ALMERÍA.- La vista oral contra la cúpula de la Comunidad de Regantes 'Cuatro
Vegas' de Almería acusada del uso durante tres lustros aguas residuales
para sus cultivos hortofrutícolas "sin tratar adecuadamente", y de
extracciones ilegales en pozos del Medio y Bajo Andarax, arrancará el 29
de enero en la Audiencia Provincial.
El juicio está señalado
en once sesiones que se prevé que se prolonguen hasta el día 12 de
marzo. Son, en total, once los acusados; el presidente de entidad, el
vicepresidente y otros nueve integrantes o ya ex de su junta de
gobierno.
La Fiscalía les atribuye la presunta comisión de
varios delitos medioambientales y un supuesto delito de desobediencia, y
se enfrentan a penas de hasta nueve años y cinco meses de prisión.
Para la vista oral, que se celebrará ante el tribunal de la Sección
Tercera, está programada testifical de varios agentes de la Guardia
Civil, así como las periciales de facultativos de la Unidad Técnica de
la Fiscalía General del Estado, y del Instituto Nacional de Toxicología,
con sede en Sevilla.
El escrito de calificación provisional apunta que las prácticas determinadas por
el órgano de gobierno de la comunidad de regantes supusieron "un grave
riesgo para la salud de las personas", ya que el agua de riego empleada
para cultivar vegetales que se consumen en fresco contenían "bacterias" y
"huevos" de pequeños gusanos que podrían haber provocado enfermedades
entre quienes los ingerían.
El Ministerio Público achaca al
presidente de la entidad dos delitos contra el medio ambiente y uno más
de desobediencia, mientras que para los otros nueve acusados, en función
del momento en el que formaban parte de la directiva, también observa
al menos un delito contra el medio ambiente, toda vez que reclama
distintas multas y la inhabilitación temporal para pertenecer a órganos
de gobierno de comunidades de regantes.
La Fiscalía sostiene
que al menos durante un periodo de 15 años, entre 2001 y 2016, la
Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, a través de su presidente y diez de
sus consejeros en diferentes periodos, habría incumplido
"reiteradamente" su obligación de dar tratamiento terciario de
filtración y desinfección al agua procedente de la estación depuradora
de aguas residuales (EDAR) de Almería, "bien por no aplicar ninguno,
bien por insuficiencia del aplicado", de modo que el agua que se
distribuía para riego "incumplía" los parámetros de la normativa de uso
de aguas residuales.
Fue precisamente a raíz de estos
incumplimientos cuando la Junta de Andalucía acordó el 10 de octubre de
2011 iniciar un procedimiento para suspender el suministro de agua
procedente de la depuradora de El Bobar a la comunidad de regantes ante
"el riesgo para la salud de los ciudadanos", si bien en agosto de 2012
autorizó el acceso a las aguas regeneradas para la "realización de
pruebas de calidad" sin poder usar dichas aguas para uso agrícola.
El fiscal para la protección del medio ambiente observa así que pese a
la medida cautelar que prohibía a la sociedad de regantes usar el agua
de la EDAR con fines de riego, Cuatro Vegas habría procedido a
distribuir agua a sus comuneros entre finales de agosto de 2012 hasta
noviembre de 2014; fecha en la que se autorizó por parte de la Junta el
aprovechamiento de aguas de la EDAR a la Comunidad General de Usuarios
(Cgual), aunque fue la comunidad de Cuatro Vegas la que hizo dicho
aprovechamiento por estar integrada en la comunidad general.
Así, al menos entre agosto de 2012 y junio de 2013, según los cálculos
de la acusación pública, se distribuyeron 5.065.596 metros cúbicos de
agua procedente de la EDAR sin cumplir los requisitos para reutilización
de aguas depuradas; mientras que entre el 11 de noviembre de 2014 y, al
menos, hasta el 27 de abril de 2016, Cuatro Vegas continuó
distribuyendo agua para riego procedente de la edad "incumpliendo
reiteradamente el tratamiento terciario al que estaba obligada".
El suministro de agua para el riego de las fincas de cultivo de la
zona, donde predomina la plantación de tomate, supuso "un grave riesgo
para la salud de las personas" ya que estas aguas contenían "bacterias y
huevos de nematodos intestinales" que pueden producir un "peligro
biológico de origen alimentario" y, por consiguiente, enfermedades
relacionadas con la ingesta de alimentos contaminados con materia fecal.
Según el análisis del fiscal, las aguas presentaban "contaminación
con amonio que las clasifica de muy mala calidad ecológica, suponiendo
un riesgo grave para los ecosistemas que pueden verse afectados además
de un grave riesgo para la salud de las personas por consumo de
vegetales regados con estas aguas".
A partir del año 2000, la comunidad de regante decidió ampliar la
superficie regable autorizada por la Confederación Hidrográfica del Sur,
para lo que comenzó a suscribir convenios de concesiones de agua con
propietarios de pozos de aguas subterráneas "sin autorización del
organismo de la cuenca", según expone la Fiscalía, que señala que el
agua de dichos pozos era considerada "mala" y además correspondía a
acuíferos "sobreexplotados".
Entre 2002 y 2016, a través de su
presidente y los miembros de la junta de gobierno, Cuatro Vegas habría
comprado agua de al menos cinco pozos que "no tenían autorización o
concesión", así como de otro más que sí tenía autorización pero
"extrayendo agua con exceso de volumen permitido"; todo ello pese a
encontrarse estos pozos en masa de agua calificada como "mala" por el
Plan Hidrológico Nacional.
De este modo, la Comunidad de
Regantes Cuatro Vegas, que "no tiene ningún aprovechamiento de aguas
subterráneas", habría extraído 4.243.770 metros cúbicos de agua de pozos
que "carecen de título de aprovechamiento de agua" y, por tanto, no
están autorizados para extraer agua subterránea.
Del pozo que
sí contaba con autorización, la Fiscalía estima que se extrajeron unos
255.931,5 metros cúbicos de agua al año entre mayo de 2006 y diciembre
de 2014 cuando el permiso concedido limitaba dicha cantidad a los 14.000
metros cúbicos anuales de agua.
Todos los pozos citados
corresponden a la masa de agua subterránea denominada 'Medio-Bajo
Andarax' que, conforme al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas, se encuentran "en mal estado, siendo su estado químico y su
estado cuantitativo malo".
La Fiscalía estima que la compra y
extracción de agua por Cuatro Vegas tuvo "efectos ambientales negativos"
al haber sacado agua de una masa "sobreexplotado", lo que ha derivado
en un "riesgo ambiental significativo" ya que "ha favorecido la rotura
del balance hídrico y la generación de problemas a la masa de agua" que
implica la "pérdida de la calidad" del recuso ante procesos de intrusión
marina, la disminución del volumen de agua que reduce su capacidad de
depuración y la alteración de los ecosistemas asociados al agua
subterránea.
Por todo ello, además de las penas privativas de
libertad y las multas económicas interesa que los acusados y
solidariamente la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas realice las obras
de restauración encaminadas a restablecer, en la medida de lo posible,
el equilibrio ecológico en los términos que señale la Consejería de
Medio Ambiente, de modo que, de no efectuarlas, indemnice a la Junta en
la cantidad que se determine en ejecución de sentencia correspondiente
al coste de reposición medioambiental de los terrenos y acuíferos
afectados.