miércoles, 18 de enero de 2012

Ecologistas ve "aberrante" la macrourbanización en el entorno de Cabo de Gata y presenta alegaciones

ALMERÍA.- Ecologistas en Acción y la Asociación de Amigos del Parque han presentado alegaciones a la macrourbanización turística proyectada en el paraje El Nazareno, en el entorno de Cabo de Gata-Níjar, al considerar que responde a intereses especulativos y que vulnera la legislación autonómica en materia urbanística y medioambiental, además de contravenir las recomendaciones de la Unesco para que el espacio protegido conserve su catalogación como Reserva de la Biosfera.

   El escrito de alegaciones, desgrana en ocho puntos los argumentos por los que ambos colectivos conservacionistas rechazan de manera "frontal" la construcción de un millar de viviendas y la creación de 2.500 plazas hoteleras aprobadas de manera inicial por el Ayuntamiento de Níjar y que, a su juicio, no tiene "justificación social ni ambiental" al afectar a "hábitas prioritarios y exclusivos" y carecer de "interés general".
   Así, señalan que la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Níjar para calificar el paraje de El Nazareno como suelo de uso turístico es una "aberración" que "contraviene" las recomendaciones del Comité de Reserva de la Biosfera y el borrador del Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Almería (Potua) que apuntan la necesidad de establecer una zona de amortiguación natural de 200 metros en torno a los límites del parque natural.
   "Creemos que pretender masificar el entorno de Cabo de Gata con pelotazos urbanos no es la mejor forma de establecer una barrera natural", sostienen al tiempo que advierten de que el Consistorio "debería tomarse muy en serio" estas recomendaciones "si queremos mantener el parque natural en condiciones ambientales adecuadas". Abogan, en esta línea, por fomentar el turismo rural verde en núcleos urbanos consolidados como Los Albaricoques, Rodalquilar y Ruescas.
   Indican Ecologistas en Acción y la Asociación de Amigos del Parque que la clasificación dada al paraje es "incompatible" con la protección y aplicación de la preservación de los habitas naturales protegidos por la ley de patrimonio natural y que también afecta a la Ley de Montes ya que afecta al monte público 'Marinas y Serratas'.
   El escrito de alegaciones, fechado este martes, subraya que el macroproyecto pretende crear "un núcleo urbano disperso y difuso", lo que entra en contradicción con la "sostenibilidad" contenida en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y en Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA).
   Remarcan ambos colectivos que la modificación puntual del planeamiento urbano también incrementaría la presión del trafico rodado en la zona, supondría en materia hídrica "aumento desmesurado" del consumo de agua corriente y un problema "acentuado" en el tratamiento de aguas residuales, así como aumentara el suelo residencial y hotelero en el entorno del parque natural de Cabo de Gata-Nijar "aumentando" la contaminación acústica  y lumínica.
   La modificación puntual aprobada por el Consistorio nijareño proyecta un campo de golf de 27 hoyos sobre el que las alegaciones resaltan que no consta que, tal y como marca la legislación sectorial en Andalucía, se debería declarar de interés social y turístico. "No tenemos constancia que el Ayuntamiento de Níjar haya realizado dicha petición dado que debe revisar el visto bueno de la Junta de Andalucía para autorizar esta clasificación de suelo", apuntillan .
   "Entendemos que no existe una justificación económica ni social para autorizar la construcción de un campo de Golf", señalan para a continuación recordar que el Potua "autoriza la construcción de unas instalaciones deportivas de golf en la zona de Hoya Altica" mientras que la urbanización del Toyo tiene un campo de golf que no llega a cubrir una demanda real para cubrir costes económicos".

La Junta avisa de una posible "expropiación" y da un mes más al proyecto para el Cortijo del Fraile

ALMERÍA.- El delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio José Lucas, ha manifestado este martes que el Gobierno andaluz va a dar un mes más de plazo a la empresa propietaria del Cortijo del Fraile, el monumento BIC que ligado a la producción lorquiana, para que presente un proyecto a la Junta con el que frenar el deterioro del inmueble, de forma que ha avisado que, en caso de no responder a los requerimientos, "la Consejería no descarta en un futuro como última opción la expropiación del Cortijo". 

