jueves, 28 de abril de 2011

Mohamed VI ordena una investigación por el atentado de Marrakech, con 16 muertos

RABAT.- El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas del atentado ocurrido este jueves contra una cafetería del centro de Marrakech, al tiempo que ha emplazado al Ministerio del Interior a abrir una investigación para determinar las causas y los responsables de "este lamentable incidente".

   A través de un comunicado de la Casa Real recogido por la agencia oficial de noticias MAP, Mohamed VI ha condenado la "explosión criminal" ocurrida en la cafetería 'Argana', en la plaza Jamaa Lafna.
   El monarca, que ha presidido el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio Real de Fez, ha dado instrucciones al Ministerio de Sanidad para que proporcione "todos los cuidados médicos y el apoyo humano necesarios a los heridos", a los que ha deseado una "rápida recuperación". A las "afligidas" familias de las víctimas, les ha transmitido "paciencia y consuelo".
   "El Rey también ha instruido a los ministros del Interior y de Justicia para que las autoridades competentes abran una investigación judicial por esta explosión criminal", menciona el comunicado. A estos ministros también les ha pedido que informen a la opinión pública "de las conclusiones de las investigaciones" con "celeridad y transparencia", en aras de "la preservación de la tranquilidad y seguridad de personas y bienes".
   La fiscalía de Marrakech ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este atentado que, según la MAP, ha provocado 16 muertos y 20 heridos de "diferentes nacionalidades".
Efectivamente, al menos 16 personas han fallecido este jueves en el atentado registrado en esa céntrica plaza de Marrakech, según un último balance divulgado por la televisión marroquí y en el que también se cifra en diez el número de extranjeros muertos, de los cuales seis son franceses.
   La televisión estatal 2M ha citado fuentes oficiales para asegurar que cinco marroquíes, seis franceses y otros cuatro extranjeros cuya nacionalidad no ha revelado figuran entre las víctimas mortales, informa Reuters.
   Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores galo, Bernard Valero, no ha podido "confirmar" que haya seis franceses entre las víctimas mortales. En este sentido, ha indicado en declaraciones a la emisora gala Europe 1 que se encuentran en fase de "verificación" de los datos y que el cónsul en Marrakech se ha puesto en contacto con las autoridades locales.
   Valero también ha adelantado que su Ministerio evalúa la situación con las autoridades de Marruecos "antes de modificar, si fuese el caso, los consejos a los viajeros" que quieran ir al país magrebí.
   La explosión, atribuida por el Gobierno de Marruecos a un atentado, ha tenido lugar en la cafetería 'Argana' de la plaza Jamaa Lafna. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer causas y circunstancias de este suceso.
   El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España no tiene constancia por el momento de que haya españoles entre los muertos y heridos que ha provocado el atentado perpetrado en la localidad turística marroquí de Marrakech, ha informado una portavoz del departamento que dirige Trinidad Jiménez.
   La portavoz ha señalado, "con toda la prudencia debida", que el Ministerio carece de indicios que apunten a la posible presencia de españoles entre las víctimas.
   El Consulado de España en Casablanca, del que depende Marrakech, se ha puesto en contacto con residentes y turistas españoles, que no le han trasladado ninguna información "alarmante" sobre la posible presencia de allegados en la zona del atentado, dirigido contra el café 'Argana' en la plaza central Jamaa Lafna.
   El Ministerio del Interior marroquí ha informado de que el atentado ha dejado al menos 16 muertos y 20 heridos "de diversas nacionalidades".
   Según datos del departamento que dirige Jiménez, 236.000 españoles visitaron Marruecos entre enero y febrero de 2011.

Un ataque con bomba mata a cinco agentes de seguridad argelinos

ARGEL.- Cinco agentes de seguridad locales han fallecido y cuatro más han resultado heridos como consecuencia de la explosión de una bomba en la localidad argelina de Oued Djemaa, en la wilaya de Ain Defla (norte), según han explicado fuentes oficiales consultadas por los medios locales.

