viernes, 16 de diciembre de 2011

El ministro Blanco espera que tomar "decisiones difíciles" lleve al PP a reconocer a Zapatero

MADRID.- El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, ha confiado en que las "decisiones difíciles" que tendrá que tomar próximo Ejecutivo de Mariano Rajoy sirvan a los 'populares' para "hacer propósito de enmienda" y para "reconocer el  trabajo" de José Luis Rodríguez Zapatero.

   Blanco no ha querido evaluar qué decisiones tendrá que tomar el próximo Gobierno, aunque ha reconocido que "sin lugar a dudas" habrá decisiones difíciles para responder a los desafíos" que afronta España.
"Espero que esto sirva para hacer propósito de enmienda, cada uno el que tenga que hacer, y para reconocer el trabajo que hizo el presidente del Gobierno de España cuando tuvo que afrontar decisiones difíciles, muy criticadas por parte de quien ahora tienen que tomar también decisiones difíciles", ha remachado.
   En su última rueda de prensa después de un Consejo de Ministros, ha dicho desear "de verdad" que se abra "una etapa caracterizada por la responsabilidad" y por afrontar los desafíos "desde la fortaleza". Como ciudadano, se ha declarado "ansioso" por conocer con las iniciativas y el "ritmo" que va a marcar el nuevo Gobierno, y ha confiado en que al menos una parte de ellas las desvele Rajoy el lunes y el martes en el debate de investidura.
   Según Blanco, la jornada del último Consejo de Ministros de Zapatero ha estado marcada para todo el Ejecutivo "por el honor y por la emoción" y también lo ha estado toda su tarea de Gobierno. El ministro portavoz ha subrayado que "todos los días" el Gobierno ha "antepuesto el bien común a cualquier interés parcial" y que ha tratado de afrontar las dificultades con  "honestidad" y con toda su inteligencia y sensibilidad.
   Es más, se ha mostrado convencido de que "la adversidad sería hoy mayor, mucho mayor, sin el esfuerzo de quienes durante todo este tiempo han dado lo mejor de sí para estar al servicio de los demás". Por eso, ha reiterado que la labor del Gobierno y de su presidente "ganará peso" a medida que pase el tiempo.
   Pese a la insistencia de los periodistas, se ha negado a hacer un balance de los ocho años de gobierno de Zapatero, argumentando que el balance ya lo hizo éste cuando convocó las elecciones. Así, no ha querido hablar de cuáles han sido a su juicio los errores de este Ejecutivo para no "dar el gustazo" de protagonizar mañana titulares del tipo "el Gobierno admite errores".
   Así, se ha limitado a decir que el "debe" de su balance ya se vio el 20N, "cuando los ciudadanos expresaron su voto en las urnas" y que ahora es momento de "traspaso de poderes". Corresponde a los partidos políticos, ha añadido, analizar los errores y los aciertos y marcar sus "ambiciones" para el futuro.
   En cambio, finalmente sí ha accedido a mencionar dos "aciertos", uno de ellos la reforma de la Constitución para plasmar en ella el principio de estabilidad presupuestaria. A su juicio, con la perspectiva del tiempo se verá que la reforma, tan criticada en su momento, fue "apropiada" y "evitó males mayores". Incluso ha opinado que todos los países de la UE caminan "inexorablemente" hacia reformas similares.
   En segundo lugar -arrimando el ascua a su sardina, en sus propias palabras--, ha mencionado como "acierto" y como ejemplo de decisión y eficiencia de la que se siente "orgulloso" la reforma del control aéreo, una reforma que derivó en una protesta del sector que llevó a la primera declaración de estado de alarma en democracia. Esa reforma, ha defendido Blanco, permitió rebajar en un 50 por ciento los costes y en un 15 por ciento las tasas y adelantar la fecha de previsión de entrada en beneficios de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) desde 2016 hasta 2011.
   Por otro lado, ha calificado de "modélico" el traspaso de poderes entre el Ejecutivo en funciones y el próximo equipo del PP. Según Blanco, el Gobierno de Zapatero ha actuado con una "transparencia" que se basa en sus "convicciones democráticas" y, a su modo de ver, sería bueno que estas "pautas" se consolidasen para futuros traspasos de poderes.
   En este traspaso de poderes ha enmarcado la reunión que están manteniendo en la Moncloa Zapatero y Rajoy pero, aunque ha dicho tener alguna "intuición", no ha facilitado detalles puesto que se estaba produciendo.
   El portavoz del Gobierno ha aprovechado su última rueda de prensa tras el Consejo para agradecer "el sentido de Estado de todas las personas que han respaldado, colaborado o trabajado con el Gobierno de España" y les ha deseado "lo mejor", igual que al futuro Ejecutivo.
   También ha tenido palabras de agradecimiento y reconocimiento para los periodistas por su trabajo el clima "cordial" de sus comparecencias de los viernes. Blanco ha ejercido como portavoz del Ejecutivo desde el pasado julio y, según sus palabras, ha tratado de ser "cercano y sincero".

