del caso Poniente).
 
Un abogado que trabajó para el Ayuntamiento fue el conducto utilizado por los trabajadores de Elsur para filtrar a la periodista Eva Liria Rubio, Delegada entonces de Onda Cero El Ejido, abundante documentación que demostraría la trama económica montada para saquear los impuestos de los ejidenses a través de las empresas satélites del clan. La publicidad de dichos documentos a través de la radio y  El Mundo de Almería, editado entonces por Luis Montoya, destapó el escándalo sin participación de mano política alguna. De hecho, el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, se desayunó por la radio con el escándalo sin conocer  de antemano que se fuese a publicar. El edil de Roquetas no ocultó entonces su incomodidad.
 
A Amat, sin duda, le ponía la idea de ajustarle las cuentas a su viejo camarada Enciso y a su gente del PAL, ex miembros todos del PP, que le habían “robado” la Diputación mediante un pacto oculto y vergonzoso con el PSOE de Martín Soler. Pero a Gabriel Amat le hubiese gustado dirigir y controlar el proceso de denuncias periodísticas, ir por delante para evitar sorpresas no deseadas. No lo logró, aunque lo intentó. Finalmente se sumó al carro meses después, autorizando a su partido para la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial, justo después y a rebufo de que lo hiciese la hoy diputada comunista Rosalía Martín en nombre de IU.
 
El PSOE guardó un silencio cómplice y sospechoso con los políticos encausados en la trama, todos de derecha extrema. Eran sus socios y amigos, con lo que planificaban en Sevilla cada otoño el curso político almeriense con la aquiescencia de Manolo Chaves y la presencia de Luis Pizarro.
 
Pero aquellas denuncias presentadas en 2007 en la Fiscalía de Almería, donde Juan Enciso tenia buenos contactos con el Teniente Fiscal Fernando Brea, tal y como evidenciaron las grabaciones telefónicas de la OP, no tuvieron mucho movimiento ni efectos a posteriori. Pasado el tiempo, meses, fue la propia Fiscalía del TSJA la que verdaderamente activó desde Granada la investigación final que desembocó en el desarrollo de la acción judicial y un espectacular operativo policial el 20 de octubre de 2009.


-HACIENDA, ¿RESPONSABLES?

Recientemente han estado en Almería en visita institucional rutinaria el Presidente del TSJA, Lorenzo del Rio y los delegados para Andalucía del CGPJ. Lógicamente el escandaloso retraso de la instrucción de la OP fue uno de los asuntos por los que preguntaron, a lo que el juez decano, Luis Columna, les explicó que el retraso estaba motivado por el Ministerio de Hacienda, que no había concluido los informes periciales solicitados en su día desde la sede judicial instructora.
 
Paralelamente, los socialistas, elevaban en el Congreso de Diputados una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, a dotar al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Almería, de los medios que precise de acuerdo con lo previsto legalmente, incluido el nombramiento de un juez de refuerzo.
 
Junto a esta inquietud institucional que se ha empezado a visualizar recientemente, no convendría olvidar la desazón que vienen padeciendo desde hace años muchos de los imputados – que no sentenciados- en la OP. Algunos tienen o han tenido embargadas sus cuentas, con importantes fianzas de por medio, propiedades personales, familiares y un sinfín de medidas cautelares del todo punto injustas por lo dilatado en el tiempo y el perjuicio causado. A otros, qué paradoja, la Justicia ni siquiera le ha localizado el dinero oculto en esos años.
 
La proposición socialista no salió adelante por la oposición expresa del PP que planteó una cuestión de matiz que no fue aceptada por los proponentes. El actual juez de la OP seguirá sin apoyo extra y sin dotación de más medios para concluir la instrucción y poder fijar fecha para la Vista Oral del macro proceso.
 