   El atentado se produjo en torno a las 10.30 (hora local) y alrededor de las 13.30 los restos mortales de las víctimas y los heridos fueron trasladados al hospital de Jemis Miliana, informa 'El Watan'.
   Durante los últimos diez días, más de 25 miembros de las fuerzas de seguridad, entre militares y gendarmes, han sido asesinados en distintos ataques registrados en las zonas de Tizi Ouzou, Bouira y Boumerdès, según el portal 'Tout sur l'Algerie'. Los atentados han sido reivindicados por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

El PSOE denuncia que el candidato de IULV-CA en Pulpí está inhabilitado en sentencia firme por falsedad

PULPÍ.- El PSOE ha urgido a la Junta Electoral a que anule de la lista con la que IULV-CA concurre a la Alcaldía de Pulpí al candidato José Antonio Ramos al estar inhabilitado por una sentencia en firme que le condena a prisión por falsedad en documento público y ha pedido que de acreditarse que ha silenciado su situación judicial se dé al Ministerio Fiscal "cuenta de inmediato" para que adopte medidas por un posible delito de quebrantamiento de condena.

   La denuncia interpuesta este lunes ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera alega que el cabeza de lista de la coalición de izquierdas "no puede presentarse en forma alguna" por ningún partido político y señala que a Ramos Mellado le fue impuesta la pena de dos años de prisión e inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo que durase la condena, así como cuatro meses de multa por la comisión de un delito de denuncia falsa.
   Según detalla el escrito del PSOE,  el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería en marzo de 2008 y ratificado en apelación por la Audiencia Provincial esta suspendido en ejecución por el plazo de tres años desde agosto de 2009 pero "solo en lo que se refiere a la medida privativa de libertad".
   Sostiene, así, que, "por contra y de forma obligatoria", el candidato de IULV-CA en Pulpí "venía y viene obligado, como pena accesoria, a su inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, por lo que, en la actualidad --ahonda-- no puede concurrir de forma alguna a ningún proceso electoral".
   La denuncia contra Ramos Mellado, que el PSOE pide se resuelva de manera "urgente" ya que lo contrario "conllevaría unos gravísimos perjuicios para la función pública y una serie de responsabilidades que, desde luego no estaríamos dispuestos a soportar", pide, asimismo, a la JEZ de Vera que dé "cuenta inmediata" al Ministerio Fiscal si se acredita la comisión de un presunto delito de quebrantamiento de condena.
   En esta línea, traslada que podrían haber incurrido en algún tipo de ilícito penal al haber "silenciado dicha pena accesoria que le fue impuesta, ello también aparejado a otro supuesto delito de falsedad documental en el supuesto de que haya suscrito algún tipo de documento declarando que en la actualidad sus derechos civiles están indemnes", añade.
   Según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería por la que se declaró firme el fallo del juzgado de lo Penal, José Antonio Ramos denunció entre septiembre de 2004 y enero de 2005 en hasta tres ocasiones a un pub situado en la carretera A-350 de Pulpí y a su propietaria utilizando la identidad de otras personas cuya firma imitaba al tiempo que usaba copias compulsadas de sus DNI obtenidas de manera fraudulenta.
   El tribunal consideró acreditado que, además de la falsedad en documento público, el candidato de IULV-CA a la Alcaldía de Pulpí, quien concurrió en los pasados comicios bajo las siglas del PSA, incurrió en falsas denuncias ya que, pese a que contaba que se explotaba sexualmente a mujeres en situación irregular y se vendía cocaína, las investigaciones de la Guardia Civil y los expedientes administrativos incoados terminaron archivándose al no hallarse nada.

Las entidades locales tendrán que cerrar el año 2014 en equilibrio

MADRID.- Las entidades locales tendrán que reducir el déficit al 0,3% en 2012, al 0,2% en 2013 y cerrar el 2014 en equilibrio, tal y como han acordado los representantes de la Federación Española de Minicipios y Provincias (FEMP) y la Administración General del Estado en la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Admnistración Local (CNAL). 
 
   La propuesta da continuidad a la estrategia iniciada el año pasado para acompasar los objetivos de estabilidad a la senda de reducción del déficit contemplada en el Acuerdo Marco de la CNAL sobre sostenibilidad de las finanzas públicas.
   Durante el encuentro celebrado en el Ministerio de Economía, los representantes de la FEMP han reiterado el "firme compromiso" de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares respecto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, reducción del déficit y sostenibilidad de las finanzas públicas.
   Además, se ha acordado que las entidades locales que presenten un déficit inferior al 5,53% de sus ingresos no financieros como consecuencia de la liquidación de sus presupuestos de 2010 estén exentas de la obligación de presentar un plan económico-financiero de reequilibrio.
   La exención, aprobada con carácter excepcional para conciliar los objetivos de la normativa de estabilidad con la valoración de la situación económica, es sólo aplicable a las entidades locales cuyo déficit no sea superior al 0,4% del PIB fijado dentro de la senda de consolidación fiscal para 2010.
   Para su aplicación, este porcentaje se debe transformar en el 5,53% de los ingresos no financieros de cada entidad local. De este modo, las entidades locales que presenten un déficit inferior al 5,53% estarán exentas de la obligación de presentar planes económico-financieros de reequilibrio.

