miércoles, 17 de noviembre de 2010

La Junta prevé que todos los tramos de la Autovía del Almanzora estén licitados en el primer semestre de 2011

ALMERÍA.- La Autovía del Almanzora, que conecta Huércal-Overa con el municipio granadino de Baza, tendrá licitados todos los tramos en el primer trimestre de 2011 según ha avanzado este miércoles la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Requena, que también ha anunciado que a finales de este mes se pondrá en servicio una calzada con un carril en cada sentido y 2,6 kilómetros de longitud para evitar el paso por el barrio de La Alfoquía, en Zurgena.
 
   Durante una visita acompañada de la delegada provincial de Vivienda y Obras Públicas, Ana Vinuesa, a las obras del eje transversal que comunicará toda la comarca del Almanzora, ha detallado las mejoras que se han incluido en los proyectos de los dos tramos que se encuentran en ejecución, la Variante de Albox y el tramo Variante de Albox-Cucador. 

   A lo largo del recorrido, que comprende 14,7 kilómetros, se ha comprobado el alto grado de ejecución de los dos tramos. La Variante de Albox se encuentra al 78,5 por ciento de ejecución, mientras que el tramo Variante de Albox-Cucador alcanza el 80,5 por ciento. Los trabajos siguen a pleno ritmo, con los 120 trabajadores que hay en la obra.

   La Junta de Andalucía invierte en las obras de estos dos tramos 59 millones de euros. Además de los trabajos previstos en el proyecto, la Consejería de Obras Públicas ha aprobado una inversión adicional de 5.650.000 euros, que se materializa a través de dos modificados que también están en ejecución. 

   Los modificados responden a las peticiones realizadas por los alcaldes de los municipios por los que discurre la futura autovía (Albox y Arboleas) con el objetivo de que la infraestructura dé respuesta a necesidades que han surgido tras aprobar los proyectos, fruto del crecimiento de la comarca. Es el caso del acceso al polígono de la Terdiguera o el ramal de acceso al barrio de La Molata y Almanzora. Además, se han aumentado las medidas para incrementar la seguridad vial y la estabilidad de los taludes. 

   Requena ha destacado la apuesta de la Junta de Andalucía por las infraestructuras en la Comarca del Almanzora, donde destaca la futura Autovía, que se enmarca en el Plan Mascerca de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y que supone una inversión global de 425 millones de euros.

   En esta línea, ha hecho referencia al "compromiso constante" del Gobierno andaluz con esta infraestructura, como refleja el hecho, ha ahondado, "de que se haya incluido en el primer paquete de obras que se van a financiar con el modelo público-privado, una fórmula para apoyar las grandes obras con inversión privada sin que se establezcan peajes ni cambien las características técnicas y de uso de las infraestructuras que se diseñan desde la Administración al servicio del ciudadano".

   El proyecto de la Autovía del Almanzora está planteado en dos fases. La primera, que enlaza Purchena, Fines y Huércal-Overa, discurre en la mayor parte del trazado por la A-334. Comprende 40 kilómetros de autovía, divididos en cinco tramos. Uno de ellos, que comprende 7,9 kilómetros y enlaza Fines y Albox, ya está en servicio. Otros dos, la variante de Albox y el que la enlaza con el Cucador, están en ejecución y comprenden 14,7 kilómetros. 

   Por último, la conexión entre el Cucador y la intersección de La Concepción, que supondrá otros 3,3 kilómetros, también está adjudicada. Así las cosas, el resto de tramos, cuyos proyectos se encuentran redactados, se licitarán a través de esta fórmula público-privada, con una inversión de 139 millones de euros.

   En cuanto a la segunda fase, que enlazará Baza y Purchena, supone una inversión de 200 millones de euros y lleva asociados unos 3.016 empleos. Con estas obras, se pondrán en servicio otros 42,3 kilómetros de autovía y se conectará la infraestructura con el resto de Andalucía a través de la A-92 norte en Baza.

