sábado, 6 de octubre de 2012

El Gobierno cifra en 7,17 millones el derribo del hotel El Algarrobico, en la costa de Carboneras, levante almeriense


MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado personalmente que derribar la construcción de la promotora Azata en el paraje de El Algarrobico, en la costa de Carboneras, Almería, cuesta 7.175.000 euros.

 Arias Cañete ha explicado que el Ministerio y la Junta habían pedido un "primer presupuesto" que ha arrojado ese coste de 7.175.000 euros y que ambas administraciones están "plenamente de acuerdo" en actuar en este caso.
   Cabe recordar que el Ministerio y la Junta de Andalucía acordaron a principios del pasado mes de julio encargar a Tragsa un estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la zona.
   El ministro ha incidido en que si los tribunales establecen definitivamente la ilegalidad de la construcción, que la licencia le fue concedida ilegalmente y que procede la demolición, el Gobierno y la Junta "han llegado a un acuerdo para proceder conjuntamente en su demolición".
   El ministro ha dicho que el Algarrobico es "la prueba evidente" de que esta nueva Ley de Costas servirá para actuar y demoler "todo lo que sea ilegal" en la costa. "Va a cambiar todo, lo ilegal será demolido", ha dicho el ministro, que ha añadido, en alusión a los chiringuitos que, además, "lo que era legal que estaba sometido a concesión se prorrogará a petición de sus titulares".
   Arias Cañete ha recordado también que la futura Ley de Costas incluye la denominada 'cláusula antialgarrobicos', que regula la posibilidad que tiene el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar "situaciones irreversibles" siempre dando la última palabra a los tribunales.
   Al respecto, ha recordado que ayuntamientos han dado licencias de construcción en contra de la legislación y que luego han generado "situaciones muy complicadas de volver atrás", como es el caso del hotel de Azata, que el ministro ha calificado de "emblemático" en cuanto a la necesidad de poner en marcha mecanismos que permitan dar más seguridad jurídica y más  facultades al Gobierno para que se aplique la Ley de Costas.
Por su parte, la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha aplaudido que el ministro sepa "cuanto cuesta demoler" la construcción de Azata en El Algarrobico (Carboneras, Almería), en virtud de la cifra de 7,17 millones de euros que éste ha dado y ha señalado que lo que toca "ahora es la acción".
   Marcos ha mostrado su "sorpresa" porque el ministro haya hecho pública la cifra, al no constar que el estudio técnico que el Ministerio y la Junta de Andalucía encargaron a Tragsa sobre el coste y las características técnicas de la demolición, del tratamiento de residuos y la posterior regeneración de la zona estuviera concluido.
   Tras señalar que éste es "el Ministerio de las sorpresas", ha reclamado que detalle si los 7.175.000 euros incluyen la recuperación de la zona en la que se ubica la construcción.
   Cabe recordar que Greenpeace publicó hace unos meses un estudio que estimaba en 7,3 millones de euros el coste de desmantelar de forma selectiva la construcción, cifra en la que también está incluida la recuperación posterior de la playa.
   Al respecto, Marcos ha recordado que, además, su informe, elaborado por un estudio de arquitectos en base a los planos de las plantas de la construcción, incluía la formación de personal y la creación de puestos de trabajo. 
Concretamente, las cifras que maneja la organización ecologista prevén la generación de 379 puestos de trabajo, 530 horas de cursos, 150 personas formadas y casi 40.000 metros cúbicos de material recuperado, es decir, el 98 por ciento del edificio.
Finalmente, Ecologistas en Acción ha instado también al Ministerio y a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a colaborar con vistas a llegar a un acuerdo de financiación que propicie la demolición de la construcción de la promotora Azata en el paraje de El Algarrobico, en la costa de Carboneras, una vez que se ha conocido que el precio del derribo sería de 7.175.000 euros.
   La portavoz de Ecologistas en Acción de Andalucía, Dolores Yllescas, ha indicado que en una reciente reunión con el consejero del ramo, Luis Planas, "nos dijeron que estaban esperando el precio y que pensaban que se podría colaborar con el Estado".
   En este sentido, Yllescas ha subrayado que "aunque lo que se ha infringido es la Ley de Costas, también la Junta de Andalucía tiene culpa"
"Suponemos que el municipio no tendrá dinero, así que lo ideal sería que pagasen entre los dos", ha añadido, para apostillar su deseo de que se llegue a un acuerdo "lo antes posible".
   El ministro Arias Cañete, ha explicado que el Ministerio y la Junta habían pedido un "primer presupuesto" que ha arrojado ese coste de 7.175.000 euros y que ambas administraciones están "plenamente de acuerdo" en actuar en este caso.
   Cabe recordar que el Ministerio y la Junta de Andalucía acordaron a principios del pasado mes de julio encargar a Tragsa un estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la zona.
   El ministro ha incidido en que si los tribunales establecen definitivamente la ilegalidad de la construcción, que la licencia le fue concedida ilegalmente y que procede la demolición, el Gobierno y la Junta "han llegado a un acuerdo para proceder conjuntamente en su demolición".

