martes, 8 de febrero de 2011

Cuando Luis Rogelio habla de futuro / Rafael M. Martos

La pasada junta de gobierno del Ayuntamiento de Almería no se centró tanto en el futuro inmediato como en el futuro a medio plazo. Es decir que no fue tanto el tiempo dedicado a aprobar obras de ejecución inmediata, como a preparar el post-22 de mayo.
 
Sin duda, lo que Luis Rogelio Rodríguez quiso fue insuflar una cierta tranquilidad entre sus concejales, de cara a que se sigan viendo involucrados en las tareas de gobierno de la ciudad todavía, consciente de que algunas y algunos están nerviosos por si estarán o no en la candidatura que finalmente presente a las elecciones municipales.
 
LRRC se ha cansado de repetirlo por activa, por pasiva y por perifrástica, pero mientras no suelte la lista, nuestra obligación es seguir preguntando aunque sus respuestas a estas alturas y mientras no la conozcamos, no den ya para un titular.
 
Es obvio que los hombres fuertes seguirán, y que la "mujer fuerte" también, y que a esos hay que añadirles los dos de GIAL, y a partir de ahí todo son incógnitas, si bien hay que añadir el hecho de que bajo esas premisas tienen más posibilidades de repetir las mujeres que los hombres, ya que ese "núcleo duro" que tiene garantizada su inclusión es masculino.
 
Que sólo hará un par de cambios es algo en lo que ha insistido desde hace meses el alcalde, pero eso no tranquiliza a quienes quieren seguir, ya que piensan que quizá sólo sea un cambio pero... puede ser él o ella.
 
Por eso LRRC, como el entrenador de un equipo, prefirió relajar la tensión y dedicar la jornada del viernes a comunicar a sus concejales qué planes tiene con ellos en julio, o los cambios que habrá ciertas áreas, o los traslados de éstas... 
 
Algunas concejalas tiran de sus familiares más cercanos para llamar a la puerta del alcalde como ya lo hicieron en el pasado, otros hacen valer el peso de su militancia y su respaldo social, otros sus buenas relaciones con ese entorno más próximo del alcalde; pero al final quien decide es el entrenador (no sé nada de fútbol así que desconozco si los presidentes de los equipos pintan algo en estas cosas, o si tienen capacidad para poner o quitar jugadores, por lo que nos quedaremos en el "mister"), quien al contrario de lo que pasa habitualmente en el terreno deportivo, es el único que tiene el puesto asegurado. 

La juez Peña levanta el secreto de cinco nuevos tomos del sumario de la Operación Poniente

ALMERÍA.- La juez que instruye el sumario de la Operación Poniente, Monserrat Peña, ha levantado el secreto a cinco nuevos tomos de la Operación Poniente por la que están imputadas más de sesenta personas, entre ellas el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, el que era su interventor, José Alemán, y un nutrido grupo de empresarios. 

La Operación Poniente tiene como eje los presuntos delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, que pudieron tener lugar por medio de la empresa mixta de servicios municipales Elsur, y cuyo consejo de administración -dominado por una filial de Abengoa- está también imputado.

Según ha conocido Noticias de Almería, estos nuevos tomos están referidos a los registros en las distintas propiedades de los imputados, así como las resoluciones sobre las medidas cautelares que se adoptaron en su momento, y el tomo 33 de la causa general.

Con este levantamiento de secreto, es ya el cuarto que realiza Peña, que decidió autorizar primero que las partes conocieran la transcripción de lo más relevante de las llamadas telefónicas intervenidas, luego el audio total de las mismas en su integridad, posteriormente los informes relativos a la investigación, y ahora estos nuevos cinco tomos.

La Junta no adjudicó las obras del Cable Inglés a pesar de tener el dinero de Fomento desde un año antes

ALMERÍA.- El Ministerio de Fomento ha informado al diputado del Partido Popular Aurelio Romero Girón, que ya abonó en 2009 su parte correspondiente a las actuaciones relativas al “uno por ciento cultural” de ese año.

