viernes, 9 de noviembre de 2012

Andalucía tendrá su propia ley de protección frente a los desahucios

HUELVA/SEVILLA.- El vicepresidente de la Junta, consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha anunciado este viernes que la administración autonómica pondrá en marcha una Ley de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía.

   En rueda de prensa en Huelva, Valderas ha recordado que la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
   Ante esto, "nos ponemos en marcha inmediatamente en Andalucía, a través de la Secretaría General de Consumo, para realizar los estudios necesarios" para llevar a cabo esta nueva ley que "proteja a los consumidores" y "se garanticen los derechos de los hipotecados ante los grandes poderes financieros", ha indicado.
   "Desde Andalucía vamos a hacer nuestras propias aportaciones necesarias para garantizar los derechos de los consumidores", según ha enfatizado el vicepresidente de la Junta, que ha reiterado "la clara decisión" del Gobierno andaluz para buscar soluciones a esta problemática.
   "Estamos del lado de las personas que están siendo desahuciadas frente a los bancos y tenemos que trabajar para solucionar en la mayor brevedad posible esta situación e impedir el drama que supone para miles de familias", ha agregado Valderas, que considera que la postura europea pone de manifiesto que el hecho de que a las familias les quiten sus viviendas "está fuera de la legalidad o alegalidad de las instituciones bancarias".
   De este modo, se ha mostrado partidario de que se produzca "un parón en seco" en materia de desahucios y por tanto, se lleve a cabo "la paralización inmediata de cualquier desahucio". En este sentido, estima que "la justicia debe parar cualquier tipo de desahucio y la banca aplacar su voracidad insaciable mientras se ajustan los aspectos legales que se han puesto encima de la mesa en el marco de alcanzar un gran acuerdo", ha dicho en referencia al acuerdo logrado este miércoles entre PSOE y PP para pactar cuanto antes una reforma legal contra los desahucios.
   No obstante, a su juicio, ese acuerdo "estaría falto de la suficiente fuerza si no están todas las formaciones políticas que representan la soberanía popular en el conjunto del Estado".
   Por lo tanto, Valderas ha exigido, "por ser la primera fuerza política que puso en marcha el tema de la dación en pago en el Congreso" y que actuó "con ejemplaridad en el conjunto de Andalucía", que Izquierda Unida "participe activamente en esa modificación de ley que hay que hacer" a nivel estatal.
   En esta línea, ha incidido en que ese acuerdo "quedaría falto de la democracia suficiente si no está todas las fuerzas políticas", al tiempo que ha recordado que la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, hace un mes, puso en marcha la oficina de intermediación contra los desahucios, la cual ha atendido a más de 300 familias y se han logrado parar "unos cien desahucios".
   En opinión del también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, "la acción política del Gobierno de la Junta de Andalucía ha ido por delante" en esta materia.
   Finalmente, ha mostrado su esperanza en que el Parlamento de Andalucía muestre "de forma unánime" su respaldo a que "se paren en seco los desahucios" hasta que se acuerde un nuevo marco legal.

