martes, 14 de febrero de 2012

El PSOE admite que el "lío" de los socialistas andaluces es "muy negativo"

MADRID.- El secretario de Política Institucional y Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha reconocido este martes que el partido tiene en Andalucía "un lío" que es "muy negativo" para los socialistas, y ha confiado en que se resuelva cuanto antes. Hernando ha afirmado además que no cree que el secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "haya participado" en el proceso de elaboración de listas para las elecciones autonómicas que ha desencadenado la crisis.

   "Lo cierto es que tenemos un lío y eso es mejor reconocerlo, y además es muy negativo para nosotros porque si hay algo que los ciudadanos castigan es que los partidos tengamos líos internos", ha dicho en declaraciones al canal 24 horas de TVE.
   Según el dirigente socialista, la dirección federal del PSOE ha hecho lo que está en su mano para "resolver cuanto antes" esta crisis con el nombramiento de una gestora, así que espera que "en las próximas horas" el asunto quede atrás y el PSOE andaluz pueda dedicarse a hablar de los problemas de los andaluces.
   A su juicio, la elaboración de las listas siempre es un "proceso competitivo", no más "conflictivo" en esta ocasión que en otras. Además, no cree que la causa de la crisis en el PSOE sevillano sea que se esté excluyendo a quienes apoyaron a Alfredo Pérez Rubalcaba frente a Carmen Chacón en el reciente Congreso Federal, ni tampoco que los socialistas andaluces estén discutiendo por mantener puestos dando por hecho que perderán frente al PP el 25 de marzo.
   Es más, Hernando ha negado la mayor y ha replicado que, a la vista de los recortes que está haciendo el PP en las comunidades autónomas donde gobierna, los andaluces deben de estar cuestionando "si el PP sigue siendo una opción de futuro atractiva".
   Después de que la Organización Médica Colegial haya alertado contra los recortes sanitarios, el dirigente socialista ha remarcado que en Andalucía no se están haciendo tales recortes, de manera que los andaluces pueden comparar lo que sucede en su comunidad con lo que están haciendo los gobiernos del PP en otras.

La opinión del PSOE de Almería

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha valorado este martes la "inmediata reacción" de la dirección regional tras la dimisión del líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, y ha asegurado que, pese a que "evidentemente desde fuera puede que no se entiendan las diferencias" en el seno del partido, "para nosotros es una situación de normalidad".
   Sánchez Teruel ha establecido un paralelismo entre el "problema" surgido en el PSOE de Sevilla y la disolución de la ejecutiva provincial que le aupó a la Secretaría General el pasado verano y la de la Agrupación municipal de Almería. "Estoy convencido de que en poco tiempo seguro que se va a normalizar la situación", ha trasladado en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con los líderes sindicales en la provincia en el que se ha abordado el texto de la reforma laboral.
   Al hilo de esto, y tras remarcar que en "apenas 24 horas" se ha constituido una gestora, ha indicado que el PSOE es un partido "vivo, abierto a la sociedad y con un debate interno bastante importante", lo que, según ha subrayado, "tiene cosas buenas y cosas negativas".
   Ha confrontado este "compartir con la sociedad cómo desarrollamos nuestra actividad política" con los procedimientos internos del PP "que se convierte --ha señalado-- en un infranqueable búnker cuando eligen candidatos o las personas que van a los congresos".
 "Lo que para nosotros es una situación de normalidad puedo entender que para los que la ven desde fuera sea de anormalidad", ha insistido.
   Con respecto a la posibilidad de que se impugne la lista que por la circunscripción de Cádiz encabeza el exconsejero Luis Pizarro, ha instado a esperar "información oficial" al respecto aunque, según ha matizado, en este tipo de procesos "siempre hay información que, interesada, no se ajusta a la verdad".
   Sánchez Teruel ha abogado, en esta línea, por "dejar que concluya" el tramite para la ratificación de las candidaturas aprobadas en las ocho provincias andaluzas, que, a su juicio, "seguro que concluye bien" ya que "los socialistas, ante todo, tenemos mucho sentido común".
   "Aunque debatamos nuestras propuestas y permitamos que esos debates trasciendan, a la hora de la verdad tenemos muchísimo más sentido común que el PP que sólo tiene un sentido, el económico, en todas las decisiones que adopta, que son --ha ahondado-- para favorecer a los suyos mientras en el PSOE tratamos de favorecer a las personas aunque tengamos distintos puntos de vista".
   El líder de los socialistas almerienses, quien encabeza la lista al Parlamento andaluz junto con la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves y el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha rechazado, asimismo, haber recibido "ningún tipo de presión" a lo largo del proceso de elección de candidatos tanto de cara a las pasadas elecciones generales como de cara a la cita del próximo 25 de marzo.
   "No me llamó nadie y mi teléfono siempre ha estado abierto para que, si cualquier responsable de la organización hubiese entendido que tenía que transmitirme algo, lo hubiera hecho", ha manifestado para, a continuación, concluir que, en el PSOE, "no hay ningún Primo de Zumosol", en alusión a posible injerencias de las direcciones regional o federal del partido.