El Ministerio de José Blanco le ha hecho llegar un documento con “las actuaciones aprobadas en el año 2009, correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía, indicando las cantidades abonadas por el Ministerio de Fomento a las entidades promotoras de las actuaciones.” y entre ellas aparece tanto el Cable Inglés ubicado en la capital almeriense como la Torre del Rayo de Carboneras.

Las obras de esta primera fase, adjudicadas en diciembre de 2010 a la UTE formada por las empresas Jaquil Andalucía S. A., construcciones Tejera S. A., e Ilidexsa, cuentan con un importe de 2.780.543 euros, y tendrán un plazo de ejecución de 14 meses, por lo que se prevé que esta actuación esté finalizada a principios de 2012.

La rehabilitación tenía que ser financiada al 50% entre Fomento y Junta de Andalucía según el convenio suscrito entre ambas administraciones el 19 de noviembre de 2009, y ese mismo día se suscribió el de Carboneras, en el que el Ministerio pone el 75%.

Pues bien, a pesar de que Fomento puso los 950.000,00 euros de la anualidad 2009 del total de 1.849.767,71 de euros que tiene que dedicar al Cagadero del Mineral, y los 88.403,69 euros que le corresponde de los 117.871,58 euros que tiene que dedicar en total a la Torre del Rayo, la Junta de Andalucía que es la entidad promotora, no hizo la adjudicación hasta un año después, y a día de hoy no hay actuaciones visibles.

El cargadero de mineral ‘El Alquife’, situado en la playa de las Almadrabillas de Almería, fue declarado Bien de Interés Cultural, según Decreto 166/1998 de 28 de julio. Conocido popularmente como ‘El Cable Inglés’, fue construido por la compañía británica ‘The Alquife Mines’ entre 1902 y 1904. Esta obra de ingeniería fue concebida para utilizarla como medio de transporte, almacenaje y embarque del mineral procedente de las minas de hierro por vía marítima. Su estructura permitía el arranque de buques de gran tonelaje, un sistema de almacenaje mineral, que al encontrase a gran altura, posibilitaba la descarga por la acción de la gravedad.

Consta de dos partes bien diferenciadas: el sistema de acceso y el muelle embarcadero propiamente dicho. El primero es un viaducto, en el que se alternan tramos de estructura metálica y tramos de fábrica de piedra caliza, y sobre el que discurre la vía férrea que permite el transporte del mineral hasta el cargadero desde la estación de ferrocarril, de la que dista 540 metros, mediante una vía simple con rampa en prolongación de la línea. La línea de entrada o acceso al muelle contiene varias curvas exigidas por los límites de las propiedades de la compañía. Inmediatamente antes de entrar en el muelle la vía principal se ramifica en otras cuatro, trazadas a lo largo de dicho muelle, al mismo nivel y paralelas entre sí.

El embarcadero tiene una longitud total de 108 metros y se construyó para permitir que los barcos se cargaran por gravedad a partir de las grandes tolvas replegadas en sus laterales. Está constituido por una estructura de acero laminado muy tupida, conseguida con piezas proporcionalmente muy ligeras de sección enlazadas mediante roblones según una disposición en celosía.

Magrebíes y gitanos son quienes denuncian más discriminaciones racistas

MADRID.- Los magrebíes y los gitanos son las personas que más quejas han presentado por haber sido discriminados por su raza o etnia, según un informe de la Red de centros de asistencia a estas víctimas con datos recogidos desde junio hasta diciembre de 2010. 

