domingo, 13 de febrero de 2011

El gasoducto Medgaz ya está terminado

MADRID.- El nuevo gasoducto entre Argelia y España, el Medgaz, ya dispone de todas las instalaciones a punto y empezará a funcionar "en las próximas semanas", indicaron  fuentes del consorcio, sin concretar el momento exacto en el que se producirá la entrada en servicio.

   Las pruebas y la puesta a punto ya han concluido tanto en el complejo español como en el de Béni Saf, donde se encuentra la estación de compresión de la que saldrá el gas en dirección a Almería. Al enclave norteafricano llega el tubo GZ4, procedente del yacimiento de Hassi R'mell.
   El yacimiento que nutrirá de gas el tubo se encuentra a cerca de 600 kilómetros de la costa, donde comienza el Medgaz, que recorre una distancia de 200 kilómetros hasta España y que, en su trayecto submarino, alcanza unas profundidades de más de dos kilómetros.
   Una vez llegado a Almería, el gas transitará por el tramo construido por Enagás hasta Albacete, donde la infraestructura queda integrada en la red nacional. En total, y aunque en un primer momento no se alcance esta capacidad, el gasoducto transportará 8 bcm (8.000 millones de metros cúbicos) de gas al año.
   Los principales socios del proyecto son Sonatrach (36%), Iberdrola (20%), Cepsa (20%), Endesa (12%) y  GDF Suez (12%). Estas participaciones confieren a cada uno de los socios derechos proporcionales sobre el volumen total de tránsito, de modo que Sonatrach podrá disponer de 2.880 millones de metros cúbicos de gas, frente a los 1.600 millones de Cepsa e Iberdrola, y los 960 millones de GDF Suez y Endesa.
   El diario 'El Economista' adelanta que las operaciones comerciales del nuevo gasoducto comenzarán en abril y que el gas argelino llegará por primera vez a España a través de este tubo en marzo. Su entrada en funcionamiento hará que el gas argelino vuelva a alcanzar cuotas cercanas al 50%.
   Por su parte, 'Cinco Días' indica que el Medgaz lleva ya un mes y medio realizando pruebas en circuito cerrado y que empezará a funcionar esta semana, en un contexto de escasa demanda en el que, de hecho, sólo uno de los cinco socios del consorcio, Cepsa, ha contratado gas.

Las TV autonómicas, ¿un modelo en revisión?

MADRID.- ¿Son las televisiones autonómicas un lujo, como opinó hace poco una dirigente del PP? ¿Desangran las cuentas regionales, como dijo un presidente autonómico? La crisis ha abierto el debate sobre la continuidad o privatización de unos canales que gestionan un presupuesto superior a los 1.600 millones de euros.

Es una de las grandes cifras de las televisiones autonómicas, que, además, dan empleo directo a unas 10.000 personas, aunque sus pérdidas superan los 1.700 millones de euros.
En prácticamente todas las comunidades puede sintonizarse un canal propio, financiado en su mayor parte con recursos públicos. Sólo Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja han renunciado a contar con una televisión autonómica.
Con mejor o peor fortuna, estas televisiones se han hecho un hueco en las audiencias, pero su alto coste ha puesto en el centro del debate la continuidad del modelo actual de gestión o la posible privatización de estos entes, sobre todo en un momento en el que la crisis económica ha mermado las arcas regionales.
 