Agricultores de Almería la emprenden a tomatazos con la representación de la Unión Europea en España

MADRID.- Unos 150 agricultores han tirado hoy 200 kilos de tomates contra la sede de la Representación de la Unión Europea en Madrid en protesta por el acuerdo agrícola de la UE con Marruecos. El acuerdo se debate este martes por última vez en la comisión de agricultura y se aprobará el próximo jueves en el Parlamento Europeo.
 
Aunque la mayor parte de los eurodiputados españoles votarán contra el acuerdo, el resto de los diputados votarán a favor, incluidos los grupos mayoritarios del Partido Popular Europeo (PPE) y la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D), en contra estarán Los verdes y la Izquierda Unitaria Europea, que alegan que, en Marruecos se cultiva sin ninguna garantía fitosanitaria, pagan muy poco a los trabajadores y vulneran los recursos propios de los ciudadanos del Sáhara Occidental.
Las Asociaciones Agrarias españolas están llevando a cabo actos de protesta ante la representación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en Madrid. Han iniciado una concentración permanente que durará hasta el próximo jueves. 
Este martes, los manifestantes han llegado desde Almería en autobús con tomates, el miércoles ocuparán su lugar agricultores de Murcia que traerán 500 kilos de naranjas y limones y el jueves llegarán otros procedentes del valle del Ebro.
El secretario de la Coordinadora de organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, ha dicho que España «pagará caro» el acuerdo que pone en peligro la mitad de los empleos del sector y un tercio de la producción, de 13.600 millones de euros anuales. Solo el convenio para el tomate afectaría a entre 3500 y 3600 jornales anuales del agro español.
Según Blanco tan solo tres empresas de capital franco-marroquí se llevarán el 70% del acuerdo, que también favorece a las grandes cadenas de distribución, en su mayoría de capital francés que obtendrán «márgenes comerciales abusivos».
Por su parte Andrés Góngora de COAG de Almería, se ha referido a la forma en que este acuerdo afectará a regiones en las que ya hay un elevado paro, como la costa de Granada, Murcia o Almería, con una tasa de desempleo del 33 por ciento.
En el Parlamento Europeo se debate una resolución conjunta sobre el acuerdo y el informe de recomendación del eurodiputado francés de Los Verdes, José Bové, que pide el voto en contra.

La Organización Médica Colegial (OMC) pide a los médicos que se rebelen contra los "recortes indiscriminados y desproporcionados

MADRID.- La Organización Médica Colegial (OMC) pide a los médicos que se rebelen contra los "recortes indiscriminados y desproporcionados". Varios Colegios de Médicos de toda España han publicado conjuntamente este martes un comunicado, aprobado en Asamblea General el día 28 de enero, para protestar en contra de los recortes. Los médicos se han unido en una lectura simultánea del comunicado en todas las comunidades, menos en Cataluña, Andalucía y Galicia.