   Lucas ha explicado que el segundo mes otorgado por la Administración autonómica para que se presentara el proyecto o alegaciones al requerimiento finalizó este lunes sin que se haya trasladado ninguna notificación por parte de 'Agrícola La Misión', que ostenta la pertenencia de los terrenos en los que se asienta el cortijo.
   Así, desde Cultura se ha decidido dar un mes más de plazo a la sociedad para que presente el proyecto requerido, cuyo fin es evitar el progresivo deterioro del inmueble, o para que presente un recurso de alzada ante el consejero de Cultura, Paulino Plata, en caso de que considere que el requerimiento de la Junta no se ajusta a legalidad.
   No obstante, el titular provincial de Cultura ha advertido que, si tras este nuevo periodo la empresa decide no actuar, se ordenará la ejecución subsidiaria del proyecto cuyos costes "tendrá que asumir la empresa". Lucas advierte que desde la Junta de Andalucía se dan todas las "garantías" a la sociedad agrícola para que actúe con respecto al BIC.
   Preguntado por si cree que la empresa abonaría el importe del proyecto y su ejecución en caso de no actuar ante estos requerimientos, el delegado provincial señala que "hay que confiar" en que la sociedad termine por "actuar", si bien avisa que, en caso contrario, la Junta ya contempla otras opciones como multas e incluso la "expropiación" como última opción.
   El responsable almeriense de Cultura ya explicó que la Junta de Andalucía ha elaborado una memoria económica que "podría facilitarle la información a la empresa" en la que se explican los pasos a desarrollar para realizar el proyecto que determine las actuaciones urgentes para "evitar el deterioro", si bien hasta el momento la empresa no se ha interesado por acceder a dicho documento. Esta memoria valora las actuaciones en 37.000 euros y en ella se especifica "dónde y cómo" colocar la "primera piedra" de la deseada rehabilitación y puesta en valor.

Andrés Miguel García Lorca, nuevo subdelegado del Gobierno en Almería

SEVILLA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo Díaz, preside este miércoles a las 17,30 horas, el nombramiento de los nuevos subdelegados para las ocho provincias de la comunidad autónoma andaluza. 

   En concreto, y según informa la Delegación del Gobierno, en Almería el subdelegado será Andrés Miguel García Lorca (1948, Almería). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y doctor en Geografía por la Universidad de Murcia. Actualmente, es catedrático de Universidad en el Área de Análisis Geográfico y Regional de la Universidad de Almería.
   En Cádiz la Subdelegación la dirigirá Javier de Torre Mandri (1966, Jerez de la Frontera). Es licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Cuenta con experiencia en el cargo, ya que durante los años 2003 y 2004 fue subdelegado en la provincia de Huelva.
   En Córdoba será Juan José Primo Jurado (1961, Córdoba). Es doctor en Historia por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, licenciado en Filosofía y Letras y diplomado en Magisterio por la Universidad de Córdoba. Fue director del Archivo Histórico Viana (Fundación Cajasur BBK) y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, ha sido concejal de Patrimonio y Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba.
   En Granada el subdelegado será Santiago Pérez López (1961, Granada). Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, profesor de Enseñanza Secundaria y en los últimos 25 años, ha desempeñado su labor a favor del municipalismo como concejal y alcalde de la ciudad de Guadix.
   En Huelva, el subdelegado será Enrique Pérez Viguera (1946). Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla e inspector de Trabajo y Seguridad Social y jefe de la Unidad Administrativa de la Inspección de la Seguridad Social en la Delegación Provincial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en Huelva. Profesor Asociado de la Universidad de Huelva en el Área de Derecho y Trabajo de Seguridad Social, entre otros cargos ostentó el de Director Provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Huelva.
   En Jaén será Juan Bautista Lillo Gallego (1947, Linares, Jaén). Es ingeniero técnico en Electricidad y profesor titular de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Linares, hoy Politécnica Superior.
   En Málaga será Jorge Salvador Hernández Mollar. (1945, Melilla). Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Seguridad Social, ocupando hasta el momento el cargo de Subdirector de Gestión Financiera en la Dirección Provincial de la Tesorería General de Seguridad Social de Málaga.
   En Sevilla será Felisa Panadero Ruz (1959 Montilla, Córdoba). Es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, secretaria de la Administración de Justicia por oposición año 1986, ingresó en la Escuela Judicial al año siguiente. Entre sus destinos se encuentran los Juzgados del Distrito de Posada y Lora del Río, Juzgado de lo Social de Barcelona, de lo Penal de Córdoba, así como los Juzgados de Primera Instancia, números 8 y 11, de Sevilla.