lunes, 18 de octubre de 2010

La Junta señala que la mitad de los municipios con viviendas irregulares tienen "muy adelantada" la solución

ALMERÍA.- Un total de cuatro de los ocho municipios del Valle del Almanzora en los que se calcula existen unas 5.000 viviendas construidas fuera de ordenación, en su mayoría propiedad de residentes británicos, tienen "muy adelantada" la "solución" a la situación de irregularidad a través su planeamiento urbanístico después de que hayan concluido el inventariado de los inmuebles.

   Así lo ha trasladado la delegada provincial de Vivienda y Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Ana Vinuesa, tras mantener este lunes una reunión en Macael con los representantes de los colectivos Abusos Ubanísticos Almanzora-NO (AUAN) y Abusos Urbanísticos Levante Almeriense No (AULAN) posterior a una previa concertada con los alcaldes las localidades afectadas.  
   Vinuesa, quien ha declinado precisar cuales son los ayuntamientos que más han avanzado en la solución de entre Arboleas, Partaloa, Oria, Lubrín, Zurgena, Albox, Albanchez y Cantoria, ha asegurado que, aunque "aún queda un paso más en el análisis del planeamiento" de los citados municipios, la "solución está muy adelantada" en la mitad de ellos.
   Al hilo de esto, ha emplazado a una siguiente reunión, que se producirá en "dos semanas", el facilitar los datos concretos sobre el número de viviendas construidas en suelo no urbanizable que se han localizado en cada uno de los pueblos a través de los inventarios, que ya están en poder de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas que "está procediendo a su análisis".
   Vinuesa ha rebajado, no obstante, el porcentaje de inmuebles que se van a poder regularizar, fijado inicialmente en un 95 por ciento con la única excepción de aquellos que se levantan en suelo de especial protección o cauce público, y ha adelantado que la situación difiere según el municipio.
   En esta línea, ha trasladado que, durante la reunión, le ha transmitido a los afectados, con los que la Junta había adquirido un compromiso en verano para hacer más fluido el intercambio de información entre Administración y afectados, que no se trata de un proceso "de punto y final" sino de que "un trabajo que lleva tiempo con arreglo a la normativa vigente" en esta materia.

Empleados de Elsur desconvocan la huelga al percibir salarios y fijar fecha para negociar su convenio

EL EJIDO.- Los cerca de 400 trabajadores de la empresa mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido han decidido este lunes reincorporarse a sus labores y dar por terminada la huelga indefinida en la que han concurrido durante once jornadas después de que consiguieran cobrar prácticamente la totalidad de sus sueldos y pagas extraordinarias retenidas por la compañía y de fijar una fecha para negociar el convenio colectivo. 

   Fuentes sindicales han explicado que la decisión de levantar la huelga se ha tomado a primera hora de la mañana en uno de los centros de producción de la empresa a través de una votación en asamblea de los empleados. Así, tras las deliberaciones, los trabajadores se han incorporado a sus puestos para atender al municipio de unos 90.000 habitantes, que ha funcionado con los servicios mínimos de 20 operarios.
   Así, la primera de las reuniones previstas entre el comité de empresa de Elsur y la patronal de la misma está fijada para el próximo miércoles. En ella se espera poder dar los primeros pasos para elaborar un convenio colectivo que iguale los derechos y deberes laborales de todos los empleados, puesto que la compañía ha incrementado su plantilla de persona tras la subrogación de empleados de las subcontratas.
   Durante los últimos días, los trabajadores de Elsur han mantenido manifestaciones por las principales calles de El Ejido de forma diaria --dentro del calendario laboral-- que han culminado en concentraciones frente al Consistorio ejidense para solicitar el apoyo del Ayuntamiento, que conforma el 30 por ciento de la sociedad mixta en cuestión.
   Asimismo, los miembros del comité de empresa han protagonizado un encierro en la casa consistorial ejidense mientras que sus compañeros secundaron la protesta mediante una acampada a las puertas del edificio, jornada en la que criticaron la actitud del Ayuntamiento que, según ellos, impidió el paso de bebidas y alimentos a los trabajadores encerrados.
   Las protestas que se sucedieron de forma paralela, según los sindicatos, a actos de "sabotaje" denunciados por el equipo de gobierno (PAL) y que consistieron en cortes de luz en el alumbrado público, en el suministro de agua, de carreteras y sellado de puertas en la entrada de los colegios; llevaron a los miembros del comité de empresa al Parlamento de Andalucía invitados por los grupos PP e IULV-CA, quienes atendieron las demandas de los empleados, al igual que el portavoz socialista de Empleo en la cámara andaluza, Ángel Gallego.

Condenada 'Cajamar' por considerar abusivas las 'cláusulas suelo' de sus hipotecas

SEVILLA.- El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla ha dictado la primera sentencia en España que declara abusivas las cláusulas de suelo de las hipotecas, por lo que obliga a un banco y tres cajas de ahorros a eliminarlas y a abstenerse de utilizarlas en los sucesivos contratos, según la sentencia dictada el 30 de septiembre.