En este documento expresan que el sistema sanitario "vive una situación de dificultad sin precedentes que hace difícil su funcionamiento, que se está aprovechando para modificar las condiciones laborales y retributivas de los médicos de una forma permanente e irreversible".
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Juan José Rodríguez Sendín, ha declarado en una entrevista a la Cadena Ser que temen que el Sistema Sanitario Nacional esté en "peligro de extinción".
"Los médicos estamos realmente muy preocupados porque realmente se atenta contra la calidad, además de muchas otras cosas. Nos preocupa que el SNS no persista como estamos acostumbrados a tenerlo y, sobre todo, que deje de ser la joya del Estado de Bienestar como lo es en este momento", ha enfatizado.
Durante la entrevista, también ha asegurado que con los recortes los más afectados van a ser los usuarios. Para ejemplificar esto ha recordado la problemática de las listas de espera ya que "cuando se está en lista de espera y se está enfermo, el que tiene dinero puede buscarse otra alternativa, pero el que no lo tiene se tiene que aguantar y esperar".
"Si esto sigue ocurriendo y aumentando el sistema público adelgazará y llegaremos, si no lo evitamos, a tener una sanidad de ricos y una de pobres, con lo cual los médicos españoles no estamos de acuerdo", ha advertido.
Con el hashtag #contrarecortesanitarios los profesionales de la OMC pusieron en marcha una campaña en Twitter para denunciar las medidas que está tomando el Gobierno contra la sanidad pública.
Esta organización, unida a los colegios de médicos de toda España, expresa su desconteto y preocupación por los "recortes indiscriminados, lineales y desproporcionados que están llevando a cabo diferentes comunidades autónomas".
Según anuncia esta organización, "al médico le corresponde, desde su ética profesional y social, gestionar la cruda realidad de la crisis que estamos sufriendo y responder a las necesidades de salud de los ciudadanos y los políticos tienen que ser conscientes de que los recortes, o se pactan con los facultativos y se aplican con un criterio estrictamente profesional, o el sistema sanitario acabará resintiéndose".

Los 27 apoyan formalmente negociar un acuerdo pesquero con Marruecos

BRUSELAS.- Los Veintisiete han aprobado hoy formalmente autorizar a la comisaria de Pesca, María Damanaki, a retomar los contactos con Rabat para un nuevo acuerdo pesquero que reemplace al vetado por la Eurocámara el pasado diciembre. La posición consensuada por los gobiernos europeos evita cualquier mención expresa al Sáhara occidental, referencia a la que se oponían España y Francia, y necesita el visto bueno del Parlamento Europeo para tener validez.