Este primer informe, que ha sido presentado hoy por el presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por su origen racial o étnico, José Manuel Fresno, recoge un total de 235 quejas, de las cuales 188 corresponden a casos individuales y 47, a colectivos.
La Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico fue creada por el extinto Ministerio de Igualdad el pasado mes de junio y tiene como finalidad detectar y evitar casos de discriminación por raza o etnia a través de la información a las víctimas y la sensibilización de la sociedad.
El informe destaca que de las 235 quejas, 212 corresponden a casos con "claros indicios de discriminación" y del total, el 57 por ciento las hicieron hombres y el 43 por ciento, mujeres,
El 54 por ciento de las denuncias que las víctimas hicieron llegar a los diferentes organismos que componen la red (como Cruz Roja o la Fundación de Secretariado Gitanos, entre otros) el agente discriminador fue la propia administración pública, el 30 por ciento fueron particulares y el 16 por ciento, organizaciones privadas, como empresas.
Respecto al ámbito en el que se han producido las discriminaciones, el 24 por ciento tuvo lugar en el acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados, el 22 por ciento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en tanto que un 17 por ciento se produjo en el empleo.
El informe refleja el perfil de estas víctimas, quienes en un 33 por ciento tenían entre 26 y 35 años, mientras que un 28 por ciento tenían menos de 25 años y un 26 por ciento se encontraba en la franja de edad entre los 36 y los 45 años.
En cuanto al origen racial o étnico, el 22 por ciento fueron inmigrantes magrebíes; el 20 por ciento, gitanos; un 17 por ciento eran latinoamericanos procedentes de países andinos; el mismo porcentaje de las quejas que fueron presentadas por subsaharianos.
En el 56 por ciento de los casos, la discriminación fue por actitudes xenófobas, el 29 por ciento por insultos, y el 15 por ciento fueron por agresiones.
El 61 por ciento de las discriminaciones fueron directas y el 30 por ciento, indirectas, es decir, disposiciones o prácticas aparentemente neutras pero que en el fondo provocan desventajas en los colectivos más desfavorecidos.
La Comunidad de Madrid es la autonomía donde se han producido la mayoría de los casos, un 19 por ciento, seguida de Andalucía y Castilla y León, con un 18 por ciento, y de la ciudad autónoma de Melilla, con un 16 por ciento.
Los derechos más vulnerados han sido la dignidad (en 36 por ciento de los casos), al acceso al empleo (en un 17 por ciento), a las prestaciones socioeconómicas (un 13 por ciento) y a una vivienda (once por ciento).
Durante el acto de presentación que ha tenido lugar en la secretaría de Estado de Igualdad, dos mujeres han relatado los casos de discriminación de las que fueron víctimas.
Así, Rosario ha contado cómo le negaron el acceso a una piscina municipal por ser gitana y María del Carmen cómo tuvo que acudir a Cruz Roja por los impedimentos que le pusieron para atenderla en un centro sanitario cuando estaba embarazada.
También ha intervenido la directora general por la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, Carmen Navarro, quien ha instado a los poderes públicos a "no permanecer impasibles" ante la necesidad de actuar contra la discriminación.

El Consejo de Europa pide a España no rechazar la construcción de mezquitas

ESTRASBURGO.- La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, en sus siglas en inglés) del Consejo de Europa consideró hoy que "no es razonable que en muchos casos se rechacen las solicitudes de construcción de nuevas mezquitas" en España. 

