martes, 17 de enero de 2012

Ferrovial y Sacyr logran más plazo para refinanciar la autopista de Levante aunque no la Cartagena-Vera

MADRID.- Ferrovial y Sacyr Vallehermoso han logrado que los bancos acreedores de la autopista Madrid-Levante (Ocaña-La Roda) amplíen el plazo para cerrar la refinanciación de los 550 millones de euros de deuda de esta vía, que vencía mañana miércoles, 18 de enero, en tanto negocian con el Ministerio de Fomento una solución de largo plazo para esta infraestructura.

   Las dos compañías han convenido con el grupo de 29 bancos financiadores de esta autopista extender el plazo de vencimiento hasta finales del próximo mes de febrero, según informaron hoy fuentes del sector.
   Ferrovial controla el 55% del capital de la sociedad concesionaria de esta autopista, Sacyr cuenta con otro 40% y CCM con el 10% restante. La AP-36, Autopista Madrid-Levante (Ocaña-La Roda), de 183 kilómetros de longitud, es una de las últimas que se puso en servicio (julio de 2006) y a cierre del pasado mes de septiembre registraba un tráfico de unos 4.240 vehículos diarios.
   Se trata de una de las autopistas que actualmente se encuentran en riesgo de quiebra por los sobrecostes de expropiación que soportaron en su construcción y el bajo volumen de tráfico que registran respecto a la previsión inicial.
   Las empresas concesionarias de estas vías, entre las que figuran alguna de las grandes constructoras cotizadas, reclaman que el Estado garantice el reequilibrio económico-financiero de las autopistas.
   Las empresas acordaron con el anterior Gobierno un sistema de ayudas a través de cuentas de compensación y la concesión de préstamos participativos.
   No obstante, el actual ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy acordó recortar en 400 millones de euros la partida de 600 millones inicialmente fijada para la concesión de dichos créditos.
   Así, las concesionarias de las autopistas con riesgo de quiebra (las radiales de Madrid, la Cartagena-Vera, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas y la Madrid-Toledo) están a la espera de poder tratar sobre este asunto con el nuevo equipo del Ministerio de Fomento.
   En este sentido, el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, aseguró la pasada semana que, "pese a los recortes", cuenta con margen para poder ayudar a estas autopistas a atender sus obligaciones financieras.
   "Pensamos que pese al recorte todavía se puede ayudar a las concesionarias a obtener recursos financieros y a poder atender a sus obligaciones", indicó entonces el 'número dos' de Fomento.

Cajamar y Ruralcaja aprueban su fusión para ofrecer "más eficacia y solidez"

ALMERÍA/VALENCIA.- Las asambleas generales de delegados de Ruralcaja y de Cajamar Caja Rural han aprobado este martes por unanimidad el proyecto de fusión que dará lugar a la creación de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas.