   El mandato negociador "no hace referencia" a la ex colonia española, según han informado fuentes europeas, sino que introduce una "descripción geográfica" de las regiones cubiertas por el acuerdo y que, por tanto, deben beneficiarse de las ventajas que ofrece el pacto. En concreto, el texto menciona el 'sur 27°40'N'.
   La decisión ha sido respaldada formalmente este martes por los ministros de Industria europeos reunidos en Bruselas, aunque el acuerdo sobre los detalles del mandato lo cerraron los Veintisiete el pasado 3 de febrero en una reunión a nivel de embajadores ante la UE.
   El texto exige a Rabat garantías del "pleno cumplimiento de sus obligaciones en línea con el Derecho internacional", han explicado las fuentes, que añaden que Suecia ha votado en contra del mandato porque no hay referencia expresa a la ex colonia española. También se han abstenido por la misma razón Finlandia, Reino Unido y Países Bajos, que han intervenido para referirse de manera expresa a la situación del Sáhara occidental.
   En cualquier caso, los Veintisiete han sumado una mayoría suficiente para respaldar la posición de negociación, que está aún pendiente de la opinión de la Eurocámara.
   Bruselas espera cumplir lo que queda del proceso "con la máxima celeridad posible" para pactar un nuevo régimen pesquero, pero es consciente de que "sin el voto del Parlamento el mandato no vale", apuntan fuentes próximas a Damanaki.
   Fuentes comunitarias también advierten de que está por ver si la posición negociadora de la Unión Europea convence a la contraparte marroquí y recuerdan que el acuerdo anterior necesitó cinco años de conversaciones. "No podemos dictar la velocidad (con la que negociará) Rabat", explican.
   Así las cosas, la presidencia danesa de la Unión Europea, país que tradicionalmente se ha alineado en este asunto con los países con mayores reservas como Suecia, Reino Unido y Finlandia, ha redactado la fórmula de consenso que deja fuera una mención expresa del Sáhara occidental, para salvar la oposición de Francia y España.
   No obstante, los daneses quieren adjuntar al mandato una declaración que sí contenga una "referencia clara al territorio" saharaui, han indicado fuentes diplomáticas, con el objetivo de convencer a países reticentes como Países Bajos, Irlanda y Alemania, y desactivar la minoría de bloqueo que formaban estas delegaciones con Londres y Estocolmo.
   La cuestión del Sáhara occidental, cuya población denuncia la sobreexplotación de sus recursos y reclama que sean excluidos de cualquier acuerdo con Marruecos, es el punto más polémico en las relaciones pesqueras de la Unión Europea con el país magrebí. Pero no ha sido el único escollo, ya que la Eurocámara esgrimió otras dudas respecto a la rentabilidad económica del convenio pesquero y reclamó garantías de pesca sostenible.
   Con el compromiso de atender la petición de la Eurocámara, Damanaki ha trabajado en una propuesta que se asienta sobre tres ejes: medioambiental, económico y legal. Es una propuesta modificada porque inicialmente la comisaria intentó, sin éxito, negociar dejando fuera las aguas saharauis.
   Finalmente, Bruselas apuesta por un nuevo acuerdo para pescar únicamente el "excedente" que quede acreditado por informes científicos en los caladeros gestionados por Rabat, lo que implicaría revisar el número de barcos, el tipo de artes y las cuotas para la flota comunitaria.
   También deja claro que la contrapartida económica por esta pesca debe ser revisada para ser "ajustada" a lo que realmente se captura y se incluirá una cláusula sobre Derechos Humanos y principios democráticos. Marruecos, además, deberá respetar el Derecho internacional e informar "con regularidad" del uso que da a los fondos europeos recibidos y de su impacto en las poblaciones locales.
   España es el principal valedor del acuerdo con Marruecos por sus intereses para la flota española y porque considera al país magrebí un socio estratégico de la Unión Europea. El veto ha afectado a 64 barcos españoles, aunque la UE cuenta con más de un centenar de licencias -en su mayoría canarias y andaluzas-- para operar en el marco del acuerdo.