Zapatero y Rajoy centran en la economía su última reunión en La Moncloa

MADRID.- El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, y el que será su sucesor en Moncloa, Mariano Rajoy, se han reunido este viernes durante algo menos de dos horas para repasar, entre otros asuntos, algunas cuestiones económicas que quería precisar Rajoy, según fuentes gubernamentales.

   La reunión, que ha comenzado a las 12.30 horas, ha durado algo menos de dos horas --tanto Zapatero como Rajoy tenían almuerzos posteriores concertados-- y ha transcurrido en un ambiente "cordial". Ni el Gobierno ni el PP han facilitado más información de un encuentro, previsiblemente el último con Zapatero en la Moncloa, en el que ambos han aprovechado para abordar asuntos con discreción.
   Este es el segundo encuentro entre ambos dirigentes del que se tiene constancia pública después de las elecciones del 20N, después de una primera reunión que celebraron el 23 de noviembre y de múltiples conversaciones telefónicas, entre otras cosas para acordar la posición española en el Consejo Europeo de la semana pasada.
   Además, Rajoy ha dejado clara su intención de mantener los contactos con el presidente del Gobierno saliente, José Luis Rodríguez Zapatero, incluso después de su toma de posesión. En declaraciones a los periodistas el jueves tras reunirse con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, Rajoy reconoció que, al margen del encuentro de este viernes, tiene "interés" en seguir hablando con él "porque habrá cosas que sin duda" tendrá que preguntarle. Por tanto, esta entrevista "no es el final de nada", remachó.
   Con esta reunión culmina el traspaso de poderes entre el Gobierno socialista y el próximo Ejecutivo del PP, un traspaso que el portavoz en funciones, José Blanco ha calificado de "modélico" y "transparente", acorde con las "convicciones democráticas" del Ejecutivo saliente. Incluso ha deseado que las pautas que se han seguido se consoliden para el futuro
   Esta reunión se ha producido tres días antes de que de comienzo la sesión de investidura de Mariano Rajoy y también después los cinco días de encuentros que mantuvieron los equipos de Gobierno y PP, liderados por Ramón Jáuregui y Soraya Sáez de Santamaría, y de toda la información que el Ejecutivo en funciones ha trasladado al PP con posterioridad mediante informes que han realizado los distintos ministerios.

La deuda de las CC.AA. crece un 22% y supone el 12,6% del PIB

MADRID.- La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 22% en el tercer trimestre de 2011, hasta registrar 135.151 millones de euros (el 12,6% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.
  
