jueves, 3 de mayo de 2012

Rajoy plantea "repensar" la coordinación y el reparto de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró hoy convencido de que no se debe "desandar" ni la configuración autonómica del Estado, ni la inclusión de España en la UE, pero sí cree que se debe "repensar" y "evaluar" la coordinación entre las instituciones administrativas del Estado y el reparto de competencias, con la supresión de "duplicidades innecesarias".

   El jefe del Ejecutivo realizó estas afirmaciones durante la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Un acto al que han acudido, además de los presidentes del Congreso y el Senado, los ministros de Justicia, Exteriores, Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la secretaria general del PP.
   En su discurso, Rajoy defendió las reformas que está llevando a cabo porque se asientan en un "mandato inequívoco" de los ciudadanos en las urnas y aseguró que tienen una doble orientación, por una parte, consolidar los logros del Estado del bienestar y, por otra, "potenciar el ámbito de autonomía de las personas y erradicar las cortapisas externas a la libertad con que deben regir su destino, su vida y su vocación profesional".
   En su intervención, apeló al espíritu con el que se realizó la Constitución de Cádiz y dijo que su ejemplo debe servir de "estímulo" y de "guía" para afrontar con "valentía, determinación y equilibrio" los "profundos cambios" que necesita el país. En este punto, aseguró que estos cambios sólo se pueden llevar a cabo desde el "espíritu de concordia" que tuvo su "más elevada cima en la Constitución de 1978".
   Y refiriéndose a ésta última, dejó clara su opinión de que la Constitución Española dio un "paso original, decisivo y de gran calado" que, añadió, "en modo alguno debe ser desandado". Se trata, señaló de la "configuración autonómica del Estado". Tampoco, puntualizó, se debe desandar el camino de la inserción de España en la UE, "que ha sido el motor de algunas de nuestras modificaciones constitucionales".
  Sin embargo, considera que ambas circunstancias "invitan", ahora que son tiempos de crisis, a "repensar y evaluar" la estructuración más adecuada de los poderes públicos.
   Para ello y buscar "mayor eficacia" en las instituciones administrativas "a todos los niveles" dijo que "será preciso arbitrar fórmulas más eficientes, de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso, de entidades y organismos que no resisten una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".
   Rajoy considera que esta será una tarea "delicada" y que requerirá el conocimiento de la realidad y la "intuición de la evolución futura, viable y deseable" de las estructuras institucionales públicas. Por ello, dijo que cuenta con el "saber acumulado" del Consejo de Estado, al que se comprometió a consultar, y con el Centro de Estudios Constitucionales.
   En este contexto, deseó al nuevo presidente y a los consejeros de Estado "mucha suerte y mucho tesón" porque, dijo, en esta Legislatura van a "tener mucho trabajo" y la asistencia de este órgano al Gobierno "va a ser más necesaria que nunca" y destacó la "privilegiada reputación de autoridad" que ha logrado el Consejo de Estado.
   El jefe del Ejecutivo destacó los valores de Romay Beccaría como un hombre de "diálogo, consenso y conciliación", así como su "altura como jurista de reconocido prestigio" que se une a una "experiencia vital y laboral singularmente rica".

Los periodistas almerienses trasladan a la sociedad local la ruina de su profesión


ALMERÍA.- Los periodistas almerienses han vuelto a reivindicar hoy, como lo hicieron el 1 de marzo, junto a la estatua del presidente de la I República, el almeriense Nicolás Salmerón, gran defensor de la Libertad de Prensa, en Puerta Purchena, que “Sin periodistas, no hay periodismo; sin periodismo, no hay democracia”, lema de todas las concentraciones celebradas en cuarenta y seis provincias con participación de cientos de profesionales de la comunicación y trabajadores de los medios.

 Un Día Mundial de la Libertad de Prensa histórico en España porque por vez primera al unísono, coordinados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), los informadores han tomado la calle. 

 En Almería, convocados por la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa (AP-APAL) y con la adhesión expresa de la Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas (FAAP) y del Colegio de Periodistas de Andalucía, se han concentrado pacíficamente doscientos profesionales entre periodistas, reporteros gráficos, cámaras, técnicos y otros trabajadores de medios, arropados por diferentes representaciones de sindicatos, partidos políticos, colegios profesionales, y distintos colectivos de la sociedad en general.

 Una pancarta con el texto “Sin periodistas no hay periodismo ni democracia” ha presidido el encuentro, que coincidía también con el LXXXI Aniversario de la fundación de la AP-APAL. 

El periodista Pablo Requena, miembro de la coordinadora que ha organizado la convocatoria, ha dado lectura al Manifiesto "Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia", del que se han repartido fotocopias. 

En el texto, se denuncia que “en España coincide este momento con una grave crisis en el sector periodístico,  que se ha traducido en los últimos cuatro años en la pérdida de unos 6.000 empleos, el cierre de decenas de medios, el aumento del intrusismo, la precariedad laboral generalizada y el acoso de los poderes a nuestro trabajo”.

Hoy denunciamos la existencia de contratos de trabajo leoninos y las ofertas de empleo indignas;  la negativa de los gobernantes a asumir públicamente las explicaciones ante los ciudadanos,  practicada reiteradamente con las convocatorias de prensa sin derecho a preguntas o la  utilización política de concesiones de publicidad institucional o de licencias de radio y televisión”, añade el manifiesto.