Nuestros políticos siguen mintiendo en sus currículums / Asier Martiarena

En plena crisis, en la que muchos desempleados tienen que falsear su currículum a la baja para poder acceder a un puesto de trabajo por debajo de sus capacidades, resulta que algunos políticos españoles hacen precisamente lo contrario: engordar el suyo para acceder a puestos de relevancia.
Es el caso del secretario de Estado de la Seguridad Social. Tomás Burgos Gallego es, para Moncloa , "médico y experto en gestión sanitaria".
Sin embargo, tal y como cuenta Miguel González en El País, la información que figura en la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social asegura que el máximo responsable de la Seguridad Social simplemente tiene "formación universitaria en Medicina por la Universidad de Valladolid".
Pero la mano derecha del líder de la oposición, Elena Valenciano, también miente sobre sus aptitudes. Y no lo hace con una mentirijilla sobre su nivel de inglés, sino que altera dos licenciaturas: las de Derecho y Ciencias Políticas.
De hecho, la propia Valenciano ha sido pillada en la triquiñuela y, preguntada también en El País al respecto, se justifica asegurando que "pone que tengo estudios, no títulos. Empecé Derecho y luego me pasé a Políticas. No terminé, pero solo me faltan dos asignaturas de Estadística. La verdad es que me aburría y ahora me da pereza acabar. Algunos de los profesores que tuve en Políticas están ahora aquí, en el partido".
El problema es que en uno de sus currículos públicos sí aparece como Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en 1980, aunque no lo es. Así que la excusa no vale. Además, por si esto fuera poco, aparece como licenciada en 1980 cuando nació en 1960. Vamos, que además de decir que tiene una licenciatura que no tiene, asegura que se la sacó en un tiempo récord, ya que solo contaba con 20 años.
Tanto Valenciano como Burgos han jugado a parecer algo que no son. Porque Burgos señaló en su ficha de ingreso en el Congreso de los Diputados Medicina y Cirugía. Pero ambos han sido pillados.
No sería de extrañar ver más engaños de este tipo o una cascada de modificaciones curriculares en los próximos días, debido a que no son los únicos casos aparecidos hasta la fecha.
Entre todos destacan el caso de Javier Viondi, hasta hace unos meses candidato a la Alcaldía de Getafe por Izquierda Unida, quien ha falseado su currículum asegurando en diversas entrevistas que cuenta con la Licenciatura en Medicina, y el de Joana Ortega. La vicepresidenta de la Generalitat Catalana nunca se licenció en Psicología, tal y como figuraba en su currículum vitae.

Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía demandan una lámina estable de más del 40% en la cabecera del Tajo


GUADALAJARA.- La Asociación de Municipios Ribereños a los pantanos de Entrepeñas y Buendía ha puesto de manifiesto su intención de tratar de conseguir un mayor desarrollo económico y social de los pueblos que la componen y de toda la comarca que integran, para lo cual, según dicen, es necesario mantener una lámina mínima de agua en los embalses que no puede ser inferior al 40 por ciento de su capacidad, "y que a día de hoy, incluso debe ser superior".

   Así lo ha señalado la Asociación en un comunicado, firmado por su presidente, Antonio Luengo, en el que ha señalado que siguen trabajando por los objetivos contemplan los estatutos de la misma. Además, ha recordado que en la Asamblea General de la Asociación celebrada el pasado viernes se acordó la petición de integración de la Asociación en la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses.