En el cuarto informe de la ECRI sobre España, recomienda a las autoridades que garanticen el respeto de la libertad de manifestar su religión colectivamente, como recoge el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por ello, piden a las autoridades españolas que "otorguen la aprobación de las solicitudes de las comunidades musulmanas para construir un número adecuado de mezquitas" ya que sólo hay 400 para 1,4 millones de personas, y 12 cementerios musulmanes.
El miembro español de la ECRI, Abdelhamid Beyuki, dijo que, aunque no hay porcentajes ni estadísticas sobre las denegación de permisos, sí hay "casos probados y testimonios de interesados y de asociaciones de musulmanes".
La ECRI es un organismo independiente de supervisión en materia de derechos humanos. Sus informes se basan en "numerosas informaciones recibidas de fuentes muy diversas".
El informe califica de "discriminación" que los colegios públicos estén obligados a ofrecer la clase de religión optativa, mientras que el resto de creencias necesita un mínimo de 10 alumnos. Frente a una demanda de 400 docentes de religión islámica, sólo hay 46.
La ECRI también incide en los escolares de etnia gitana y "recomienda encarecidamente" que las autoridades "revisen el método de admisión de los alumnos" en los colegios públicos y concertados para "garantizar una distribución equitativa".
Así, habla de "prácticas discriminatorias" que permiten a los colegios concertados "seleccionar a los alumnos".
La ECRI critica que en España no esté penada la negación del Holocausto, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional en 2007 la penalización de la citada negación, tal como ocurre en otros países como Francia.
Los expertos de la ECRI recogen la existencia de "un solo partido abiertamente xenófobo", Plataforma por Cataluña, y la información de que el líder local del PP en Badalona ha promovido "un discurso de odio" y ha acusado "a los inmigrantes rumanos y gitanos de ser la causa de la criminalidad en la ciudad".
Según Beyuki, España "ha avanzado mucho y el Gobierno ha tomado medidas importantes para luchar contra todas la formas de racismo y xenofobia y a favor de la integración de los no nacionales".
En referencia a este colectivo, la ECRI recomienda permitirles votar en las elecciones locales y que puedan presentarse como candidatos.
En materia de seguridad, el informe recomienda "exigir que en los informes policiales figure toda posible motivación racial de los delitos" y celebra que en varios servicios de la Policía y la Guardia Civil funcione un proyecto piloto que incluye esa agravante.
A los medios de comunicación les recomienda establecer mecanismos de regulación, que incluya normas en materia de tolerancia, ya que los códigos de conducta existentes "rara vez se respetan".
La ECRI celebra la creación en 2009 del Consejo para la Promoción y la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, así como la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
También aplaude la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (2009), y el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012.

El Gobierno dará permiso por arraigo los inmigrantes cuyos hijos tengan nacionalidad española

MADRID.- El Gobierno otorgará permiso por arraigo a los inmigrantes cuyos hijos tengan la nacionalidad española, según se desprende del borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, publicado este martes por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ocho meses después de la fecha prevista. 

   Este requisito forma parte de una nueva figura denominada 'arraigo familiar' mediante la cual se regularizará la situación de los padres de los menores con nacionalidad española, "siempre que el niño esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización". Asimismo, se otorgará este arraigo cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.
   Este documento de 264 artículos inicia desde este martes un periodo de alegaciones y, según ha indicado la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, el borrador definitivo estará terminado en "aproximadamente dos meses", tras las aportaciones de los interlocutores sociales y el informe del Consejo de Estado.
   El Reglamento también concreta las figuras de 'arraigo laboral' y 'arraigo social'. El primero determina que podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que hayan residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.
   En cuanto a la residencia temporal por razones de 'arraigo social', el Gobierno establece que se otorgará a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años. Además, tendrán que carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años y contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año.
   Para obtener el arraigo social, los extranjeros también tienen que tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o deben presentar un informe que acredite su integración social, emitido por la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual.
   Sobre el arraigo, la secretaria de Estado de Inmigración ha señalado que se trata de "un remedio jurídico a una situación de irregularidad", al tiempo que ha indicado que se trata de un asunto "excepcional". En este sentido, ha subrayado que la figura del arraigo "tiene que ser cada vez más excepcional", pues, según ha insistido, "en el Reglamento se encuentra bajo el epígrafe de 'residencia por circunstancias excepcionales".  
   El Gobierno también pretende con este borrador elevar la protección a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. De esta manera, si denuncian, y la sentencia es condenatoria para el maltratador, se les otorgará a las víctimas un permiso de residencia y de trabajo durante cinco años, sin perjuicio de la posibilidad de acceder durante este tiempo a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud.
   Además, el Reglamento establece, como novedad, la autorización temporal de residencia a los hijos menores de edad de las extranjeras que sufren maltrato y, en su caso, los mayores de 16 años también contarán con un permiso de trabajo.
   "En este país no se expulsa a las víctimas de violencia de género, ni a las víctimas de trata, que quedan protegidas contra la expulsión en los términos en que establece la ley", ha indicado la secretaria de Estado.
   Por el contrario, de haber concluido el proceso con sentencia no condenatoria o resolución de la que no se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, se le denegará las autorizaciones, tanto a la denunciante como a sus hijos y se reanudará el proceso sancionador en materia de extranjería (expulsión) inicialmente suspendido.
   Sobre los informes de integración social de los inmigrantes, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, aunque la mayoría han decidido delegarlos a los ayuntamientos, el Gobierno establece que estos documentos no son vinculantes, a pesar de la demanda de varios consistorio catalanes.
   "El permiso de residencia tiene un ámbito claramente supramunicipal, que va más allá del establecimiento de la persona en una comunidad determinada, no podemos hacer que el informe del ayuntamiento sea vinculante porque sería como decir que el Estado renuncia a sus competencias en materia de extranjería", ha subrayado Terrón.
   La Ley de Extranjería fue reformada por el Gobierno en el año 2009 y entró en vigor el 1 de enero de 2010 con la previsión expresa de que se desarrollase reglamentariamente durante los seis meses siguientes.
   Sin embargo, el cambio en la titularidad de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en el mes de febrero demoró el proceso, de forma que en primavera el Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció que no habría una propuesta hasta después del verano. Cuando llegó el otoño, la iniciativa se emplazó hasta finales de año y después, hasta los primeros meses de 2011.