   El acuerdo será remitido ahora a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad para el inicio del trámite de autorización, previo informe del Banco de España.
   En su intervención, el vicepresidente y consejero delegado de Cajamar Caja Rural, Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, quien asumirá el liderazgo de la entidad resultante, ha señalado que entre los objetivos de Caja Rurales Unidas figura "contribuir, con una mayor eficacia, eficiencia y solidez, a satisfacer las necesidades financieras de sus socios y clientes", lo que pasa, ha señalado, "por mejorar la organización y simplificar" los medios para ser "más competitivos y generar economías de escala, incrementando la oferta de productos y servicios con la consiguiente mejora de nuestras capacidades".
   La propuesta ha contado con el respaldo de la totalidad de los delegados asistentes y representados que han participado en las asambleas extraordinarias celebradas este mediodía en Valencia y Almería, en las que también se ha votado y elegido el nuevo consejo rector de la entidad resultante de la fusión que arroja como datos más significativos 65.615 millones de euros de negocio gestionado y activos por importe de más de 38.000 millones, además de un coeficiente de solvencia del 12,3%.
   Cárdenas ha señalado, asimismo, que se hace "imprescindible" tomar en consideración la realidad presente y, de forma "profesional y responsable", afrontar el futuro conscientes de la necesidad de "ganar significativamente en eficiencia reduciendo costes de transformación, como medio ineludible para poder competir en el mercado actual".
   En este sentido, ha indicado que como consecuencia de las sinergias derivadas de la fusión entre Cajamar y Ruralcaja, para 2012 y 2013 se espera una mejora del margen de explotación de 67 millones de euros, "provenientes fundamentalmente --ha ahondado-- de la mejora de productividad y rentabilidad, ahorro de tecnología y de gastos generales".
   La fusión aprobada este martes, que dará lugar a una nueva entidad cuya denominación social será 'Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito' y que fortalece aún más su posición como líder del sector de cajas rurales españolas, se plantea en el actual escenario de reestructuración del sistema financiero español, y de las cajas rurales en particular, en el que ambas entidades han venido trabajando en los últimos años liderando la creación del Grupo Cooperativo Cajamar y del Grupo CRM, cuya unión suma 22 entidades.
   En su intervención ante la asamblea general el presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, ha manifestado que ambas entidades coinciden en la necesidad de profundizar en el proceso de unidad del sector de las cajas rurales españolas y de defensa del sistema de crédito cooperativo. "Hoy damos un nuevo paso adelante en nuestro propósito de conformar una gran entidad nacional y un gran grupo financiero consolidable de cajas rurales españolas", ha especificado.
   A continuación, tras reiterar que el proceso actual de reestructuración del sistema financiero exige tamaño y un proyecto de cooperación moderno, actualizado y con visión de futuro, ha lamentado que la mayoría de las entidades no hayan progresado en la medida deseable. "No queremos el mal de nadie, --ha apuntado-- sino un futuro de crecimiento y progreso para el crédito cooperativo en el que creemos, y si es posible ayudar a todos, ayudarnos todos y que nadie se pierda en el camino".
   Por su parte, en la asamblea celebrada en Valencia, el presidente de Ruralcaja, Eduardo Ferrer Perales ha manifestado que la propuesta de fusión entre Ruralcaja y Cajamar no puede entenderse sin recordar que, al configurar el Grupo CRM, ya se advirtió que el modelo "no estaría completo hasta tanto no se constituyera un SIP a nivel nacional". En este escenario, la unión de las dos cajas rurales más grandes es "un paso decisivo" para continuar el proceso de concentración del sector, ha manifestado.
   Seguidamente, el director general de Ruralcaja, Juan Antonio Gisbert, ha expuesto que con esta operación se permite la creación de una gran cooperativa de crédito, de alcance y dimensión nacional, que beneficia a los socios, clientes y trabajadores. Será, ha augurado, una "gran empresa con capacidad y solvencia suficientes" para afrontar con "éxito" los retos y las oportunidades de un mercado "en cambio permanente", así como las crecientes exigencias regulatorias para las empresas bancarias.
   "La entidad resultante --ha explicado Gisbert-- no es un fin en sí misma. No nace con la vocación de ser un punto de llegada, sino de partida para alcanzar una entidad de mayor dimensión y más eficiente. La fusión permite construir un modelo abierto que se ofrece al resto de las cajas rurales españolas que compartan la misma filosofía".
   Una vez obtenida las autorizaciones e inscrita la fusión en los registros competentes, está prevista que la nueva entidad sea realidad a finales de abril o primeros de mayo. Para ello, las asambleas extraordinarias han aprobado también la composición del Consejo Rector del que será presidente Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, actual vicepresidente y consejero delegado de Cajamar Caja Rural; copresidente Eduardo Ferrer Perales, actual presidente de Ruralcaja; vicepresidente primero ejecutivo Manuel Yebra Sola, y consejero delegado Juan Antonio Gisbert García.
   La operación iniciada a mediados de diciembre dará lugar a la integración de los dos SIP que encabezan ambas entidades, el Grupo Cooperativo Cajamar y el Grupo CRM, que ya suma 22 entidades y fortalece su posición de liderazgo en el sector de cajas rurales españolas con un coeficiente de solvencia del 12,33%, 968.851 socios, 3,3 millones de clientes, 6.352 empleados y un total de 1.465 oficinas.

Arias Cañete promete a las ONG ecologistas que se reunirá con ellas cada 45 días

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha prometido a las cinco principales organizaciones ecologistas españolas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/Birdlife) cada 45 días para estudiar los distintos temas y acometer una hoja de ruta, según ha informado el director ejecutivo interino de Greenpeace, Mario Rodríguez.

