Dimiten más miembros de la Ejecutiva local del PSOE y Usero otorga la Presidencia a Trinidad Sánchez

ALMERÍA.- La Comisión Ejecutiva del PSOE de Almería capital ha aprobado este lunes el nombramiento de nuevos responsables de la estructura orgánica, propuestos por el secretario general del PSOE almeriense, Juan Carlos Usero, tras las renuncias producidas el pasado jueves y las comunicadas en esta jornada. 

Y es que al comienzo de la reunión celebrada esta tarde en la sede de la Agrupación Local, Usero ha comunicado las renuncias de María Isabel Guijarro Calvo, José Gallardo, Noemí Cruz, José Guerrero, Domingo Bonillo, Maria del Carmen de la Paz y María Prudencia del Castillo.

   En su reunión del pasado jueves, la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Almería aceptó la renuncia del secretario de Organización, Luis Miguel Parra Cordero. En el curso de dicha reunión, otros miembros de la ejecutiva local presentaron su renuncia. Los dimisionarios fueron Rafael Calvache, Antonio Fernández, Luisa Delgado, Pablo Viciana, Francisca Gutiérrez e Ignacio Ortega. La Ejecutiva local del PSOE de Almería pasa a contar desde hoy con 24 miembros.

   Juan Carlos Usero ha presentado una propuesta de designación de personas para ocupar los cargos vacantes, aprobada por la Comisión Ejecutiva. Así, la Presidencia de la Agrupación socialista capitalina queda en manos de Trinidad Sánchez López, la Secretaría de Organización en manos de Pedro Lozano (Presidente hasta ahora), la Vicesecretaría de Organización es para Antonio Castillo, la Secretaría de Ideas para Javier Menezo, la de Cultura para María del Carmen Ortiz, la de Cooperación e Integración para Josefa García Rubio, la de Comunicación para Joaquín Jiménez Segura, la de Educación, Formación y Empleo para Guillermo Yánez, la de Juventud para Anyes Segura, y la de Desarrollo Sostenible para María del Mar Lara

   Juan Carlos Usero ha señalado, que "la prioridad en estos momentos es empezar el trabajo de cara a las elecciones autonómicas de Marzo, en la que todos los militantes socialistas almerienses van a dar lo mejor de sí mismos para colaborar en la elección de José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía".

El déficit andaluz mejora y se sitúa en el 1,1% del PIB hasta septiembre

MADRID.-   Los datos de ejecución presupuestaria sitúan el déficit de Andalucía en el 1,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), ocho centésimas por debajo de la media nacional, según los datos presentados este lunes por la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado, que señalan que las comunidades autónomas sumaron un déficit de 12.873,78 millones de euros hasta septiembre.

   Los datos muestran que todos los territorios menos el País Vasco (+0,60 por ciento) han registrado un saldo negativo y sólo seis incumplen el objetivo del 1,3 por ciento frente a las ocho que lo rebasaban en el trimestre anterior.

   Andalucía se sitúa entre las diez comunidades que mejoran sus datos respecto al segundo trimestre, junto con Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja: mientras que siete los empeoran (Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia).

   De hecho, Castilla-La Mancha (4,84 por ciento) y Murcia (3,03 por ciento) son las comunidades con el déficit más elevado, aunque también se sitúan por encima del objetivo marcado (1,3 por ciento) Comunidad Valenciana (2,32 por ciento), Extremadura (1,98 por ciento), Asturias (1,57 por ciento) y Cataluña (1,34 por ciento).

   Así las cosas, Andalucía se sitúa por encima del 1 por ciento, pero por debajo del objetivo marcado. Además de la región, en esta situación están Castilla y León (1,25 por ciento) y Cantabria (1,19 por ciento), seguidas de Baleares (0,97 por ciento), Aragón (0,89 por ciento), Galicia (0,82 por ciento), La Rioja (0,56 por ciento), Canarias (0,51 por ciento), Madrid (0,47 por ciento) y Navarra (0,06 por ciento).

   En rueda de prensa, Salgado ha explicado que la cifra nacional es ligeramente inferior al déficit del 1,21 por ciento registrado en el trimestre anterior, ya que si sólo se tiene en cuenta el resultado del tercer trimestre del año se ha registrado un superávit de 192 millones.