Y al final un compromiso: “Subrayamos nuestro más firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa y entendemos que la mejor forma de fortalecerla es el ejercicio responsable del periodismo por los periodistas y los editores, basado en el estricto cumplimiento de las normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el rigor profesional”.
 

Otras concentraciones en Andalucía

Alrededor de novecientos periodistas andaluces se han manifestado hoy en las capitales de provincia en defensa de la profesión y de la libertad de prensa, y en protesta por la precariedad laboral, la reducción de las redacciones y las presiones a los medios de comunicación.

Y se han concentrado este jueves, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en las calles de las ciudades de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Almería y Jaén en defensa de la profesión y bajo el lema 'Sin periodistas, no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia'. 

De esta manera, centenares de periodistas han participado en los diferentes actos convocados en Andalucía por las asociaciones de la prensa locales para reivindicar que "no exista más despido ni empleos precarios" en la profesión y "en defensa del periodismo". 

Durante las concentraciones celebradas en las distintas capitales de provincia, a las que hay que sumar la desarrollada el miércoles en Málaga y la que tendrá lugar este viernes en Granada, se ha leído el manifiesto de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 'Sin periodistas, no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia'. 

En concreto, en Huelva, entre 120 y 140 profesionales de los medios onubenses han secundado el llamamiento de la Asociación de la Prensa de Huelva y han acudido a las 12,00 horas a la plaza de las Monjas de la capital para protestar contra la "grave" situación de crisis que atraviesa el sector. 

Por su parte, los periodistas almerienses han vuelto a reivindicar, como lo hicieron el 1 de marzo, junto a la estatua del presidente de la República Nicolás Salmerón en Puerta Purchena, que "sin periodistas, no hay periodismo; sin periodismo, no hay democracia". 

Igualmente, un centenar de profesionales del periodismo se han concentrado Cádiz,  donde recientemente se produjo el cierre de "La Voz de Jerez" y se presentó un ERE en "La Voz de Cádiz", y alrededor de 150 personas en el paseo central del Parque de la Victoria de Jaén. En la capital andaluza, del mismo modo, se han reunido unas 300 personas entre trabajadores del sector y estudiantes bajo el lema 'Sin periodistas, no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia', en defensa de la libertad de expresión y en defensa de la profesión.

Los periodistas han protestado contra la reducción de las redacciones, las rebajas salariales y la "sustitución de periodistas experimentados por becarios o contratados a los que se paga un salario indigno", así como por la existencia de "contratos de trabajo leoninos" en los que se exige la cesión de los derechos de autor y "ofertas de empleo indignas", entre otras cuestiones.

Además, han criticado la aplicación de normas penales "desproporcionadas" contra quienes informan sobre actividades presuntamente ilícitas, los juicios paralelos, "la compra de testimonios y la anulación de la presunción de inocencia".
Durante las concentraciones se ha hecho público el manifiesto de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), al que se ha sumado el Sindicato de Periodistas de Andalucía, y donde se hace un llamamiento a los poderes e instituciones públicas y a la sociedad española en general para que defiendan y promuevan la libertad de prensa, como "garantía imprescindible" del régimen democrático.

El manifiesto recoge la "grave" crisis que atraviesa el sector periodístico en la actualidad, que ha provocado que en los últimos cuatro años "se hayan perdido alrededor de 6.000 empleos, así como el cierre de decenas de medios, el aumento del intrusismo, la precariedad laboral generalizada y el acoso de los poderes a nuestro trabajo". Por otra parte, la Federación de Asociación de Periodistas subraya su compromiso con la defensa de la libertad de prensa, "un pilar fundamental de la democracia y motor imprescindible de la convivencia, el diálogo y el debate cívico".

De otro lado, el manifiesto resalta que la libertad de prensa es "un valor supremo de las democracias que ha de conjugarse con otros derechos individuales; que la mejor manera de fortalecer la libertad de prensa es el ejercicio responsable del periodismo por los periodistas y los editores; o que la libertad de expresión se debilita cuando el periodismo se convierte en una fuente de manipulación, de sensacionalismo, de promoción de odios y prejuicios y de defensa de intereses espurios". 

Igualmente, advierte de que los periodistas tienen "la ineludible exigencia de promover los más altos estándares éticos en el ejercicio diario de la profesión".

"La libertad de prensa es una conquista de nuestra sociedad democrática, pero en los últimos tiempos comprobamos un alarmante aumento de las restricciones, como son las ruedas de prensa sin preguntas, los contenidos enlatados elaborados por los partidos, los bloques electorales y las iniciativas de distintas instituciones de limitar el derecho de información en las coberturas de sus actividades", ha criticado. 

Además, entre otras restricciones, ha apuntado "la reducción de las redacciones, las rebajas salariales y la sustitución de periodistas experimentados por becarios y contratados a los que se paga salarios indignos y que difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes si su puesto de trabajo pende de un hilo; la aplicación de normas penales desproporcionadas contra quienes, en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y expresión, informan sobre actividades presuntamente ilícitas de determinadas autoridades públicas; la aprobación por parte de las instituciones de instrucciones y normas que cercenan la libertad de expresión y el derecho de información; o la existencia de contratos de trabajo leoninos, en los que se exige la cesión total de los derechos de autor, y las ofertas de empleo indignas, algunas de ellas procedentes de medios dirigidos por periodistas".

