En concreto, el órgano señala que el indicador de agilidad
administrativa se calcula de acuerdo con el tiempo medio registrado
desde la solicitud hasta la resolución del expediente. Este "proceloso"
recorrido hizo que en junio de 2025 el tiempo medio en España fuera de
342 días, ocho días más que al empezar el año y superior al límite
fijado por la ley de 180 días.
En Andalucía, 50.303 personas
están esperando algún procedimiento de la dependencia, solo precedida en
esta estadística por Cataluña con 77.745. En el conjunto de España, se
totaliza 286.861 personas a 30 de junio en lista de espera, es decir,
16.536 personas más que a comienzo del año. Así, es la primera vez que
la lista de la dependencia ha aumentado en el primer semestre de 2025 en
los últimos diez años.
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha
advertido con "un cambio de tendencia" en el comportamiento de la lista
de espera y se ha pasado de una reducción progresiva que venía
registrándose desde 2015, a un incremento cercano al 6% en los primeros
seis meses. Con el ritmo actual que tiene el sistema de atención a la
dependencia "se tardarían 94 años a lograr la plena atención", se han
los directores de Servicios Sociales.
Según el informe del
Observatorio Estatal para la Dependencia, 136.009 personas están a la
esperan de valoración, 123.857 personas están a la espera de que se les
elabore el plan individual de atención (PIA) y 26.995 personas que se
les ha aprobado el PIA, pero están esperando recibir la prestación o
servicio que establece.
Para los directores de Servicios
Sociales, la situación es "preocupante" en cuatro comunidades donde han
aumentado la listas de espera en más de un 20% en los primeros seis
meses de este ejercicio. Se refiere concretamente a Valencia (+21,8%),
Madrid (+32,8%), Castilla La Mancha (+63,4%) y Cantabria (+64%), si bien
es cierto que estas dos últimas comunidades aumentan desde niveles muy
bajos de personas en lista de espera.
En el otro extremo, se
encuentra Galicia (-26,1%), Castilla y León (-20,6%) y Navarra (-11,6%).
En relación a datos absolutos lidera el aumento Cataluña (+7.972),
Valencia (5.930) y Madrid (3.597), sólo entre estas tres comunidades
suman más aumento de personas en lista de espera que en todo el Estado.
Canarias (-2.803) y Castilla y León (-2.424) lideran la disminución del
número de personas en lista de espera.
Asimismo, el número de
personas con derecho a algún tipo de prestación crece un 3,2% y las
comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación
en 2025 han sido Canarias (+17,5%), Galicia (+8,6%) y Asturias (+5,6%).
Por comunidades, se mantiene la desigualdad y aquellas con mayor
"limbo de la dependencia" son Canarias (35,4%), País Vasco (16%),
Cataluña (14,5%), y Extremadura (11,8%); y las que menos Aragón (1,5%),
Navarra (2,1%) y Cantabria (2,6%). Asimismo, siete comunidades --además
de Ceuta y Melilla-- han aumentado el número de personas en el limbo de
la dependencia en 2025: Canarias (+44,2%), Castilla La Mancha (+40%) y
Madrid (+31,6%) lideran este aumento. Más de la mitad (51,7%) de las
personas que se encuentran en el "limbo de la dependencia" residen en
tres comunidades: Cataluña (39.755), Andalucía (18.749) y Canarias
(15.171).
Las comunidades que más han aumentado las personas
beneficiarias con prestación el pasado año han sido Galicia (+10%),
Canarias (+6,7%) y Asturias (+5,9%). Al contrario, las que hay tres
comunidades que han disminuido el número de personas atendidas son
Cantabria (-0,8%), Extremadura (-0,5%) y Rioja (-0,2%).
Respecto a los plazos en la tramitación --máximo de 180 días según la
ley--, solo hay cuatro comunidades y Ceuta y Melilla (163) por debajo a
ese margen en sus promedios: Castilla y León (113), País Vasco (129),
Aragón (163) y Castilla La Mancha (176). Navarra (202) y Cantabria (210)
se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían
Andalucía (574 días), Murcia (564 días) y Canarias (521 días).
Además, dos comunidades, Murcia (+44 días) y Madrid (+30 días) han
aumentado "de manera importante" los tiempos de tramitación en este
primer semestre. En el otro extremo Canarias (-40 días), Andalucía (-28
días) y Aragón (-26 días) han reducido sus tiempos de tramitación.
Según el informe, en los cinco primeros meses del año 2025
fallecieron 8.004 personas en la lista de espera de la dependencia,
3.960 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 4.044
sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de
persona en situación de dependencia. Esto supone que cada 15 minutos
fallece una persona en estas listas.
Además, alrededor del 45%
de las personas desatendidas (unas 55.318, sin contar las personas con
resolución de PIA y prestación no efectiva,) son dependientes con Grados
III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.
La asociación reconoce que todos los años se bate el récord de
personas atendidas pero acusa a gobiernos autónomicos y Ministerio de
mantener un discurso "triunfalista" para "ocultar" la realidad". Para la
entidad, es "lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en
las listas de espera, cada vez aumente el número de beneficiarias" y ha
lamentado que en el último semestre han descendido las plazas
residenciales (-2.093) y las de centros de día (-1.424).
Según
los directores de servicios sociales, la lista de espera "se ha reducido
paulatinamente desde el cénit que supuso la entrada en el sistema de
las personas dependientes con grado I en julio de 2015". En aquel
momento la lista de espera (personas con derecho pendientes de recibir
servicio o prestación) se elevó a 442.000 personas.
Desde
entonces, y hasta final de 2024, se ha ido reduciendo de forma
progresiva "sin embargo, este 2025 está suponiendo un cambio en la
tendencia y 16.536 personas están esperando algún procedimiento de la
dependencia más que a comienzo del año.
Los directores y
gerentes en Servicios Sociales han vuelto a poner el foco en la
defienciente financiación y ha recordado que en 2024 el Gobierno de
España "paralizó" el incremento de los 600 millones de euros que el Plan
de Choque había impulsado en los 3 años anteriores.
"Una merma
importante en la financiación el sistema, que se ha visto reflejada no
tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una
tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y
servicios", ha argumentado la asociación.