   En este sentido, el Gobierno considera "evidente" el efecto de las medidas previstas en los planes de reequilibrio aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en las cuentas de las comunidades y asegura que si se analiza únicamente el comportamiento presupuestario del tercer trimestre, diez comunidades cerraron con superávit.

   Según Salgado, el dato demuestra que las comunidades han hecho esfuerzos y están en la senda de reducción del déficit, por lo que ha confiado en que finalmente cumplan el objetivo marcado, tal y como hará el Estado.

   De hecho, ha descartado la posibilidad de nuevas medidas de ajuste para cumplir el objetivo de déficit público (6 por ciento) porque "no tendría mucho sentido" que las tomara un Gobierno en funciones y porque la Administración Central va a cumplir.

   "La Administración Central va a cumplir y las comunidades deberían hacerlo", ha señalado, tras asegurar que el dato de las comunidades en los nueve primeros meses es un "buen indicativo" de cómo los diferentes territorios están reduciendo el déficit.

   El dato registrado de 12.873 millones es consecuencia de unos ingresos no financieros que han caído un 3%, mientras que los gastos han bajado un 2,81% respecto al mismo periodo de 2010.

   De cara al futuro, Salgado ha confiado en que las comunidades se mantengan en la senda de reducción del déficit tomando nuevas medidas, ya que es "evidente" que hay que seguir haciendo esfuerzos hasta finalizar el año.

   No ha querido valorar las iniciativas concretas que ha puesto en marcha cada comunidad, aunque sí ha dicho que el Ministerio se pondrá en contacto con las comunidades que no están cumpliendo para conocer la situación.

   De la misma forma, ha asegurado que no está previsto convocar otra vez el CPFF y no ha querido dar "consejos" a su sucesor al frente de la cartera de Economía y Hacienda o anticipar los resultados de su trabajo.

   Sobre la situación concreta de Cataluña, Salgado se ha limitado a decir que la relación con la Comunidad Autónoma es "cordial" y que el Estado no escucha que no va a cumplir el objetivo fijado porque entiende que es su "obligación". 

"Todo el mundo tiene que hacer lo posible por cumplir", ha dicho.

El Parlamento de Argelia discute la nueva Ley de Información

ARGEL.- La nueva Ley de Información, una de las reformas más importantes de las prometidas por el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, el pasado abril tras el estallido de la Primavera árabe, comienza a debatirse en el Parlamento en medio de críticas y de la aprehensión de numerosos periodistas.

La ley, llamada a modernizar la promulgada en 1990 tras una apertura política y mediática, ha sido acogida por los profesionales de la información con decepción, especialmente por aquellos que trabajan en la prensa privada.

Entre las principales novedades que incluye está la abolición de la pena de cárcel por los delitos de prensa, en especial el de difamación, que será sustituida por una multa que podrá ascender a los 5.000 euros.

El redactor jefe del diario argelino en lengua francesa 'Liberté', Salim Tamani, ha destacado la cuestión de la supresión de la pena de prisión, que describió como un paso "muy positivo" en el avance hacia la adopción de normas internacionales, aunque advirtió de que el nuevo texto todavía mantiene un carácter represivo.

"Un periodista no puede ejercer su trabajo con una espada de Damocles sobre su cabeza. Mientras haya una amenaza, sea de la naturaleza que sea, la libertad de prensa seguirá estando limitada", ha agregado.

Por su parte, el veterano secretario de Sindicato de Prensa, Rabah Abdala, considera que lo que debería ser "una voluntad de las autoridades de ver una real emancipación de la prensa" en Argelia, no es más que un "engaño" de una nueva ley que supone "un gran salto atrás".

Tras reprochar la actitud del Gobierno por no haber consultado a los periodistas para la elaboración del borrador y por "haber elegido a los interlocutores precisos para elaborar" las reformas, Rabah ha declarado que la ley "mantiene las restricciones a la libertad de la prensa".

El sindicalista ha hecho referencia al artículo sobre el acceso a las fuentes de información, que se ve limitado según el nuevo texto en casos de defensa de la soberanía nacional, de la instrucción judicial o de defensa de la estrategia económica nacional o de la política exterior.

"El texto reconoce el derecho del periodista a acceder a fuentes de información pero pone barreras en estos puntos. Es contradictorio", ha comentado Rabah, que también criticó la elevada multa por el delito de prensa.