   Todo ello, añade, "con el fin de mantener la posición de los municipios ribereños y sus objetivos, contribuyendo a conseguir las mejoras que necesita nuestra comarca en algunos aspectos tributarios y otras formas de obtener nuevos recursos para los municipios".
   Asimismo, se pedirá la integración en el CEDER de la Alcarria Conquense y en FADETA, en la provincia de Guadalajara, con la finalidad de conseguir incorporar proyectos de desarrollo económico a la zona y a cada uno de los pueblos, basados en el agua como elemento clave.
    Por otra parte el presidente ha afirmado que se estudiaron las acciones frente al último trasvase aprobado por el Gobierno y por ello se insta a la presidenta de la región, María Dolores Cospedal, a que, como ya anunciaron en otra ocasión, "se interponga por parte de la Junta recurso contencioso administrativo contra dicho trasvase".
   Luengo asegura que, desde la Asociación no tienen autoridad para decidir los fundamentos jurídicos para interponer dicho recurso pero apunta una serie de razones que pueden avalar el recurrir dicho trasvase "como el hecho de que acabamos de saber que la zona de cabecera del Tajo ha entrado en estado de prealerta por la sequía que se viene produciendo en el último año hidrológico, y que se puede agravar todavía mucho más por las malas perspectivas hidrológicas que se esperan".
   Además, según el presidente, "en los embalses de cabecera del Tajo contamos con unas reservas que son el 40 por ciento de su capacidad, mientras que en la Cuenca del Segura las reservas suponen un 56 por ciento". Así, ha añadido que "nos parece que este trasvase es superfluo y no responde a ninguna necesidad, sino más bien a una imposición del Gobierno de Murcia y a un afán trasvasista, sin tener en cuenta que se esquilman los recursos hídricos de la región".
   Otro de los argumentos reseñados por Antonio Luengo es que "no se pueden aprobar trasvases cuando siguen sin utilizarse otras fórmulas de abastecimiento de agua en el sureste, como la desalinización o la depuración".
   También ha señalado que "el agua que se trasvasa sirve para un crecimiento incontrolado e, incluso, especulativo en la zona levantina mientras que se impide el desarrollo de nuestra comarca, donde, además, se pone en peligro el abastecimiento humano para este verano, ya que con el último trasvase aprobado se irá al Levante el 20 por ciento del agua embalsada, es decir, la quinta parte de las reservas a día de hoy".
   En el comunicado, también se pone de manifiesto que "la necesidad del agua para el abastecimiento y la imposibilidad de desarrollo sin esa lámina mínima estable del 40 por ciento, son razones más que suficientes para que la Junta trabaje en nuestra protección frente a la demanda inagotable e injustificada de otras regiones.
   "Con nuestra presidenta al frente esperamos y confiamos que se harán todos los esfuerzos para proteger a los ciudadanos castellano-manchegos que vivimos en la cabecera de los embalses de Entrepeñas y Buendía", ha argumentado.
   Por otra parte, Antonio Luengo ha explicado que en la mencionada Asamblea General por parte de la Presidencia de la Asociación, se intentó reordenar la Junta Directiva de la misma, abriendo la posibilidad de que se sumase un vocal más del PP a los dos que ahora tiene, para llegar a los tres vocales que se habían solicitado por parte de los representantes 'populares' y que parece, añade, era la razón de su falta de asistencia.
   En el comunicado se asegura que "la Asociación, desde siempre, y así lo ha demostrado durante todos estos años, tiene como finalidad defender y trabajar por todos los municipios, indiferentemente de su signo político. Así, ha habido presidentes de uno y otro signo, y de una y otra provincia", ha aclarado.