Por último, el manifiesto avisa de que "la libertad de prensa pierde su fuerza cuando periodistas y medios abandonan las normas éticas y deontológicas y rompen su compromiso con la sociedad de ejercer el control del funcionamiento estatal, de la gestión pública y de la corrupción, esencial en todo sistema democrático".

La manifestación más numerosa se ha producido en Sevilla, donde unos trescientos profesionales del sector han pedido un periodismo "digno, honesto, que defienda la verdad", en palabras del presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez.

Ha destacado que es la profesión con más parados en España de forma porcentual y ha resaltado que todos los portavoces políticos hayan defendido hoy la labor periodística en sus intervenciones en la sesión de investidura de José Antonio Griñán en el Parlamento.

En Málaga ayer se manifestaron medio centenar de periodistas, además de representantes de partidos políticos y de sindicatos, mientras que en Córdoba los asistentes hoy han sido unos treinta.

En Granada, para no hacerla coincidir con la celebración de la fiesta local del Día de la Cruz, la concentración se celebrará mañana, cuando se leerá el manifiesto y se hará una ofrenda floral en recuerdo a los periodistas fallecidos en actos violentos durante el último año.

El PSOE iniciará contactos con PP e IU para articular la personación conjunta en el caso 'Poniente'

ALMERÍA.- El PSOE de El Ejido va a iniciar una "ronda de contactos" con el PP e IULV-CA para ver cómo se puede articular su personación en el caso Poniente', que investiga una presunta trama de corrupción municipal y empresarial bajo la anterior corporación local, y, por tanto, la manera de tener acceso al sumario y a las actuaciones que se practiquen en la causa.

   Así lo ha trasladado el secretario general de la Agrupación municipal de los socialistas ejidenses, Manuel García Quero, después de que la Audiencia Provincial haya confirmado la resolución del juzgado instructor en la que acordó que el PSOE debía ejercer la acción popular con el PP o IU, cuya personación como acusación en la causa por separado sí fue admitida.
   García Quero, quien ha mostrado su disconformidad con la decisión adoptada en su día por la magistrada Montserrat Peña aunque ha descartado que vayan a desistir, ha indicado que la intención es propiciar un acercamiento con ambas formaciones ya que el auto judicial establece que deben participar en el proceso bajo la misma postulación y defensa letrada.
   Ha recordado, sin embargo, que en mayo del pasado año ya contactaron con el PP para poder tener acceso a las partes liberadas del sumario aunque no fructificó. Cabe recordar que aún continúan bajo secreto tres piezas separadas referidas al exalcalde Juan Enciso (PAL), el exinterventor municipal José Alemán y la empresa 'Gestora Ejidense'
   El auto de la Sección Primera desestima el recurso de apelación de 19 integrantes de la Agrupación municipal socialista y rechaza que lo dispuesto por la extitular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería suponga una vulneración de, entre otros, del principio de igualdad y del derecho a una tutela judicial efectiva.
   El tribunal comparte el criterio de que admitir la personación "independiente" del PSOE favorecería "la artificial complejidad en la tramitación de la causa con 33 partes" y estima que se "violentaría el derecho de los acusados a un juicio sin dilaciones indebidas".
   Coincide, asimismo, en que en este caso se dan los supuestos recogidos en jurisprudencia por el Tribunal Constitucional (TC) y Tribunal Supremo (TS) para la acción popular y remarca que es "evidente" que existe "convergencia de intereses" en la acción de los tres partidos políticos ya que --ahonda-- persiguen que se "imparta justicia".
   El sumario de caso 'Poniente', que mantuvo encarcelado durante ocho meses al exregidor tras su detención en octubre de 2009 junto a otras 19 personas, divide la presunta trama de corrupción política y municipal investigada en El Ejido por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública en seis clanes y el grupo Abengoa.
   De este se desprende que las sociedades de los principales implicados facturaron de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada eje de la supuesta trama, con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" al menos 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Señala, asimismo, que los principales imputados constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur.
La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la resolución del juzgado instructor del caso 'Poniente' que investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial con la antigua corporación municipal de El Ejido y ha considerado que tiene un "perfecto encaje legal" la decisión que obliga a PSOE a ejercer la acción popular con el PP o IULV-CA, cuya personación como acusación en la causa por separado sí fue admitida.
   El auto de la Sección Primera desestima el recurso de apelación interpuesto por 19 integrantes de la Agrupación municipal socialista y rechaza que lo dispuesto por la extitular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería suponga una vulneración de, entre otros, del principio de igualdad y del derecho a una tutela judicial efectiva.
   El tribunal comparte el criterio de que admitir la personación "independiente" del PSOE favorecería "la artificial complejidad en la tramitación de la causa con 33 partes" y estima que se "violentaría el derecho de los acusados a un juicio sin dilaciones indebidas". En esta línea, subraya que la desigualdad sólo se produciría si se impidiese que estos "fuesen representados y dirigidos por profesionales libremente designados por ellos".
   Coincide, asimismo, en que en este caso se dan los supuestos recogidos en jurisprudencia por el Tribunal Constitucional (TC) y Tribunal Supremo (TS) para la acción popular y remarca que es "evidente" que existe "convergencia de intereses" en la acción de los tres partidos políticos ya que --ahonda-- persiguen que se "imparta justicia".
   Al hilo de esto, considera la Audiencia Provincial que "existe semejanza" tanto en los "hechos denunciados" como en las "personas contra las que se dirige la acción penal" como presuntos autores y la posible calificación jurídica de las conductas enjuiciadas", lo que sumado a que no se reclaman perjuicios concretos ya que el PSOE "no ostenta la condición de perjudicado por el delito" hace que esté "suficientemente justificada la resolución" del juzgado instructor de acuerdo a lo que dicta el TC. 
   La jueza Montserrat Peña, que se encargó de las diligencias del caso 'Poniente' hasta el pasado mes de septiembre, justificó la decisión de que los socialistas ejerzan la acción popular de forma conjunta con alguna de las dos formaciones políticas ya personadas en la causa bajo una misma postulación y defensa letrada en que es "patente la convergencia de intereses" de PP, IULV-CA y los miembros de la Agrupación municipal del PSOE en El Ejido y en que los tres escritos de personación "son de todo punto coincidentes".
   Remarco, así, en su auto que el proceso penal era "independiente de los intereses y móviles políticos que ello genere extramuros del juzgado" al tiempo que consideró que, si bien "no pueden ser evitados en el contexto de una macrocausa de estas características, tampoco pueden ser auspiciados" por ella "permitiendo así su instrumentalización".