   La Autovía del Almanzora mejora la conexión entre Baza (A-92 norte) y Huércal-Overa (A-7) a través de la carretera A-334, con el fin de favorecer el desarrollo social y económico en esta comarca almeriense, poniendo a disposición de los ciudadanos un gran eje transversal que los comunique entre ello y que enlace con las dos principales autovías de la Comunidad Autónoma. 
 
Así, la autovía beneficiará directamente a los más de 70.000 ciudadanos que habitan en los municipios del Valle del Almanzora, situados en una longitud de 90 kilómetros y la inversión total asciende 425 millones de euros.

La cuarta parte de la potencia instalada en la provincia procede de energías renovables

ALMERÍA.- La cuarta parte de la potencia instalada en la provincia de Almería ya procede de fuentes de energía renovables, lo que equivale al consumo eléctrico de más de 75.000 viviendas que procede, en buena parte, de 17 parques eólicos y casi 50.000 metros cuadrados de instalaciones de energía solar que existen en el territorio provincial. 

   Así lo expresa la Asociación Provincial de Empresas de Energías Renovables de Asempal en Almería, desde donde se ha puntualizado en una nota la celebración reciente de su asamblea general electoral, en la que ha elegido su una nueva junta directiva que tiene como presidente a Amador Martínez Jiménez. 

   En la asamblea, la asociación analizó la puesta en marcha de nuevas acciones para promover la competitividad en un "sector fundamental para el futuro de la provincia", ya que, "por sus condiciones físicas y climatológicas y por su liderazgo en el desarrollo de las energías renovables y centros de investigación, Almería es la provincia con mayor potencial en esta materia en la región", según han valorado.

   La misión de la junta directiva es apostar y unir esfuerzos por y para la diversificación, satisfacer las necesidades y demandas de las empresas asociadas, apostar por la adaptación a la situación actual del mercado mediante la renovación e incorporación de nuevas acciones, además de la innovación, creación y mantenimiento del empleo estable, contemplados estos como la mayor baza de crecimiento del sector.

Piden inhabilitación y cárcel para el alcalde de Zurgena por 41 viviendas en suelo no urbanizable

ALMERÍA.- El alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA), enfrenta una nueva petición fiscal de siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, además de seis meses de prisión, acusado de autorizar, mediante la concesión de licencias municipales en acuerdos de pleno, la construcción en suelo no urbanizable de 41 viviendas unifamiliares a sabiendas de que constituía una ilegalidad de acuerdo con la legislación vigente. 

   El regidor zurgenero acumula un total de 12 procedimientos penales abiertos, entre ellos, el derivado de la macrooperación conocida como 'Costurero' que se saldó en el año 2007 con su detención. El juez instructor de esta causa ordenó incoar procedimiento abreviado hace un año y medio contra él y otras 24 personas, entre ellos parte de la corporación local, por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental.

   Trabalón se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal nº 2 de Almería en marzo de 2011 junto al concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), los ex ediles también andalucistas Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos --quien en 2007 concurrió a los comicios municipales bajo las siglas del PP-- y los ex concejales de PSOE Juan Morales y José Antonio Ramos, así como del PP, José Juan Sánchez.

   El fiscal solicita en su escrito de calificación provisional la misma pena para todos ellos, así como para el técnico municipal Francisco Salvador Granados como presuntos autores de un delito de prevaricación. Interesa, asimismo, el pago de multa de 24 meses a razón de 12 euros al día. 

   Para la pareja que figura como responsable de la empresa que promovió las viviendas, Isidoro García y Francisca Muñoz, el representante del Ministerio Público pide dos años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo de tiempo para ejercer profesión y oficio relacionado con la construcción, además de pago de sendas multas de 24 euros a razón de 30 euros al día.