Las cajas andaluzas registran pérdidas de 912,6 millones en 2010

SEVILLA.- Las cajas de ahorros andaluzas --Unicaja, Cajasol, CajaSur y CajaGranada-- registraron en conjunto pérdidas de 912,6 millones de euros en 2010, lastradas principalmente por el resultado negativo de CajaSur, que perdió 1.139,8 millones.

   Estas cifras suponen multiplicar por cuatro en relación con el año anterior, toda vez que en 2009 el conjunto de cajas andaluzas registraron unas resultado negativo de 192,6 millones de euros.
   De esta forma, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), correspondientes a las cuentas de pérdidas y ganancias (con datos no consolidados), recogidos por Europa Press, a cierre de 2010 todas las cajas andaluzas registraron resultados positivos excepto la caja cordobesa, que registró unas pérdidas de 1.139 millones de euros, frente a las pérdidas de 596 millones obtenidas en 2009, lo que supone el doble de resultado negativo.
   En cuanto al resto de cajas, según el balance público de pérdidas y ganancias, Unicaja sumó en 2010 --Unicaja más Caja de Jaén-- un resultado del ejercicio de 142,4 millones, lo que supone un descenso del 46,5 por ciento; Cajasol --sumando Cajasol y Caja Guadalajara-- sumó el pasado año un resultado de 61,9 millones, un 40,6 por ciento menos que en 2009; CajaGranada registró un resultado del ejercicio de 22,8 millones, un 30 por ciento menos que en 2009.
   Asimismo, analizando el balance de pérdidas y ganancias consolidado de CECA, donde sólo aparecen Unicaja y CajaSur, en el caso de la entidad cordobesa, en 2010 registró un beneficio neto consolidado negativo, con pérdidas de 1.139 millones de euros, frente a las pérdidas de 596,2 millones registradas en 2009.
   En cuanto a Unicaja, el beneficio neto atribuido asciende a 151,2 millones, un 27 por ciento menos que en 2009, cuando se registró, sumando Unicaja y Caja de Jaén, un beneficio neto atribuido de 207,3 millones.

La crisis amenaza con acabar de un tajo con nuestras administraciones públicas más onerosas e inútiles


MADRID.- Las 41 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares cuestan 22.000 millones de euros al año y, al cierre de 2009, acumulaban una deuda de 5.825 millones. Un saldo difícilmente justificable si se tiene en cuenta que sus funciones están prácticamente absorbidas por las comunidades autónomas (CCAA) y los grandes municipios, a juicio de www.lainformacion.com

En enero, el ex presidente del Gobierno Felipe González apostó por su supresión después de calificarlas de “redundantes”. Antes, en junio de 2010, el ministro de Fomento José Blanco se preguntaba para qué sirven y ayer mismo, el Círculo de Empresarios hurgaba en la herida apostando porque las pocas competencias de estas instituciones sean asumidadas por las CCAA.

¿A qué se reducen estas competencias? Fundamentalmente al ámbito cultural, ya que las tradicionales como la sanidad o la gestión de carreteras han quedado reducidas a la mínima expresión.

Pero el gran problema es que su coste anual es de 6.871 millones de euros en el caso de las diputaciones provinciales y la friolera de 15.082 millones en las tres diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, según datos de 2009.

Es decir, 21.953 millones para unos entes que apenas prestan servicios a unos ciudadanos que apenas conocen a qué se dedican. De hecho, más de la mitad de sus presupuestos los dedican a sufragar los costes de personal.

Las diputaciones son la cara más llamativa del recortable en el que el Circulo ha convertido las administraciones territoriales españolas: la tijera debe actuar sin piedad para reducir el número de ayuntamientos, deben dejar de financiarse televisiones públicas y universidades ruinosas por la cercanía entre unas y otras y poner fin a la proliferación de empresas públicas –más de 2.400- que dependen de las autonomías.

¿Están justificadas estas medidas? Las cifras son elocuentes y demuestran que la situación actual es insostenible. Estas son las denuncias y propuestas del Círculo para mejorar la salud financiera de las administraciones territoriales.

