sábado, 31 de mayo de 2014

Más fortalecimiento para pymes en estado de insolvencia / Ángel Tomás Martín *

Los seis años transcurridos de la actual crisis han producido efectos desastrosos con importantes pérdidas de tejido empresarial, de empleo y de otros inevitables efectos colaterales por contagio. Más del 90% de las empresas que solicitaron el concurso de acreedores acabaron liquidándose al no poder hacer frente a su pasivo exigible. En España, las de menos de diez empleados representan el 94% de las más de las 3.145.000 empresas censadas en diciembre de 2013; más del 50% eran empresas individuales o autónomos con menos de tres empleados, y sólo el 4% superaba veinte en sus nóminas.

Dentro de las llamadas PYMES se encuentran también, aunque en menor porcentaje, sociedades con responsabilidad limitada a la cuantía del capital y reservas que figuraba en sus balances. Los emprendedores individuales, en auténtica desventaja al serles de aplicación en caso de insolvencia el artículo 1911 del Código Civil y el 6 del Código de Comercio, respondían con todos sus bienes presentes y futuros. España es el país con mayor número de micro-empresas, y esto requería una reforma legal en profundidad que fortaleciese el marco de insolvencia de las PYMES.

Ante la evidencia de los hechos expuestos y por recomendación, en su día, de la propia Comisión Europea, el Ejecutivo emprendió reformas legales especialmente dirigidas en apoyo y ayuda de las empresas individuales y autónomos altamente endeudados o en quiebra. Se promulga la Ley 14/2013, reguladora de la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada", gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual, pero bajo determinadas condiciones y cumpliendo otras establecidas en el nuevo marco jurídico. 

En este sentido será operativa dicha limitación desde la inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y de la Propiedad. Se exceptúan de la limitación las deudas de derecho público. Tampoco podrá beneficiarse el deudor si hubiese actuado con fraude o negligencia grave. Siguiendo con las reformas, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto- Ley, convalidado unánimemente por el Congreso, que concluyó en el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, vigente desde el 9 de Marzo de 2014, con el objetivo de mejorar el marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación.

A pesar de las medidas mencionadas adoptadas, el Fondo Monetario Internacional no ha visto en la nueva legislación española una ayuda suficiente a las PYMES y autónomos, que siguen quedando en inferioridad de condiciones con relación a las sociedades de capital, y ha elaborado y hecho llegar al Gobierno un informe titulado FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE INSOLVENCIA PARA LAS PYMES. Este informe ha reconocido avance en la legislación mencionada, pero la considera insuficiente y carente de fortaleza a la capacidad institucional. 

Considera un solapamiento entre los negocios y activos de los hogares y las deudas, con claro abuso de hipotecas y avales exigidos por las entidades de crédito. Tampoco se facilita el rescate de las empresas "viables", siendo escasa la esperanza de los deudores para poder liquidar la deuda al final del proceso, y muy difíciles de acometer los planes de reemprendimiento o venta del negocio en marcha. El FMI no considera justo la exclusión de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social), al considerarlos la Ley como preferentes.

De la lectura del informe queda claro el espíritu de la reforma que se exige en nuestro país, que se concreta en el incremento de la protección a la pequeña empresa como colectivo mayoritario nacional, la reducción de la alta protección de los acreedores privilegiados públicos y, de forma especial, abrirles un nuevo horizonte a la reconversión y viabilidad de los pasivos excesivos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Todo ello ya es una realidad en otros países de nuestro entorno, como Italia, Alemania y Reino Unido.

En el amplio contenido del informe que se debatirá en la visita a España de una delegación del FMI, que tendrá lugar entre los días diecinueve al veintitrés del mes en curso con el Ejecutivo, se contienen catorce apartados entre los que destacamos de forma muy resumida, por carecer de espacio, algunos contenidos:

 -El régimen concursal español, sus procesos judiciales y no judiciales que pueden llevarse a cabo por las PYMES. -Deficiencias actuales con relación al Régimen de Insolvencias y su carácter demasiado restrictivo y rígido. -Falta de incentivos eficaces para acometer restricciones extrajudiciales, a pesar de la inclusión del plan OCAP para tratar de manera específica las dificultades financieras. -Modificar el sistema para incluir un marco de trabajo para las personas físicas financieramente responsables. -Eliminar los límites al contenido del plan para incluir a asegurados y acreedores públicos, con imposición jurídica para los acreedores disidentes. -Eliminar los límites a la extensión de la condonación o moratoria.- Incluir oficinistas de contratación para ayuda a jueces y a la aceleración de los procedimientos. -Respaldar a los empresarios y su internacionalización. -Acuerdo de un plan individual que permita llegar a un contrato de pre-insolvencia con uno o varios de sus acreedores, para evitar la puesta en marcha del proceso de insolvencia. -Defender el valor de mercado razonable de los activos inmovilizados para evitar la quiebra, y proteger la viabilidad de la actividad frente a la presión abusiva de los acreedores privilegiados.