   Arias Cañete se ha reunido este martes por la mañana con tres organizaciones medioambientales para conocer sus prioridades. Respecto al clima de las reuniones, los ecologistas han destacado el clima cordial y de apertura al contacto y al diálogo con las ONG aunque en algunos "temas importantes" partan de posiciones diferentes.
   En este contexto, la portavoz de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, ha indicado que el ministro ha entendido "muy bien" que las cinco organizaciones trabajan de forma conjunta y que ha visto "buena receptividad, apertura a dialogar y a reunirse de forma periódica", ha dicho Spendeler, al tiempo que Mario Rodríguez, de Greenpeace, ha calificado de "franco" el clima del encuentro en el que parten de "posturas un tanto distantes".
   En ese línea, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha destacado que las reuniones hayan sido a iniciativa del Ministerio, que convocó antes de que estas le pidieran cita. "Es fácil que haya desencuentros, pero al menos hay un cauce de interlocución. De momento, vamos a dar un voto de confianza", ha manifestado, porque "ha asumido de buen grado que las ONG ecologisas seamos interlocutores".
   De este modo, Spendeler ha resumido que los principales temas abordados con el ministro en su encuentro son la aplicación de la ley de residuos, que abre la puerta a una "mejor gestión ambiental" en temas de reducción y reutilización y reciclado, y le han "insistido" en la importancia de implantar recogida selectiva de la materia orgánica de cara a su compostaje.
   Por otro lado, le han pedido una Ley de Cambio Climático que esté basada en los presupuestos de carbono porque aporta "seguridad y estabilidad a la economía", de acuerdo a las medidas propuestas por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el estudio de Cambio Climático.
   Otros de los temas abordados son la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), en el que dice que han "insistido mucho al ministro" en su apuesta por que cada pequeño agricultor pueda vivir dignamente de su actividad y contribuya a preservar el medio ambiente. Igualmente, han abordado con Arias Cañete el tema de los transgénicos, un aspecto en el que Spendeler augura que ambas partes no van a tener las mismas posturas porque "el ministro está a favor de los cultivos transgénicos". Sin embargo, le han pedido que estudie la creación de registros públicos de información sobre los campos comerciales, algo a lo que obliga la Directiva Europea y que España no cumple.
   "Vamos a estar muy pendientes de estos temas. La reunión ha sido muy cordial. Nos ha gustado su propuesta de diálogo y nos ha parecido bien el clima del encuentro", ha subrayado.
   Por su parte, el director ejecutivo interino de Greenpeace, ha planteado al ministro tres ejes principales. En primer lugar, le han explicado que España "no puede ir" al grupo de países que no defiende el 30 por ciento de reducción de gases de efecto invernadero y que el cambio climático "sí es rentable".
   Asimismo, le han expuesto su apuesta por un cambio de modelo energético, ya que aseguran que es posible llegar al 100 por 100 de renovables en 2050, al menos en el sector eléctrico, para lo que han pedido una reunión trilateral con Industria, "por la transversalidad del tema".
   A este respecto, ha dicho que han observado en Miguel Arias Cañete y en el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas una "buena disposición pero no una posición clara". Además, en el ámbito global han hablado sobre la reforma de la Política Pesquera Común y la gestión marítimo costera.
   Rodríguez ha señalado que han hablado también sobre la Ley de Costas en la que han sido "muy claros en que Greenpeace no quiere que se cambie, sino que se aplique correctamente por parte de todas las administraciones" porque, a su juicio, es "una buena ley para la gestión integrada del litoral". A este respecto, Arias Cañete les ha apuntado que la reforma de dicha Ley, anunciada el pasado viernes, es un tema que en fase de estudio.
   En ese ámbito, ha salido a colación el tema del hotel El Algarrobico, sobre el que Arias Cañete les ha señalado que "ya se han puesto con el tema". También le ha subrayado al ministro el tema de la sobrepesca y su apoyo a la pesquería de bajura, porque genera más empleo y es más compatible con el medio ambiente. "Es un área que conoce mejor y le hemos pedido una reunión con el secretario general de Pesca. Nos ha dicho que sí, que va a gestionarlo", ha apuntado.
   Respecto al Plan Nacional del Agua le han insistido en que es preciso "cumplir con la Directiva Marco y acabar los planes de cuenca". Entre otros temas, han abordado el proyecto de oleoducto Balboa; las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y sobre el 'fracking' o extracción de gas inyectando agua a presión con contaminantes químicos en las rocas.
   Mientras, Paco Segura ha indicado que han repasado algunos temas que les preocupan y con los que estarán "muy atentos", especialmente a "posibles devaluaciones de la normativa ambiental".
   Sobre el anuncio realizado por el ministro de simplificar la normativa y reformar la Ley de Costas, Segura ha dicho que les ha manifestado su intención de "mantener los niveles de protección ambiental actuales pero que haya más efectividad y rapidez en la aplicación de las normas", a lo que le han advertido de que les van a encontrar de frente si cualquier protección se rebaja.
   En este contexto, ha añadido que el ministro les ha asegurado que no se va a comprometer a nada que considere que no se va a cumplir o conseguir, aunque estudiará todos los temas sobre la mesa. Respecto a cambio climático, le han reclamado que España juegue un papel "más activo" en la lucha contra el cambio climático.
   En materia de agua, le han trasladado que, en su opinión, España debe reducir los consumos en regadíos y otros ámbitos, debido a que en el futuro disminuirá el recurso a causa del cambio climático o de los periodos de sequía. En ese sentido, Segura ha asegurado que Arias Cañete les ha comentado que "no está por la labor de ampliar regadíos" y que va a estudiar la situación de las depuradoras.
   Sobre los planes de cuenca, el ministro se reunirá con la Comisaria de Aguas de la Comisión Europea para pedir una prórroga de seis meses en los que aprobar los planes de cuenca, que ya están fuera de plazo.
   Finalmente, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción ha dicho que también han hablado del Plan Nacional del Aire, sobre el que el Ministerio "debe ser más beligerante y exigente en su cumplimiento" con las comunidades autónomas, a lo que el ministro ha tomado nota "muy interesado".