Rabah ha comentado que un periodista, en caso de ser encontrado culpable de difamación, deberá hacer frente él solo, al pago de un dinero muy superior a su sueldo, por lo que se arriesga a ir a la cárcel ante un eventual impago.

"Es un círculo vicioso y lo más grave es que expone a los periodistas a la autocensura", ha subrayado Rabah.

En este sentido, la periodista del diario francófono 'El Watan', Salima Tlemcani, mantiene que el enfoque del gobierno sobre la despenalización de la prensa es "pernicioso", pero considera que hay ciertos puntos positivos en la nueva normativa.

Entre ellos destaca que la emisión de permisos para la creación de nuevas publicaciones ya no estará más en manos de la justicia ordinaria, sino de una nueva instancia de regulación en la que la mayoría de sus miembros serán elegidos por los propios periodistas.

Otra de las novedades de la ley presentada al Parlamento es la supresión del monopolio del Estado sobre los medios audiovisuales, y la posibilidad de otorgar permisos de emisión a empresas privadas.

Sin embargo, los tres periodistas consultadosmostraron sus sudas sobre esta cuestión, cuyo reflejo en la ley consideran vago. "¿Cómo abrir los medios audiovisuales?, ¿En favor de quién?, ¿Sobre qué bases?", se pregunta Tamami antes de apuntar que la ley no aclara esta cuestiones.

En un comunicado dirigido a los legisladores parlamentarios, el Sindicato de Periodistas argelinos sostiene que la nueva ley no protege a los profesionales de la información y que la nueva normativa sobre el secreto profesional es "un paso atrás".

Asimismo, solicita que se reconsideren varios artículos para poder elaborar según sus palabras "un corpus legislativo y jurídico digno de una prensa libre, moderna y ciudadana".

El nuevo texto comprende 132 artículos, de los cuales 63 son nuevos, 51 tienen modificaciones y sólo 18 permanecen íntegros.

Ban Ki Moon emplaza al próximo Gobierno marroquí a responder a las "aspiraciones legítimas" de la población

NUEVA YORK.- El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ha aplaudido el desarrollo sin incidencias de las elecciones legislativas en Marruecos y ha emplazado al Gobierno que resulte de esta votación a resolver las "aspiraciones legítimas" de la población.

   Los marroquíes votaron el viernes para elegir a los 395 miembros de la Asamblea de Representantes, en línea con las reformas promovidas este año por el rey, Mohamed VI, y aprobadas en julio mediante un referéndum constitucional.

   En un comunicado hecho público por su portavoz, Ban ha instado al futuro Gobierno a "responder de forma concreta a las aspiraciones legítimas del pueblo de Marruecos", para lo cual debería emprender contactos "con todas las partes interesadas, incluidas las mujeres y los jóvenes".

Fitch pronostica dos años difíciles para la energía solar

MADRID.-   La agencia de calificación crediticia Fitch considera en un informe sectorial que las tecnologías solares probablemente sufrirán unas "duras condiciones de mercado" durante los próximos dos o tres años.

   En el informe, la agencia considera que los recortes de primas a las renovables en varios países dañarán al sector, hasta que las tecnologías que emiten CO2 empiecen a sufrir gravámenes adicionales por estas emisiones y, con ello, hagan más competitiva a la solar.

   "Algunos países podrían anunciar recortes adicionales de primas en un momento en el que la crisis de la deuda soberana pone presión sobre las finanzas públicas y los precios de la electricidad se han convertido en un aspecto clave de la política", afirma Fitch.

   Los recortes pueden ser mayores en la tecnología fotovoltaica, en un momento en el que los países se orientan hacia renovables más productivas, como la eólica 'off shore', y los gobiernos, como es el caso del italiano, empiezan a aplicar limitaciones a la instalación de potencia.

   Otros aspectos que caracterizarán esta actividad serán una saturación del mercado provocada por la masiva llegada de paneles chinos y la debilidad de la demanda provocada por la caída de las primas.

   En todo caso, Fitch pronostica que la tercera fase del programa de comercio de emisiones en Europa, que comienza en 2013, ayudará a desarrollar las tecnologías solares al hacerlas más competitivas.

España perderá parte de los 71 millones en ayudas a crisis del pepino por retrasarse en el pago de las compensacion

BRUSELAS.- La Comisión Europea recortará los 71 millones de euros en ayudas que reservó para España por los daños sufridos durante la llamada crisis del pepino, tras constatar que las autoridades españolas no han cumplido el plazo fijado para el reparto de los apoyos a los productores afectados.