El Gobierno egipcio anuncia una subida del 15% en los salarios públicos y las pensiones

EL CAIRO.- El Gobierno egipcio ha anunciado un incremento del 15 por ciento en los salarios de los trabajadores del sector público y en las pensiones militares y civiles que paga el Estado.

   La subida será efectiva a partir de abril, ha explicado el ministro de Economía egipcio, Samir Radwan, en rueda de prensa recogida por la agencia de noticias oficial, MENA. Además, matizó que, por primera vez, la subida será calculada en base al total de la pensión, no como en subidas anteriores.
   Este incremento de las pensiones costará al erario público unos 6.500 millones de libras egipcias, es decir, unos 806 millones de euros.
   El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación de un fondo de 5.000 millones de libras egipcias (620 millones de euros) para compensaciones a los afectados por los saqueos y actos vandálicos registrados aprovechando las protestas, explicó Radwan.

Piden viviendas baratas
Cientos de egipcios que reclaman viviendas más baratas se han congregado este lunes delante de una oficina gubernamental, animados a defender su caso en medio de las masivas protestas que reclaman la dimisión del presidente del país, Hosni Mubarak.
   Muchos de ellos han permanecido durante horas delante de las oficinas con su solicitud y algunos corearon que se unirán al campamento de protesta en la plaza Tahrir si las autoridades no dan curso a sus peticiones. "Si no nos decís que nos habéis aceptado, nos iremos a Tahrir", han asegurado.
   Sohir y Amr, un matrimonio de casi 40 años que busca una vivienda que puedan permitirse, han asegurado que no abandonarán la oficina de la gobernación hasta que consigan lo que consideran su derecho.
   "¿Cómo pueden decirnos que vengamos un determinado día y luego decirnos que nos marchemos, argumentando que no hay nada aquí para nosotros? ¿No están al tanto de lo que está pasando en la plaza Tahrir y de que la gente no se rendirá más y seguirá persiguiendo sus demandas?", afirma Amr.
   La gobernación abrió sus puertas y permitió que algunos demandantes entraran, pero los responsables se negaron a responder a las preguntas de la prensa.
   El Gobierno promete desde hace tiempo facilitar viviendas más económicas a los egipcios con bajos ingresos así como mejores de vida y más empleos. La población egipcia, de unos 79 millones, crece un 2 por ciento al año y el aumento de la vivienda no ha seguido el mismo ritmo.
   Dos tercios de la población es menor de 30 años y el grupo de edad supone el 90 por ciento de los parados. Alrededor del 40 por ciento vive con menos de dos dólares al día.