   Según consta en el escrito de acusación, los administradores de la mercantil Promociones 'Las Canaícas SL', con sede en Albox, promovieron y construyeron en 2006 un total de 53 viviendas unifamiliares en los parajes zurgeneros conocidos como 'Barranco de Los Pinos' y 'Cortijo Zurano' sobre "suelo no urbanizable". Doce de esas edificaciones, que no llegaron a terminarse, "no contaban con licencia municipal y no eran autorizables".

   Los 41 inmuebles restantes, continúa el fiscal, se construyeron "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable" y con una licencia municipal concedida por los acusados que formaban parte entonces de la corporación local bajo informe favorable "emitido a sabiendas de su injusticia" por el técnico municipal Francisco Salvador Granados.

   El regidor y los ediles tanto en el gobierno como en la oposición se constituyeron en pleno "y votaron favorablemente a la concesión de las citadas licencias" también "a sabiendas de su injusticia" pues "todos ellos --sostiene el Ministerio Público-- tenían conocimiento de que, conforme a la legislación vigente, las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable".

   En la vista oral, que se celebrará los días 8,9,10 y 11 de marzo de 2011 ante el Juzgado de lo Penal número 2, están personados alrededor de una treintena de ciudadanos británicos con los que los promotores acusados, a quien el fiscal exige se le imponga fianza para hacer frente a la responsabilidad civil por posibles indemnizaciones, celebraron contratos de compraventa y que, por tanto, figuran como propietarios de las mismas.

   Los dueños de los inmuebles, por los que pagaron alrededor de 200.000 euros, ejercen la acusación particular ya que el Ministerio Público, al amparo del artículo 319,3 del Código Penal, solicita la demolición de los construido y que la indemnización, por la cuantía de la cantidad abonada en el contrato de compraventa, corra a cargo de Isidoro García y Francisca Muñoz. 

   Los cargos públicos y el técnico municipal acusados enfrentan en otro procedimiento una pena de siete años de inhabilitación para empleo y cargo público, así como ocho meses de cárcel, como autores de un presunto delito de prevaricación por autorizar otra promoción de viviendas sobre suelo no urbanizable, en concreto un total de cinco en el paraje conocido como 'El Cucador'.

Greenpeace impugna el acuerdo municipal que mantiene urbanizable El Algarrobico

ALMERÍA.- Greenpeace ha anunciado la interposición de una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo plenario en el que Ayuntamiento de Carboneras aprobó la adaptación de su normativa urbanística a la ley andaluza en la que incluía como urbanizable el paraje de El Algarrobico donde se asienta el hotel de Azata del Sol.

   La demanda, según ha informado este miércoles la organización conservacionista, arremete asimismo contra la Junta de Andalucía, que dictaminó favorablemente acerca de la modificación en las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras y emitió un informe en el que advertía al Consistorio que el sector ST-1, donde se asienta el inmueble, "debía" estar clasificado como "suelo urbano consolidado".

   Para Greenpeace, el Ayuntamiento que preside Cristóbal Fernández (PSOE), quien ha sido apercibido en firme por el TSJA para que no acometa ninguna actuación urbanística en la zona sino quiere incurrir en un delito de desobediencia, "sigue apostando" por el desarrollo "más insostenible" de su municipio. "Aunque aún más grave --ha ahondado-- es que la Junta estimase que El Algarrobico debía figurar no como suelo urbano ordenado, sino consolidado".

   En este sentido, la responsable de la Campaña de Costas, Pilar Marcos, ha destacado que "esta es la realidad en los tribunales" frente a lo que "dicen ante los micrófonos de la política medioambiental de la Junta de Andalucía". Así, para Marcos, la consejería de Medio Ambiente "ha ideado" una clasificación para el paraje de El Algarrobico "que permite que se pueda urbanizar o no" mientras "sigue dilatando los numerosos procedimientos judiciales en curso encaminados a conseguir la demolición de un hotel". 

