SEVILLA.- La inversión en obra pública en Andalucía alcanzó en 2025
los 4.514,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 23% con
respecto al ejercicio anterior y el volumen más alto registrado desde
2009, según el balance anual de adjudicaciones realizado por CEACOP, la
patronal andaluza del sector.
La cifra económica supera la media anual de 4.300 millones que se
registró entre 2006 y 2009, uno de los periodos de mayor actividad de la
obra pública en la comunidad autónoma. No obstante, si se tiene en
cuenta el efecto de la inflación, la partida actual todavía se encuentra
en torno a un 40% por debajo de los niveles reales de aquellos años.
En
conjunto, la inversión media en el último lustro se sitúa en unos 3.800
millones de euros anuales, también lejos de los volúmenes previos a la
crisis financiera.
El análisis territorial de las adjudicaciones muestra importantes
diferencias entre provincias. Málaga encabeza claramente el ranking de
inversión en obra pública en 2025 con 1.347 millones de euros (casi el
30% del total), un volumen que está muy por encima del resto y que
contrasta con las bajas cifras que obtuvo en 2024, con apenas 400
millones.
El fuerte repunte está impulsado principalmente por la
construcción de un nuevo hospital por parte de la Junta, además de la
elevada actividad inversora del Gobierno central y de los ayuntamientos
de la provincia.
A considerable distancia se sitúa Sevilla, con 783 millones de euros,
donde destacan tanto las actuaciones del Estado —especialmente en
infraestructuras de transporte— como la fuerte inversión municipal. El
podio lo completa Granada con 545 millones, seguida por Almería y Huelva
con 403,5 y 395,5 millones, respectivamente.
En los tres últimos
puestos aparecen Cádiz (372,7 millones); Córdoba (336,8 millones); y
Jaén, que ocupa el final de la tabla con 201 millones.
De esta manera, la provincia almeriense es una de las tres que sufre
una rebaja de la inversión, en su caso del 7% hasta los 403,5 millones
de euros, lejos, no obstante, de los recortes en Sevilla (41%) y Jaén
(28%). Su retroceso procede tanto del Gobierno como de la Junta de
Andalucía.
En el primer caso, el esfuerzo inversor cae un 38% al pasar
de 241 a 150,4 millones; en el segundo lo hace un 23% al quedarse en
60,7 millones.
En el otro lado de la balanza, los ayuntamientos disparan
su gasto un 104% hasta 148,6 millones, mientras que la Diputación lo
mantiene estable en 37 millones y las universidades mejoran hasta 2,4
millones.
Si se analiza la inversión por habitante, la media en Andalucía
alcanza los 520 euros, lo que supone un incremento del 26% respecto a
2024. Málaga y Huelva ofrecen los guarismos más elevados, con 752 y 734
euros, seguidas por Granada (576 euros) y Almería (524 euros). Ya por
debajo de la media se encuentran las cuatro restantes: Córdoba (436
euros); Sevilla (396 euros); Jaén (325 euros); y Cádiz, con 295 euros.
De esta manera, la provincia almeriense presenta una inversión per
capita prácticamente idéntica a la media regional tras el retroceso
experimentado con respecto a 2024, cuando contabilizó 562 euros.
En el conjunto de Andalucía, el Estado vuelve a situarse como el
principal inversor con 1.523,7 millones de euros adjudicados en 2025, lo
que supone un incremento del 12,3% respecto al año anterior.
En segundo lugar, aparecen los ayuntamientos, que registran la mayor
subida porcentual tras alcanzar los 1.382,4 millones de euros, casi un
50% más que en 2024. Por su parte, la Junta de Andalucía adjudicó
1.375,2 millones de euros, lo que se traduce en un repunte interanual
del 20,8%.
El ranking se completa con las diputaciones provinciales (169
millones) y las universidades, con 22,6 millones. En ambos casos,
registran caídas en comparación al año anterior, con descensos del 3% y
42%, respectivamente.
En cuanto a la participación de las empresas andaluzas, el balance
vuelve a ser negativo pues solo acaparan el 48% del montante total, es
decir, 2 puntos porcentuales menos que en el ejercicio previo y la cifra
más baja desde 2014.
Según CEACOP, “es inconcebible que, por primera vez en la última
década, ni siquiera se haya logrado superar el umbral del 50%, cuando
las compañías andaluzas del sector vienen demostrando desde hace años su
alto potencial tanto dentro como fuera de España. Nuestro objetivo es
llegar al 65%, un porcentaje que no solo es acorde a su capacidad, sino
que es necesario para consolidar el tejido empresarial regional
vinculado a la obra pública”.
La participación varía de forma notable según la administración
contratante. Así, mientras que en el ámbito local las firmas andaluzas
tienen un papel predominante - logran el 72% de las adjudicaciones de
los ayuntamientos y el 82% en las diputaciones-, su peso disminuye en
otras administraciones, situándose en el 43,4% en la Junta de Andalucía y
reduciéndose hasta el 25% en el caso del Gobierno central.
En este sentido, CEACOP expresa su “decepción” por la baja
participación de empresas andaluzas en las obras impulsadas por el
Ejecutivo central. Y es que, de sus 1.523 millones de euros, solo 382,7
millones correspondieron a estas compañías, lo que supone apenas una
cuarta parte del total.
La patronal considera que esta situación refleja
las dificultades de las firmas de la comunidad para acceder a las obras
estatales, que continúan concentrándose principalmente en grandes
grupos nacionales.
Dentro de la Administración General del Estado, el Ministerio de
Transportes concentra la mayor parte de la inversión, con 1.229 millones
de euros, destacando especialmente las actuaciones de ADIF, que ha
incrementado notablemente su actividad en Andalucía.
Finalmente, CEACOP también advierte del creciente uso de medios
propios de las administraciones, como Tragsa, Tragsatec o Ineco. En
2025, los encargos directos a estas empresas públicas alcanzaron 454
millones de euros en Andalucía, de los cuales casi 300 millones
corresponden a la Junta, es decir, dos tercios del total.
Según el secretario general de la patronal, Arturo Coloma, esta
práctica supone retirar una parte relevante de la contratación pública
del mercado, lo que reduce la competencia y limita las oportunidades de
las empresas privadas del sector.