La limpieza de Palomares continúa "pendiente" de la respuesta de EEUU

MADRID.- La limpieza de los residuos de las cuatro bombas nucleares que cayeron accidentalmente en Palomares (Almería) y parte del material que se dispersó en el medioambiente en 1966 está "pendiente" de la respuesta de Estados Unidos a la posición planteada por España de que la "única solución definitiva posible" es la retirada del suelo contaminado por parte del país norteamericano.

   Así, según un documento técnico del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el asunto se encuentra actualmente en manos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de sus máximas autoridades, tras diversos contactos a nivel diplomático entre ambos países.
   En este documento, se recuerda que tras una primera limpieza efectuada en 1966, España y Estados Unidos "han venido colaborando" en el seguimiento de los habitantes de la zona y en la evolución de la contaminación residual en el ambiente.
   Sin embargo, ha habido que esperar hasta el 17 de diciembre de 2004, cuando el Gobierno del Reino de España por acuerdo de Consejo de Ministros, aprobó el 'Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica' (PIEM-VR) que debía realizar el CIEMAT en los terrenos afectados una vez que, tras su expropiación, requerían de "una detallada vigilancia radiológica ambiental".
   Tres años más tarde, en 2007, el CIEMAT y el Departamento de Energía de Estados Unidos, firmaron un acuerdo para realizar un mapa detallado de la contaminación existente, "superficial y en profundidad".
   Dichos trabajos tuvieron un coste total de 13,8 millones de euros, de los que 1,8 millones fueron financiados por Estados Unidos y que concluyeron en un avance de los resultados del Mapa radiológico tridimensional que fue presentado por el CIEMAT en el Departamento de Energía norteamericano en Washington en diciembre 2008.
   Dos meses más tarde, en febrero de 2009 se acabó el Mapa 3D de Palomares, que se sometió a una revisión entre pares por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), cuya evaluación "muy positiva", de acuerdo a dicho documento, se recibió en diciembre de ese año.
   En este sentido, la OIEA dictaminaba que el CIEMAT había trabajado de acuerdo con las recomendaciones internacionales y que la información facilitada era "rigurosa" y apuntaba que la caracterización radiológica "debería ser la base de una futura estrategia de rehabilitación".
   En este largo proceso, que dura ya 46 años, y en base a dicho informe, el CIEMAT elaboró la 'Versión Preliminar' del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) que tenía el objetivo de "alcanzar una limpieza completa y final" del área afectada y que posteriormente fue sometido a consideración del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El organismo regulador informó favorablemente este informe el 5 de mayo de 2010.
   Una vez concluido este proceso, del 19 al 21 de abril de ese año, la Comisión Europea realizó una Misión de Verificación en base al cumplimiento del artículo 35 del Tratado de EURATOM en Palomares.
   Posteriomente, la CE emitió un informe final que España recibió en febrero de 2011 y en el que se resaltaba que, coincidía con la OIEA en la "corrección" de los trabajos realizados "hasta el momento" por el CIEMAT y en el que señalaba que debía llevarse a cabo el PRP.
   Meses antes, el 7 de julio de 2010, se celebró en el Departamento de Estado en Washington (EE.UU.) una reunión bilateral de carácter informativo entre delegaciones de sendos países para "conocer la situación de Palomares y la posición del Gobierno español en esta cuestión".
   Entonces, la delegación norteamericana estuvo presidida por la directora para la Oficina de Europa Occidental, Maureen Cormack, y participaron representantes de los Departamentos de Estado, de Energía y de Defensa. Mientras, por parte española la delegación estuvo encabezada por el director general del CIEMAT, Cayetano López, que acudió junto con representantes de los Ministerios de Ciencia e Innovación y del de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como por miembros de la Embajada de España en Washington y del CSN.
   Después de décadas de trabajo, según el documento, para el CIEMAT esta reunión "fue decisiva" porque "por primera vez trascendía del ámbito puramente técnico" del Departamento de Energía en el que "el problema de Palomares" donde había estado contenido hasta ese momento y porque pasaba a "involucrar" a los Departamentos de Defensa y Exteriores.
   Asimismo, en la reunión se fijó "por primera vez" la posición española de una forma "clara y articulada", que planteaba que "la única solución definitiva posible era la retirada del suelo contaminado por parte de los Estados Unidos".
   Después de esta cita, durante meses se intercambió una serie de notas que derivó en un encuentro del 22 al 25 de febrero de 2011 entre una delegación española y un equipo inter-agencias de Estados Unidos que tuvo lugar en Madrid, desde donde también se trasladaron a Palomares para continuar la discusión sobre el proceso de finalización del PRP.
   Entonces la delegación estadounidense estuvo encabezada por el director de la Oficina de Salud, Seguridad y Protección del DOE, Glenn Podonsky, y la española, por el director general del CIEMAT, Cayetano López.
   En la visita, los equipos visitaron los terrenos afectados y discutieron a nivel técnico el PRP. Según el informe del CIEMAT la delegación estadounidense ofreció "orientación, asesoramiento y compartieron conocimientos, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas", todo ello basado en sus experiencias en operaciones de rehabilitación medioambiental y "buscando las vías de aplicación óptimas" para concluir el PRP.
   Con todo ello, el 22 de marzo de 2011, justo un mes después, el Departamento de Energía estadounidense remitió a España un documento con sus aportaciones técnicas al PRP "de acuerdo con el primer punto de la posición española".
   Finalmente, el CIEMAT señala en el informe que el 25 de octubre de 2011 --hace tres meses y medio-- incorporó y envió de vuelta al Departamento de Energía norteamericano las contestaciones a dichas aportaciones a la versión existente del Plan de Rehabilitación de Palomares. "Se está a la espera de contestación por las autoridades americanas", concluye.
   En este contexto, el pasado sábado la secretaria de Estado de EEUU, Hilary Clinton, mantuvo en Munich (Alemania) un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo en el que entre otras cuestiones se abordó el tema de Palomares. De este modo, Clinton se habría comprometido a que Estados Unidos retirará la tierra contaminada con plutonio que afecta a unas 40 hectáreas de terreno.
   En este sentido, la secretaria de Estado afirmó que la limpieza de Palomares era un "compromiso adoptado" por el senador republicano John McCain.