   La Junta de Andalucía advirtió al Ayuntamiento de Carboneras de que el sector ST-1, donde se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, "debía" estar clasificado como "suelo urbano consolidado" en la normativa urbanística municipal aprobada a finales de 2009 y en la que se autorizaba, de manera implícita, la construcción de unas 250 viviendas en el interior del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

   La entrada en vigor del citado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contó con la valoración favorable de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de la Junta, ha dado lugar a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) prohibiese el pasado día 28 al alcalde, Cristóbal Fernández (PSOE), la ejecución de cualquier actuación urbanística en la zona al estar pendiente de resolución judicial cuál debe ser el nivel de protección del paraje.

   El informe preceptivo emitido por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio comunica al Consistorio que el documento para la adaptación parcial de las NNSS, por la que se aprobó el citado PGOU, "no cumple" con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y desgrana siete deficiencias además de aportar otras tantas consideraciones a la planimetría que adjunta el documento.

   Entre estas últimas, apunta que el sector ST-1 'Algarrobico' aparece en lo enviado por el Ayuntamiento como suelo urbanizable ordenado, "debiendo estar clasificado --ahonda-- como suelo urbano consolidado al contar con los requisitos que marca la LOUA, según la memoria justificativa de la adaptación parcial".

   La normativa urbanística aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Carboneras tras el informe favorable de la Junta de Andalucía provocó que el TSJA acordase requerir el pasado mes de mayo al regidor de Carboneras para que se abstuviese de actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico so pena de incurrir en un presunto delito de desobediencia al tiempo que le advertía de que cualquier ejecución sería "nula".

   El Alto Tribunal andaluz declaró firme la prohibición en un auto dictado el pasado día 28 por el que desestimaba el recurso de suplica del Consistorio carbonero y, además, establecía que sobre la zona pesa cautelarmente en la actualidad el nivel de protección del que gozaba en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994, que lo calificaba de "espacio natural protegido, no urbanizable" frente a que Junta y Ayuntamiento sostienen que estaba clasificado como zona D2 o "no incompatible con el uso urbanístico". 

   El TSJA mantiene suspendido de forma parcial el PORN que aprobó la Junta de Andalucía en 2008 desde poco después de su entrada en vigor al considerar, entre otros aspectos, que la nueva regulación podría "reactivar" el uso turístico del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico.

El sector turístico aboga por un modelo medioambiental económicamente sostenible

MADRID.- La III edición del Foro FuTURalia, organizado por el grupo Nexo en colaboración con la Mesa de Turismo, ha reunido en Madrid a representantes y profesionales del sector para poner en valor la importancia de la preservación del entorno en la actividad turística y sensibilizar al empresario sobre la importancia "vital" de adoptar un perfil medioambiental que se adapte a las nuevas exigencias del mercado y que sea al mismo tiempo económicamente sostenible. 

   Durante la inauguración del Foro, el vicepresidente de la Mesa del Turismo, Julio Abreu, subrayó que el turismo necesita del medio ambiente, por lo que su protección debe ser una de sus preocupaciones de la que es la principal industria nacional, pese a que muchas veces no se la tenga en cuenta, y "una de las grandes bazas" para que los brotes verdes tras la crisis se conviertan en una realidad.
   Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, apuntó que la sostenibilidad de las empresas pasa por "saber adaptar la oferta al mercado, a los clientes y a la nueva tipología de los cánones de comercialización".
   Para Estalella la sostenibilidad medioambiental "no es la panacea para sobrevivir", sino que el producto turístico, como destino, requiere de una concienciación medioambiental "infinitamente mayor" a la actual pero sabiendo que el modelo debe ser "rentable". "Las empresas tienen que ser sostenibles, pero para ello tienen que ganar dinero porque no es un buen momento para la filantropía".
   En esta línea, el director del Consejo Asesor de Nexo Editores, Claudio Meffert, apuntó que las empresas turísticas necesitan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y, sin olvidar sus objetivos de rentabilidad, implementar en sus estrategias iniciativas responsables desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
   "No puede decirse de una empresa que es socialmente responsable si no trata, como un componente más esencial dentro de sus propios objetivos rentables, factores como la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia energética o la conciliación laboral", apuntó.
   No obstante, reconoció que la mayoría de los negocios en España no han incorporado todavía estas prácticas y que la RSC es "un tarea pendiente", en parte porque la mayor parte del tejido empresarial son pymes que cuentan con menores recursos para ello, especialmente ahora en una situación económicamente complicada.
   Pese a ello, consideró que el turismo sigue siendo la mejora opción para el desarrollo económico, la creación de empleo y de riqueza, con lo que la preservación a largo plazo del destino y, por tanto, del entorno, es vital para la supervivencia de la actividad productiva. "Una compañía que no cuente con un perfil medioambiental que sea a la vez económicamente exitoso tarde o temprano desaparecerá", concluyó.