El alcalde de Carboneras tacha de "frivolidad" presupuestar el derribo del Algarrobico sin una sentencia firme

CARBONERAS.- El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), ha calificado de "frivolidad" el que la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hayan encargado presupuestar el derribo del coste del hotel de El Algarrobico, ubicado en el paraje del mismo nombre en la localidad almeriense de Carboneras, dado que aún "no hay una resolución judicial firme" que obligue a su destrucción. 

    Hernández ha tildado de "temerario" y "poco serio" el anuncio realizado por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien ha puntualizado tras el Consejo de Ministros que derribar el inmueble de 411 habitaciones y una veintena de plantas de Azata cuesta 7.175.000 euros, ya que, según sus sospechas "no habrá demolición en el próximo lustro, seguramente".
   Asimismo, ha pedido tanto al Gobierno autonómico como al central que evalúen económicamente "el coste del daño que se le ha hecho al pueblo de Carboneras", sentido en el que ha visto conveniente cifrar una "compensación" por el "daño económico, social y turístico" que ha sufrido en los últimos años y que "hay que resarcir".
   El regidor, quien ha ahondado en que se analice el menoscabo que se ha hecho a la provincia de Almería "por esas mismas administraciones que valoran ahora el coste del derribo", ha lamentado que "entre todos" estén "destrozando" el "paraíso que es Carboneras".
   Así, ha opinado que las administraciones "deberían analizar y tener seriedad a la hora de dar permisos para construir", después de recordar que el inmueble, paralizado desde 2006, está valorado en unos 45 millones de euros y recibió incluso ayudas de la Unión Europea, pese a lo que el Ayuntamiento no ha tributado impuestos sobre él.
   "El miura de El Algarrobico ya ha acabado con alcaldes de Carboneras, consejeros, ministros de medio ambiente y con presidentes del Gobierno", ha dicho el primer edil independiente, quien se ha mostrado continuamente partidario de la apertura del hotel para mejorar la economía de la zona. "Mucho me temo que ese toro de El Algarrobico va a seguir frente a las playas y sin afrontar la triste realidad económica que padecemos en Almería, Carboneras y España", ha apostillado.

'Almería Urban' abre este sábado el plazo de licitación de obras en el entorno del Mesón Gitano

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería abrió este sábado el plazo de licitación de las obras en el entorno del Mesón Gitano después de que en junta de gobierno local se diera luz verde a principios de septiembre el compromiso de gasto plurianual para este proyecto dentro del marco de las actuaciones de Urban Almería 2007-2013, que lleva a cabo la empresa municipal 'Almería Urban' para la regeneración del casco histórico de Almería.