   España, primer receptor del fondo creado para esta crisis, ha repartido el 66% de las ayudas que le corresponde, esto es 47 millones de euros, dentro del plazo límite fijado por la UE en el 15 de octubre pasado, según han informado fuentes comunitarias.  Todos los pagos a partir de esa fecha serán considerados "pagos tardíos" y se les aplicará una llave de reducción.

   Bruselas creó un fondo de emergencia dotado con 227 millones de euros a repartir entre los 22 Estados miembros que solicitaron ayudas y demostraron que su sector hortofrutícola se vio afectado por la caída de la demanda que provocó el brote de 'E.coli'.

   Un total de 15 Estados miembros han notificado dentro de fecha el pago de al menos el 95% de las ayudas, entre ellos Portugal (100%), Polonia (97%), Alemania (96%), Francia (95%) y Grecia (94%). Al restarles menos de un 5% de compensaciones por asignar quedan exentos de la sanción que prevé Bruselas, han explicado las fuentes.

   Sólo Italia, con un 44% de sus ayudas pagadas, ha entregado un porcentaje menor que España a sus agricultores.

   De acuerdo a las normas comunitarias se ha previsto una llave de reducción para retirar parte de las ayudas a los países que no asignen a tiempo las ayudas y que oscila desde un 10%, si no se reparten en el plazo de un mes, hasta el 50% si el pago se demora hasta el periodo que va de finales de enero a mediados de febrero. Bruselas no descarta reducciones mayores de hasta el cien por cien de los apoyos si continúan los retrasos.

   La Comisión Europea espera recibir a mediados del mes de diciembre las notificaciones de los países con los datos da las ayudas concedidas entre octubre y este mes. Además, ha dejado claro que considerará un fraude toda ayuda que se conceda sin pruebas de que se ha retirado la mercancía del mercado y el Estado miembro será pensalizado.

   Según datos de Bruselas, los países implicados han hecho uso hasta el 15 de octubre del 79% de los fondos reservados para esta crisis, esto es, de 178,3 millones de euros de los 227 millones de euros asignados.

Los tribunales han comenzado a tomar cartas en el asunto de los complejos productos financieros

VALENCIA.- Los tribunales han comenzado a tomar cartas en el asunto de los complejos productos financieros que los bancos ofrecen a los clientes que buscan una rentabilidad superior a la media para sus ahorros. La ley prohibe a las entidades "vender" este tipo de inversiones a personas que carezcan de la preparación adecuada para entender sus riesgos, pero los banqueros han llegado a colocárselas a octogenarios, según el diario 'Levante'.

  Hace unos días se conocían tres nuevas sentencias relacionadas con productos financieros complejos que se habían ofrecido a los clientes de los bancos sin informar correctamente sobre los riesgos que se asumían. Uno de los casos lo resolvía la Audiencia Provincial de Murcia condenando a Caja Mediterráneo (CAM) a devolver a una octogenaria, domiciliada en Cartagena, los 134.000 euros colocados en bonos del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers -quebrado en 2008-, al no haber advertido la entidad financiera al cliente los riesgos a los que se enfrentaba en la operación.
Otro juzgado, en esta ocasión de Valencia -la Audiencia-, se pronunciaba a favor de un matrimonio que había invertido 250.000 euros en el mismo producto, "seguro y de buena rentabilidad", según les dijeron en 2008 en la oficina de Bankinter, aunque un año después la sucursal les envió una comunicación en la que les trasladaba que habían perdido todo lo invertido.
Por las mismas fechas, a casi ochocientos kilómetros de distancia, la sección séptima de la Audiencia Provincial, en Gijón, atendía una reclamación similar y obligaba a Banif, la filial de banca privada del Banco de Santander, a pagar a una clienta los 262.318 euros que había invertido en Lehman. Los motivos, los mismos: no habían advertido adecuadamente a la demandante los riesgos que asumía con la adquisición del producto. Esa misma oficina bancaria ya había tenido que devolver con anterioridad otros 800.000 euros a una decena de clientes por incumplir los deberes de "información y lealtad" en la venta de los productos.
Lo cierto es que mientras la economía funcionaba bien y la burbuja inmobiliaria se hinchaba no había problemas. Los bancos y las entidades financieras ingresaban regularmente los beneficios en las cuentas de los inversores y nadie se paraba a pensar dónde estaba metido su dinero. Sin embargo, septiembre de 2008 marcó, como en casi todo, el punto de inflexión. La caída del banco de inversión Lehman Brothers, de las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG provocaron la caída del castillo de naipes y la conversión de los boyantes rendimientos en importantes pérdidas, que en algunos casos supusieron no solo un porcentaje, sino todo el dinero invertido, como en el caso de Lehman.
Estas pérdidas soliviantaron a numerosos inversores que, aún siendo conscientes de que podrían perder dinero, jamás habían llegado a imaginar que su cuenta se podría quedar a cero. Se trataba en la mayoría de los casos, que se están resolviendo ahora en los juzgados, de personas sin experiencia en la inversión, que pretendían sacar de sus ahorros una rentabilidad superior a la media, desconocedores, además, del amparo que les brinda la legislación ante este tipo de productos. En concreto, la Ley de Mercado de Valores de 2007, que modificaba la de 1988 para incluir una serie de directivas europeas. En su artículo 79 bis se regulan las obligaciones de información que deben cumplir las entidades financieras con los demandantes de un producto de inversión. Cuando se trate de clientes no profesionales, la ley deja las cosas meridianamente claras. Primero, la entidad deberá asegurarse de la capacidad intelectual del cliente para comprender el tipo de producto que se le ofrece y los riesgos que comporta, estableciendo un perfil sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión. En caso de que el potencial comprador tenga dudas, el banco está obligado a no ofrecerle ese producto.