La patronal de autopistas dice que el Estado debe asumir el sobrecoste de las expropiaciones

MADRID.- El presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta), José Luis Feito, considera que el Estado debe asumir el sobrecoste de las expropiaciones, un importe que está poniendo en riesgo de quiebra a ocho empresas del sector.

   "El Estado tendrá que pagar esas cantidades. Son para pagar expropiaciones por terrenos que son del Estado", indicó Feito, tras participar en el XIX Congreso Nacional de la Distribución que organiza la patronal de concesionarios Faconauto.
   Según datos del Ministerio de Fomento, las ocho sociedades concesionarias en riesgo de quiebra afrontaron un coste de expropiación de terrenos para construir las vías de 1.858 millones, importe que multiplica por siete al de 269 millones previsto inicialmente.
   Este encarecimiento responde a la aplicación de la Ley del Suelo vigente entonces, la de 1998. Las expropiaciones, el descenso del tráfico de estas vías como consecuencia de las vías, y la 'juventud' o poca madurez de las autopistas, que son la de más reciente construcción, son los factores que las están abocando a la quiebra.
   El Gobierno ha habilitado dos instrumentos para solventar estos problemas. Para el caso de las expropiaciones, se ha articulado un paquete de préstamos participativos de 450 millones de euros (200 millones en 2010 y otros 250 millones en 2011), mientras que para compensar el descenso del tráfico se prevé una aportación de 80 millones, si bien esta última fue vetada el martes en el Congreso.
   La patronal de autopistas rechaza que estos importes constituyan ayudas al sector. "La mayor cantidad son préstamos. Se da una cantidad que tendrá que devolver con creces y con intereses muy elevados", indicó Feito en referencia a los créditos participativos.
   "Esto no es una ayuda, va destinado a pagar expropiaciones por terrenos que son del Estado, de tal manera que si desaparecieran las autopistas, porque quebraran o se nacionalizaran, el Estado tendría que pagar estas cantidades", añadió.
   "Serían ayudas que el Estado se da a sí mismo, para pagar lo que desgraciadamente los tribunales de expropiación sentenciaron. Se trata de sentencias firmes que los expropiados lograron sacar de los tribunales y que, por tanto, habrá que pagar esté quien esté en el Estado y sigan funcionando o hayan desaparecido las autopistas", reiteró.
   Para el presidente de Aseta, la solución para este conjunto de autopistas en problemas pasa por articular una estructura que esté "vigente en un horizonte temporal más dilatado", mediante concesión de créditos que luego se devuelvan, "para que no le cueste nada al Estado", pero "con unas condiciones más cercanas a la actual situación económica".

Griñán afirma que es evidente que se ligue el salario de los funcionarios a su productividad

MÁLAGA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha afirmado que ligar el salario de los funcionarios a su productividad "va de suyo". "Eso es lo que significa la palabra productividad", ha manifestado.