   Los datos muestran que desde el año 1995 el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.
   La deuda total de las Administraciones Públicas aumentó un 14,8% en el tercer trimestre al situarse en 706.340 millones de euros, lo que supone el 66% del PIB.
   La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda entre julio y septiembre fue nuevamente Cataluña, con 39.268 millones de euros, cantidad que representa el 29,05% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.
   Después de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (20.469 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 15.191 millones de euros. Entre las tres acumulan el 55,44% del total del endeudamiento regional.
   A continuación, figuran Andalucía (13.738 millones de euros), Galicia (6.971 millones), Castilla-La Mancha (6.612 millones), País Vasco (5.355 millones), Castilla y León (5.090 millones de euros), Baleares (4.501 millones), Canarias (3.419 millones), Aragón (3.388 millones) y Murcia (2.759 millones).
   Completan la lista Navarra (2.075 millones), Asturias (2.042 millones), Extremadura (2.011 millones), Cantabria (1.329 millones) y La Rioja (933 millones).
   En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año. Los incrementos más destacados se localizaron en Asturias (45,1%), Cantabria (+43,6%), Castilla y León (39%), Extremadura (38%) y Murcia (36,8%). 
   Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana volvió a situarse en el segundo trimestre a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 19,9% de su PIB, seguida de Cataluña (19,7%), Castilla-La Mancha (18,3%) y Baleares (16,8%), todas ellas por encima de la media (12,6%).
   Los porcentajes son menores en Galicia (12,4%), La Rioja (11,8%), Navarra (11,1%), Extremadura (11%), Aragón (10,3%), Murcia (10%), Cantabria (9,7%), Andalucía (9,5%), Asturias (8,8%), Castilla y León (8,8%) Canarias (8,2%), País Vasco (7,9%) y Madrid (7,9%).
   Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 36.701 millones de euros en el tercer trimestre, el equivalente al 3,4% del PIB, lo que representa un aumento del 1,3%.
   Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.090 millones) corresponde a los ayuntamientos, con una caída del 0,12%, y de esta cifra, 14.726 millones pertenecen a capitales de provincia.
   La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.810 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,51%.
   Destaca, sobre todo, el incremento del 37,4% de la deuda del consistorio de Barcelona, que sumó 1.091 millones de euros. La deuda del Ayuntamiento de Madrid (6.891 millones) descendió un 3,4% durante el tercer trimestre, aunque es casi siete veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona.

Almería gana un 1% de población

MADRID.- La población empadronada en España asciende a 47.190.493 personas a 1 de enero de 2011, según las cifras de población declaradas oficiales este viernes por un Real Decreto aprobado durante el último Consejo de Ministros del Gobierno socialista. 

   En su última comparecencia como portavoz del Ejecutivo en funciones, el aún ministro de Fomento, José Blanco, ha explicado que, tras revisar los datos del Padrón Municipal, se ha registrado un crecimiento de la población empadronada del 0,4 por ciento en el último año, lo que implica un total de 169.462 personas más.
   Por comunidades autónomas, las que más han crecido son Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra, con un incremento del 0,8 por ciento. Por encima de la media también han aumentado las poblaciones empadronadas en Baleares y Murcia con un 0,6 por ciento y Madrid, que creció un 0,5 por ciento en el último año.
   Con todo, los mayores crecimientos fueron los experimentados en la población empadronada en Ceuta y Melilla, donde la estadística oficial arroja un aumento del 2,2 y el 3,2 por ciento, respectivamente.
   También registran incrementos, aunque menores, Cataluña (0,4%); País Vasco (0,3%), Extremadura y La Rioja (0,2%); y Cantabria y la Comunidad Valenciana (0,1%).
   Por el contrario, Asturias pierde al 0,3 por ciento de su población y en Aragón, Cantabria y Galicia los empadronados se reducen un 0,1 por ciento. La población en Castilla y León no sufre variaciones.
   Atendiendo a las provincias, la que ha registrado una mayor variación este año en términos relativos es Guadalajara, donde la población empadronada aumentó un 1,9 por ciento. Le sigue Toledo, con un incremento del 1,3 por ciento y Málaga y Almería, con un uno por ciento más en cada una. Las que más población han perdido son Lugo y Orense, con un 0,6 por ciento menos.
   Las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles serán difundidas por el Instituto Nacional de Estadística, una vez que el Real Decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, según ha informado el Gobierno.

Zapatero ingresará cerca de 150.000 euros una vez deje el ejecutivo

MADRID.- El presidente en funciones del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ingresará cerca de 150.000 euros anuales una vez que deje la jefatura del Ejecutivo, entre el sueldo del Consejo de Estado y la asignación que le corresponde como expresidente.