Las comunidades con lengua propia son las más reivindicativas con sus televisiones. Sus televisiones, dicen, tienen un objetivo claro: fomentar entre sus ciudadanos la cultura y, sobre todo, la lengua.
Un hecho diferencial que por sí mismo ya justifica la existencia de los canales autonómicos. Al menos así lo entiende el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, quien llegó a preguntarse: "¿Tiene sentido que exista una televisión autonómica en Cataluña? Yo creo que sí. ¿Tiene sentido que exista en otras comunidades donde no hay un hecho diferencial de lengua? Seguramente no".
Pero en el caso de Telemadrid, Duran ha dado en hueso. Tanto el anterior presidente de la Comunidad madrileña y actual alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, como su sucesora, Esperanza Aguirre, han defendido en reiteradas ocasiones la privatización de la gestión de ese canal.
La número dos de los populares, María Dolores de Cospedal, también ha reiterado esta apuesta y, así, en su condición de candidata a la Junta de Castilla-La Mancha, anunció que si ganaba las elecciones privatizaría el canal regional para ahorrar gastos.
Otros gobiernos autonómicos de su partido, como el gallego o el valenciano, la posibilidad de privatizar la gestión no parece que les entusiasme mucho. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, opina que las televisiones autonómicas son "eficientes, útiles y están bien dimensionadas".
Para el presidente valenciano, Francisco Camps, el ente de su comunidad es un "patrimonio de los ciudadanos valencianos" y un instrumento para la "defensa" de su lengua.
Y en esa apuesta por mantener el modelo actual se encuentran también los gobiernos de comunidades históricas como el País Vasco, que consideraría un "retroceso la privatización", o Andalucía, donde se contempla la información como un servicio público.
Gracias a que la televisión de Cataluña es la única de las que emiten en catalán que mantiene buenos niveles de audiencia, la Generalitat tampoco se plantea su privatización.
Como tampoco lo prevén los gobiernos con canales más pequeños, como Asturias, Baleares o Aragón, tal y como han señalado sus responsables.
De los datos aportados por los distintos gobiernos autonómicos se desprende que el presupuesto global de todas las televisiones supera los 1.600 millones de euros, de los cuales 473 corresponderían a la Corporarciò Catalana de Mitjans Audiovisuales, que cuenta con ocho canales repartidos en siete frecuencias, en los que trabajan 2.756 personas.
Al ente catalán le sigue, en cifras absolutas de presupuesto, la Radio Televisión de Andalucía, con 232 millones para este año, dos canales y 1.630 trabajadores.
Cinco canales y una radio tiene la Radiotelevisión Valenciana, que ha reducido un 8,6% su presupuesto para 2011 hasta los 183 millones. Euskal Telebista cuenta con cinco cadenas y sus cuentas para este año ascienden a 140 millones de euros (un 3,9% menos que el pasado año). La Televisión de Galicia emite a través de ocho canales y también ha visto reducido su presupuesto (en un 11%) hasta los 121 millones.
A 131,8 millones asciende el presupuesto de Telemadrid; a 62,7 el de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión; a 58 el de la televisión balear IB3; a 42,1 el de la de Castilla-La Mancha; a 38,6 el de la de Canarias (con una reducción del 32%); a 35,2 el de la de Asturias; a 35,1 la asignación del gobierno murciano a su televisión; y a 30 millones el presupuesto el de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.
Todas ellas han rebajado sus presupuestos como consecuencia de la crisis, pero las pérdidas que acumulan han sido objeto de crítica desde algunos sectores.
Desde la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas se ha cuantificado en 1.500 millones estas pérdidas, mientras que el que fuera presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, la elevó hasta los 1.650 millones para 2010.
¿Son las televisiones autonómicas un "costo innecesario", como dijo el ex presidente de la CEOE?. El debate sigue abierto.

Reforma de la Ley de Costas: ¿El epitafio político de Narbona? / José Luis Vidal Coy

Políticamente parece que hace tiempo que murió, pero personalmente la ex ministra Cristina Narbona está viva y coleando. Para su desgracia: se le deben estar abriendo las carnes al ver en qué está quedando la política medioambiental que intentó realizar e inició cuando estuvo al frente del departamento. En los recientes días hemos tenido pruebas de que lo que ella quiso hacer no tiene ningún parecido con la realidad actual. Pues en asuntos relativos a la conservación del planeta y, consecuentemente, de las especies que lo habitan, estamos en retroceso, o vamos de lado como los cangrejos.