Pero no ha sido esta la única sorpresa de estos días en relación con el caso Poniente. Un portavoz autorizado de Hacienda ha desmentido, parcialmente, que su ministerio tenga la culpa del retraso. Lo ha hecho a través del Diario de Almería, señalando que el 90% de la documentación está ya analizada. El periodista Iván Gómez recoge con detalle cuanto le transmite el portavoz oficial de Hacienda: “No hay ninguna parálisis, sino todo lo contrario. Ya se han emitido ocho informes de avance y conclusiones provisionales y se están ultimando los informes periciales definitivos para entregarlos al instructor del caso antes de que finalice el año”, afirma Máximo Suchowolski, portavoz de la Agencia Tributaria. 


-PIEZAS SEPARADAS

Parece pues evidente que la instrucción de la OP no se ha paralizado solo por culpa de los inspectores de Hacienda como se argumentó públicamente desde la judicatura. En ámbitos sociales y políticos almerienses se habla de la deliberada intención de frenar y contaminar jurídicamente el proceso desde fuera. En definitiva dilatar todo propiciando posibles causas de nulidad posterior. Sorprende también la pasividad de la Fiscalía Anticorrupción en este proceso, sin gesto que se conozca para salir del marasmo. El comportamiento de la Juez Alaya en el caso de los Eres, cuando le niegan el obligado auxilio a la Justicia, podría servir de patrón o ejemplo para concluir que en Almería ninguno de los togados que tan tocado la OP han movido un dedo para pedir más medios o que se aceleren los informes de Hacienda en estos tres últimos años. 
 
El PSOE ha quitado de en medio a todos sus dirigentes salpicados en este sumario, Martín Soler junto a Diego Asensio y Segura Vizcaíno, pero en el PP siguen mandando todos los actores que confraternizaron con Juan Enciso, “el mejor alcalde de España”, según proclamó Javier Arenas en los días de vino y rosas. Alguno incluso hasta sigue siendo formalmente socio de algún imputado en el Registro Mercantil.
 
Parece que ahí puede radicar el temor del PP a que prosiga a fondo la investigación del caso Poniente, de donde emanan piezas separadas de calado y, con más medios de apoyo al Juez, podrían salir algunas más.  
 
De todas formas, uno de los asuntos apuntados en la OP y susceptible de ser investigado en pieza separada, los negocios del empresario hotelero y urbanístico Miguel Rifá, ya tienen sumario abierto y en otro juzgado de Almería desde hace más de un año, acusado de seis graves delitos económicos, esta vez sí, denunciado por parte de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Y ojo al dato: Rifá es socio de la familia Amat en numerosas mercantiles.

IU ve las cuentas para Almería una "falacia" y augura "pobreza y paro"

ALMERÍA.- IULV-CA ha considerado que el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2014 son "una falacia" para la provincia de Almería y ha advertido de que, frente a lo que sostiene el PP sobre la creación de 8.000 empleos, son las cuentas "de la pobreza y el paro".

   La coordinadora provincial y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, ha argumentado que frente a la euforia del PP, "que califica estos presupuestos como los de la recuperación económica y el empleo", desde IU afirman que son los de la "pobreza y el desmantelamiento" de lo público y, en consecuencia, "de la destrucción de empleo".
   Para IU, el PP llama recuperación a "recortar las pensiones, a congelar los salarios de los trabajadores públicos, a recortar en educación y formación profesional, a subir por cuarta vez la factura de la luz y destinar 4.000 millones a las eléctricas y al copago de medicamentos"
   "Dicen que garantizan el 0,25 por ciento de las pensiones y eso supone una pérdida de valor adquisitivo para los pensionistas del 1,5 por ciento por no hablar de la caída del consumo, al aumento de las desigualdades sociales y el deterioro de lo público para ponerlo en manos privadas. A esto el PP lo llama recuperación y nosotros pobreza y exclusión social, cuando recortas las políticas sociales un 36,4 por ciento", ha señalado Martín.
   Ha cuestionado, en esta línea, el análisis de los PGE para Almería realizado por el portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado por Almería, Rafael Hernando, "que dice que en la provincia de Almería serán 8.000 los nuevos empleos y vamos nosotros y nos lo creemos".
   Ha hecho referencia, en esta línea, a la inversión de más de 240 millones de euros prevista para 2013. "Al mes de octubre llevan un 54 por ciento de inversión. Y para 2014 hablan de 245 millones, la mayoría para el AVE, la A-7, y Acuamed con la desaladora de Balerma, pero ni un euro para la balsa del sapo en El Ejido o la depuradora de Roquetas, ni un euro para el ferrocarril y la conexión con el puerto de Almería para dar salida a mercancías, ni para Calar Alto, ya que se reduce a cero euros el presupuesto en astronomía. Estos presupuestos son más crisis y más sufrimiento para los de siempre, para la mayoría social", ha criticado
   "¿Cómo es posible que por segundo año consecutivo estemos a la cabeza de las inversiones por habitante y a la vez estemos a la cola en servicios s infraestructura? Estas cuentas no valen ni para España, ni para Andalucía ni para Almería", ha concluido.