Protección de los avalistas

La futura ley autonómica que prepara la Junta de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, así como también a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos.
   Según ha explicado en un comunicado la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, con esta normativa, anunciada por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se busca garantizar y reforzar la transparencia en la información que faciliten las entidades bancarias sobre la concesión de préstamos hipotecarios.
   Todo ello, mejorando la protección de las personas consumidoras a la hora de suscribir un contrato de este tipo destinado a la adquisición o rehabilitación de inmuebles, una garantía que también se extenderá a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos y a las 'personas hipotecantes'.
   Muñoz ha asegurado que la iniciativa tiene como prioridad "la protección de los más débiles, en especial familias con hijos o sin ingresos, personas mayores y otros colectivos vulnerables" en sintonía con la demanda de la sociedad en general.
   Asimismo, ha recordado que esta actuación se adapta y además se ve reforzada con el pronunciamiento esta semana el Tribunal de Justicia de la UE (TUE). En este sentido, el alto tribunal europeo ha dictaminado que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que permite la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.
   El borrador del nuevo texto legislativo contempla la transparencia en los contratos y precios, así como las comunicaciones y publicidad comercial destinada a la ciudadanía y la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras.
   Para la secretaria general de Consumo, con esta iniciativa legislativa, que complementa a la actual Ley de Consumo autonómica, la Junta "da un paso más" en la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias en relación con la suscripción de créditos o préstamos garantizados mediante hipoteca sobre la vivienda.
   Además, tras el estudio de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Justicia Europeo, la Administración de Consumo andaluza va a proceder a analizar la puesta en marcha de actuaciones inspectoras para el control de escrituras hipotecarias, de tal forma que, si se apreciasen incumplimientos a la normativa vigente en materia de consumo, se pondrían en marcha los correspondientes procedimientos sancionadores con la imposición de multas.
    Por otra parte, estas actuaciones posibilitarían también que, tanto las personas consumidoras como la propia Junta de Andalucía, acudiesen al ejercicio de acciones en vía judicial.
   Por último, ha hecho un llamamiento para que "a nivel del Estado se amplíe el grupo de trabajo que se ha creado para debatir sobre los desahucios con el fin de incluir a la sociedad civil".

La Mesa de Infraestructuras inicia una ronda de contactos para la mejora de las comunicaciones aéreas del aeropuerto de Almería

ALMERÍA.- El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, en su condición de presidente de la Mesa de Infraestructuras y junto al presidente de Asempal, José Cano, ha mantenido un primer encuentro con el director del aeropuerto de Almería, Santiago Yus, con el objetivo de abordar la actual situación de las comunicaciones aéreas de la provincia.

   Este contacto se enmarca, según informa la Cámara en una nota, en cumplimiento del acuerdo de la mesa, que en su última reunión de trabajo en el mes de octubre acordó incluir entre sus demandas en infraestructuras, las comunicaciones aéreas a tenor de la actual situación existente en especial en las conexiones con Madrid.
   Se trata fundamentalmente de buscar soluciones que permitan abaratar el coste de los billetes que actualmente "siguen siendo tan elevados en la mayoría de los casos y horarios, que su coste es difícil de asumir".
   En esa línea, afirma que se continuarán con los contactos para lograr conexiones con tarifas más competitivas y más asequibles de modo que viajar a la capital esté al alcance de todos, un objetivo que cuenta con el máximo apoyo social y con el respaldo y consenso de todos los integrantes de la Mesa de Infraestructuras.
   El primer encuentro en este contexto también ha sido aprovechado para poner sobre la mesa las "enormes posibilidades" que ofrece a las empresas almerienses el servicio de carga aérea del Aeropuerto para el transporte de mercancías, una vía que presenta "innumerables ventajas" y que tras varios intentos, "podrá estar operativa dado que se dispone de las instalaciones aeroportuarias necesarias".