   Zapatero aún no ha pedido el ingreso en el Consejo de Estado porque para hacerlo primero tiene que adquirir la condición de expresidente y eso se producirá el próximo día 21 de diciembre, una vez que se haya producido la sesión de investidura de Mariano Rajoy en el Parlamento y la jura de su cargo ante el Rey don Juan Carlos.
   No obstante, éste tiene previsto incorporarse al Consejo de Estado tal y como prevé el artículo 8 de la ley del citado Consejo, donde dice que podrán incorprarse con la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio quienes "hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno".
   El estatuto personal y económico por esta actividad será el que tienen los consejeros permanentes, sin perjuicio del que les corresponda como ex presidentes del Gobierno. Por ello, Zapatero ingresará por ser miembro nato del Consejo de Estado 72.800 euros, según reza en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 que, al no haber otro presupuesto para 2012, quedarían automáticamente prorrogados salvo que se incluyan modificaciones vía decreto ley.
   Fue precisamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien realizó la modificación de la Ley del Consejo de Estado para que tuvieran cabida en él los expresidentes del Ejecutivo. De hecho, José María Aznar fue quien estrenó esta Ley siendo el primer expresidente que perteneció al citado órgano consultivo del Estado. Sin embargo, dejó el puesto por la incompatibilidad que suponía su incorporación al Grupo Murdoch.
   Cuando Zapatero solicite la incorporación al Consejo de Estado, esta tendrá que ser analizada por la Comisión Permanente, que se reúne habitualmente los jueves, con el objetivo de comprobar que no existe causa de incompatibilidad. Una vez superado este trámite, será nombrado y deberá tomar posesión en el Pleno del Consejo.
   El Consejo de Estado cuenta con tres órganos, la Comisión Permanente, la de Estudios y el Pleno. Los expresidentes se incorporan a este último, que analiza sólo algunos de los asuntos de los que informa el órgano consultivo y se reúne una vez al mes.
   Además, Zapatero contará con otros ingresos, la asignación que le corresponde como expresidente del Gobierno que está en el entorno de los 74.000 euros brutos. Por lo tanto, los ingresos totales serán de 146.800 euros brutos anuales.
   Su intención es ocupar su despacho de la Fundación Ideas, de la que es presidente, situada en la calle Gobelas de Madrid, a donde se llevará al actual director adjunto de su gabinete, José Miguel Vidal Zapatero, que es además primo suyo y también contará con una secretaria.

Competencia multa a Asaja, COAG y Alhóndigas de Almería por pactar precios

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 238.446 euros a Asaja, COAG y Alhóndigas de Almería por acordar el establecimiento de precios mínimos de algunas variedades de pimiento, calabacín, pepino, berenjena y tomate, según ha informado este jueves en un comunicado.

En concreto, este organismo ha sancionado a COAG con una multa de 29.662 euros, a Asaja, con 25.570 euros, y a las Alhóndigas, con 183.214 euros, en los tres casos en su representación provincial.
La CNC ha explicado que el expediente sancionador se inició tras unas informaciones periodísticas sobre la posible existencia en el sector hortofrutícola de Almería de un acuerdo de fijación de precios mínimos y de una mesa de trabajo para regular su variación.
En este sentido, este organismo ha considerado acreditado que Asaja y COAG Almería acordaron iniciar un proceso de unidad de acción para realizar acciones en defensa de varias reivindicaciones, entre las que se encontraban la adopción de medidas sobre los precios de los productos agrícolas.
Además, anunciaron la futura constitución de una mesa de trabajo a la que tenían previsto invitar a los representantes del comercio para realizar el seguimiento de la evolución de los precios en origen y adoptar las medidas oportunas.
Plasmaron todas estas cuestiones en un documento llamado 'Acuerdo de unidad de acción sindical entre Asaja-Almería y COAG-Almería, en relación con la crisis del sector hortofrutícola de la provincia'.
Posteriormente, se repartió un 'Documento de acuerdo de precios de productos hortícolas', en el que recogían un principio de acuerdo para que los agricultores se adhirieran a un sistema de precios recomendados, comprometiéndose a no vender por debajo de determinados niveles que se irían acordando y fijando unos mínimos de partida para ciertos productos hortofrutícolas.
Este texto recogía, además, la obligación de reflejar los precios mínimos acordados en todos los albaranes de entrada o facturas.
En el caso de las alhóndigas, Competencia ha apuntado que no participó inicialmente en el acuerdo pero se adhirió dos días después de forma pública a través de una nota de prensa.
En su Resolución, el Consejo de la CNC concluye que las conductas analizadas constituyen un acuerdo horizontal de fijación de precios mínimos, contrario a la Ley de Defensa de la Competencia y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La CNC ha aclarado que no se opone a que las organizaciones agrarias alcancen acuerdos de acción conjunta, pero "no puede aceptar que, bajo el título de acción sindical, se amparen conductas contrarias a las normas de competencia, como es el caso de los acuerdos de fijación de precios mínimos, que exceden los límites de una acción sindical legítima".
Ha recordado, además, que este tipo de acuerdos sobre precios mínimos "no se ha mostrado eficaz para resolver los problemas, ni permite asegurar el objetivo buscado de una renta justa para los agricultores".