-Menos ayuntamientos. No sólo sobran diputaciones provinciales: España cuenta con 8.114 municipios, de los que un 60% tiene menos de 1.000 habitantes. El Círculo no pone cifras, pero hace referencia a los poco más de 5.000 de Alemania, la primera economía de Europa.

Si España eliminara los municipios con menos de 500 habitantes quedarían 4.313. Una cifra también en línea con la otra gran locomotora europea, Francia. Los municipios, que ya superan al Estado en número de funcionarios, tenían al cierre de 2009 una deuda acumulada de 28.700 millones de euros.

-Empresas públicas. El Círculo denuncia que se está produciendo "una réplica autonómica del sistema estatal de empresas públicas”. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado, las autonomías tienen 2.386 entes públicos.

La cifra ha crecido un 10% desde que empezó la crisis, con Cataluña –la comunidad donde más ha crecido la deuda desde 2006 y que acaba de anunciar el recorte de 1.000 empleados públicos- a la cabeza.

-Las sanciones, a las CCAA. La propuesta defiende la creación de un mecanismo sancionador para las entidades que no cumplen las reglas fiscales. Ahora, las sanciones que aplica Europa recaen sólo sobre la Administración Central.

Además, el Círculo demanda un compromiso de transparencia fiscal para controlar la actividad de las autonomías. En estos momentos, sólo seis informan de manera completa y periódica sobre su ejecución presupuestaria.

-Directivos profesionales. El informe cree que es “muy conveniente” que los gestores públicos sean directivos profesionales. Esta figura ya se reconoce en el Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado en 2007. Sin embargo, está figura apenas se ha desarrollado a la espera de una nueva Ley de la Función Pública.

Esta figura casi ni existe en las comunidades autonómicas y locales españoles, dominadas abrumadoramente por los políticos.

González Pons proclama el "enorme fracaso" de todos los políticos "sin excepción"


VALLADOLID.- El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha proclamado esta tarde en Valladolid el "enorme fracaso" de todas las políticas y políticos, "sin excepción", a la luz de un informe de la OCDE sobre estrategias de familia en España conocido durante esta jornada. 

La falta de guarderías suficientes fuera del horario escolar y la elevada tasa de niños que viven en familias abocadas a la pobreza -el doble que la media de la OCDE-, "demuestran que no hemos acertado y que hemos fracasado como políticos, da igual lo que luego digan las publicaciones oficiales", ha reflexionado González Pons.
"La España real cada vez está más alejada de la oficial. Los anuncios de la radio y la televisión nada tiene que ver con lo que se vive en la casa de cada uno, donde los abuelos vuelven a ejercer como padres, ahora de sus nietos, y la tasa de natalidad es muy baja", ha añadido el vicesecretario general de Comunicación del PP.
Por todo ello ha invitado a la clase política a "bajarse de la España oficial" y acudir "a la real", especialmente ahora y ante una inminente campaña electoral donde los ciudadanos "nos van a pedir que nos centremos en sus problemas reales y no en insultos", en la falta de empleo y de cobertura sanitaria, ha puesto como ejemplos.
"Este informe de la OCDE nos pone a los políticos en la oportunidad de afrontar una campaña electoral constructiva y propositiva, sobre las cosas que de verdad importan a los a los ciudadanos", ha considerado durante una rueda de prensa previa a su participación en un acto público de presentación de los candidatos del PP de Valladolid.
En la misma línea de regeneracionismo político, ha incidido en la necesidad de que ningún representante público "gaste más de lo que ingrese" y de que "gane lo menos posible", y expresado su convencimiento, con motivo del Consejo de Política Fiscal reunido hoy, de que el futuro de España "pasa por la resolución del futuro de la financiación municipal".
Ante la próxima campaña electoral, González Pons ha detectado cómo la ciudadanía "está pidiendo a gritos un cambio".

La nueva estructura administrativa del agua mejora la información y participación pública en la gestión del recurso

SEVILLA.- El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha informado en comisión parlamentaria de la nueva estructura de su departamento, en la que se integra toda la organización, medios y recursos de la actual Agencia Andaluza del Agua. 