Iberia despedirá 4.500 empleados

MADRID.-   International Airlines Group (IAG) ha anunciado hoy un plan de reestructuración "para salvar Iberia" que incluye un recorte de plantilla en 4.500 personas, una reducción de la capacidad en un 15% y la suspensión de rutas y frecuencias no rentables, con el objetivo de mejorar los resultados en al menos 600 millones de euros para 2015 y conseguir que la compañía vuelva a lograr beneficios, según anunció el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   El plan de transformación de Iberia incluye cambios estructurales permanentes en todas las áreas de negocio de la compañía, con el objetivo de que deje de tener pérdidas y recupere la senda de los beneficios.
   Según la compañía el recorte de plantilla en 4.500 personas servirá para salvar alrededor de 15.500 puestos de trabajo. "Esta reducción está en línea con los recortes de capacidad y el aumento de productividad en la aerolínea", asegura la compañía.
   A corto plazo el plan de transformación se centrará en detener las pérdidas y conseguir que la red sea rentable. En este sentido, se suspenderán las rutas y las frecuencias que registren pérdidas, a la vez que se garantiza "una alimentación eficiente de los vuelos de largo radio que sean rentables".
   "Este plan de reestructuración es crítico para Iberia y para el futuro de España. Una Iberia fuerte, rentable, puede crear empleo y estimular el turismo, un sector clave para la recuperación económica en España", advirtió Willie Walsh, consejero delegado de IAG.
   La compañía asegura que este plan de reestructuración tiene como objetivo detener el deterioro de caja de Iberia a mediados de 2013, así como mejorar los resultados de la compañía en al menos 600 millones de euros para 2015, en línea con el objetivo de IAG de alcanzar un retorno sobre el capital del 12% para este año.
   Para ello se reducirá la capacidad en un 15% en 2013 entrándose en las rutas más rentables. Así, se disminuirá la flota en 25 aviones (cinco de largo radio y 20 de corto radio).
   Además, se establecerán nuevas iniciativas comerciales para incrementar los ingresos unitarios, que incluyen un aumento de las ventas por servicios complementarios y opcionales, y el rediseño de la página web.
   Paralelamente se suspenderá la actividad de mantenimiento a terceros que no sea rentable y se mantendrán los servicios de handling que sean rentables fuera del hub de Madrid. Todo este plan se financiará con recursos propios de la compañía.
   IAG asegura que el plan "no sólo detendrá el deterioro financiero de Iberia, sino que también hará que el negocio sea viable y crezca generando beneficios a largo plazo".
   Para ello se transformarán las operaciones de corto y medio radio "para competir de forma eficiente con las compañías de bajo coste que se han establecido con éxito en el mercado doméstico de Iberia". El plan supondrá igualmente mejoras globales de productividad y la introducción de "ajustes salariales permanentes".
   Se ha fijado el 31 de enero como fecha límite para alcanzar un acuerdo con los sindicatos. La compañía asegura que si no se lograse dicho acuerdo, serán necesarios "recortes mayores y una mayor reducción del tamaño y de las operaciones de Iberia, para proteger el tráfico natural de largo radio en Madrid y salvaguardar el futuro de la compañía".
   "Tenemos que tomar decisiones duras para salvar la compañía y volver a ser rentables. Si no ponemos en marcha cambios estructurales profundos, el futuro de la compañía es sombrío. Con este plan ponemos las bases para dar la vuelta a la situación y crecer", explicó el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez Lozano.
   La compañía está perdiendo 1,7 millones de euros cada día, según el consejero delegado, por lo que tiene que "modernizarse y adaptarse al nuevo entorno competitivo en el que sus costes son significativamente más altos que los de sus principales competidores en España y América Latina".
   A este respecto Willie Walsh, consejero delegado de IAG asegura que el objetivo es que Iberia "sea fuerte y tenga éxito".
 "Durante demasiado tiempo, la estrechez de miras y los intereses de unos pocos han dañado el futuro de muchos. No vamos a dudar a la hora de tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de nuestros accionistas, clientes y empleados", concluyó.

Calar Alto prevé desarrollar un telescopio gigante en los próximos seis años y mantener la colaboración alemana

GÉRGAL.- El Observatorio de Calar Alto prevé desarrollar y ejecutar durante los próximos seis años el proyecto HEXA, que permitirá dotar al Centro Astronómico Hispano Alemán (CAHA) de una nuevo telescopio de 6.5 metros de diámetro, con el que se ofrecerá la posibilidad de realizar grandes cartografiados espectroscópicos del cielo para abordar problemas clave en el campo de la evolución de las galaxias, la estructura estelar o la naturaleza de la energía oscura. 