Comparece ante fiscales militares el ex ministro del Interior egipcio

EL CAIRO.- El ex ministro del Interior egipcio Habib el Adli ha comparecido ante fiscales militares y podría enfrentarse a cargos por causar una ruptura en el orden del país, según ha informado una fuente de seguridad este lunes, durante las protestas que vive Egipto para reclamar la dimisión del presidente Hosni Mubarak.

   Según esta fuente, Aldi, que compareció ante un tribunal el domingo, podría ser acusado de retirar a las fuerzas de seguridad de las calles durante el levantamiento, ordenar disparos con fuego real y liberar a prisioneros de las cárceles.
   Tras enfrentarse con las decenas de miles de manifestantes que se echaron a las calles el 28 de enero, las fuerzas de seguridad desaparecieron repentinamente de las calles de Egipto. Después se produjeron varios días de saqueos y muchos prisioneros huyeron de las cárceles.
   Mubarak respondió a las protestas designando un nuevo gabinete y un vicepresidente. El Gobierno ha abierto investigaciones a algunos ministros y el partido gobernante, Partido Nacional Democrático, ha expulsado a algunos altos cargos.
   El ex ministro de Vivienda Ahmed el Maghrabi compareció ante los fiscales este lunes para enfrentarse a cargos de malgastar dinero público y apropiación de terrenos estatales, según ha informado la agencia estatal MENA. "Las quejas le acusan de violar la propiedad del Estado, apropiación de dinero público y enriquecerse de forma injustificada", informa la agencia.
   El empresario Ahmed Ezz y los ex ministros Rachid Mohamed Rachid y Zuhair Garana también están siendo investigados. Los cinco tienen prohibido viajar fuera del país y han visto congeladas sus cuentas bancarias. Rachid ha negado haber actuado de forma ilegal mientras que los otros cuatro no se han pronunciado sobre las acusaciones en su contra.

Los Hermanos Musulmanes reafirman su exigencia de que dimita Mubarak

EL CAIRO.- Los Hermanos Musulmanes han reiterado su demanda de que dimita el presidente egipcio, Hosni Mubarak, a pesar de la implicación del grupo islamista en las conversaciones de este fin de semana con el vicepresidente Omar Suleiman, en las que se habría acordado que Mubarak conserve el poder hasta septiembre, cuando concluye su mandato.

   "Durante el diálogo nacional del domingo en el Consejo de Ministros bajo la presidencia de Suleiman, los Hermanos Musulmanes explicaron que su participación en estas reuniones está sujeta a la satisfacción de las demandas defendidas por los manifestantes del 25 de enero", explica la página web del grupo, según recoge el diario opositor egipcio 'Al Masry al Youm'.
   Además de la salida de Mubarak, los manifestantes exigen la derogación de la Ley de Emergencia, en vigor desde hace décadas, y la disolución del Parlamento, así como la formación de un "Frente de Salvación Nacional" y el nombramiento de una comisión judicial que investigue los incidentes de las últimas semanas.
   El texto publicado en la web está suscrito por Essam al Erian, miembro de Comité de Dirección de los Hermanos Musulmanes, máximo órgano de la organización.
   Otro miembro del Comité, Mohamed Morsi, quien participó en la reunión con Suleiman, ha asegurado que continúan ciñéndose a las demandas de los manifestantes. "La legitimidad de las demandas del pueblo egipcio está por encima de la Constitución, del régimen y de sus deseos de escapar de esta situación", ha afirmado Morsi.

Sólo dos de cada diez migrantes africanos se dirigen hacia Europa

DAKAR.- Sólo dos de cada diez migrantes africanos se dirigen hacia Europa, ya que el grueso de los movimientos de población se producen en el interior del continente, principalmente en los países del oeste, según el responsable de Migraciones del África Occidental para la Red Europea de Organizaciones de Migraciones y Desarrollo (Eunomad), Ansari Habaye.