De esta manera, se incorpora como una Secretaría General de Aguas capaz de hacer frente a los retos del siglo XXI en Andalucía, mejorando la transparencia, la información y la participación pública en la gestión de este recurso, objetivos incorporados en la nueva Ley de Agua de Andalucía y que responden a la aplicación de los criterios de la Directiva Marco de Agua y del Pacto andaluz por el Agua. 
Esta reestructuración, ha indicado el consejero, es una respuesta a la realidad económica actual, que demanda de la Administración políticas de austeridad, ahorro y eficiencia para hacer frente a esta situación y promover así las condiciones para la recuperación económica. 
Para ello se ha constituido la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua, un órgano instrumental de apoyo y agilización a la Administración hidráulica andaluza y que actuará en el ámbito del derecho público. 
Además, con la creación de la Agencia se dota de mayor seguridad jurídica a los cometidos que ejerce la consejería, aumentando el control y supervisión de todas sus actuaciones, así como reforzando la garantía de la empresa privada andaluza al evitar colisionar con sus intereses en su acceso a la actividad pública. Como resultado de la nueva reordenación se suprimen la Dirección General de Planificación y Gestión y ocho puestos directivos correspondientes a las direcciones provinciales de Egmasa. 
El consejero de Medio Ambiente ha señalado que este ajuste ha supuesto un ahorro en el gasto cercano a los 600.000 euros al año. Durante su comparecencia ante la Comisión, Díaz Trillo ha explicado además la situación actual en la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Para un período de seis meses, el Gobierno andaluz ha suscrito con el Estado una encomienda de gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio andaluz.
Esta encomienda, que garantiza la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión que ha venido realizando la Junta, asegurando la pervivencia de las resoluciones y actos dictados por la Administración andaluza desde que se formalizó la transferencia de la cuenca en 2008, en aplicación del principio administrativo de conservación de actos. Esta garantía también impedirá que la sentencia del Constitucional suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años. En cuanto a los cánones y tarifas a aplicar, la comunidad andaluza se hace cargo de los ingresos derivados de los mismos.  

Ley de Agua y situación actual 
El consejero de Medio Ambiente también ha querido explicar el desarrollo de la Ley de Aguas y su situación actual. Hasta la fecha, se han elaborado y sometido a información pública los Planes Hidrológicos de las tres demarcaciones intracomunitarias en las que la Junta ejerce las competencias de planificación. Así, durante el mes de mayo se convocarán las correspondientes comisiones del agua en los distintos distritos hidrográficos. 

El Observatorio Público del Agua es el instrumento fundamental para conseguir una información veraz y transparente hacia los ciudadanos y con él se conseguirá una participación pública activa que mejore la gestión del recurso. Este organismo, ha subrayado el titular de Medio Ambiente, pionero en España y con sede en Málaga, será un órgano colegiado consultivo de participación e información sobre el agua, que tendrá la capacidad de exigir información comparable y fiable a cualquier organismo o entidad con el fin de mejorar y armonizar la prestación de este servicio público. 

En cuanto a la gestión de riesgos de inundaciones, en la actualidad se encuentra en elaboración el reglamento de desarrollo de esta materia de la Ley de Aguas y se están abordando los trabajos para la determinación de los mapas de riesgos de inundación de los distritos hidrográficos. En el período 2002-2010, la Agencia Andaluza del Agua ha realizado una inversión de 342 millones de euros en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces (PCAI). 

La inversión prevista para el período 2002-2012 era de 356 millones, por lo que se ha invertido hasta la fecha un 96% (342 millones). Por otro lado, dentro del Plan de Saneamiento y Depuración previsto en la Ley, ya se han declarado por el Consejo de Gobierno 300 obras de Interés para la Comunidad, que movilizarán una inversión de 1.765 millones en 548 municipios y conllevarán la generación de un empleo asociado cifrado en 28.400 puestos de trabajo.

Finalmente, el consejero ha puesto de manifiesto el compromiso de la Consejería con la gestión del conjunto de sus cuencas y ha insistido en la Gestión de la Administración Hidráulica de Andalucía de la Cuenca del Guadalquivir, en la que desde 2008 se ha invertido cerca de 235 millones de euros y tiene comprometidos más de 622 millones más en obras para el desarrollo del ciclo del agua y de la defensa contra avenidas e inundaciones en toda esta cuenca andaluza.

José Juan Díaz Trillo ha subrayado, por último, las 22.000 resoluciones anuales emitidas de media en tres años por la Administración andaluza, ofreciendo seguridad jurídica y normalizando regadíos, como ha sido el caso de las 50.000 hectáreas de aguas invernales en la provincia de Jaén, las 4.500 del Guadajoz en Córdoba, las casi 15.000 ha de arroz, o la culminación de procesos de regularización de 30.000 hectáreas en Loma de Úbeda (Jaén), Huéscar-Puebla (Granada), o Doñana (Sevilla y Huelva).