   Así lo ha explicado hoy el director del centro, David Barrado, quien ha señalado que, mediante esta nueva infraestructura se pretende también incentivar la renovación de acuerdos con el Instituto Max Planck de Astronomía, con el que se mantienen los compromisos de operación hasta 2018; ya que en caso de no desarrollar proyectos de interés, podrían retirar su apoyo en 2019.
   Barrado ha resaltado así la importancia de ejecutar el proyecto HEXA, cuya primera fase ya ha sido financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad mientras que la segunda, basada en el diseño preliminar de las actuaciones a ejecutar antes de finales de 2014, se encuentra pendiente de una resolución de la Junta de Andalucía para financiar la actuación, valorada en unos 1,5 millones de euros, si bien la mayor parte se sufragaría mediante fondos europeos.
   Con HEXA se prevé la instalación de telescopio gigante que permitirá, entre otros aspectos, captar la "huella dactilar" de las estrellas para su estudio. Con él se pretende salvar la necesidad de disponer de datos espectroscópicos de grandes áreas del cielo, ya que el espectro de luz de un objeto celeste aporta información crucial sobre su composición, temperatura, densidad o velocidades y, a día de hoy, no existen instrumentos capaces de realizar cartografiados espectroscópicos masivos y de alta resolución.
   La ejecución y puesta en marcha, a través de una tercer fase a desarrollar hasta 2018, dotaría a Andalucía de un instrumento "único" a disposición de la comunidad científico-técnica para el desarrollo de proyectos, ya que obtener espectros de estas características es "una prioridad de la astrofísica internacional".
 "Queremos ser los primeros en llegar en esa carrera", ha indicado Barroso, quien apuesta por mantener el "liderazgo" en este sentido.
   Las actuación, que supone una inversión de unos 65 millones de euros financiables en un 80 por ciento por fondos europeos, posibilitaría mantener a largo plazo la colaboración del Instituto Max Planck con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), lo que "es garantía de éxito" a la hora de desarrollar proyectos en común como los que ya se realizan mediante 'Cármenes' o 'Califa'.
   En este sentido, el director del CAHA ha destacado la "investigación puntera" que propicia el observatorio ubicado en Almería, que es uno de los "motores de desarrollo tecnológico" del país desde el que, a su vez, se aportan elementos para una economía "más estable", por lo que ha reivindicado que se mantengan las inversiones en ciencia y tecnología por parte de las Administraciones.

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno dispondrán de muchos menos coches oficiales

MADRID.- La reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado supondrá en España un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años, según ha asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha precisado que la reducción total será del 53 por ciento, pero que la que se aplique a los que utilizan los altos cargos --presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales-- alcanzará el 66 por ciento.