Es así porque se prima por encima de todo la salvaguarda de los intereses privados frente a los colectivos. Ésa es la lectura que hago de la inoperancia frente a la contaminación del aire de las sucesivas administraciones locales que se han ido sucediendo en Madrid y Barcelona, sobre todo, en las últimas décadas. Actitud extensiva a otras capitales españolas, como estamos viendo.

Una inoperancia que nos ha llevado a los extremos actuales y que viene dada porque se prefiere respetar el derecho que cada ciudadano tiene a moverse en el vehículo de su antojo frente al derecho que debería imponer el bienestar colectivo de coartar aquél cuando su ejercicio redunda en claros y manifiestos perjuicios para el bien común.

En virtud de esa supremacía de lo privado, o del uso del bien privado, frente a lo público, se ha mirado durante lustros hacia otro lado y se ha evitado poner coto a la invasión, al uso y al abuso, del vehículo privado, alentándolo, de hecho, directamente con la realización de entornos urbanos en los que se prima el transporte individual frente al colectivo. Véanse, como ejemplo palmario, el entramado de centros comerciales que circunda profusamente cualquier ciudad española que pretenda presumir de eso: de urbanita.

En ese desprecio manifiesto de lo público y de los intereses colectivos y loor consiguiente de lo privado y la propiedad individual, le toca el turno ahora a las tan maltratadas costas españolas. Narbona, volviendo a ella, intentó que se aplicara una ley que no era suya, la de 1988, pero era y es un instrumento perfectamente válido para mejorar lo presente, que no es otra cosa que una destrucción y ocupación masiva del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), de las que Greenpeace, primus inter pares, ha dejado prolija constancia con sus informes anuales que ya han superado la decena.

En defensa de los intereses privados y del falso derecho de ocupación particular de lo que es de todos, el Partido Popular junto con Convergència i Unió y Coalición Canaria lleva camino de dejar sin efecto un aspecto significativo de aquella ley: la liberación, uso y disfrute para todos de lo que es de todos y ha sido ocupado por unos pocos en muchos lugares costeros: el DPM, la franja costera más pegada al mar, las playas, los acantilados…

La propuesta de reforma de la ley de Costas auspiciada por PP y CiU ha superado su trámite en el Senado y pasa al Congreso. Se pretende, en la práctica, que se paralicen las expropiaciones y derribos legales de aquellas construcciones ilegales porque invaden el DPMT, según estableció la ley de 1988 y cuyos mecanismos de aplicación puso en marcha Narbona.

Serán dignos de notar cuáles serán el espíritu y la actuación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, habida cuenta de que fue este mismo Ejecutivo, con Elena Espinosa en Medio Ambiente, el que hizo la trampa a la ley con una reforma introducida en febrero de 2009 que dificultaba la reversión iniciada en la época de Narbona de las invasiones privadas del DPM.

Por cierto, y como coda final, me permito recordar que una de las violaciones más flagrantes, aunque quizá no la más grave, del DMPT es el tristemente famoso hotel de 18 plantas en la playa de El Algarrobico, junto al parque natural de Gata, cuya eliminación fue prometida por Rosa Aguilar nada más acceder al cargo, hace unos meses. ¿Será capaz la nueva ministra de escribir el epitafio político de Cristina Narbona o derribará el hotel de una vez por todas?

La oposición argelina convoca una nueva marcha contra el régimen

ARGEL.- La Coordinadora Nacional para el Cambio y la Democracia (CNCD) ha convocado este domingo una nueva marcha contra el régimen argelino para el próximo sábado, 19 de febrero, en Argel, según ha informado el diario opositor 'El Watan' en su edición digital.

   La nueva convocatoria refleja las mismas reivindicaciones que la manifestación celebrada este sábado en la capital del país y que concluyó con enfrentamientos violentos entre manifestantes y el imponente dispositivo policial desplegado, ya que la protesta no estaba autorizada.
   La CNCD ha destacado como "muy positiva" la protesta del sábado, pero ha manifestado su voluntad de ampliar la base de la convocatoria mediante contactos con otros actores de la sociedad civil.
   La marcha recorrerá una vez más las calles que separan la plaza Primero de Mayo de la plaza de los Mártires de Argel, según ha anunciado el grupo tras una reunión de varias horas.