La FEMP propone ceder competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha defendido la pervivencia de los municipios como instituciones políticas, aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las que la asuman.

   Según la FEMP, la supresión de municipios no va a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser respetados como institución política básica", ya que, además, los ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus vecinos".
   No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su entidad política y su estructura administrativa".  
   Por un lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.
   Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y potenciar" los mecanismos adecuados para ello.
   Así figura en un documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, en el que explica su criterio sobre cómo ordenar las competencias de las entidades locales, una aportación al trabajo que realiza el Gobierno para reordenar el sector público español bajo la exigencia de evitar duplicidades y cumplir la premisa de una competencia, una administración.
   En el texto, de nueve folios, se hace un diagnóstico de la situación de las entidades locales y se proponen vías para reconocerles una serie de competencias y una financiación suficiente, en una ley orgánica de obligado cumplimiento.
   La FEMP dice ser "consciente" de que la Constitución "se olvidó de unas de las instituciones básicas de la configuración" del Estado, al no hacerlas "merecedoras de una regulación de carácter orgánico". En el caso de que esto no cambie, y se siga viendo a las entidades locales como las "hermanas pobres" de las instituciones al no dotarles de una ley orgánica que regule sus competencias, pide que se modifique la regulación del conflicto en defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal Constitucional para "relajar los requisitos de legitimidad para su interposición".
   Además, reclama un "pacto político" que comprometa tanto a Estado como a comunidades autónomas a "respetar la configuración que la ley básica establezca y a los principios en los que se fundamenta el sistema", como son autonomía local, descentralización o suficiencia financiera.
   Así pues, considera que las relaciones entre las administraciones públicas deberían basarse en el "principio de lealtad institucional", garantizando la "autonomía local" frente a lo que ve como "posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer desde otros ámbitos, eliminando los controles de conveniencia y oportunidad, que estarán expresamente prohibidos".
   Un ejemplo que pone es que la construcción de infraestructuras de competencia estatal autonómica "no puede conllevar la imposición al ayuntamiento donde se ubique de cargas u obligaciones económicas de ningún tipo que le obliguen, bajo mecanismos de naturaleza coactiva, a confinanciarlas a través de distintas fórmulas".
   En el documento enviado al Gobierno, la FEMP viene a insistir, como lleva haciendo desde anteriores legislaturas, en una financiación adecuada a las competencias de las entidades locales, una condición sin la que, según argumenta, "no estarán obligadas a asumir la competencia ni a prestar los servicios o realizar las actividades que de ella se derivan".
   Para la FEMP, existe una "absoluta desconexión del sistema de financiación con el sistema de competencias" de las corporaciones locales, razón a la que atribuye directamente la "escasez de recursos municipales".
   Así pues, reclama que las leyes que supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal, provincial o insular que mengüe los ingresos de las haciendas locales arbitrarán "medidas de compensación", además de dotar de "carácter incondicionado" a las transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras administraciones públicas".
   Para evitar duplicidades en la prestación de servicios públicos, la FEMP sugiere atenerse a los principios de estabilidad presupuestaria expuestos en la ley aprobada en el Senado la semana pasada, pero también a "mecanismos de colaboración" entre administraciones para, "desde la lealtad institucional, evitar la duplicidad del servicio".
   En cuanto a la concreción de las competencias que, para la FEMP, deben ejercer las entidades locales, el documento explica en una serie de puntos los requisitos para fijar esos servicios y actividades de los que, a su juicio, deben encargarse estas administraciones.
   A su juicio, no existe en la actual Ley de Bases de Régimen Local una "concreción suficiente de las competencias locales", ya que el listado de materias que incluye está "vacío de contenido competencial", lo que ha llevado a la "confusión en la realización de actividades y prestación de servicios".
   Así, propone que una futura ley de bases que sustituya a la actual reconozca la competencia de los municipios para intervenir en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra entidad, además de la inclusión en esa norma de una listado de materias en las que se reconoce un interés local relevante.
   Entre otras, la FEMP considera que deben ser competencia local las materias relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil, tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o padrón municipal.
   También sugiere que las leyes sectoriales estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas, siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los "principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia financiera".
   La FEMP cree que también hay que tener en cuenta las características demográficas, geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer dichas competencias.