El juez rechaza suspender el contencioso en el que Elsur reclama 89,2 millones al Ayuntamiento ejidense

ALMERÍA.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Almería ha rechazado la suspensión del procedimiento en el que la Empresa Mixta de Servicios Municipales SL (Elsur) de El Ejido reclama 89,2 millones de euros al Ayuntamiento al considerar que no resulta "imprescindible" esperar a que se dicte sentencia en el caso 'Poniente' que se investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a Elsur para decidir si se le debe abonar o no la citada cantidad por obras realizadas en el municipio.

   En una providencia el magistrado Jesús Rivera desestima por segunda vez la pretensión del Consistorio ejidense, que alega que, según se desprende de lo instruido hasta ahora en la causa penal, las subcontratas a las que la empresa mixta encomendó los trabajos cuyo pago reclama "facturaron a precios desorbitados estos servicios mediante prácticas supuestamente fraudulentas".
   La citada resolución, que se remite al primer auto dictado en septiembre para declarar que no existe prejudicialidad penal en este caso, reitera que determinar si procede o no el abono de los 89,2 millones de euros que Elsur reclama al Ayuntamiento es una "cuestión compleja" que exige el planteamiento de "una cuestión prejudicial devolutiva" y, en definitiva, exige "un pronunciamiento previo de la jurisdicción contencioso-administrativa".
   Añade el magistrado Rivera que es "indudable" que el pronunciamiento penal --en alusión al caso 'Poniente' que instruye el Juzgado número 2 de Almería-- no resulta "en modo alguno imprescindible" para el "control jurisdiccional" de la resolución por la que el Consistorio denegó por silencio administrativo el pago de la cantidad que demanda la empresa mixta y, por tanto, declara que no ha lugar suspender el proceso incoado en 2010.
   En su primer escrito, el Ayuntamiento ejidense señaló que el caso 'Poniente' condicionaba el resultado de del procedimiento contencioso-administrativo y argumentó que podría haberse dado una "sobrefacturación" por parte de Elsur con respecto a canon de "al menos 10 millones de euros", cuantía que podría ser "superior" como consecuencia de "otras tipo de prácticas irregulares por parte de las subcontratas, como pagos simulados a empresas del mismo grupo o grupos afines, o gastos simulados no imputables a la explotación".
   En esta línea, subrayó que si, finalmente, existiese alguna responsabilidad penal por los hechos que investiga el caso 'Poniente', esta "tendría una influencia decisiva" para dirimir la procedencia del pago de la cantidad reclamada, lo que "no es independiente de que sean responsables desde el punto de vista penal las personas que ha dirigido la empresa mixta".
   Tras la primera desestimación, en la que el magistrado Rivera reprochó por "no serio" que se pidiese la suspensión "sobre noticias aparecidas en medios de comunicación", el alcalde ejidense, Francisco Góngora, anunció que volvería a pedir la prejudicialidad penal una vez el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería aceptase la personación del Consistorio como acusación particular.
   La personación del Ayuntamiento de El Ejido en el caso, por el que están imputados entre otros el exregidor ejidense Juan Enciso (PAL) y el exinterventor municipal, José Alemán, y se indaga en la actuación de los grupos empresariales Amate, Galán y Abengoa, fue aceptada a finales de octubre.
   El magistrado instructor consideró que el Consistorio es parte "perjudicada" en los delitos que se investigan en las diligencias previas incoadas por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
   La Fiscalía también señaló que su condición de parte perjudicada ya que la presunta malversación que se investiga podría hacer referencia a dinero de las arcas públicas ejidenses y subrayó que procedía la personación ya que ninguno de los actuales responsables de la corporación local está imputado en la causa.