   La vicepresidenta explicó que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado hoy al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se "transforma el parque móvil ministerial en parque móvil del Estado". Una reforma del sistema en la que "se cambian los usos del coche oficial bajo los principios de austeridad y eficiencia" y para ello "se reduce el número de altos cargos que tienen vehículo asignado".
   A partir de ahora, según explicó, los directores generales no tendrán coche oficial, sino que dispondrán de coches de incidencias que estarán a disposición de todos los trabajadores de la dirección general para desarrollar sus tareas.
   En el caso de los subsecretarios, éstos tendrán coche oficial, pero no será exclusivo para ellos, sino que también estará a disposición del personal de la subsecretaría. Estas dos medidas significarán una reducción del 66 por ciento en el número de vehículos oficiales de altos cargos, que pasarán de ser los 307 actuales, a 103 a lo largo de este año y el próximo, ya que la reducción será progresiva. El ahorro en este capítulo será del 66,45 por ciento.
   También se reducirán los coches destinados a las autoridades de órganos constitucionales y al servicio de la Administración de Justicia y de manera también "muy llamativa" los coches de la administraciones periféricas del Estado, como las Delegaciones del Gobierno y las Subdelegaciones. La reducción, en su conjunto, supone un 53 por ciento a lo largo de este año y 2013.
   Según los datos facilitados por Moncloa, la flota total del Parque Móvil que había en diciembre de 2011 --cuando el PP llegó al Gobierno-- en servicios centrales era de 921 vehículos, de los cuales 819 eran coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías (furgoneta, motocicleta, monovolumen, etcétera).
   La previsión es que al cierre de 2014 el total de vehículos se situará en 652, lo que supone una reducción de casi el 30 por ciento, en relación con los existentes, incluyendo los coches de altos cargos y los de incidencias.
   El número de trabajadores también se reducirá. En total, entre Parque Móvil y servicios periféricos se reducirán 222 conductores hasta 2014. De los 1.303 que había en diciembre de 2011 se pasará a 1.081 conductores, lo que supone un 17 por 100 menos.
   Sin embargo, según precisó la vicepresidenta, no se llevará a cabo ningún expediente de regulación de empleo entre los conductores. Lo que se pondrá en práctica, dijo, serán: "bajas de servicio", de tal manera que no se doblen turnos; se realizarán las jubilaciones que correspondan por la edad y no habrá tasa de reposición.
   En este sentido, explicó que lo primero que ha hecho la subsecretaria de Hacienda ha sido analizar la situación laboral de los trabajadores del parque móvil, muchos de los cuales tienen "gran antigüedad". Según los cálculos realizados, entre la supresión de dobles turnos y las jubilaciones, la reducción será del 15 por ciento y en el caso de la Administración periférica, con gente más cercana a la edad de jubilación, la reducción será del 24 por ciento.
   Según Sáenz de Santamaría, la antigüedad media del parque es de ocho años y de once para los vehículos blindados y la flota estará amortizada en 2013 porque no se repondrá. En la administración periférica el número de vehículos es de 569, pero la flota es más moderna porque se renovó en un 79 por ciento entre 2006 y 2008. Entre esas fechas se compraron 440 vehículos nuevos.
   El plan consiste en amortizar los vehículos que estén en peores condiciones, reubicar los más modernos y los sobrantes llevarlos a subasta. En este punto, señaló que ya se han realizado algunas subastas de coches oficiales.
   Sáenz de Santamaría detalló que el ahorro de 10,5 millones provendrá de: personal, 7,5 millones; combustible y mantenimiento, 1 millón --del que 500.000 euros son de combustible, 265.000 en reparación, 213.000 en seguros-- y el paso a coches de incidencias de los coches oficiales, dos millones.
   Admitió que esta cifra de 10,5 millones de euros no es "elevada", pero la consideró "muy significativa" porque supone una "nueva concepción en la utilización de los vehículos oficiales" ya que, dijo, se pasa del coche oficial por cargo al coche oficial a disposición de los departamentos.
   Además, respondió a quienes dicen que el ahorro no es significativo, sino que se trata del "chocolate del loro": "empiezas a sumar loros y te encuentras con una pajarería".
   La vicepresidenta expuso que la segunda fase de este plan se estudiará en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Ahí se analizarán los coches de servicio de las instituciones y sobre todo de las empresas públicas y los coches de empresa, con el fin de aplicar una medida de racionalización y eficiencia.
   La vicepresidenta expuso que algunas CCAA han llevado a cabo también ajustes en sus vehículos oficiales --citó, entre ellas, a Galicia y Castilla La Mancha-- y añadió que se llevará la experiencia del Gobierno en este asunto a la Conferencia de Presidentes. En este sentido, recalcó que la concepción del coche oficial ha cambiado mucho y tiene que cambiar aún más. Debe, dijo, estar más ligado a la actividad profesional, a la demanda, antes que ser "un servicio que tienes ahí y no usas".

La Junta remitirá una carta a las administraciones locales para animarles a que retiren los símbolos franquistas

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, ha anunciado que remitirá una carta a todas las Administraciones Públicas andaluzas y a instituciones privadas en las que se recordará el articulado de la Ley de Memoria Histórica relativo a la retirada de símbolos y monumentos conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. 