   El compromiso contempla para el presente ejercicio una inversión de 3,1 millones de euros mientras que para 20013 y 2014 las partidas alcanzan los 2,1 y los 1,8 millones de euros, por lo que el presupuesto global de la actuación supera los siete millones de euros.
   Según ha informado el Ayuntamiento, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal Almería Urban, financiada en un 70 por ciento con fondos europeos y en un 30 por ciento con aportación municipal, ha aprobado los pliegos técnicos y administrativos para la contratación conjunta de la redacción de proyecto y ejecución de las obras del entorno del Mesón Gitano.
   El consejero delegado de Almería Urban, Manuel Guzmán, ha indicado que a partir de hoy, con la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), se abre un plazo de cuarenta días naturales para la licitación de este proyecto. Los pliegos técnicos y administrativos pueden ser consultados por las empresas interesadas en la sección del 'Perfil del Contratante' de la página web de Almería Urban, www.almeriaurban.es.
   Guzmán ha destacado que el proyecto de las obras en el entorno del Mesón Gitano es uno de las actuaciones de "mayor envergadura" que va a llevar a cabo el actual equipo de gobierno, con Luis Rogelio Rodríguez-Comendador al frente, y "sin duda la más importante" que el Plan Urban va a desarrollar en el casco histórico al representar "un cambio integral de toda esta zona". Está previsto que las obras estén adjudicadas a final de año y que comiencen a principios de 2013, con un plazo de ejecución de 20 meses.
   En concreto, las obras del entorno del Mesón Gitano consistirán en el acondicionamiento de las cuevas y la urbanización de la explanada de dichas cuevas. Además, está prevista la construcción de un nuevo edificio de equipamiento que albergará varias escuelas taller, así como la apertura de un nuevo vial rodado que irá desde la puerta de la Alcazaba hasta la Avenida del Mar, a través de la calle Fernández, de modo que se garantice la accesibilidad.

Voluntarios limpian fondos marinos y playas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar hoy sábado

ALMERÍA.- La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente participa hoy sábado, junto con varias entidades y empresas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en una actividad abierta a cuantas personas quieran asistir de forma voluntaria, para la limpieza de fondos marinos y playas del litoral.

   La actividad comenzó a las 11,00 horas, si bien las personas interesadas en participar debieron presentarse al punto de recogida media hora antes, para la coordinación de los trabajos y la entrega del material necesario para las tareas, que fue suministrado de forma gratuita por los organizadores, según informa la Junta en una nota.
   Los participantes que tenían titulación de buceo y seguro en vigor fueron los encargados de la limpieza de los fondos, y quienes no tenían dicha titulación se encargaron de la limpieza de las playas. La limpieza, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, se realiza en Las Negras, el Playazo de Rodalquilar, La Isleta del Moro, el embarcadero de Los Escullos, el Puerto de San José, la playa de Los Genoveses, la desembocadura Rambla Morales, Cala el Bergantín-Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
   En la organización de esta actividad participan varios centros de buceo, empresas de actividades en la naturaleza y asociaciones ecologistas, el Proyeto CAMP Levante de Almería y Ocean Conservancy, que cuentan con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

El Gobierno aprueba una polémica Ley de Costas

MADRID.- El Gobierno aprobó finalmente el proyecto de una nueva Ley de Costas que plantea un uso sostenible del litoral español y trata de reforzar la confianza en las actividades económicas costeras, pero que ha contado con la oposición frontal de los grupos ecologistas.