La protección a las micro-empresas, necesaria y aceptada en gran parte de los mercados internacionales, es la exigencia que tanto el FMI como la Comisión Europea piden a España para que se estudien y aprueben las soluciones a la mayor urgencia. Sin embargo, a nuestro juicio, ni se consideró ni se incluye en el informe la dudosa "viabilidad" de aquellas empresas que acabaron en liquidación inevitable y posterior desaparición ocasionada por la incompetencia, negligencia o falta de visión de sus gestores, con el consiguiente perjuicio a proveedores, financiadores y empleados. 

Sin abandonar en estos casos la aplicación de la protección legal para la continuidad de la actividad, debe supeditarse al cambio de dirección y del consejo de administración, en su caso, o se corre el riesgo de que se repita el fracaso anterior con repercusiones aún más graves.

 No es tarea fácil establecer el criterio a seguir para la selección de un nuevo gestor en el que concurran eficacia, conocimiento del sector, buen coordinador, innovador y capacidad para el reemprendimiento y el cambio de modelo. Una vez elegido, el responsable debe analizar los motivos que ocasionaron la insolvencia en el pasado, la situación económico-financiera actual, y definir y aplicar una nueva estructura para el futuro. Sólo así, para estos casos concretos, se alcanzaría el éxito pretendido.

(*)  Economista y empresario

Cajamar busca captar 350 millones entre inversores privados antes de ser Banco de Crédito Social Cooperativo

MADRID.-La cabecera bancaria del Grupo Cajamar busca captar entre 300 millones y 350 millones de euros entre inversores extranjeros y compañías de capital riesgo que le permitirán aprovechar oportunidades de crecimiento y reforzar su balance antes de enfrentarse a las pruebas de estrés en Europa.

"Buscamos captar capital en el entorno de los 300 ó 350 millones de euros entre inversores privados, sobre todo, para poder crecer (...) no lo hacemos para superar las pruebas de estrés", dijo el viernes Luis Rodríguez, presidente del Banco de Crédito Social Cooperativo, en una entrevista.
El Grupo Cooperativo Cajamar, formado por 19 cajas rurales, que consolidan su balance para compartir riesgos y mutualizar beneficios, constituyeron recientemente el Banco de Crédito Social Cooperativo en el que se integran otras 13 cajas rurales.
"La idea es dar entrada a nuevos socios en nuestro banco, entre ellos socios extranjeros, y aunque no hay calendario cerrado nos gustaría tener cerrada esta operación antes de finales de año, pero en ningún caso se les daríamos una participación mayoritaria", manifestó Rodríguez.
En la actualidad, el capital social del Banco de Crédito Social Cooperativo -- que estrena marca a partir de la próxima semana -- comprende 1.000 millones de euros.
Rodríguez, que dejó la puerta abierta a la entrada de fondos de capital riesgo, reconoció que entre los posibles futuros accionistas podría estar el grupo asegurador italiano Generali, que presta servicios a Cajamar.
"Si decidimos dar entrada en nuestro accionariado a una aseguradora (...) Generali es la opción", señaló Rodríguez.A cierre de marzo, el Grupo Cooperativo Caja Mar registró un beneficio de 119 millones de euros, aunque todavía tuvo una elevada morosidad del 17,77 por ciento lastrada por la compra (sin ayudas públicas) en 2012 de Rural Caja.
Al contrario que en el caso de las cajas de ahorros españolas, que tuvieran que ser rescatadas con ayuda europea por unos 41.300 millones de euros, al sufrir de forma directa las consecuencias del estallido inmobiliario, la principal actividad de las cajas rurales es el negocio con  empresas del sector agroalimentario.
De hecho, en el caso del Grupo Cooperativo Cajamar tan sólo el 11 por ciento del total de su cartera de préstamos corresponde a crédito promotor y suelo.El grupo Cajamar suma unos 42.000 millones de euros en activos, y estará sometido a partir del próximo 4 de noviembre a la supervisión única del Banco Central Europeo (BCE) y por ello están incluidas en el ejercicio de revisión de activos (AQRs, por sus siglas en inglés) y las posteriores pruebas de estrés.
A cierre de abril, el Grupo Cooperativo Cajamar tenía un ratio de core capital Tier-1 del 11,53 por ciento, lo que llevó a Rodríguez a mostrarse confiado y señalar que pasaría los AQR "sin ningún problema" y con "tranquilidad" las pruebas de resistencia.
En el escenario base de las pruebas de estrés, las entidades tienen que tener un ratio de core capital Tier-1 del 8 por ciento y del 5,5 por ciento en el adverso.
Después de la crisis protagonizada por las cajas de ahorro españolas, el Gobierno esta ultimando una reforma del sector de las cajas rurales y cooperativas de crédito que tiene como objetivo mejorar su gobierno corporativo para incrementar su transparencia. Según fuentes del sector, la nueva normativa podría provocar una concentración en este subsector.
En la actualidad hay unas 63 cooperativas de crédito, de las que 59 son cajas rurales, con unos activos de unos 135.000 millones de euros, lo que supone una cuota mercado conjunta en torno al 5 por ciento.