Información clara y no engañosa
En segundo lugar, la información que se ofrezca ha de ser "imparcial, clara y no engañosa". Precisamente, este artículo de la ley es el que está llevando a los bancos a perder las demandas de los clientes. La Audiencia Provincial de Murcia, en la sentencia que da la razón a la octogenaria de Cartagena frente a la CAM, lo deja muy claro. El banco debe "proporcionar al cliente una información individualizada y adecuada en relación con el producto financiero que adquiere, a fin de que pueda alcanzar una cabal comprensión de sus características y de los riesgos asociados a la misma, en especial el referente a la posibilidad de pérdida total 0 parcial del capital invertido".
También hay otros productos complejos que han dado lugar a las reclamaciones de los clientes, como las llamadas participaciones preferentes, que se han convertido en un callejón sin salida para miles de pequeños ahorradores en la CAM. Con la compra de estos valores, el inversor lo que hace en realidad es prestar su dinero a perpetuidad al banco o caja en cuestión a cambio de un interés anual, generalmente bastante elevado, que se pagará siempre que existan beneficios.
Esto significa que, rentabilidad aparte, la única forma de recuperar lo invertido es encontrar a otra persona que desee comprar las participaciones, algo muy complicado en el actual momento de crisis, en el que todo el mundo desconfía de las entidades financieras y prácticamente no existe demanda para estos títulos. Tienen también el inconveniente de que en caso de quiebra, al tratarse de deuda subordinada, sus propietarios son los últimos en la lista de cobro, sólo por delante de los accionistas.
Para las entidades la principal ventaja es que el dinero captado con este tipo de emisiones computa como recursos propios de máxima calidad o "core capital" y les permite alcanzar los mínimos de solvencia que les exige la legislación. Por este motivo, aunque hay emisiones de finales de los noventa, fue a partir del año 2009 cuando empezaron a utilizarse de forma masiva para hacer frente a los primeros embates de la crisis, hasta el punto que la mismísima Comisión Nacional del Mercado de Valores tuvo que llamar la atención al sector y advertir públicamente de los riesgos del producto.
Aún así, en estos momentos los bancos y cajas españoles tienen colocados casi 24.000 millones de euros en participaciones preferentes, según los datos del AIAF, el mercado de renta fija donde en teoría pueden comprarse y venderse, como si fueran acciones, aunque la realidad es que las operaciones son muy escasas. Entre las entidades con más títulos destacan La Caixa, con emisiones por valor de 4.897 millones; el BBVA, con 3.475 millones; Caja Madrid, con 3.022 millones; el Santander, con 1.965; la CAM, con más de 1.400 millones; o Bancaja, con 600 millones.
Se trata, en definitiva, de un "instrumento complejo y de elevado riesgo que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido", como deja claro la CNMV en sus folletos. Es decir, un producto destinado a inversores expertos que, sin embargo, se vendió indiscriminadamente a través de las redes de oficinas de las entidades, la mayoría de las veces camuflado bajo la apariencia de imposiciones a plazo fijo.