El sector turístico español ve un panorama negro en 2012

MADRID.- La patronal turística española Exceltur presentó el jueves un pobre balance de actividad en el primer trimestre y se mostró pesimista respecto a lo que queda del año en el nuevo contexto recesivo de la economía española.

La asociación de empresas del sector explica que, pese a una aportación positiva del 0,1 por ciento del sector al PIB nacional, el 57,3 por ciento de las empresas del sector anunciaron caídas interanuales en su facturación del primer trimestre.
"Los empresarios turísticos españoles esperan un complejo segundo trimestre de 2012, muy marcado principalmente por las débiles expectativas de la demanda española, y un cierto impulso de los viajes de los extranjeros, que empezará a dejarse notar en las zonas de la costa mediterránea, mayoritariamente cerradas en este primer trimestre", dijo la asociación.
La patronal, que destaca los síntomas de recuperación en destinos alternativos como Túnez y ve con preocupación el descenso de turistas italianos, franceses y alemanes, proyecta que el sector restará un 0,3 por ciento al PIB de 2012 frente a la proyección de aportar un 0,2 por ciento realizada a principios de año.
La patronal aprovecha para lanzar un nuevo mensaje al Gobierno instándole a priorizar y acelerar medidas para mejorar la competitividad del primer sector en importancia del país, representando alrededor del 11 por ciento del PIB nacional.

Griñán dará a conocer el nuevo Gobierno andaluz el sábado

SEVILLA.- El recién reelegido presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, ha anunciado que, tras su toma de posesión este sábado, dará a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz, del que formarán parte PSOE e IULV-CA. 

   En unas breves manifestaciones a los periodistas tras abandonar el salón de plenos del Parlamento una vez investido presidente de la Junta en la IX legislatura, Griñán ha señalado que se siente "tranquilo y satisfecho", aunque se ha quejado del "trancazo" que tiene encima y que ha sido notorio, por la voz tomada, durante sus intervenciones en el debate de investidura ayer y hoy.
   El presidente no ha querido avanzar nada sobre el número de consejerías ni los posibles cambios en el nuevo Gobierno andaluz. No obstante sí ha señalado: "el estar IU en el Gobierno ¿le parece poco cambio?".  
   Ha agregado que cuando tome posesión el sábado, la Ejecutiva Regional del PSOE-A, que ha sido convocada ese día, conocerá el nuevo Gobierno y luego los medios de comunicación.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, no ha querido dar "por cerrado" ninguno de los nombres que se manejan para ocupar las distintas consejerías del próximo Gobierno andaluz que presidirá el socialista José Antonio Griñán en coalición con la federación de izquierdas, porque eso, en su opinión, supondría "sustituir al presidente" y ésa "no es su intención". 
"Soy el vicepresidente o puedo serlo, pero nada más", ha apostillado haciéndose eco así de las informaciones que lo sitúan como 'número dos' del nuevo Ejecutivo andaluz.
   En ese sentido, ha anunciado a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, tras concluir la segunda sesión del debate de investidura, del que ha salido reelegido Griñán como presidente de la Junta, que este viernes tanto su formación como el PSOE-A "cerrarán de forma definitiva" todos los temas relativos a la conformación del próximo Gobierno andaluz.
   Las "cuestiones que todavía quedan por cerrar", en este tema, ha explicado, hacen referencia, "sobre todo", a la estructura del Gobierno, que, en opinión de Valderas, Griñán "ya está en condiciones de poder trasladar, en primer lugar, a IU", y a él como representante de dicho partido.
   No obstante, el líder de IU en Andalucía ha querido dejar claro que "los ritmos y los tiempos están bien medidos", porque, a su juicio, es a partir de la investidura cuando el presidente Griñán "tenía que poner encima de la mesa los elementos del Gobierno, su estructura y  determinar qué responsabilidades van a ostentar las dos fuerzas políticas" que lo van a integrar.
   Al hilo de ello, Valderas ha confirmado que este viernes, en el encuentro que mantendrá con Griñán, tendrán que hablar "no sólo de responsabilidades, sino también de las personas que van a estar al frente de cada uno de los departamentos".
   Preguntado por las informaciones publicadas en los medios de comunicación acerca del reparto de consejerías entre el PSOE-A e IULV-CA, y de los nombres de quienes ocuparían cada una de ellas, el coordinador general de la federación de izquierdas no ha querido dar "nada por cerrado" porque no quiere "sustituir al presidente". "Soy el vicepresidente o puedo serlo, pero nada más", ha atajado.