De Guindos dice que no se dejará caer a ninguna CC AA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado que, como dijo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "no se puede dejar que caiga ninguna comunidad autónoma". 

   Asimismo, el ministro de Economía y Competitividad recordó que "hay otro lado de la moneda", que es la necesaria consolidación presupuestaria de las comunidades autónomas, que esta tarde se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   De Guindos señaló al respecto que todas las comunidades deben hacer un "esfuerzo presupuestario" para evitar mayores dificultades y se mostró "seguro" de que en la reunión del CPFF "se van a establecer una serie de normas y reglas" para que esta corrección del déficit se produzca "sin ninguna dilación y sin ninguna duda".
    En este marco, De Guindos ha asegurado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debe jugar un "papel importante" y ser una "palanca" "en las próximas semanas" para acabar con el "doble estrangulamiento" del crédito que afecta a las administraciones públicas y, con el consecuente retraso del pago a sus proveedores, también a las pymes.
   "En ese entorno, el ICO debe ser una palanca para romper este extrangulamiento", indicó De Guindos en el marco de la toma de posesión del nuevo presidente del ICO, Román Escolano, antes de avanzar que para ello se "revisarán" y "evaluarán" todas las líneas ICO con el fin de "asignar mejor sus recursos", aunque "no habrá que reformar absolutamente nada".
   Preguntado por si el ICO pueder contribuir a la financiación de las comunidades autónomas, De Guindos ha asegurado que en tanto es la agencia financiera del Estado "puede ayudar", aunque no concretó a través de qué mecanismo.
   En cuanto al sistema financiero, De Guindos dijo que el Gobierno tendrá planteada la reforma del mismo "antes de mediados de febrero", y se mostró partidario de una segunda ronda de fusiones entre entidades bancarias, que consideró "muy importante".
   Si bien, el ministro de Economía y Competitividad rehusó concretar qué movimientos concretos deberían producirse, ya que en estas cuestiones "el Gobierno no entra".

Ecologistas pide al Gobierno que retome la descontaminación de Palomares

MADRID.- La organización Ecologistas en Acción pide al Gobierno de Mariano Rajoy que tome las medidas necesarias y retome la descontaminación de Palomares, en Cuevas de Almanzora (Almería), cuando se cumplen 46 años del accidente en el que dos bombas estadounidenses cayeron en la zona, contaminando unas 60 hectáreas con plutonio y americio. 