Entre otras cosas, supondrá que los edificios que están a menos de 100 metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo e incluye una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa.
Esta ley modifica la de julio de 1988 que, según el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha demostrado ser ineficaz en numerosas ocasiones.
La ley tiene tres objetivos, según el ministro: "reforzar la protección del litoral conciliándola con actividades económicas sostenibles, (...) reforzar la seguridad jurídica en el litoral, y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica", dijo Arias Cañete durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro detalló que la ley tratará de proteger las 23.000 ocupaciones no residenciales que generan empleo en la costa española, de las cuales 3.000 corresponden a los denominados "chiringuitos", para los que establecerá concesiones de cuatro años siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral.
El titular de Medio Ambiente dijo que la normativa pretende también ofrecer seguridad jurídica para los titulares de viviendas.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables a otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la norma de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la pasada legislación era un seguro contra la especulación y la corrupción, a pesar de que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
Greenpeace - que hace unos meses denunció que el mantenimiento de las actuaciones inadecuadas en la costa cuestan 100 millones de euros anuales al Estado - calificó la nueva norma de "engaño" y acusó al Ejecutivo de "vender la costa al mejor postor" en un comunicado.
"El Gobierno tenía claro desde la campaña electoral que quería desmantelar el dominio público marítimo terrestre tal y como se ha entendido hasta ahora. Solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades lucrativas en la costa", dijo Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace en una nota difundida tras el anuncio del Gobierno.
Por su parte, el ministro sostuvo que "es una ley que refuerza la prohibición de nuevas edificaciones. Esta ley no es más laxa, no es más tolerante, sino que va a reforzar la prohibición de nuevas edificaciones".
La ley incluye también la llamada "cláusula antialgarrobico", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"Regula la posibilidad que tiene ahora el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles siempre con la última palabra para los tribunales", dijo Arias Cañete.
La ley diferenciará también las playas urbanas de las naturales, incrementando la protección en estas últimas y reduciendo las ocupaciones, agregó.

Arias Cañete consuma la amnistía a la ocupación ilegal de la costa / Vidal Coy *

El departamento de Arias Cañete ha consumado lo que se estaba viendo venir desde hace meses, prácticamente desde que asumió el cargo de ministro de Medio Ambiente: una amnistía, según unos, indulto, para otros, a la ocupación ilegal del dominio público marítimo terrestre (DPMT). Con el envío a las Cortes del proyecto de Reforma de la Ley de Costas, el Gobierno de Mariano Rajoy continúa en su línea de adecuar las normas a los deseos o necesidades de particulares frente a los intereses de lo público, es decir, de todos los ciudadanos.

Se veía venir, efectivamente, y en esto, como en otras cosas, el gobierno del PP ha contado con la aquiescencia, cuando no con el aliento indisimulado, de sectores europeos, tan celosos en otro tiempo y en otras cosas en la defensa el de la sostenibilidad. Ahora se trata de mantener los privilegios adquiridos de manera irregular por una serie de ciudadanos españoles y comunitarios que establecieron sus reales dentro del DPMT y, obviamente, pretendían y han conseguido mantenerlos gracias a la manga ancha del equipo de Arias Cañete.

Y quedar bien con nuestros socios europeos preocupados por las propiedades de sus nacionales en España tanto como el Gobierno lo está por dar satisfacciones al norte de los Pirineos: “Queremos evitar el daño que causaría a la imagen de España si se llevaran a cabo demoliciones masivas de viviendas”, aseguró el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer. La defensa de la “Marca España” arrasa con todo.

10.000 viviendas y 3.000 chiringuitos “irregulares” quedarán a salvo, pues, a partir de la aprobación de la nueva ley, que se producirá sin duda pues para eso el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso y el ministro Arias Cañete podrá realizar en esto, ya que no pudo hacerlo con el trasvase Ebro-Segura, su sueño del “paseo militar”.

No fue exagerada la calificación de un colega, hecha durante el verano, de que la nueva norma que se pretende elevar a ley es “a la carta”. O sea, arbitraria y, también, discriminatoria. Porque, en primer lugar, ¿Cuál es la razón irrebatible para no aplicarla en once lugares conflictivos, cuando existen a lo largo de la costa española atlántica y mediterránea cientos de enclaves con esa característica? Y, en segundo, ¿Qué garantía legal queda para que las excepcionalidades no se extienda a capricho allá donde fuera menester?

Item más. Con tanta situación particular admitida en la que será nueva ley, no queda clara la intención de que el emblemático hotel de Azata del Sol en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) llegue a ser derribado a pesar del supuesto acuerdo entre ministerio y Junta de Andalucía para compartir los más de siete millones de euros que costaría hacerlo. Cosa que se hará, si los tribunales establecen definitivamente su ilegalidad, destacó el ministro. Demasiados condicionales, habida cuenta de la colección de sentencias contrarias que posee ese mastodonde a pie de playa.