Elección de Griñán

Griñán ha sido reelegido como presidente de la Junta de Andalucía con el apoyo de los 47 diputados del PSOE-A y 11 de los 12 parlamentarios de IULV-CA, frente al voto contrario de los 50 diputados del PP-A, grupo mayoritario en la Cámara en la nueva legislatura. El diputado de IULV-CA por Sevilla y líder del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, finalmente ha declinado participar en la votación argumentando que "no puedo votar a mi candidato", por lo que ha sido contabilizado como nulo.
   Griñán supera de este modo su segundo debate de investidura como presidente de la Junta tres años después de suceder en el cargo a Manuel Chaves y con la novedad del apoyo de IULV-CA, que formará parte de un gobierno de coalición por primera vez en la historia autonómica.
   Una vez completada la sesión de investidura, el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, la comunicará al Rey, a los efectos del consiguiente nombramiento, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   Griñán tomará posesión del cargo el próximo sábado, mientras que su nuevo gabinete --primero de coalición de IULV-CA y cuya composición definitiva puede quedar definida durante el fin de semana-- lo hará previsiblemente el próximo lunes. De esta forma, el primer Consejo de Gobierno podrá celebrarse al día siguiente, el martes día 8.
   A diferencia del antecedente del año 2009, en el que accedió a la Presidencia de la Junta propuesto por Chaves tras su marcha al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Griñán ha logrado la investidura tras haber evitado la mayoría absoluta del PP-A en unas elecciones con claro favoritismo para Javier Arenas y haber fraguado con Diego Valderas un acuerdo inédito con IULV-CA a nivel regional para su entrada en la Junta.
   Con este reelección, Griñán se convertirá en el segundo presidente de la Junta con más tiempo en el cargo si completa su mandato, sólo por detrás de los 19 años de Manuel Chaves, ya que alcanzará los siete años, lo que le permitirá superar a los también socialistas Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, que estuvieron una única legislatura cada uno.
   A punto de cumplir 66 años, este madrileño de nacimiento y andaluz por convicción presidirá el tercer gobierno de coalición de la historia autonómica y primero con IULV-CA en su seno, tras las experiencias de pacto PSOE-PA entre los años 1996 y 2004.
   Nacido en Madrid en 1946, José Antonio Griñán Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla e inspector técnico de Trabajo y Seguridad Social desde 1970. Casado y padre de tres hijos, es autor de diversos estudios sobre empleo y Seguridad Social, está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.
   Al margen de sus tres últimos años en la Presidencia, en la Junta ha sido vicepresidente segundo y máximo responsable económico de abril de 2008 hasta abril de 2009. Durante la VII legislatura autonómica (2004-2008) estuvo al frente de la Consejería de Economía y Hacienda. Con anterioridad fue viceconsejero de Trabajo (1982-1986), viceconsejero de Salud (1986-1987) y consejero de Salud (1990-1991).
   También fue ministro en los gobiernos de Felipe González en las carteras de Sanidad y Consumo (1992-1993) y de Trabajo y Seguridad Social (1993-1996). Durante la presidencia española de la Unión Europea en 1995 ostentó la presidencia del Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales.
   En el ámbito parlamentario español, Griñán fue diputado a Cortes por Córdoba durante las legislaturas V, VI y VII (1993-2004). Dentro del Congreso desempeñó, entre otras funciones, las de portavoz del Grupo Socialista en la Comisión para la Renovación del Pacto de Toledo sobre el sistema de pensiones y en la Comisión de Política Social y Empleo, así como la presidencia de esta última. Actualmente es parlamentario andaluz por Sevilla tras varias legislaturas como diputado por Córdoba.

Bankia y Mare Nostrum, una losa para De Guindos / José Hervás *

Tras la caída de Lehman Brothers, las dificultades de Mare Nostrum podrían suponer un segundo tropiezo para De Guindos


Expertos conocedores del informe íntegro del Fondo Monetario Internacional sobre el sector financiero español dan por hecho que las dos entidades a las que se refería el resumen ejecutivo del organismo internacional, colocado en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad, son, además de la siempre mencionada Bankia, la SIP Mare Nostrum. De ser como dicen algunos expertos vendría a poner en una situación incómoda al ministro de Economía, que fuera consejero de Mare Nostrum y quien ejercía un gran ascendiente sobre las decisiones del todavía presidente del grupo y presidente de Caja Murcia, Carlos Egea Krauel. La solución no parece sencilla. Frente a quienes demandan decisiones rápidas sobre las cajas con problemas para acabar con la incertidumbre internacional sobre el sector, la respuesta de Economía es que el Banco de España no le apoya en las decisiones. 
Ordóñez querría no tener que intervenir ninguna otra entidad antes de agotar su mandato. Total le quedan 15 días. Y la intervención de Bankia o Mare Nostrum supondría el reconocimiento explícito del fracaso de su labor de supervisión. Y de paso un segundo tropiezo sonado de De Guindos. En el propio grupo parlamentario popular, además, algunos reiteran que al día de hoy la reforma financiera sigue sin hacerse o que se trata de una reforma fallida. El objetivo fundamental de la misma, volver a facilitar el crédito a particulares y para que las empresas puedan mantener su actividad, no se ha conseguido.
 