   Así, recuerda que después de casi 40 años de inacción, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero procedió a caracterizar la contaminación de los suelos de Palomares. Esta caracterización, que mostró la contaminación por plutonio y americio de unos 50.000 metros cúbicos de tierra distribuidos en 60 hectáreas, fue seguida por la expropiación o alquiler y vallado de las zonas contaminadas.
   La organización recuerda que con estas acciones se abría el paso definitivo a solucionar el problema de la descontaminación y remediación de Palomares, que implica el movimiento de esta tierra contaminada para tratarla como residuo radiactivo.
   Sin embargo, añade que en España, actualmente no existe ningún lugar para llevar estas tierras radiactivas porque su contaminación no es lo bastante concentrada como para tratarla como residuo de alta actividad, ni la naturaleza de sus contaminantes (emisores de partículas alfa y con una vida de decenas de miles de años) impide depositarlas en el almacén de residuos de media y baja actividad de El Cabril (Córdoba).
   Por ello, insisten en que la "única" solución en la actualidad y "también la más justa" es que Estados Unidos, causante además del accidente, se haga cargo de los residuos. Asimismo, subraya que también sería "justo" que ese país financie "todas" las actividades de remediación.
   En este sentido, solicita al nuevo Ejecutivo que "retome cuanto antes los contactos con Estados Unidos e impulse" el proceso de negociaciones que lleven, lo antes posible, a la descontaminación de la zona de Palomares.
   "Estados Unidos debe sufragar los costes de la remediación y debe hacerse cargo de los residuos, ya que fue este país el causante del accidente", reclama ecologistas en Acción que insiste en exigir la "necesaria firmeza" para acabar de manera justa con uno problema que dura ya 46 años y que es "anacrónico en dos estados democráticos con buenas relaciones" que afecta a la sociedad de Palomares, que lleva "demasiados años sufriendo este problema".

Ingresa en prisión un abogado con antecedentes, acusado de estafar a inmigrantes con falsos contratos

ALMERÍA.- La Policía Nacional ha detenido a un abogado de Almería, identificado como Andrés A.M.G., acusado de estafar a ciudadanos extranjeros con falsos contratos de trabajo por los que les cobraba entre 1.500 y 2.000 euros. El letrado, que cuenta con una decena de arrestos desde 2005, fue imputado en septiembre por agredir a tres agentes a la salida de su despacho en el centro de la capital.

   Andrés A.M.G., quien usaba sin su consentimiento el nombre de numerosos empresarios y mercantiles para perpetrar la estafa, fue denunciado en diciembre en la Comisaría de Jaén por varias personas de origen subsahariano que alertaron de que un abogado de Almería les había cobrado una media de 2.000 euros por presentar solicitudes de trabajo y residencia con contratos de trabajo que parecían falsos y que carecían de alta en la Seguridad Social.
   Según ha informado la Comisaría Provincial, la investigación, en la que han colaborado la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén y la Ucrif de Almería, permitió que se identificara y se procediera a su arresto el pasado día 12. Durante la actuación se le pudo intervenir abundante documentación entre la que figuraban contratos de trabajo falsificados y un dispositivo de almacenamiento de datos con numerosos archivos informáticos.  
   Tras el primer análisis de la documentación y contenido del 'pen drive', se descubrieron DNI escaneados listos para ser alterados infinidad de veces con software, datos de los empresarios utilizados por el detenido para vender contratos y resoluciones escaneadas igualmente susceptibles de alterar de la Subdelegación de Gobierno en Jaén, así como documentación sobre empresas y todo lo necesario para solicitar permisos de trabajo y residencia.
   Igualmente le fue intervenido un listado con unos 200 nombres, teléfonos de inmigrantes y cantidades económicas anotadas y que a una primera lectura, podría ascender a unos 100.000 euros el beneficio obtenido por el detenido, para quien el titular del Juzgado de Instrucción encargado de las diligencias ha decretado ingreso en prisión.