Atrapados por las preferentes
En las últimas semanas el caso más paradigmático ha sido el de la CAM, donde a la desconfianza existente en los mercados se ha unido la intervención de la entidad y la más que probable suspensión del abono de intereses trimestrales (al entrar la caja en pérdidas) para aniquilar cualquier posibilidad de desprenderse de los títulos en el mercado. Es decir, que aunque oficialmente no han perdido ni un sólo euro, no pueden disponer de su dinero. En las asambleas de afectados que estos días está celebrando la asociación de usuarios de banca Adicae los testimonios se repiten.
"Yo quería un plazo fijo y me dijeron que esto era lo mismo. Le pregunté como diez veces si tenía algún tipo de riesgo y le dejó muy claro que no quería nada donde pudiera perder dinero pero me dijo que todo estaba asegurado y que podría sacar cuando quisiera", explicaba Manuel G., un camarero de 53 años de Benidorm, en la asamblea celebrada este viernes. En la fila de detrás, Ricardo T. sonreía al comprobar la similitud de la historia con su propia experiencia. "Si a mí me llegan a decir que esto era como invertir en Bolsa me levanto y me voy de la sucursal".
Un simple vistazo a las últimas operaciones realizadas en el AIAF da una idea de hasta qué punto pueden llegar las pérdidas, a pesar de las promesas de garantía de los comerciales. Así, en la última operación con preferentes de Ibercaja el precio pagado fue de sólo un 64% del valor nominal; las del Banco de Valencia se pagan a sólo la mitad de su importe original; y una emisión de la antigua Caixa Sabadell ya apenas vale el 36% de su precio de emisión.
Según Adicae, en más del 90% de los casos puede demostrarse que la venta no fue correcta. De hecho, esta asociación presentó hace unas semanas una reclamación ante la CNMV contra 52 entidades por comercializar preferentes y prepara una demanda colectiva contra la CAM. También en Ausbanc están atendiendo decenas de personas con este problema, aunque en su caso han optado por las reclamaciones individuales.
La cifra de afectados no hará más que crecer en los próximos meses, según las citadas asociaciones, a medida que el próximo año se cumpla la fecha de muchos de estos supuestos plazos fijos y los ahorradores descubran la verdadera naturaleza de su inversión. Muchos de ellos son pensionistas.
La situación, además, no ha mejorado precisamente con la aplicación de la nueva normativa bancaria internacional de Basilea III. A partir de ahora, si las entidades quieren que las nuevas emisiones de preferentes cuenten como capital de máxima calidad deberán incluir una cláusula en la que se indique que se puede suspender el abono de intereses de forma absolutamente discrecional, aunque existan beneficios. A las preferentes, además, hay que sumar el caso de las obligaciones y bonos subordinados sin fecha de vencimiento que, en la práctica, presentan los mismos problemas de liquidez y de imposibilidad de recuperar la inversión.

La trampa de los derivados
A la sombra del dinero también han nacido otros productos financieros, los llamados "swaps", que ya han dado lugar a 403 sentencias en contra de los bancos frente a 72 a favor, por las demandas presentadas por particulares y pymes, según los datos recogidos por la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros (Asuapedefin). La asociación calcula que en España hay entre 200.000 y 400.000 particulares y minoristas con este tipo de productos de intercambio de tipos de interés (swaps) y permutas financieras (clips), vendidos antes del estallido de la crisis en septiembre de 2008. Estos productos se comercializaron como seguros que protegían al cliente contra las eventuales subidas de los tipos de interés de sus hipotecas, pero les han impedido beneficiarse de la bajada de los tipos, porque los clientes han tenido que abonar al banco la diferencia entre el porcentaje fijado y la caída.
Por el momento, solo tres del total de las 475 sentencias han llegado al Tribunal Supremo, ya que los recursos de casación están limitados a cantidades superiores a los 150.000 euros, según los datos de la asociación. Bankinter es la entidad española con más sentencias en contra tanto en los Juzgados de Primera Instancia (118 en contra y solo 19 a favor) como en segunda instancia, dictadas por las Audiencias Provinciales (36 en contra y cuatro a favor) por la comercialización del producto "Clip Bankinter", que incluía un tipo fijo a pagar del 4%.