Clara Aguilera apuesta por mantener una política europea específica para el sector de frutas y hortalizas

SEVILLA.- La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha informado en el Parlamento sobre la 'Declaración de Almería', el primer posicionamiento que han suscrito 26 regiones europeas de frutas y hortalizas en defensa de sus intereses comunes. Así, ha explicado que mantener una "política europea específica para el sector hortofrutícola", basada en el papel que desempeñan las Organizaciones de Productores es una de las "prioridades" que el Gobierno andaluz "ha plasmado en este documento". 

Este texto sienta las bases de las mejoras que requiere la actual Organización Común de Mercado (OCM), que no está incluida en la actual reforma de la Política Agrícola Común (PAC), pero que será revisada por las autoridades comunitarias en 2013 para evaluar su funcionamiento actual. 

En su intervención, Aguilera ha insistido en la necesidad de mejorar la planificación del sector hortofrutícola mediante un incremento del volumen actual de ayudas con el objetivo de aumentar la eficacia de los programas operativos, y lograr así los objetivos previstos en la OCM como la mejora de la oferta, la reducción de costes o una gestión sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

Especial importancia, según ha destacado la consejera, tiene la mejora de los mecanismos de gestión de crisis y se ha manifestado a favor de la implantación de un seguro plurianual cofinanciado por la Unión Europea y los productores, que permitiera una gestión eficaz en momentos de exceso de oferta, ya que el actual sistema de retiradas de producto no ha sido operativo. 

Además, Aguilera ha destacado que las organizaciones de productores deben tener mayor capacidad de reacción ante situaciones adversas, a la vez que deberían aumentarse los incentivos dirigidos a fomentar los procesos de integración y fusión que hagan posible eliminar la atomización de la oferta y mejorar el precio que perciben los productores. 

Así, la consejera ha apostado por favorecer a los agricultores que estén asociados a Organizaciones de Productores y por incentivar especialmente la puesta en marcha de organizaciones de este tipo con alcance regional, nacional e internacional. Entre otros aspectos, el documento aboga por la defensa de las producciones europeas más sensibles en el contexto de la progresiva liberalización comercial y reclama la aplicación del principio de reciprocidad en los intercambios comerciales entre la UE y los países terceros. 

La 'Declaración de Almería', firmada el pasado 6 de abril en el marco del II Foro de la Asociación de Regiones Europeas Hortofrutícolas (REFLH), ha sido trasladada a la Comisión y al resto de instituciones europeas. Además, está prevista la celebración del III Foro de la AREFLH el próximo otoño en Bruselas, con el objetivo de difundir las prioridades del sector hortofrutícola en los lugares donde se toman las decisiones sobre la política comunitaria.  

Sector clave en la economía andaluza 
Con su adhesión a la 'Declaración de Almería', el Gobierno andaluz refuerza su apoyo al sector hortofrutícola, uno de los más importantes de la región desde el punto de vista económico y social. Andalucía, con 420.000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas, representa el 34% de la producción española y el 7% de la comunitaria. 

Según los datos provisionales de 2010, el valor de las producciones hortofrutícolas alcanza los 5.528 millones de euros, a la vez que estas producciones generan un elevado volumen de trabajo. Sólo los invernaderos de Almería y Granada, con una superficie próxima a las 43.000 hectáreas, emplean a unos 12.000 trabajadores fijos y a más de 76.000 personas entre titulares de explotaciones y eventuales. 
Durante su intervención, la consejera de Agricultura ha informado sobre los detalles de la Orden para invernaderos de excelencia, que ha definido como "una clara oportunidad para visualizar el cambio de modelo que necesita la horticultura de invernadero, a través de un aumento en la productividad mediante la innovación tecnológica". 
En este sentido, Aguilera ha matizado que además de la nueva línea de apoyo a la cogeneración, las ayudas habituales para modernizar invernaderos siguen a disposición de los agricultores reguladas mediante su norma correspondiente. Acorde con la relevancia de este sector, el Gobierno andaluz materializa su apoyo a las producciones hortofrutícolas mediante otras acciones. 
Entre ellas, destaca la creación en septiembre de 2010 de un grupo permanente de trabajo, o la participación en dos grupos territoriales creados recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Además, se realizan varios estudios sobre márgenes comerciales, caracterización productiva, estudios de mercado y análisis de costes de producción sobre cultivos como cebollas, cítricos, fresa y hortícolas protegidos y al aire libre.