   Habaye, que ha ofrecido una ponencia en el Foro Social Mundial que se celebra en la capital senegalesa, ha explicado que en el interior de África unos 7,5 millones de personas se desplazan cada año desde su lugar de origen y de ellas, "sólo 1,2 millones" abandonan el continente.
   "Estas cifras demuestran que no hay tal invasión de africanos a Europa", ha señalado, para incidir en que los ciudadanos de la UE tienen "un sentimiento de estar siendo invadidos" que, en su opinión, ha sido "alimentado por ciertos políticos y medios de comunicación, a quienes ha interesado dar esa impresión".
   El representante de Eunomad afirma que esta sensación de "invasión" está calando también en países del norte o oeste de África por "la presión de las políticas migratorias europeas sobre todos los países que pueden jugar un papel en el control de los flujos" y alerta de que puede desembocar "en una recuperación de ciertos sentimientos nacionales que acaben generando conflictos entre países africanos".
   La intervención de Habaye ha precedido una mesa redonda en la que personas de distintos países han abordado esta problemática. Entre las conclusiones del encuentro, que serán elevadas a las recomendaciones finales del Foro Social Mundial, figuran la "denuncia de las políticas europeas de inmigración en colaboración con los países de origen", exigir la desvinculación de estas políticas con la Ayuda al Desarrollo e impulsar el papel del migrante en los proyectos.
   Asimismo, los presentes han reclamado la pertenencia de la tierra y el agua, "recursos importantes en África que hoy se están vendiendo al mejor postor y que van a tener mucha incidencia en el aumento de las migraciones", conforme ha explicado la delegada de Fundación CEAR/Habitáfrica en Senegal, entidad miembro de Eunomad, Cristina Follana.
   Eunomad, a través de las organizaciones que la integran, está trabajando para crear una red de entidades que permita dar una respuesta a los migrantes en tránsito por África y defender sus derechos, en vista de que los convenios de libre circulación, al menos los suscritos entre los 15 países que componen la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), "no se están aplicando".
   Según ha explicado Follana, "mientras los Estados africanos sigan colaborando con los europeos para admitir repatriaciones, habrá muchas dificultades para que las entidades puedan trabajar con ellos" ya que "no existen dispositivos de acogida ni de apoyo" a estas personas.
   Para la delegada de Fundación CEAR, los países africanos deberían seguir el ejemplo de Malí, cuyo Gobierno ha rechazado suscribir un convenio de readmisión de inmigrantes con Francia, ya que según ha dicho, los Estados de la UE "están vinculando la Ayuda Oficial al Desarrollo a la firma de este tipo de acuerdos". Sin embargo, dada la escasez de muchos de estos Estados, "es muy difícil que decidan plantarse".
   Por eso, Eunomad está promoviendo la Declaración de Nouakchott (Mauritania), una "carta de intenciones" que siente las bases del trabajo en red de estas organizaciones europeas tanto para prestar apoyo a los migrantes como para "incidir en la creación de políticas migratorias que realmente se apliquen" y cuenten con la opinión de los propios afectados.

Consumur alerta de la retirada del mercado de un modelo de vaso de vidrio de la marca IKEA

MURCIA.- La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur), integrada en FACUA-Consumidores en Acción, advierte de la retirada del mercado de un modelo de vaso de vidrio de la marca IKEA, por riesgo de provocar lesiones diversas al romperse con facilidad. 

   En concreto, el modelo retirado es RUND de 4 centilitros, 20 centilitros y 40 centilitros, que han sido incluidos en la red de alerta de productos industriales inseguros, que coordina el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través del Instituto Nacional de Consumo, con fecha de 24 de enero de 2011.
   El motivo ha sido el riesgo de provocar lesiones diversas debido a que el vaso se rompe con facilidad como resultado de las variaciones en el grosor del cristal, según informaron fuentes de esta asociación en un comunicado.
   La empresa IKEA España, tras le problema detectado en el producto, ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en retirar el producto de la venta y recuperarlo de los consumidores que ya lo hayan adquirido.
   Consumur informa a los consumidores y usuarios que deseen recibir más información acerca de sus derechos, que acudan a la Asociación, en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, y de 17.00 a 20.00 horas los martes y jueves, así como a través de su Oficina Virtual, a disposición del consumidor y usuario las 24 horas del día en la dirección 'http://www.consumur.org' y en el teléfono '629-387278'.