   "Declaro la nulidad, por abusivas, de las denominadas 'cláusulas de suelo' en los préstamos hipotecarios a interés variable con consumidores (...), dado el desfase apreciado de las mismas en relación a las cláusulas techo que las acompañan", según concluye la sentencia.
   El juez Miguel Ángel Navarro explica que el abuso reside en el "evidente desfase" que existe entre los suelos y techos de los préstamos hipotecarios, que proporciona un beneficio al banco que carece de "reciprocidad en perjuicio del consumidor".
   Así, la sentencia concluye que mientras el suelo de interés fijado señalado en las cláusulas "es asumible" por el usuario, el techo supone "sencillamente imposible", por su desproporcionalidad. "El tope máximo es tan alto que estadísticamente nunca se va a dar", concluye el juez.
   "Es realista pensar, y razonable, que una variación sensible al alza por encima de tal suelo, y aún lejos del 12% o 15% del techo señalado, ni pudiera ser afrontada por nadie o muy pocos", según el dictamen, que se apoya en la Orden Ministerial de 5 de Mayo de 1994 sobre transparencia bancaria.
   La cláusula de suelo fija un tope mínimo del porcentaje de intereses a pagar, lo que ha evitado que muchos usuarios se hayan beneficiado de la bajada del Euríbor, principal índice de referencia de en las hipotecas a tipo variable.
   Además, el juez concluye que se trata de cláusulas que "aparecen integradas en una pluralidad de contratos" y que son "impuestas" por las entidades bancarias al usuario, quien "debe aceptarlas y adherirse a ellas si quiere el servicio" dentro de las cláusulas generales del préstamo hipotecario.
   En este sentido, el juez concluye que en el proceso de firma de los contratos "no hay una negociación generalizada", sino que nacen de "actuaciones unilaterales de las entidades bancarias en función de diversos criterios de su absoluta discrecionalidad frutos de su política de captación de clientes".
   La entidades condenadas son el BBVA, Caixa Galicia y Cajamar. La sentencia no es firme por lo que las entidades financieras podrán seguir incluyendo estas cláusulas hasta que se resuelvan los recursos de apelación por la Audiencia Provincial de Sevilla.
   Sin embargo, la demandante, la asociación de consumidores Ausbanc, adelantó en rueda de prensa que solicitarán al juez la ejecución provisional de la sentencia.
   Los representantes de Ausbanc también han pedido al Banco de España, a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a la Asociación Española de Banca (AEB) que asuman el dictamen y obliguen a las entidades financieras a abstenerse de incluir estas prácticas para evitar la presentación de más demandas.

La Administración Pública le cuesta a cada español 9.617 euros al año

MADRID.- La Administración Pública cuesta 9.617 euros al año por habitante, un 6,5% menos que en 2009 cuando el coste se situó en 10.282 euros, según el estudio 'El Coste de la Administración Pública' de EAE Business School.

   Según este estudio, la distribución del coste de la Administración Pública por habitante ha cambiado en el último año, ya que en 2009 sólo seis comunidades no superaban los 10.000 euros por habitante, y en 2010 son 12 las que no llegan a dicha cifra.
   Los habitantes que más les cuesta mantener sus administraciones son los vascos (12.235 euros), seguidos de los navarros (11.748 euros), catalanes (10.642 euros), aragoneses (10. 636 euros) y riojanos (10.137 euros).
   Por su parte, los que menos pagan para mantener estas instituciones son los valencianos (8.455 euros), murcianos (8.553 euros), andaluces (9.290 euros), gallegos (9.435 euros) y asturianos (9.611 euros).
   La diferencia entre la comunidad que resulta más costosa para los habitantes y la que menos, es decir, Pais Vasco y Valencia, es del 30,5%, lo cual reafirma el cambio de comportamiento durante el último año, según EAE.
   Además, la investigación también resalta que el coste de la Administración en función de la población ocupada en 2010 es de 24.374 euros, 1,5 veces superior al gasto por habitante.
   En cuanto a la estructura de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el informe también analiza, el 11,9% representa la retribución del personal, un 0,7% menos que en 2009. En este sentido, la Administración Central destina un 47,7% del gasto en personal al pago de salarios de funcionarios; mientras que la Administración Autonómica destina un 30% del presupuesto al pago de la plantilla, más del doble de lo que representan a nivel central.
   No obstante, estas cifras varían según las comunidades autónomas, siendo Canarias, la Comunidad Valenciana y Aragón las que más gasto tienen en personal, con un 38%, 37,8% y 36,7%, respectivamente, y Cataluña, Murcia y Pais Vasco, las que menos, con un 24,7%, 22,2% y 18,6%, cada una.