La Sudelegación dice que la Oficina de Extranjería renueva el 90% de permisos de residencia

ALMERÍA.- La Subdelegación del Gobierno central en Almería ha indicado este jueves que la Oficina de Extranjería renueva "el 90 por ciento" de los permisos de trabajo y residencia que se tramitan y ha trasladado que existe una "disposición absoluta" a escuchar planteamientos y demandas que "contribuyan a mejorar el funcionamiento" de este órgano.

   En un comunicado, la administración ha hecho referencia a las críticas de una treintena de colectivos entre asociaciones, partidos, sindicatos y ONG que han convocado una protesta este domingo ante lo que consideran actuaciones "abusivas, injustas y caóticas" con "miles de personas emigradas" que residen en la provincia por la "denegación masiva" de permisos.
   Según los datos facilitados por la Oficina de Extranjería, en 2010 se extingueron 168 autorizaciones y se concedieron más de 1.700 permisos por arraigo mientras que en este año 2011 los permisos extinguidos son de 120 frente a 1.270 autorizaciones de arraigo social concedida, lo que, ha remarcado, "no debe calificarse de masiva".
   La Subdelegación ha trasladado, asimismo, su "desacuerdo" con la demora en la tramitación que han criticado los colectivos, que aseguran que se eleva a 18 meses, y ha señalado que la resolución de los expedientes por arraigo social está "prácticamente al día" salvo, matiza, lo que han entrado a partir de agosto de 2011 tras la puesta en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería.
   Así, ha remarcado que la demora media no supera el plazo de resolución de unos cuatro meses y ha resaltado que, a pesar del importante volumen de expedientes, se ha realizado "en los últimos tiempos un esfuerzo muy importante para disminuir los plazos de resolución de los  mismos, tal y como muchos profesionales que trabajan en este ámbito han reconocido a esta Subdelegación". "Actualmente la media de resolución de los expedientes, sin contar los de arraigo social, está en 45 días", ha puntualizado.
   En cuanto al tiempo que transcurre desde la petición de la cita para obtener el NIE o el certificado de comunitario, hasta que se comparece para realizar el trámite, la espera media para cita se sitúa actualmente en torno a los 20 días naturales, han añadido.
   Desde la Subdelegación se ha trasladado, asimismo, que, a principios de verano, se creó una comisión técnica con algunas de las organizaciones que han convocado la manifestación a raíz de una reunión "con el objeto de conocer sus demandas y mejorar el funcionamiento del trabajo en común". La citada comisión, ha especificado, "ha podido tratar cuestiones de carácter general y casos individuales, prueba evidente de que existe una disposición absoluta a escuchar todo los planteamientos".  
  Por otra parte, ha reiterado el "importante esfuerzo" de la administración para eliminar las colas en la Oficina de Extranjería con la puesta en funcionamiento en 2007 de un inmueble "adecuado, que proporciona un trato más digno a todos los que solicitan cualquier tipo de trámite". Así, han apuntado, que durante el primer semestre se ha atendido a una media diaria de 708 personas en la Oficina de Extranjería.
   "El número de extranjeros en nuestra provincia es muy importante en términos absolutos y relativos, por lo que su atención e integración dentro del marco normativo existente es objetivo prioritario. Ello exige, en primer lugar, que los extranjeros tengan un contrato de trabajo real y efectivo para poder obtener la autorización correspondiente al tiempo que se endurece el régimen sancionador para los empresarios que den trabajo sin autorización", ha concluido.
    Según explicaron el miércoles en un comunicado la treintena de colectivos que reclaman un "trato digno" en la Oficina de Extranjería, en la provincia no se aplica con la "misma fluidez" que en el resto de España la normativa en materia de extranjería.
   En esta línea, criticaron que en Almería "la mayor parte de los expedientes son puestos bajo sospecha y denegados por cualquier motivo mientras que el pequeño porcentaje de permisos que se conceden son, con posterioridad, extinguidos por la Oficina de Extranjería a los tres días de estar dado de baja en la Seguridad Social",
   Entre los colectivos convocantes de la manifestación figuran, además de asociaciones de inmigrantes de los municipios del Poniente almeriense y la Comarca de Níjar y diferentes congregaciones de religiosas, Almería Acoge, Cáritas Diocesana, Asociación Innova Almería, Centro Indalo Loyola, SOC, Almería Intercultural, 15-M, Equo, Foro Social, PCE, IULV-CA, Ustea, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la asociación de abogados Comité Rene Cassini.
   El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se ha unido este jueves a las reivindicaciones y ha criticado las denegaciones, extinciones o no renovación de permisos a ciudadanos extranjeros por parte de la oficina de Extrnajería de Almería, que, según ha advertido, parece haberse convertido en un "laboratorio" en el que se "experimenta" en terreno migratorio "con lo que después se va a hacer" en otros lugares.