   Griñán, que ha pronunciado una conferencia en el Foro Cinco Días celebrado en Málaga, ha recordado que en la función pública ya hay un complemento de productividad que es en la mesa general de negociación, donde "se requiere ver cómo se aplica".
   Este martes el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, indicó que el Ejecutivo está estudiando una fórmula que permita ligar el salario de los funcionarios a su productividad, para lo que se reunirá con los sindicatos, y ha rechazado la posibilidad de que los trabajadores públicos no tengan carácter indefinido.
   Por otro lado, Griñán ha insistido durante su alocución en la importancia de la educación, a la que ha considerado la "principal política económica", y de las ayudas para I+D+i, "el modelo de compromiso de los empresas de hacer mejor lo que saben hacer".
   Así, se ha referido a la ciencia, que avanza "porque los científicos son muy pejigueros y eso es bueno". "El camino de la prueba y el error hay que trasladarlo al ámbito empresarial", ha puntualizado, destacando que es "el camino más adecuado pero no el más rápido".
   A su juicio, la crisis económica "sabemos cómo ha empezado, pero es imposible decir cómo va a terminar"; no obstante, ha asegurado: "lo único que sé es que nada volverá a ser como antes". Tras aludir a la situación de la Unión Europea y a la economía irlandesa, donde ha habido "un dumping fiscal durante muchos años, casi sin impuestos", Griñán ha apostado por la consolidación fiscal y las reformas estructurales.
   Para Griñán, es necesario "mejorar la competitividad", de la que, ha dicho, "depende de factores externos". El presidente del Ejecutivo autonómico se ha referido a la devaluación de monedas como el dólar o el yuan y ha insistido en que mejorar la competencia de los factores productivos llevará a ser más competitivos.
   "La apuesta por la educación es la clave del arco de todo lo demás, la educación no es lo que se enseña sólo en las escuelas", ha reiterado, y ha apostado por reformas en las políticas activas de empleo y por una política de cualificación de la oferta de empleo: "hay que hacer recorridos personalizados para cada una de las personas que buscan empleo".
   El jefe del Ejecutivo andaluz ha considerado que en la reforma de estas políticas activas deben estar "todos". Así, ha precisado que su Comunidad Autónoma, junto a otras que tienen transferidas estas políticas, como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia, "deberían hacer una normativa base y que fuera homogénea en todo el territorio".
   "No digo que el modelo que ofrezco sea el mejor, pero sí entiendo que es un modelo sobre el que se puede discutir: intermediación con recorridos profesionales, experiencias profesionales y cualificación de quienes ofrecen su mano de obra", ha aseverado. Esto sería, a su juicio, una vía "fantástica para conseguir un mercado de trabajo más flexible y mejor dotado".
   Todo ello, ha indicado, en un contexto de estabilidad presupuestaria donde las comunidades autónomas "tenemos que comprometernos con suma transparencia a ese ejercicio".
   Precisamente, respecto a la transparencia, ha apostado por ella, al igual que por cumplir con los objetivos de déficit acordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
   "De la misma manera que se conoce la evolución de ingresos y gastos en el Estado mes a mes se puede conocer perfectamente en cualquier Comunidad Autónoma", ha precisado, y ha agregado que precisamente el presupuesto de la Junta de Andalucía "reduce el gasto en más del seis por ciento".
   "Hemos reducido sustancialmente el gasto sin reducir ayudas a la educación y al I+D+i. Somos la Comunidad Autónoma más transparente de España, según la Fundación Transparencia Internacional: es la primera en información institucional básica y organización de instituciones autonómicas, en transparencia económica-financiera y destaca en transparencia en ordenación del territorio", ha sentenciado.
   No obstante, ha agregado: "más transparentes todavía hemos de ser todos". Los balances de los bancos y de las administraciones públicas deben ser, ha continuado Griñán, transparentes, ya que "es necesario que se sepa realmente" qué se está haciendo para construir "el intangible que es la confianza".