Porque, en época de tamaña crisis como la que estamos, está servido e hipócritamente justificado el argumento de que el coste es inasumible para las arcas públicas habiendo otras prioridades. Como lo está la ampliación de las concesiones a las miles de viviendas ilegales y chiriguitos de todo tipo sobre la costa a otros 75 años a partir de la caducidad de la regalía actual. En plena depresión económica, ¿destruir negocios, viviendas, formas de vida por muy ilegales que sean?, se preguntarán los bienpensantes al uso. Anatema. La permisividad en la ocupación de la costa se consolida como supuesta palanca para salir de la crisis.

De lo peor es que, además, se permitirá que los propietarios de esas 10.000 viviendas o de los 3.000 negocios ilegales sobre el DPMT, invadiendo lo que es de todos, hagan negocio con la ocupación pues quedarán autorizados a venderlos o reformarlos, como ya se sabía desde julio, cuando se aprobó el anteproyectode ley. Una buena muestra de la “seguridad jurídica” de que habla el ministro y que la norma pretende ofrecer, cuando se apruebe en el Congreso, para sostener y prolongar los desmanes pretéritos con una garantía de futuro. Se trata, según el Diccionario de la Lengua Española, de una auténtica amnistía: “Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”.

(*) Periodista

Quien es Rafael Hernando, diputado del PP por Almería

Nace en Guadalajara un  13 de noviembre de 1961.A pesar del escepticismo de sus amigos y conocidos y en particular del claustro de profesores, se licenció en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y previo pago obtuvo un Master en Administración y Dirección de Empresas por ICADE.

Tras las primeras elecciones democráticas de 1977, preso de un ataque compulsivo, Rafa decide dedicarse a la política atraído por la figura de Manuel Fraga Iribarne y  por no menos centrista tío Rafael Pérez Escolar con los años procesado por el llamado Caso Banesto y metido en todo los fregaos de los últimos 49 años. Con carácter previo, rumores confirmados le sitúan en esas fechas como un aventajado entusiasta de la extrema derecha , hoy  electoralmente integrada en el centrismo redentor, de los denominados patriotas de Fuerza Nueva

Joven de Alianza Popular en las segundas elecciones locales celebradas el 8 de mayo de 1983 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara y en los siguientes comicios autonómicos del 10 de junio de 1987, obtuvo escaño de diputado aliancista por la provincia de Guadalajara en el Parlamento de Castilla-La Mancha, cargo este último del que dimitió en 1989. Durante aquella época manchega, no se le conoce grandes virtudes. Se limita a insultar. Con el tiempo se irá haciendo un experto en esta materia.

Con anterioridad, en septiembre de 1987, Rafa había sido nombrado por D. Manuel presidente de Nuevas Generaciones de AP (NN.GG), y como tal pasó a formar parte del Comité Ejecutivo del partido así como de la Directiva Nacional del mismo, puestos que compatibilizó con su actividad de  abogado.

No obstante, y antes de ser elegido presidente de NN.GG desempeñó los puestos de: secretario de Acción Territorial de Castilla-La Mancha, presidente provincial de Guadalajara y miembro de la Comisión Permanente de Cargos Electos.

En 1989 para su sorpresa, Hernando, quien en un principio se había hecho a la idea de que  iba a formar parte de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Guadalajara en las elecciones generales del 29 de octubre, concurrió finalmente por la citada circunscripción, pero al Senado. De su época senatorial, los Diarios de Sesiones apenas dan señales de vida de su presencia. Eso si cobró todos los meses.

En el transcurso del VIII Congreso de NNGG, celebrado en Madrid, en febrero de 1990 fue sustituido al frente de la organización juvenil por Tomás Burgos y el 6 de junio de 1993 fue elegido, en las elecciones generales, diputado del PP por la provincia de Almería, provincia que como es sabido ni conocía ni estaba  hasta entonces previsto conocer.  En el Congreso fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y portavoz parlamentario en materia de cooperación internacional.