La elección de la nueva dirección del PSOE local tras la disolución de la anterior se celebrará el día 21

ALMERÍA.- La asamblea general extraordinaria de la que ha de salir la nueva ejecutiva municipal del PSOE de la capital, disuelta hace dos semanas tras una cascada de dimisiones que derivó en la renuncia de su líder y expresidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Usero, se celebrará el próximo día 21 a las 19,00 horas en el Hotel Elba de la ciudad.

   Así lo ha avanzado el secretario de organización del PSOE de Almería y senador, Juan Carlos Pérez Navas, quien ha considerado que esta fórmula, que se prevé en los estatutos del partido, es "lo mejor" para "devolver la normalidad" frente a una gestora, que hubiera ocasionado una situación de "interinidad, que, entendemos, no era buena ni para la militancia ni para la ciudad".
   Pérez Navas ha precisado que la decisión de resolver "directamente" mediante la asamblea general extraordinaria se ha adoptado con el objetivo "primordial" de que los militantes "tomen la palabra" en la elección de una dirección local "nueva" para, según ha remarcado, la agrupación "más importante" de la provincia en un momento "tan clave y delicado" en el que se han de preparar las elecciones autonómicas y el Congreso Federal del PSOE.
   Al hilo de esto, ha subrayado que se ha primado que los militantes sean los que decidan y ha considerado que la gestora hubiera conducido a una situación de "inestabilidad" en el que "decidirían un grupo muy reducido de personas". 
"Eso nos resta y lo que suma en este momento es una buen equipo decidido por los militantes", ha afirmado.
   El secretario de organización de los socialistas almerienses ha calificado de "positivo a nivel interno" que, ante un proceso abierto como el iniciado, surjan "varias candidaturas" ya que es muestra, a su juicio, "de vida interna" de la agrupación y de las "ganas de participación" en los procesos orgánicos. "Nos satisface que haya opciones ya que es prueba de que hay interés y ganas", ha añadido.

Joaquín Jiménez se postula para dirigir el PSOE de la capital con una candidatura que "recupere a las bases"

ALMERÍA.- El concejal socialista del Ayuntamiento de Almería y exsecretario de Comunicación de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Joaquín Jiménez, ha revelado su disposición a encabezar una segunda candidatura a la dirección de la Agrupación municipal en la capital "si se hace una apuesta municipalista, con las bases" y en su condición de "representante" del colectivo de ediles.

   "Si conseguimos que recuperar a las bases y que tenga protagonismo en la candidatura, voy para adelante", ha asegurado Jiménez, quien ha precisado que el impulso a su propuesta viene de un "grupo de militantes" que creen que las bases no se ha visto representada "y que creen que pueden tener cabida".
   En esta línea, y tras matizar que la confirmación de presentación de candidatura está aún "por cerrar", se ha mostrado convencido de que puede haber una "alternativa" integrada por personas que "respeten todas las sensibilidades" que existen en el seno de la Agrupación municipal y que "se han sentido desplazadas".
"Hay un millar de personas que son el capital verdadero a disposición del partido", ha indicado
   Jiménez, quien ha resaltado que la intención de optar a la dirección del PSOE local "ha partido" desde el grupo municipal en el Ayuntamiento, ha señalado que su proyecto pasa por dar protagonismo "a los barrios" para, de este modo, recuperar el "espacio perdido" y alcanzar "la paz social" en el seno de la agrupación que permita --ha añadido-- "hacer labor de oposición y trabajar de cara a las elecciones andaluzas".
   El concejal, integrante de la ejecutiva municipal disuelta hace dos semanas con el cese de Juan Carlos Usero tras una cascada de dimisiones, ha asegurado que los contactos para conformar la candidatura surgieron después de la postulación de Josefa Requena para estudiar la "posibilidad de reunir a personas distintas a las que hasta ahora han estado en primera línea de fuego y crear una alternativa a la ya anunciada".