Amat (PP) dice que la parcelación hará de Las Salinas uno de los espacios "más importantes del Mediterráneo"

ROQUETAS DE MAR.- El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), ha presentado este lunes la aprobación inicial del proyecto de reparcelación del sector Z.SAL.01 del PGOU, conocido como La Salinas, con el que se prevé dotar al municipio de un nuevo espacio de expansión que será, según el propio regidor, "uno de los más importantes del Mediterráneo". 

   En rueda de prensa, el primer edil roquetero ha señalado que, según el estudio previo, la superficie total a la que afectará esta actuación será de 3.185.000 metros cuadrados, si bien solamente llegarán a ocuparse 1.145.000 de ellos ya que el resto quedará libre a lo largo de la actuación de urbanización, estimada en unos 200.000 euros según el propio documento.
   Amat ha indicado que el proyecto de reparcelación se mantiene expuesto al público para que puedan formular alegaciones, de manera que una vez que se resuelva este trámite se creará una comisión de representación de todos los sectores afectados para que participen en la toma de decisiones en torno a este espacio, en el que actualmente se asientan decenas de explotaciones agrícolas.
   El alcalde, quien considera que el proyecto es "muy importante" para el municipio, ha señalado que ahora mismo la labor municipal es la de "garantizar los derechos de cada uno" de los propietarios de parte del terreno, de forma que se trabaja en "legalizar" la situación de las parcelas para modificar y homogeneizar el conjunto.
   El proyecto, que deja fuera del documento los 800.000 metros cuadrados del deslinde efectuado por la Dirección General de Costas a la espera de que se resuelva un litigio tras el recurso de casación interpuesto por el MARM ante el Tribunal Supremo, prevé, según el alcalde, la construcción de menos de 8.000 viviendas en la zona lo que no reaviva la "burbuja inmobiliaria" a su juicio. En este sentido, ha precisado que las expectativas del Ayuntamiento es dar salida a las 3.000 vivienda que hay sin vender en Roquetas en los próximos dos años.
   No obstante, según el aprovechamiento medio de la zona cifrado por el equipo redactor del proyecto, "hay más de 40 millones de euros que el Ayuntamiento tiene que ingresar" con la ejecución de este plan, según el regidor. Esta liquidez, según ha detallado, se revertirá en equipamiento para el propio sector, si bien también podría haber llevado al resto del municipio.

IU no permitirá que el PP gobierne en CC AA y Ayuntamientos si depende de ellos

CIUDAD REAL.- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha asegurado que, "ni por activa por ni por pasiva", la coalición va a permitir que el PP gobierne en ayuntamientos o comunidades autónomas después de las elecciones del próximo 22 de mayo si depende de ellos.

   Lara se ha manifestado así este lunes, a preguntas de los medios, antes de asistir al 'Foro Diálogos', que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus de Ciudad Real.
   No obstante, Lara también ha criticado al PSOE, partido que ha tratado "muy mal" a Izquierda Unida. Así, ha mostrado su rechazo con el acuerdo promovido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la reforma de las pensiones.
   De este modo, el dirigente de IU cree que estas políticas que está aplicando el Gobierno socialista van a repercutir "negativamente" en las opciones de los candidatos que presente el PSOE, tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos.
   Lara, en todo caso, ha señalado que las leyes electorales, entre ellas la de Castilla-La Mancha, no facilitan las posibilidades para que IU obtenga una representación en los parlamentos en consonancia con el número de votos que tienen.