La Casa tuvo a bien designarle portavoz y coordinador del área de Comunicación, desde que en enero de 1999 se celebrara el XIII Congreso genovés. Desde entonces, según sopla el viento, sus intervenciones públicas no tiene desperdicio. Pero al no tener sentido del ridículo, ni mucho menos complejos visibles,  Rafa no se desanima y opina de lo humano y lo divino. Normalmente no rectifica. Es su tendencia. Siempre piensa que los que se equivocan son otros. En fin un tipo sin complejos. Peter, el del Principio,  sin dudarlo, encontraría en la trayectoria de nuestro charlatán mas PPopular un prueba científica irrefutable de que su  teoría y su trabajo  no fue en mano. Está ex casado y es padre de dos hijos.

Tras la resaca genovesa de las elecciones generales del 20-N y ante la salida masiva hacia el BOE de los genoveses más espabilados, Rafa fue premiado con el saldo de nombrarle Portavoz Adjunto en el Congreso de los Diputados.

Que no, que no, que no nos representa / Gabriel Sánchez

Indignado, me sumo al grito de los millones de españoles que opinan que estos que nos gobiernan no nos representan; de igual manera lo hago reafirmándome en las palabras extraídas del auto del magistrado Santiago Pedraz, cuando cataloga a nuestra denominada clase política, de decadente.

“Una joya” me dijo una vez el bueno de Manuel Arqueros, tras una entrevista en televisión, estando próximo a dejar de ser diputado. Se refería a Rafaél Hernando “una joya”, castellana, que no andaluza, dejémoslo claro.

Lenguaraz, faltón, peleón y, al final, capón.

No es la primera vez ni será la última que su incontinencia verbal deja del PP una estampa barriobajera, más propia de un partido político de un país bananero, que de un país como España, con una democracia consolidada y en la que ciertos personajes como Hernando pretenden que la justicia le baile el agua.

¿Pataleta? puede ser. Otra vez antes de que la arme, que sus papis políticos lo castiguen e impidan que ponga en un brete a los almerienses, a los que por suerte o desgracia representa. ¡Menuda cruz! que diría un creyente. Eso sí: es conveniente que todos sepan que este caudillo salido de los votos, al que por su manera de actuar le gustaría gobernar con las botas, no es almeriense, tampoco andaluz; de haber nacido aquí sería sino cacique, que queda feo, un señorito de ordeno y mando y de aquellos que gritan, aquí se hace lo que marcan mis cojo...

“Auto irresponsable, inaceptable, demagógico”, estas son algunas perlas. Si alguien se pregunta por qué, que no le de vueltas, yo se lo digo: a nuestro diputado almeriense y, por cierto, también cunero, se le ha agriado la bilis y la ha soltado por la boca. No es la primera vez que lo hace. La pregunta sería si lo hace conscientemente para que se vea que hace algo que justifique su sueldo, además de aplaudir y vitorear a su líder o porque realmente lo que representa se lo pasa por ahí, ya me entienden; no es cuestión de nombrar el sitio y colocarnos a su altura.

“No existe delito contra las instituciones del Estado” dice el magistrado en su auto, atreviéndose encima a archivar la causa. ¿Cómo osa un simple juez tamaña aberración? No me extraña que Hernando, quien ya veía condenados a veinte años de cárcel a esos ocho 'terribles delincuentes' que cometieron el delito de manifestarse pacificamente, se cabree y suelte por su boca lo que ha soltado. Y no crean, no es malo que lo haga, al menos así se quita la careta de niño bueno y descubrimos quien es realmente la persona que nos representa.

En cualquier caso podemos sentirnos dichosos de que los juicios sumarísimos se derogasen y de que Rafa no nos gobierne, pues éste que escribe piensa de igual manera que lo hacen esos millones de españoles que rodearon el Congreso.

