MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado personalmente que
derribar la construcción de la promotora Azata en el paraje de El
Algarrobico, en la costa de Carboneras, Almería, cuesta 7.175.000 euros.
Arias Cañete ha explicado que el Ministerio y la Junta
habían pedido un "primer presupuesto" que ha arrojado ese coste de
7.175.000 euros y que ambas administraciones están "plenamente de
acuerdo" en actuar en este caso.
Cabe recordar que el Ministerio y la Junta de Andalucía
acordaron a principios del pasado mes de julio encargar a Tragsa un
estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la
demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y
la posterior regeneración de la zona.
El ministro ha incidido en que si los tribunales establecen
definitivamente la ilegalidad de la construcción, que la licencia le fue
concedida ilegalmente y que procede la demolición, el Gobierno y la
Junta "han llegado a un acuerdo para proceder conjuntamente en su
demolición".
El ministro ha dicho que el Algarrobico
es "la prueba evidente" de que esta nueva Ley de Costas servirá para
actuar y demoler "todo lo que sea ilegal" en la costa. "Va a cambiar
todo, lo ilegal será demolido", ha dicho el ministro, que ha añadido, en
alusión a los chiringuitos que, además, "lo que era legal que estaba
sometido a concesión se prorrogará a petición de sus titulares".
Arias Cañete ha recordado también que la futura Ley de Costas
incluye la denominada 'cláusula antialgarrobicos', que regula la
posibilidad que tiene el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas
ilegales en la costa para evitar "situaciones irreversibles" siempre
dando la última palabra a los tribunales.
Al respecto, ha recordado que ayuntamientos han dado licencias
de construcción en contra de la legislación y que luego han generado
"situaciones muy complicadas de volver atrás", como es el caso del hotel
de Azata, que el ministro ha calificado de "emblemático" en cuanto a la
necesidad de poner en marcha mecanismos que permitan dar más seguridad
jurídica y más facultades al Gobierno para que se aplique la Ley de
Costas.
Por su parte, la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar
Marcos, ha aplaudido que el ministro sepa "cuanto cuesta demoler"
la construcción de Azata en El Algarrobico (Carboneras, Almería), en
virtud de la cifra de 7,17 millones de euros que éste ha dado y ha señalado que lo
que toca "ahora es la acción".
Marcos ha mostrado su "sorpresa"
porque el ministro haya hecho pública la cifra, al no constar que el
estudio técnico que el Ministerio y la Junta de Andalucía encargaron a
Tragsa sobre el coste y las características técnicas de la demolición,
del tratamiento de residuos y la posterior regeneración de la zona
estuviera concluido.
Tras señalar que éste es "el Ministerio de las sorpresas", ha reclamado que detalle si los 7.175.000 euros incluyen la recuperación de la zona en la que se ubica la construcción.
Cabe recordar que Greenpeace publicó hace unos meses un estudio
que estimaba en 7,3 millones de euros el coste de desmantelar de forma
selectiva la construcción, cifra en la que también está incluida la
recuperación posterior de la playa.
Al respecto, Marcos ha recordado que, además, su informe,
elaborado por un estudio de arquitectos en base a los planos de las
plantas de la construcción, incluía la formación de personal y la
creación de puestos de trabajo.
Concretamente, las cifras que maneja la
organización ecologista prevén la generación de 379 puestos de trabajo,
530 horas de cursos, 150 personas formadas y casi 40.000 metros cúbicos
de material recuperado, es decir, el 98 por ciento del edificio.
Finalmente, Ecologistas en Acción ha instado también al Ministerio y a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a colaborar
con vistas a llegar a un acuerdo de financiación que propicie la
demolición de la construcción de la promotora Azata en el paraje de El
Algarrobico, en la costa de Carboneras, una vez que se ha
conocido que el precio del derribo sería de 7.175.000 euros.
La portavoz de Ecologistas en Acción de Andalucía, Dolores
Yllescas, ha indicado que en una reciente reunión con el
consejero del ramo, Luis Planas, "nos dijeron que estaban esperando el precio y que pensaban que se podría colaborar con el Estado".
En este sentido, Yllescas ha subrayado que "aunque lo que se ha infringido es la Ley de Costas, también la Junta de Andalucía tiene culpa".
"Suponemos que el municipio no tendrá dinero, así que lo ideal sería que pagasen entre los dos", ha añadido, para apostillar su deseo de que se llegue a un acuerdo "lo antes posible".
El ministro
Arias Cañete, ha explicado que el Ministerio y la Junta habían pedido un
"primer presupuesto" que ha arrojado ese coste de 7.175.000 euros y que ambas administraciones están "plenamente de acuerdo" en actuar en este caso.
Cabe recordar que el Ministerio y la Junta de Andalucía acordaron a
principios del pasado mes de julio encargar a Tragsa un estudio técnico
sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la
construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior
regeneración de la zona.
El ministro ha incidido en que si los tribunales establecen
definitivamente la ilegalidad de la construcción, que la licencia le fue
concedida ilegalmente y que procede la demolición, el Gobierno y la
Junta "han llegado a un acuerdo para proceder conjuntamente en su demolición".