Inhabilitan durante dos años al expresidente de la patronal almeriense por el concurso de Supermercados Super Olé

ALMERÍA.- El expresidente de la Asociación de Empresarios de Almería (Asempal) y miembro del consejo de administración de Distribuidora Uribe, Miguel Uribe, ha sido condenado a dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y de cualquier persona así como para ejercer el comercio o tener algún tipo de intervención en compañías mercantiles o industriales después de que el concurso de acreedores sobre la sociedad que dirigía con sus hermanos, Distribuidora Uribe, haya sido calificado de culpable. 

   Así lo recoge la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería, en la que se estima sustancialmente la petición realizada por la administración concursal llevada por Lealtadis Concursal y el Ministerio Fiscal tras el proceso de liquidación de las empresas del Grupo Uribe por el que se ejecutó la venta de la cadena de supermercados Super Olé en la que trabajaban más de 360 empleados en Almería, Granada y Murcia.
   La juez Marcelina María Beltrán, que condena en los mismos términos a Juan Uribe y Pedro Jesús Uribe en su calidad de miembros del consejo de administración, apunta que la Distribuidora Uribe incurrió en varios incumplimientos e irregularidades en la gestión de su contabilidad, según se desprende de las pruebas practicadas, por lo que declara el concurso culpable.
   Fue la administración concursal, mediante un escrito presentado el pasado 25 marzo, la que propuso la calificación del concurso como culpable, por retraso en la petición de concurso voluntario así como por haber incurrido en "irregularidades relevantes en la llevanza de la contabilidad". En este sentido, señalan al expresidente de los empresarios almerienses y a sus hermanos como persona afectada en el proceso.
   Concretamente, el tribunal reconoce a raíz de los informes que se dio un "incumplimiento sustancial" en la obligación de llevar la contabilidad, al mismo tiempo que se observó una "doble contabilidad" e irregularidades contables que, como consecuencia, llevaron a "falsear la imagen fiel del patrimonio".
   En esta línea, la sentencia ahonda en los "defectos de contabilidad" registrados en las cuentas anuales de 2011 --un año antes de solicitar el concurso de acreedores-- que recoge el informe del auditor de las cuentas. Según el análisis de este informe, se dieron defectos en la periodificación de ingresos, que conllevó a una sobrevaloración del activo y patrimonio neto de 5.501.261,63 euros.
   Asimismo, se detectaron errores en la regularización de existencias, puesto que de haberse realizado conforme a la normativa, la cuenta de resultados "se encontraría infravalorada y el patrimonio neto sobrevalorado en 1.899.000 euros". La cuenta de deudores también presentó defectos que llevaron a una "sobrevaloración del activo y del patrimonio neto en 3.683,852 euros".
   La sentencia, dictada el pasado 11 de septiembre y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, añade también que la concursada "se excedió en más de dos meses en la presentación de su propio concurso", un aspecto del que la administración concursal desistió durante la vista y sobre el que la empresa alegó que "presentó en plazo la solicitud de concurso, una vez constatada su insolvencia".
   El Grupo Uribe presentó el 20 de abril del pasado año un concurso voluntario de acreedores para las sociedades Supermercados Súper Olé, Cash Uribe Levante, Cash Uribe Norte, Cash Uribe Poniente --Distribuidora Uribe--, Inmobiliaria Uribe y Gestión Inmobiliaria Uribe, si bien posteriormente el proceso de todas las sociedades se unificó bajo un mismo procedimiento concursal en el que se reconocieron 784 acreedores.
   Con esto, el pasado mes de enero se dictó un auto en el que se aprobaba un plan de liquidación de la sociedad en el que la sociedad solicitaba la venta de los supermercados propiedad del grupo empresarial, la resolución de todos los contratos de trabajo y tratar de obtener la cancelación de créditos con garantías reales mediante la dación en pago.
   La decisión de solicitar la liquidación de la empresa llegó después de que la Audiencia Nacional aceptara la demanda de nulidad sobre el despido colectivo que afectó a 149 empleados del Grupo Uribe al considerar acreditado que se produjeron actuaciones "fraudulentas" en el desarrollo de las negociaciones con los trabajadores, se "incumplió" el procedimiento y se ejercieron "presiones inadmisibles"; una decisión que también influyó en el resto de sociedades --unas seis en total-- que previamente habían quedado integradas bajo un mismo procedimiento.