No todos se muestran críticos con De Guindos. Existen algunos que consideran que, pese deberle toda su carrera política y parte de la personal al ex vicepresidente del Gobierno, se han pasado al enemigo, cuestionando incluso la meritoria labor que está desempeñando la Oficina Económica del Gobierno para tratar de encontrar una solución adecuada. 
Lo de solución rápida sería más complicado conseguirlo. Los más de 200.000 millones de activos tóxicos de muy difícil cobro que calculan se mantienen en los balances de los bancos y cajas españoles exigirán más de un quinquenio para ser absorbidos. La sugerencia cada vez más invocada es apelar al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera que entrará en vigor el próximo 1 de julio, pese a que hasta ahora se ha considerado tabú. 
El talón de Aquiles 
En cuanto al grupo Banco Mare Nostrum, Sistema Institucional de Protección (SIP) formado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y la balear Sa Nostra, ya admitía que necesitaba más de 1.000 millones para hacer frente a las nuevas provisiones exigidas por el Gobierno tras aprobarse el pasado 3 de febrero el Real Decreto de reforma del sistema financiero.
En la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BMN cifraba en concreto en 1.039 millones sus necesidades en relación con la cobertura de las provisiones referidas a los activos en riesgo del grupo.
De ellos, 674 millones de euros corresponden a las nuevas exigencias relativas al reforzamiento del capital, mientras que los 256 millones restantes hacen referencia a las provisiones que el grupo debe alcanzar para cubrir así los activos tóxicos vinculados al sector del ladrillo.
Como ha venido siendo habitual desde la promulgación del decreto entre todas las entidades que necesitaban alcanzar los nuevos requisitos, también los gestores de BMN han confiado en que los excedentes redujeran en parte las necesidades de capital. Sus esperanzas se cifraban además en el saneamiento de las cuentas con la siempre socorrida apelación a la optimización de los recursos, el recorte de gastos y otras medidas para mejorar la eficacia de sus activos.
Y por supuesto confían en la prórroga a la que quieren agarrarse como clavo ardiendo si se hacen en la subasta con el Banco de Valencia. 
Las dificultades del grupo para poder cumplir con las nuevas exigencias no son nuevas. Ya hace ahora un año, cuando el Banco de España dio a conocer en marzo del 2011 las necesidades más modestas de recapitalización del grupo, según el plan ideado por Elena Salgado, llegó a hablarse de la renuncia de Carlos Egea que daría paso al prestigioso economista Luis de Guindos. Medios murcianos recordaban entonces que De Guindos era en ese momento consejero de la entidad y hombre muy cercano a Rodrigo Rato, con el que ocupó altos cargos en el Ministerio de Economía durante los gobiernos de Aznar. 
El relevo, decían entonces, tendría ya el visto bueno del propio Banco de España y de la sede central del PP en Génova 13, ante la no objeción del presidente del PP murciano y de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en aras de un entendimiento posible para incorporar a Caja Duero y Caja España, ambas radicadas en Castilla-León, feudo del PP, al banco 'Mare Nostrum'. 
Los directivos de ambas entidades castellanas parecían esgrimir su falta de entendimiento con Egea Krauel para no terminar de rematar un acuerdo y verse obligadas a negociar con 'Unicaja', en la órbita del PSOE. 
Es evidente que se trata de un capítulo no cerrado. Cuando un ministro dice que no descarta que las entidades creen sociedades intermedias para depositar sus activos inmobiliarios, es que ya están en ello. Y será un proceso de más de un día.

(*) Periodista

Reflexiones sobre la Universidad / César García *

Una de las pruebas irrebatibles que se ha hecho imprescindible a la hora de denunciar la falta de calidad de las universidades españolas es la baja clasificación que obtienen en los rankings internacionales, donde siempre aparecen del puesto 200 para arriba. Aunque la metodología que utilizan estos rankings, basada fundamentalmente en la publicación de artículos en revistas académicas de ciencias y tecnología en detrimento de las humanidades o de otros aspectos relacionados con la enseñanza, pueda ser discutible, son una buena orientación. Llorar y lamentarse, como hace la Comisión Europea, de que estos criterios siempre favorecen a las universidades norteamericanas, no sirve de mucho cuando el resto del mundo los sigue a pies juntillas.
Sin embargo, en esta ocasión, me gustaría hablar de otros aspectos que se suelen dejar de lado acerca de la experiencia universitaria en España y que contribuyen activamente a su desprestigio.

El primero de ellos tiene que ver con el escaso interés que tiene como experiencia vital. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, ir a la universidad supone un rito de paso, ya que suele implicar abandonar el hogar paterno y enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana (convivencia con otras personas, sexo, alcohol, trabajo, etcétera) en solitario, en España ir a la universidad apenas supone para una mayoría de estudiantes trasladarse a otro barrio y bajarse en otra parada de autobús o estación de Metro. El resto de las constantes vitales, como seguir viviendo en casa de los padres o salir con los mismos amigos, permanecen inalterables. El riesgo en términos monetarios o coste de oportunidad también es mínimo, ya que los alumnos españoles sólo vienen a pagar el 15% de la matrícula (desde ahora el 30%). Un hieratismo que se traslada a una enseñanza que empieza y termina en el aula y fundamentalmente basada en atender a las explicaciones del profesor, realizar exámenes y quizá escribir algún trabajo.

Esta capacidad de decidir por parte del universitario también se manifiesta dentro del aula, donde la percepción de la autoridad del profesor no liquida la posibilidad de un intercambio de ideas u opiniones acerca de un determinado tema. El estudiante no siente complejo de recoger el guante de una determinada pregunta del profesor en voz alta y existe en general una buena predisposición a embarcarse en el método socrático de búsqueda de la verdad, algo lejano en la universidad española en la que el estudiante protege su libertad marcando distancias con los profesores.