El Presidente del TSJA propone "filtros administrativos" para frenar la corrupción urbanística

GRANADA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha abogado este jueves por establecer controles previos y "filtros" por parte de la Administración que ayuden a paliar e impedir conductas urbanísticas delictivas y evitar, de esa manera, dar solución a estos casos exclusivamente desde el ámbito de la jurisdicción penal. 

   Antes de inaugurar en la Facultad de Derecho de Granada del congreso 'Delincuencia urbanística y corrupción política', Del Río ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que, pese a que este tipo de casos tienen gran trascendencia social y económica, no debe de trasladarse a la sociedad que España es una país donde "campea" la corrupción, puesto que esa "no es la regla ni la tónica".
   No obstante, sí ha advertido de la necesidad de dotar a los juzgados de medios suficientes para el tratamiento de este tipo de casos, ya que en ocasiones relacionan a un gran número de imputados, e implican la realización de periciales y el trabajo de personal de refuerzo.
   El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada (UGR), Lorenzo Morillas, ha apostado también por arbitrar soluciones en el marco del derecho administrativo para resolver posibles infracciones administrativas, frente al ámbito penal, como, según ha dicho, se aplica en países como Alemania.
   En ese sentido, ha abogado por una "alternativa intermedia" entre el sistema alemán y el español, donde el ámbito punitivo es cada vez "más expansionista", en parte porque, a su juicio, las infracciones urbanísticas han sido "un factor importante" en el desencadenamiento de la crisis actual en el país. Si la vía administrativa logra ser eficaz en el tratamiento de los casos de corrupción, las penas más severas podrían ir destinadas a los hechos más graves, ha señalado Morillas.

El proceso de fusión entre Cajamar y Ruralcaja podría culminar en mayo

ALMERÍA.- El director de Comunicación de Cajamar, Manuel Gutiérrez Navas, ha indicado este jueves que el periodo de fusión entre la almeriense y la valenciana Ruralcaja, cuyo inicio se ha acordado por los consejos rectores de ambas entidades y que se va a abordar en asambleas generales el próximo 17 de enero, podría culminar en los primero días de mayo, si bien hasta entonces se espera que se produzca la incorporación de más entidades al grupo.  

   Según ha señalado Gutiérrez Navas en rueda de prensa, tras la próxima asamblea general será necesario iniciar el proceso de autorizaciones, tras lo que el proyecto de fusión será comunicado al Banco de España, que deberá ser aprobado por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Hacienda.
   Así, será sometido a información pública a través del Borme para, seguidamente, firmar la escritura de fusión y dar entrada a los distintos registros.
   Hasta esta fecha, "los consejos rectores de ambas entidades seguirán con su funcionamiento habitual y será a partir de ese momento cuando causará efecto el inicio de actividad de la nueva entidad", ha indicado  el director de Comunicación. Así, ha precisado además que ambas entidades mantendrán sus marcas comerciales, si bien después de tres años se unificarán bajo un mismo nombre.
   El propósito del Cajas Rurales Unidas pasa por "fortalecer el papel de las cajas rurales españolas, en convertirlas en actores relevantes del sistema financiero español" sentido en el que las partes han usado la nueva denominación para que sea una "invitación" a que se unan otras entidades. "Hay algunas entidades con las que tenemos contactos, si bien aún no se ha avanzado en ello ni se ha cerrado", ha señalado Gutiérrez Navas al respecto.
   Con esto, la fusión de ambas cajas conlleva la "operación de concentración de mayor calado de las cajas rurales españolas" de manera que ha contemplado que "lo ideal" sería que "todas las cajas rurales españolas" estuvieran "unidas bajo un único proyecto"; sentido en el que además no se descarta una futura integración con grupos ya existentes si bien el trabajo se ha centrado en la configuración de un grupo propio.
   Así, el proyecto de fusión parte del último trimestre en curso, si bien será a partir del segundo trimestre de 2012 cuando la caja "sea una", cuando "se consolidará los balances, la cuenta de resultados y la contabilidad de la entidad".
"El propósito que mueve a Cajamar es la integración en un proyecto común de todas las cajas rurales españolas", ha subrayado.