La Junta prevé cerrar antes de fin de año un plan para saldar la deuda con universidades

SEVILLA.- El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que antes de finales de este año se cerrará un plan para saldar la deuda con el conjunto de universidades andaluzas, unas instituciones, que, según ha asegurado, "se encuentran en lugar preferente" entre las prioridades de la Junta.

   Sánchez Maldonado respondió de esta forma a varias preguntas formuladas en comisión parlamentaria por el Grupo Popular sobre cantidades pendientes de pago a las diversas universidades andaluzas, y donde la diputada del PP Aránzazu Martín Moya acusó a la Junta de que "se está cargando las universidades" y cifró la deuda en "casi 90 millones de euros", una cantidad que "conforme pasan los días va aumentando, pues se generan más préstamos y hay menos liquidez".
   El consejero ha dejado claro que la Junta "está en negociación con las universidades para solucionar el tema de la deuda", y ha aseverado que "mas pronto que tarde llegaremos a un acuerdo para solventar este tema".
   Así, ha recordado que "antes de final de año habrá un plan para saldar esa deuda con el conjunto de las universidades", toda vez que "las universidades están en lugar preferente y en primer lugar de la agenda política".
   Por otro lado, el consejero fue preguntado por el PP acerca de las inversiones en las universidades públicas andaluzas, toda vez que Martín Moya había aludido a la existencia de "retrasos" en dichas inversiones".
   En ese sentido, el consejero ha indicado que no tiene "la impresión de que en las universidades estén tan mal" en ese aspecto, tras lo que ha apuntado que "se esta haciendo un esfuerzo" y ha aludido al plan de infraestructuras ya aprobado por la Junta, de forma que "todo lo que sea gastar en mejora del capital humano de la región será bienvenido".
   Por otro lado, el consejero fue preguntado por Aránzazu Martín Moya sobre el pago de los proyectos de excelencia, sobre los que dio que la Junta "hará todo lo posible" y hará "un esfuerzo" para pagar las cantidades debidas.
   También fue preguntado sobre las becas Talentia, sobre las que ha indicado que la Junta "está elaborando una nueva base reguladora para las Talentia, que introducirá algunas novedades para mejorar  esa convocatoria", tras lo que deja claro que la Consejería "estará vigilante y no se saltará ningún año". Sobre las Talentia, la diputada del PP Martín Moya había lamentado que "no se están ejecutando todas las convocatorias" y denunció que "se resuelvan con un año de retraso algunas de esas convocatorias", por lo que le pedía al consejero que "se tomara en serio tanto los pagos a los proyectos de excelencia como las Talentia".
   Sánchez Maldonado ha respondido también a la situación de los alumnos con becas Erasmus, sobre lo que considera, tras ser preguntado por los criterios de pago, que "es de sentido común" que la disposición de pagos a los alumnos "se haga conforme a lo dispuesto en la convocatoria según la cual se le asigna la beca".
   "Se pagará con el criterio legal que se le tenga que aplicar, se hará con sentido común", ha agregado el consejero después de que la diputada del PP Aránzazu Martín Moya hubiera criticado que en mayo el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó un cambio en los criterios de pago para las becas Erasmus, cambio calificado por el PP de "unilateral y arbitrario".