El escaso entusiasmo que en España suscita la experiencia universitaria se agudiza por la inexistencia de un auténtico mercado universitario y la ausencia de competencia entre los centros, ya que los estudiantes no encuentran ningún motivo para ir a una universidad fuera de su ciudad o región, ya que todas ofrecen más o menos lo mismo. Los campus tienen todos más o menos la misma estética y el marketing y la construcción de marca huelgan por su ausencia al tener una clientela cautiva. No deja de llamarme la atención, en una de las universidades con más estudiantes del mundo como es la Complutense, no ver ni una sola sudadera con su logotipo por las calles o que en la facultad de Ciencias de la Información la librería todavía tenga un formato de ventanilla en el que los estudiantes ni siquiera tienen la oportunidad de tener contacto físico con los libros.

La creación de universidades a la puerta de casa ha promovido el localismo hasta niveles inimaginables hace décadas cuando al menos había universitarios que se desplazaban a Madrid, Barcelona u otras ciudades a ampliar horizontes. Este localismo también es favorecido por la disponibilidad de fondos públicos de carácter regional que hacen que el profesorado se centre en no pocas ocasiones en investigaciones de ámbito muy local como requisito para acceder a los mismos.

En Estados Unidos la competencia se manifiesta en varios aspectos fundamentales: la existencia de un mercado de profesores dispuestos a moverse y que pueden contratarse con la misma libertad con la que una empresa contrata a cualquier tipo de empleado; un mercado de estudiantes que buscan recibir la mejor educación posible; y un mercado de empresas y agencias que, en su mayoría con dinero privado, desarrollan actividades investigadores en campos diversos.

Frente al complejo entramado burocrático que requiere la contratación de profesores en la universidad española, la estadounidense se caracteriza por la libre contratación de docentes. Enviar un currículum y unas publicaciones, pasar una serie de entrevistas y realizar una demostración docente son los requisitos para optar a una plaza de profesor en cualquier universidad. La contratación es al 100% realizada a gusto de los departamentos y el porcentaje de doctores que suelen terminar en la misma universidad en la que realizaron el doctorado es mínimo, justo al contrario de lo que sucede en la universidad española donde la endogamia y las relaciones personales siguen poseyendo un alto valor añadido. Mientras que en España la vida universitaria se asemeja a la de un árbol, es decir, nacer, desarrollarse y morir en el mismo sitio, en Estados Unidos el aperturismo genera una dinámica de competencia entre las universidades por contratar a los mejores profesores y entre profesores por realizar los méritos suficientes para trabajar en los mejores centros.

La burocracia afecta fundamentalmente a la función pública, donde la política de ascensos y los plazos están fijados de antemano. Me pregunto qué motivación puede tener un profesor titular de universidad si tiene garantizada una plaza de por vida y unos suplementos salariales que se perciben en función de la antigüedad y con independencia de la calidad de las clases o el número de publicaciones. Es, como casi todo en España, una cuestión de dejar que pase el tiempo. Ello sin entrar en el tema del tipo de incentivos que se ofrecen: las promociones una vez que se tiene la plaza suponen 200 o 300 euros mensuales de diferencia. Al no existir mercado por las altas barreras burocráticas se da la circunstancia de que todos los profesores titulares cobran más o menos lo mismo en cualquier universidad. ¿Se imaginan un profesor laureado de la Universidad de Berkeley cobrando igual que otro en la Universidad estatal de West Virginia?

Al igual que sucede en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación las universidades americanas tratan de ofrecer los mejores productos, es decir, programas más interesantes y la mayor cantidad y calidad de actividades posibles para captar los mejores estudiantes. Es un fenómeno que se retroalimenta y recíproco, cuanto más prestigio tienen los profesores de los departamentos, atraen mejores estudiantes y viceversa. El resultado es una alta capacidad innovadora y gran flexibilidad para adaptar los programas académicos a las necesidades de los estudiantes y de toda la sociedad .

No en vano, en Norteamérica existen multitud de rankings que establecen el prestigio de cada universidad según un conjunto de parámetros como relación calidad-precio, atención al alumno, la calidad del profesorado e incluso la calidad de vida en el campus. A diferencia de España, los universitarios americanos no saben en qué universidad van a terminar después de acabar high school (bachillerato). Lo normal es solicitar plaza en varias universidades al mismo tiempo teniendo como único criterio la calidad y no necesariamente la cercanía a su domicilio. De hecho, toda aquella familia que puede permitírselo suele enviar a sus hijos a estudiar a universidades fuera del área normal de residencia al entender que favorece el crecimiento individual.

Una experiencia vital más rica y un mercado más abierto redundaría en una mayor diversidad de estudiantes y de profesores que elevaría el nivel académico general. España, gracias al idioma, al clima y a la calidad de vida, podría tener opciones de atraer talento académico como sucede en EEUU, donde no siempre el salario es lo más importante para atraer a los mejores profesores. Pero para ello hay que tener el liderazgo necesario para hacer reformas de verdad y no sólo recortes.

(*) César García (Madrid, 1970), doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor de comunicación en la Central Washington University