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada', nuestro blog con las noticias más relevantes y trascendentes para todos de cara a afrontar, adaptarnos y superar la actual crisis, ante el riesgo de perecer en ella por falta de la adecuada y puntual información. Estas son las últimas seleccionadas por resultarnos las más interesantes:

El 80% de los abogados no creen que la Justicia tenga medios para investigar delitos económicos complejos

MADRID.- El 80% de los abogados creen que la Administración de Justicia no cuenta con los medios técnicos, humanos y materiales suficientes para investigar delitos económicos complejos, según el informe 'Sobre la modernización de ciertos aspectos de la gestión de litigios' realizado por Deloitte.

   El estudio, destaca que el 85% de los abogados encuestados cree que la crisis ha aumentado el volumen de litigios en España, sobre todo en lo que se refiere a lo Mercantil y Laboral, debido al mayor número de concursos de acreedores presentados los últimos dos años, además de haberse incrementado el número de despidos, tanto individuales como colectivos.
   Respecto al plan de modernización de la Justicia del Ministerio, el 64% de los encuestados está algo, bastante o totalmente de acuerdo con las nuevas bases del plan, entre las que se encuentran medidas como la nueva oficina judicial o el registro único informatizado, que además, son eficaces para el 90% de los abogados.
   Asimismo, entre las medidas del plan se incluye una mayor formación para secretarios, algo que el 70% de los abogados ha destacado que sería necesario ampliar a jueces y magistrados.
   Otra reforma, la del Código Penal, que dota de responsabilidad penal a las personas jurídicas, no parece convencer a más del 40% de los encuestados y solo un 5% se muestra satisfecho con dicha modificación.

El PP veta en el Congreso el plan del Gobierno para las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Partido Popular ha vetado la enmienda pactada entre PSOE y CiU a los Presupuestos Generales del Estado con la que el Gobierno diseñaba un mecanismo para aportar 80,1 millones de euros en 2011 a un grupo de sociedades concesionarias de autopistas de peaje que afrontan un riesgo de quiebra para compensarlas por la caída de tráfico que registran.


   La portavoz adjunta 'popular' Fátima Báñez ha ejercido su derecho a vetar enmiendas transaccionada por otros grupos para evitar que se votara esta propuesta, que tenía como base la enmienda 756 de CiU y que fue presentada en el curso del debate por el ministro de Fomento, José Blanco.
   Según Fomento, la aportación, que podría contar  una segunda oportunidad en el trámite en el Senado, tendrá continuidad en los dos ejercicios siguientes (2012 y 2013), en cantidades que dependerán de la evolución de los tráficos en esos años, según el acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios y que se incluirá vía enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011.
   Las concesionarias en riesgo de quiebra y, por tanto, susceptibles de recibir parte de este importe son las de las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda.
   Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes grupos constructores y de concesiones titulares de estas vías.
   Horas antes del debate, Blanco agradeció la "cooperación" de todos los grupos parlamentarios para solucionar este problema con una "medida equilibrada". "Supone una ayuda limitada en el tiempo y que las empresas deberán devolver, y que evita un grave perjuicio para el Estado", según destacó durante su intervención en el Pleno del Congreso.
   En este sentido, en fuentes del Ministerio compararon el "coste mínimo" que supone realizar esta aportación en comparación con los 3.731 millones de euros que costaría el Estado y al déficit asumir la gestión de estas autopistas en caso de que no se solventará su desequilibrio económico-financiero y quebraran.
   Con este acuerdo el Gobierno buscaba solventar uno de los dos principales problemas que actualmente abocan a la quiebra a ocho sociedades concesionarias de autopistas de peaje, el de la caída de los tráficos.
   El otro es el "desproporcionado" sobrecoste que las empresas concesionarias de las autopistas registraron (1.858 millones, frente a los 269 millones previstos) por las expropiaciones de los terrenos en los que se construyeron las autopistas, como consecuencia de la aplicación de la Ley del Suelo vigente entonces, la de 1998.