   Así lo han indicado hoy fuentes del Gobierno andaluz después de que el Obispado de Almería afirmara que está dispuesto a estudiar la retirada de los símbolos franquistas de la fachada de la Catedral de la capital almeriense --en concreto, un yugo y una flecha y el nombre del histórico líder falangista José Antonio Primo de Rivera--, si así se lo solicita la Junta de Andalucía.
   En este sentido, desde la Administración autonómica han señalado que ya existe una ley en vigor que insta la retirada de estos símbolos. Concretamente, apuntan el artículo 15 de la Ley 52/2007 en el que se señala que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas.
   Si bien la ley expone que son las administraciones públicas las encargadas de esta labor, la Junta ha incidido en que éstas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no adopten soluciones para la retirada de estos símbolos, aspecto que se recoge en el apartado cuarto del citado artículo.
   El vicario general de Almería, Tomás Cano, ya explicó que el Obispado aún no ha recibido ninguna notificación en la que se le instara a la retirada de estos símbolos, pero que si llega "estarán dispuestos a estudiarla" porque "ante todo hay que ser educado". Pese a todo, quiso aclarar que la Iglesia almeriense "ya da ejemplo de valores de convivencia y tolerancia a sus fieles".
   El responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Almería, Rafael Salazar, consideró que el Obispado almeriense tiene que "dar ejemplo a sus fieles" y "favorecer los valores de la convivencia entre todos los ciudadanos", lo que conlleva la retirada de dichos símbolos.

La Junta ve alejarse "el fantasma" de la sequía de Andalucía

CÓRDOBA.- El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, ha llegado este jueves a la conclusión de que la repercusión que están teniendo las últimas lluvias en el agua embalsada en la comunidad autónoma está logrando alejar al "fantasma" de la sequía.

   En declaraciones a los periodistas, Planas, quien ha visitado en Aguilar de la Frontera (Córdoba) las obras el Parque Agroalimentario del Sur (Pasur), ha considerado una "buena noticia" para los embalses y pantanos andaluces la lluvia de las últimas semanas, ya que, según los datos que maneja la Junta, respecto a los embalses correspondientes a las "tres cuencas internas" que gestiona la Administración autonómica, "estamos en una cifra superior al 60 por ciento de la capacidad" de dichos embalses, "llegando, en el caso de Guadalete y Barbate a superar el 65 por ciento", lo que supone "una buena cifra, que permitirá, sin duda, un abastecimiento como queremos, en buenas condiciones".
   Ello, según ha subrayado el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, "aleja el fantasma tan temido de la sequía en nuestra tierra", ya que además, según los datos de los que dispone la Junta de Andalucía sobre los embalses de la cuenca del Guadalquivir, "aunque no esté administrada" por la Junta, "se situarían en torno al 60 por ciento, lo cual es también una buena noticia, sin duda para los agricultores, en primer lugar, pero también lo es para los ciudadanos y para los industriales".

Los trabajadores de Tino Stone harán huelga indefinida ante la falta de acuerdo en el Sercla por los impagos

ALMERÍA.-  Unos 120 trabajadores de las empresas de Tino Stone secundarán una huelga indefinida a partir del próximo 14 de noviembre después de que los representantes sindicales no hayan alcanzado un acuerdo en el marco del Sercla celebrado este jueves con la empresa, que se encuentra en situación concursal, por los impagos de las últimas nóminas a sus empleados. 

   Fuentes sindicales han indicado que a la reunión ha finalizado sin avenencia ya que, pese a que han acudido a la misma miembros de la sociedad, no se ha presentado el administrador concursal que "es el que tiene la última palabra" dado que la situación de la mercantil la deja "sin potestad para pronunciarse".
   Los empleados de Tino Stone Group, Tino Empresas e Industrial y Tino Tiendas reclaman, de media, las tres últimas nóminas que las empresas adeuda. Esta situación se une a que una buena parte de los empleados están inmersos en un expediente de regulación de empleo (ERE) rotatorio y suspensivo.
   La compañía entró en el mes de marzo en concurso voluntario de acreedores al declararse en estado de insolvencia, extremo que achacó a la disminución de la actividad del sector de la construcción, de los márgenes comerciales, la morosidad de sus clientes y a la crisis financiera y bancaria, si bien también dio cuenta como causa la "paralización" del Parque Industrial de Macael y el Polígono de la Piedra de Loja (Granada).
   La sociedad se encuentraba en una situación de disminución de sus ganancias, lo que conllevó tener que desprenderse de ciertas inversiones efectuadas en el extranjero así como al cierre de tiendas en Bilbao y en Mallorca durante los últimos años, según expone en los autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Almería.