   La diputada del PP ha criticado además que la Junta "ha incumplido con las cantidades comprometidas y no está abonando las cantidades que debe a los alumnos que están volviendo", ante lo que indico la diputada que "algunas universidades asumieron la deuda de la Junta  y otras no podían asumir ese compromiso", ha asegurado.
   El consejero, quien también tuvo otra pregunta sobre inversiones en universidades formulada por el diputado del PSOE José Juan Díaz Trillo, ha recordado que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó a inicios de septiembre, en su primera reunión presidida por Susana Díaz, una inversión extraordinaria de 102,72 millones de euros que permitirá completar una veintena de proyectos de ampliación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios en las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.
   Esta cantidad se corresponde con uno de los dos tramos del préstamo suscrito en diciembre de 2011 con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un importe total de 250 millones de euros, para poder hacer frente a las obras de infraestructuras más prioritarias en las universidades andaluzas.
   El otro tramo ha permitido remunerar, en los ejercicios 2012 y 2013, la actividad de creación y transferencia de conocimiento del personal docente e investigador de las diez instituciones universitarias públicas de la comunidad autónoma.
   Según detalló entonces la Junta y este jueves ha recordado el consejero, más de la mitad de la inversión, 65,4 millones de euros, se destina a la Universidad de Granada. Entre los proyectos financiados destacan los de las nuevas facultades de Medicina y de Ciencias de la Salud, con 22,43 y 8,45 millones, respectivamente.
   Otras dos obras destacadas en Granada son las de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (8,42 millones) y la urbanización del Campus de Ciencias de la Salud (6,67 millones). El resto de la inversión se reparte entre el edificio de servicios centrales de este recinto (5,65 millones), la reurbanización del Campus de la Cartuja (3,7 millones) y diversos proyectos de equipamiento y rehabilitación .
   La Universidad de Córdoba contará con 13,04 millones de euros. De ellos, 9,87 millones permitirán culminar la adaptación del edificio de la Escuela Politécnica Superior para Escuela Universitaria de Enfermería. El resto corresponde a las obras de reforma de la Facultad de Filosofía y Letras.
   La inversión extraordinaria en la Universidad de Cádiz, 11,36 millones, se distribuye entre el equipamiento de la Escuela Superior de Ingeniería del Campus de Puerto Real (6,3 millones) y la urbanización del polígono Río San Pedro en este recinto.
   Las obras de urbanización de la segunda fase de los terrenos de ampliación de la Universidad concentrarán la partida consignada para Málaga, que alcanza los 5,35 millones de euros, mientras que la totalidad de los 4,16 millones previstos para la Universidad de Sevilla se destinará al equipamiento de la Facultad de Ciencias de la Educación. Finalmente, la Universidad de Almería contará con 3,39 millones para el equipamiento del Edificio Científico-Técnico.

Cada andaluza realiza trabajo doméstico por valor de 30.237 euros al año

SEVILLA.- Un estudio refleja que cada mujer andaluza realiza trabajo doméstico por valor de 30.237 euros al año. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado este jueves esta investigación, realizada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide. Se trata del primer análisis que determina el valor económico del trabajo de cuidados que mujeres y hombres realizan para el sostenimiento de los hogares y el bienestar de la sociedad.  