“Ya verán como recula”, estaba escribiendo, cuando, escuchando las noticias, compruebo que ya lo había hecho. No es mérito saber que haría, le conozco bien; la primera vez que pude ver como “los huevecillos se le metían pa dentro” que diría la tía Frasca, fue delante mía en el municipio de Antas; no sería ésta la primera vez, le he visto recular muchas veces más.

En Almería se sabe de sobra de su incontinencia verbal, la misma que, de haber sido fisiológica, le hubiera dejado manchado el pantalón; lo peor es que la exporta.

Visto lo visto no les quepa duda que, de ser necesario, este camaleónico político que no nos representa ,es capaz de desmearse.

Las CC.AA. deberán informar cada mes a Hacienda de sus planes de tesorería y los ayuntamientos cada tres

MADRID.- Las comunidades autónomas remitirán mensualmente al Ministerio de Hacienda y Administración Públicas información sobre los planes de tesorería, el personal o ejecución presupuestaria. En el caso de las corporaciones locales, el envío será trimestral y la información se ampliará al grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y plazos previstos en la ley de lucha contra la morosidad.

   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha emitido una Orden Ministerial, que se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que las Administraciones autonómica y local faciliten una mayor información económica financiera y con mayor frecuencia, tal y como se contempla en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
   El objetivo es lograr una mayor transparencia y un mejor seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, "lo que contribuirá a fortalecer la confianza en la economía española y refuerza los compromisos europeos adquiridos", según Hacienda.
   La orden define el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de información económico-financiera a suministrar por las Administraciones Territoriales a la Administración General del Estado que se encargará de su publicidad.
   Por primera vez, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contará con información referida a: planes de tesorería; número de efectivos y costes asociados al personal al servicio de estas administraciones; información presupuestaria más completa y adelantada en el tiempo sobre marcos presupuestarios, líneas fundamentales del presupuesto, proyectos de presupuestos, presupuestos efectivamente aprobados, sus posibles modificaciones y su ejecución.
   Asimismo, se regulan los plazos y el contenido de la información económico-financiera de estas Administraciones que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas colgará en su página web.
Por primera vez, se van a publicar, mensualmente para las Comunidades Autónomas y trimestralmente para las Corporaciones Locales, información sobre la ejecución presupuestaria o el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Igualmente, se dará publicidad a los planes económicos financieros, planes de reequilibrio y planes de ajuste.
   En la orden ministerial publicada en el BOE hay un endurecimiento de las consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones de remisión, dando lugar a un requerimiento y la aplicación de las medidas prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
   La orden establece que será la intervención general, o unidad equivalente, quienes centralicen la información tanto en el caso de las Comunidades Autónomas como en las Corporaciones Locales.
   El primer informe mensual de los datos de ejecución presupuestaria será publicado en octubre, referido a julio y agosto. A partir del mes siguiente el periodo de referencia será mensual. A partir de 2013 se publicará también en términos de contabilidad nacional la información de CCAA, lo que representa un avance fundamental en el seguimiento continuo y control de las cuentas públicas.

Los fotoperiodistas almerienses Ruiz Marín, Mullor, Cano, Salmerón y Carranza darán nombre a cinco calles

ALMERÍA.- Los fotoperiodistas almerienses Luis Ruiz Marín, José Mullor Escamilla, Diego Guirado Cano y Juan Salmerón Ramírez, junto al reportero de televisión Luis Carranza González, tendrán una calle de la ciudad de Almería con su nombre, quedando pendiente su ubicación, tras el acuerdo del pleno municipal.

El Ayuntamiento de Almería ha notificado a la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) el acuerdo del pleno extraordinario de la Corporación Municipal por el que se atendía la propuesta del colectivo profesional para dar el nombre de cinco calles de Almería a los cuatro fotoperiodistas y al reportero de televisión, todos ellos ya fallecidos. La AP-APAL quiere mostrar su satisfacción por la decisión plenaria que permite rendir homenaje a la memoria de quienes han plasmado con sus imágenes la historia de Almería.