La jueza requiere a la anciana deshauciada en Níjar a pagar 261,5 euros por encerrarse en una sucursal

ALMERÍA.-   La jueza ha requerido a la anciana de 77 años deshauciada de su casa en Níjar, en Almería, hace un año por avalar a uno de sus hijos para que abone "en el plazo de un día" una multa de 60 euros a la que fue condenada por encerrarse en el cajero automático de una de las sucursales de la entidad financiera que procedió a quitarle su vivienda.

   Ángeles Belmonte, quien ya fue condenada por una falta de coacciones en abril al pago de 20 euros de multa por encadenarse a otra oficina de esta misma entidad en la capital almeriense, deberá indemnizarla, asimismo, con 201,52 euros que corresponden al coste que tuvo retirar el cristal de la fachada para que pudiese ser desalojada por la Guardia Civil.
   La anciana, madre de Miguel Ángel Belmonte, más conocido como el "camionero sin camión", se encerró "bloqueando la puerta con una cadena" el 8 de enero de 2010 en el espacio habilitado como cajero automático en una sucursal bancaria de la barriada de Campohermoso, donde se ubica su casa, en la que reside como 'okupa' desde que fue deshauciada en noviembre de 2011.
   Según consta en la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 5, cuando el personal de la oficina se dispuso a abrirla a primera hora de la mañana "no pudo hacerlo", por lo que finalmente fue desalojada por la Guardia Civil. Para esta actuación, la entidad llamó a una empresa de servicios, que le facturó 201,52 euros por retirar y volver a montar el cristal de la fachada del local.
   La jueza, que resalta que Ángeles Belmonte "se negó a abandonar el recinto y a abrir la puerta hasta que el director de la sucursal hablase con ella a fin de solventar sus problemas económicos, consideró su actuación una falta de coacciones y la condenó al pago de una pena de multa de diez días con una cuota de seis euros tal y como solicitaron tanto el fiscal como la acusación particular ejercida por la entidad financiera.
   El ejecución de la citada sentencia, el Juzgado ha requerido a la anciana para que "haga efectiva" en el plazo de un día tanto la cuantía de la pena de multa como el importe de la indemnización aunque contra el auto cabe recurso de reforma o subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería.
   Ángeles Belmonte ya fue denunciada por el director de la oficina de la misma entidad ubicada en el número 67 del Paseo de Almería después de que  se encadenase a la barandilla de acceso "negando a abandonar el lugar pese a los requerimientos de los empleados" hasta que fue desalojada por la Policía Nacional a las 14,15 horas.
   El juez también consideró en este caso, a la vista del "relato detallado" de los hechos que realizó en sala en representante legal de la entidad financiera, que la conducta de la anciana de 77 años era "enteramente subsumible" en el tipo penal de la falta de coacciones aunque rechazó dictar una medida de alejamiento solicitada por la acusación "ante la escasa entidad de los hechos denunciados, que no suponen en modo alguno peligro para la vida o la integridad física de los empleados de la sucursal", según ahonda.
   Ángeles Belmonte reside desde noviembre de 2011 como 'okupa' en su propio domicilio después de que la entidad financiera ante la que efectuó su protesta ejecutase la orden de desahucio tras embargar su vivienda en la barriada de Campohermoso, que sirvió de aval a uno de sus hijos.
   El 'camionero sin camión', quien ha desarrollado numerosas acciones de protesta a lo largo de los últimos meses como la que le llevo a quedarse en pañales ante la sede de los juzgados en la capital, asegura que su familia ha sido víctima de una "estafa" por parte de una empresa de reunificación de deudas que, según explica, no abonó el dinero necesario para pagar la hipoteca de la casa que sirvió para avalar la deuda.
   Navarro mantiene una campaña que persigue hablar personalmente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aras de conseguir cambiar "un pequeño matiz" en un artículo de la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque, "que provocaría el fin de los problemas para mucha gente", según sostiene.