Resurección Galera pide la ejecución del fallo judicial para ser readmitida como docente de Religión

ALMERÍA.- La representación letrada de la profesora de Religión Resurrección Galera ha solicitado al Juzgado de lo Social nº 3 de Almería la ejecución del fallo que ordena su readmisión como docente después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulase su despido por parte del Obispado al considerar que su cese en 2002 por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado fue discriminatorio.
 
   El escrito, presentado la pasada semana, señala que el Ministerio de Educación (MEC) no ha dado cumplimiento a la sentencia, firme y contra la que no cabe recurso alguno, y pide que se proceda a instar a la administración a que se le dé cumplimiento, según han informado fuentes judiciales.
    En concreto, se informa al titular del juzgado, el magistrado Juan Carlos Aparicio, de que, desde que en diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó el recurso del Obispado de Almería contra la sentencia que declaraba nulo el despido, no se ha dado de alta a Resurección Galera en la Seguridad Social ni se le ha dado "ocupación efectiva".
   El escrito indica, asimismo, que, desde la administración central, tampoco se ha procedido al abono de la totalidad de salarios de tramitación pendientes de pago. Cabe recordar que el juez dictó un auto el pasado noviembre en el que reprochaba al Ministerio la tardanza en aplicar las disposiciones contenidas en su fallo y le advertía de que podría estar incurriendo en un delito de desacato que llevaría aparejada una multa de 3.000 euros.
   Las mismas fuentes han precisado que, si bien se ha pagado una "pequenísima parte". Tras esta resolución, el MEC remitió un correo electrónico a la representación letrada de la exdocente en el que le comunicaba que daría cumplimiento al auto de ejecución parcial dictado por el Juzgado de lo Social nº 3 en la nómina del mes de diciembre, en la que se incluiría los salarios que se adeudan desde el pasado mes de mayo.
   Tras la presentación del escrito solicitando la ejecución, el juzgado citará a las partes a una comparecencia para esclarecer porqué no se le ha dado cumplimiento a la sentencia que ordena la readmisión de Galera y establecer es qué condiciones se ha de producir esta ya el fallo fijaba que la readmisión debía ser inmediata en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían en 2002.
   Por su parte, fuentes del Obispado han indicado que el expediente judicial ha sido remitido a los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal Española para que estudien todo el procedimiento de cara a conocer si existe la posibilidad de actuar ante el fallo del TSJA, sobre el que no cabe recurso alguno. Dicho procedimiento se envió hace unas tres semanas bajo la consideración de que el caso reviste "un carácter general", han apuntillado las mismas fuentes.
   La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el último de los pronunciamientos que se han dado en este caso, dilatado en el tiempo, desestimó el recurso del Obispado de Almería y confirmó la sentencia que obligaba, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC), al Ministerio de Educación a readmitirle y a abonarle los salarios que había dejado de percibir durante los once años transcurridos desde que fue despedida.
   Tras dos sentencias anteriores que avalaron el despido, el TC concedió a Galera, que impartía clases en el CEIP 'Ferrer Guardia' de la capital almeriense, amparo y reconoció sus derechos a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar.
   La sentencia del TSJA señaló, a su vez, que la "falta de coherencia con la doctrina católica sobre el matrimonio" que atribuye el Obispado a la exprofesora lo es en relación con una decisión tomada "en el legítimo ejercicio de su derecho a contraer matrimonio".  Además, advertía de que "en ningún momento" se afirmó que en su actividad docente hubiese cuestionado la doctrina de la Iglesia católica o realizado apología del matrimonio civil.
   El Alto Tribunal andaluz también hizo referencia a lo que calificó de "problemática surrealista" ya que el Ministerio de Educación se ve condenado por una conducta que se veía "compedido a realizar" ya que este departamento contrataba anualmente a los profesores de religión que le pide el Obispado.