Reflexión ante la última sentencia judicial y la Enseñanza Religiosa Escolar / Juan Antonio Moya Sánchez *

En relación a las noticias recientemente publicadas en los distintos medios locales y nacionales, sin entrar en las cuestiones jurídicas de un contrato que había vencido, y sin intención alguna de valorar resoluciones judiciales que deben seguir su propio curso, desde los conocimientos que me aporta el estudio y la docencia de la ERE (Enseñanza religiosa Escolar) como materia académica, considero oportuno hacer algunas aclaraciones en torno a la polémica surgida en estos días.


Para ser profesor de religión además de reunir los mismos requisitos de titulación exigibles, en el respectivo nivel educativo, a los funcionarios docentes tal como se especifica en la LOE (Ley Orgánica de Educación) y poseer la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica),  es imprescindible contar con la “misio canonica”, que consiste en un envío o mandato expreso del obispo diocesano.

Dar clase de religión católica no es un derecho que nadie pueda apropiarse al margen de la Iglesia. Al contrario, es la Iglesia la única que tiene el derecho y el deber de transmitir la fe respondiendo con fidelidad al mandato que ha recibido del Señor “Id y enseñad” (Mt 28, 19). Por eso la enseñanza de la religión cristiana solo se puede llevar a cabo válidamente si uno ha sido enviado a  realizar esta tarea. A partir de ese momento el vocacionado adquiere el compromiso y la obligación de cumplir escrupulosamente con el encargo o la misión recibida.

Cuando unos padres católicos reclaman legítimamente que sus hijos reciban en la escuela enseñanza religiosa, se les ha de garantizar no solo la ortodoxia de los contenidos sino también la idoneidad del modelo que los presenta o propone. Resulta del todo imposible hacer creíble lo que no se vive. Defender lo contrario llevaría al enaltecimiento de la hipocresía, dando pábulo a la praxis del famoso adagio de base bíblica “Haced  lo que yo os diga…”. Lo verdaderamente extraño es que haya personas que quieran hacer bandera de esto.

La dimensión eclesial de la fe es uno de los contenidos curriculares más elementales en en el aprendizaje de los principios y fundamentos religiosos. En efecto, no se puede separar a Cristo de la Iglesia, como nos recordaba Benedicto XVI en Cuatro Vientos, porque acabaríamos mostrando una imagen falsa de Él. Si se prescinde del cauce por donde fluye, desde los orígenes, el mensaje auténtico no tendríamos garantía alguna de veracidad. Es inadmisible, y a todas luces, un sinsentido, pretender enseñar religión desde posiciones contrarias a la Iglesia.

Cualquiera que tenga unas nociones básicas de eclesiología sabe que es el obispo de cada diócesis el único que tiene potestad para autorizar a enseñar en nombre de la Iglesia. Esta autorización no es definitiva sino que puede ser revocada si en algún momento dejan de cumplirse las condiciones exigidas en relación a la recta doctrina o al testimonio de vida, siendo capitales las consideraciones de índole moral y religioso.

La concesión de la “missio canonica” es, por tanto, competencia exclusiva del Prelado y ningún tribunal civil puede impedir que la retire ni obligarle a mantenerla, so pena que esté entre sus aspiraciones el cambiar la toga por la mitra. Otra cosa es que el Estado llegue a permitir que un profesor imparta clases de religión prescindiendo de la “misio canonica” pero, en ese caso, la Iglesia no reconocería en ellas la fe católica.

En el caso que nos ocupa concurren dos derechos fundamentales: el derecho laboral, que en el marco de la ley civil puede no estar condicionado por elemento alguno de discriminación, y el derecho a la libertad religiosa, que en el mismo marco de la ley civil tampoco puede limitarse imponiendo algo que la Iglesia ni ninguna confesión religiosa puede aceptar, como es que la autoridad civil designe, de una u otra forma, quién ha de enseñar la religión.

La sentencia del Tribunal Constitucional no pretendía conculcar el derecho de libertad religiosa, por eso la sentencia del tribunal almeriense que le siguió era recurrible ya que primaba el derecho laboral sobre el de libertad religiosa. Ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deja sin amparo el derecho a la libertad religiosa. 


En consecuencia, estamos ante un conflicto de derechos no resuelto por la nueva sentencia, que puede y debe ser recurrida ante la Corte Europea de Derechos humanos. El derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental e irrenunciable, pues de él depende la entera concepción de la vida de una persona, que determina en última instancia toda su conducta.

(*) Profesor de Enseñanza Religiosa Escolar en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Almería