   El estudio 'El trabajo de cuidados de mujeres y hombres en Andalucía. Medición y Valoración', dirigido por la profesora de la UPO Lina Gálvez, también revela que el trabajo en el ámbito doméstico aporta a Andalucía "una riqueza no contabilizada de 167.500 millones de euros anuales, cifra que está muy por encima del PIB andaluz generado por el trabajo remunerado (140.000 millones en 2012) y de la que 104.800 millones (el 62,5%) serían aportados por las mujeres", ha señalado la consejera, quien ha precisado que en concreto, cada mujer andaluza realiza anualmente de forma gratuita un trabajo de cuidados (hogar y familia) de 30.237 euros, casi el doble del generado por un hombre (18.822 euros).
   En este sentido, el estudio contribuye a transformar la percepción del trabajo doméstico no remunerado, así como del propio trabajo remunerado, considerado tradicionalmente como única base económica de la sociedad.
   Tal y como ha recordado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el avance de la mujer en el mercado laboral no se ha visto acompañado al mismo ritmo de la introducción del hombre en el ámbito doméstico, quizás "por ser la sociedad consciente de la importancia del trabajo remunerado, pero no del trabajo familiar, tradicional y erróneamente adjudicado a la naturaleza femenina, con la consecuente desigualdad de género".
   En este sentido, ha destacado la importancia de este estudio por dar a conocer el peso económico del trabajo de cuidados no remunerado, así como por mostrar la doble carga de trabajo de las mujeres, que, como consecuencia de ello, tienden a renunciar a su promoción profesional en pro de la familia.
   Así, respecto a la distribución del tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerado, la investigación destaca que las mujeres andaluzas dedican una media diaria de cuatro horas y 30 minutos, frente a las dos horas y cinco minutos de los hombres (dos horas y media más al día). Sumando la jornada laboral remunerada y no remunerada, el trabajo de una andaluza ocupada a tiempo completo es de once horas y diez minutos, dos horas más que la de los hombres.
   De media, el porcentaje de hombres que participan en tareas del hogar es del 78,4 por ciento, frente al 94,5 por ciento de mujeres. Por edades, el análisis refleja una tendencia positiva hacia el futuro, dado que el tramo de edad más joven (16 a 24 años) es donde se registran menos diferencia, tanto en el nivel de participación (93,1% mujeres y 84,76% hombres) como en el tiempo dedicado (las mujeres dedican 1,28 horas más). Asimismo, el nivel educativo también repercute: a medida que aumenta la formación, las diferencias en cuanto a participación disminuyen.
   Una de las conclusiones más destacadas del estudio es la influencia de la situación de convivencia de la mujer en la disposición del tiempo. Así, mientras que los hombres que viven en pareja disminuyen la participación en casa respecto a los solteros, en las mujeres se produce el fenómeno contrario: el gran incremento en cuanto a dedicación se produce por el hecho de vivir en pareja (no por cuidar a dependientes). Según la investigación, cuando las mujeres pasan de vivir solas a vivir en pareja sin hijos ni mayores dependientes aumenta el tiempo de trabajo de cuidados en una hora ocho minutos, un incremento mucho mayor que cuando a su convivencia en pareja se suma un menor.
   El estudio concluye, por tanto, que la pérdida de disponibilidad de tiempo de las mujeres se da en el paso de vivir en pareja, y no con la maternidad. Además, se destaca que la época de máxima dedicación femenina al hogar está entre los 40 y 50 años (con más de cinco horas diarias), coincidiendo con la etapa clave en la carrera profesional.
   Respecto al empleo, cuando las mujeres tienen un trabajo remunerado, no se reduce el porcentaje de participación, pero sí el tiempo dedicado (aunque sólo en una hora). En cambio, en los hombres sí se reduce la participación (en 13 puntos porcentuales).
   Por tipo de ocupación, el grupo de profesionales científicos e intelectuales es donde existe menos diferencia tanto en participación como en tiempo de dedicación, frente al sector agrícola, ganadero y pesquero, donde más brecha hay (100% de mujeres dedicadas frente al 43% de hombres, y con una diferencia de tiempo de 5,46 horas).
   La Junta de Andalucía viene trabajando, desde hace años, para lograr la conciliación social y una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres. De esta forma, a través del I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, se han desarrollado hasta 30 líneas de actuación dirigidas a concienciar a la sociedad contra la desigualdad y lograr un mayor equilibrio en el reparto de responsabilidades familiares y laborales.
   Como recomendación, el estudio plantea aumentar la oferta de servicios públicos en el ámbito de los cuidados, pero sobre todo introducir la perspectiva de género en la ordenación del tiempo del trabajo remunerado e incentivar las medidas de conciliación para los hombres.