Desislamización / Lluis Bassets

Todas las revoluciones marcan un cambio de tendencias. Tardaremos en captar con precisión los componentes ideológicos que explican la actual oleada revolucionaria, entre otras razones porque todavía estamos en una fase incipiente. Pero la pregunta central y urgente, de cara al rumbo que tomen los dos primeros países que se han desembarazado de sus respectivos dictadores, es el papel que jugará el islam político.

Parece evidente que en ninguno de los dos países el islamismo organizado ha jugado un papel relevante en el origen y ni siquiera en la organización de la revuelta. En el caso egipcio, donde se halla la organización matriz y más fuerte de todo el islam sunní, los Hermanos Musulmanes, son muchos los que han deducido de su bajo perfil un paralelismo con partidos comunistas clandestinos, como el español, capaces de aglutinar e incluso monopolizar la oposición pero incapaces luego de obtener mayorías. Otras voces, más suspicaces, temen que la actual prudencia de la cofradía sea una táctica previa a un asalto perfectamente diseñado para tomar el poder y crear una república islámica. Esta teoría tiene sus adeptos israelíes, estadounidenses y saudíes, y el propio Mubarak la ha exhibido hasta el último minuto para aferrarse al poder. 
 
La percepción más común es que esta revolución árabe, no tan sólo en Egipto, está en manos de una generación nueva, muy numerosa y diferenciada de las anteriores, sobre todo gracias a la irrupción masiva de la cultura globalizada de las redes sociales a través de teléfonos móviles. Hay abundancia de mujeres descubiertas y de jóvenes con vestimenta occidentalizada. El conflicto árabe israelí no tiene relevancia alguna en la protesta. Tampoco las mezquitas han sido un especial punto organizativo ni han irrumpido líderes religiosos. Hay que tener en cuenta que el sunismo, a diferencia del chiismo, es una religión sin clérigos; un punto de diferencia importante respecto al derrocamiento del Sha en 1979, el otro paralelismo exhibido como espantajo por quienes querían evitar el derrocamiento.

Hay unas incipientes e interesantes pistas demoscópicas, producidas por el Washington Institute for Near East Policy esta misma semana. Según una encuesta realizada en El Cairo y Alexandria a usuarios de móviles, entre el 5 y el 8 de febrero, sólo un 15 por ciento de los preguntados aprueban a los Hermanos Musulmanes, un 12 por ciento son partidarios de aplicar la sharia y un 7 por ciento justifican el levantamiento porque el régimen no es suficientemente islámico. Una mayoría del 37 por ciento frente al 27 quieren que se mantenga el Tratado de Paz con Israel y una proporción similar se pronuncia a favor de unas buenas relaciones con Washington. Sólo un 8 por ciento se han unido a la protesta porque consideran al régimen demasiado proamericano.

Venimos de dos décadas de intensa reislamización, lo que ha significado una regresión en los procesos de laicización de las sociedades y la aparición de un Islam globalizado muy impregnado de la identidad más tradicional. La actual oleada revolucionaria, en cambio, emite señales de una desislamización incipiente. Olivier Roy, uno de los mejores conocedores de la evolución del Islam político, ha explicado en este mismo periódico que estas señales se deben a la aparición de una nueva generación postislamista y a la evolución de muchos islamistas hacia la democracia, en la estela de la experiencia turca.

Una novedad de esta revuelta es la sintonía entre la ciudadanía de todos los países árabes, en una especie de panarabismo aglutinado por la abominación de las dictaduras, no por el antiimperialismo ni el antisionismo. De confirmarse la tendencia, ésta sería la señal mayor de la superación del islamismo político por una solidaridad árabe con recorrido hacia la sociedad laica y plural.