Las CCAA deberán aplicar los ajustes en sanidad y educación

MADRID.- Los Gobiernos autonómicos que necesiten ayuda del Estado para financiar su deuda financiera deberán demostrar que han aplicado antes los recortes en educación y sanidad y las reformas de todos los servicios públicos que se aprueben.

   Estos son los parámetros con los que trabaja la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que dirige Antonio Beteta. El Gobierno tiene preparado un instrumento para ayudar a las CCAA a afrontar los vencimientos de su deuda, que esperará a aprobar a que se calmen los mercados tras las próximas citas europeas.

   Este año, las autonomías han contado con una línea de crédito del ICO para este fin, dotada con 10.000 millones, ampliables a 15.000. En adelante, para contar de nuevo con el respaldo del Estado en sus emisiones de deuda, las autonomías deberán demostrar previamente que han utilizado al máximo las posibilidades de ajuste presupuestario aprobadas, como en sanidad y educación, ajustes sobre los que algunas autonomías han mostrado reticencias. Será condición imprescindible, según Administraciones Públicas.

   Fuentes de Hacienda han asegurado que el Gobierno ha decidido esperar a que se calmen las presiones de los mercados sobre España antes de aprobar este mecanismo o instrumento de ayuda financiera.

   Estas fuentes han explicado que la fórmula está preparada, pero que se ha considerado prudente esperar al resultado de próximas citas que el Gobierno considera importantes para el futuro de la economía española, sobre todo el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de este mes.

   El Ejecutivo confía en una respuesta clara de las instituciones europeas en defensa del euro y del proyecto comunitario, que lance un mensaje de confianza y calme la situación de los mercados. A partir de ese momento, el Gobierno barajará la aprobación de esta herramienta, que las mismas fuentes han asegurado que está ya ultimada.

   Fue el ministro Cristóbal Montoro quien aseguró en rueda de prensa el día 1 de junio que el Gobierno trabajaba en este mecanismo, ante la reclamación de diversas comunidades autónomas de que se aprueben lo que se han llamado 'hispanobonos'.

   Montoro explicó entonces que esta fórmula llevará aparejada la exigencia de nuevas medidas para las Comunidades Autónomas, con lo que éstas "no se van a ahorrar nada".

 "Que cada palo aguante su vela", remachó. Asimismo, recalcó que se trata de un instrumento de financiación "extraordinaria" para las regiones que puedan necesitarla, y que, por tanto, tendrá un carácter "temporal", mientras duren las dificultades.

Unas 38.000 empleadas del hogar irán a la economía sumergida si no pasan al régimen general de la S.S.

MADRID.- Más de 38.000 empleadas afiliadas al antiguo Régimen Especial de Empleadas del Hogar --el 15% del total-- serán dadas de baja de la Seguridad Social y pasarán a la economía sumergida si no tramitan su incorporación al Régimen General antes del próximo domingo, 1 de julio, fecha en la que termina el plazo de seis meses fijado para completar la integración, según cifras aportadas por CC.OO. a partir de datos de afiliación al sistema de la pasada semana.

   Se trata de aquellas trabajadoras que están afiliadas en la modalidad de discontinuas --las que asumen a su cargo exclusivo la totalidad de la cotización porque trabajan para varios empleadores--, puesto que las empleadas que cotizan en la modalidad de continuas --su único empleador es el que cotiza por ellas-- se integrarán de forma automática cuando acabe el mes de si su empleador no lo ha hecho antes.

   La cifra de empleadas discontinuas pendientes de integración a 31 de mayo era de cerca de 45.000 personas, con lo que el paso de estas trabajadoras al Régimen General en lo que va de mes de junio se ha producido a un ritmo aproximado de unas 400 empleadas al día.

   Sin embargo, desde CC.OO. se cree que en esta última semana se podría producir una "explosión" de altas que acelere el proceso y reduzca significativamente el número de mujeres que tendrán que ser dadas de baja en la Seguridad Social a partir del 1 de julio.

   De hecho, fuentes del Ministerio de Empleo han indicado que se ha producido en estas últimas semanas un aumento fuerte de las solicitudes para tramitar este cambio de régimen de afiliación que aún no se ha materializado en altas efectivas en el régimen general.

   Las mismas fuentes recuerdan que las empleadas eventuales del hogar podían darse de alta hasta ahora en uno sólo de los domicilios en los que prestaban sus servicios, mientras que a partir de su integración en el Régimen General tendrán que hacerlo en cada uno de ellos, lo que supondrá mayor gasto. Esta circunstancia podría estar llevando a muchas de estas empleadas a apurar los plazos para ahorrarse en la medida de los posible días de cotización.

   En cualquier caso, desde CC.OO. se espera que también se produzcan altas en el Régimen General de la Seguridad Social en los primeros días de julio. Las empleadas que así lo hicieran serían dadas de baja en el antiguo Régimen Especial de Empleadas del Hogar el 1 de julio, y días más tarde, de alta.

   En esta situación, el secretario confederal de Seguridad Social de CC.OO., Carlos Bravo, indicó que "es necesario redoblar los esfuerzos que se están llevando a cabo para explicar las ventajas que tiene asociados tanto para la trabajadora como para el empleador".

   En este sentido, considera que la razón de que aún haya más de 38.000 empleadas del hogar que aún no se han integrado en el Régimen General radica "en el retraso en la puesta en marcha de la campaña informativa de la Administración", que, a su juicio, "debería haber comenzado a finales del año pasado cuando se alcanzó el acuerdo para la integración entre Gobierno y sindicatos".

   La integración de estas trabajadoras en el nuevo régimen les garantiza tener derecho a baja por enfermedad común y accidente de trabajo, a la garantía de revalorización automática del salario de cada año y a una mayor seguridad jurídica sobre las condiciones de trabajo.

   Por el lado de los empleadores, la integración aporta tranquilidad frente a posibles responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo u otras circunstancias, garantía jurídica de las condiciones de trabajo y la posibilidad de acceder a importantes reducciones de cotizaciones, que oscilan entre el 20% y el 45%.

   Bravo considera que "el proceso de integración en el Régimen General finalmente ha conseguido un ritmo razonable" puesto que de las 297.000 trabajadoras que estaban afiliadas a finales de 2011 al Régimen Especial, está prácticamente garantizada la integración del 90%. Además, se ha conseguido hacer emerger cerca de 30.000 nuevas altas que antes estaban trabajando sin protección social.

   Con todo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hay más de 700.000 empleadas del hogar en España, con lo que habría de 400.000 de ellas aún fuera del sistema.

   Por ello, desde el Ministerio de Empleo se ha avanzado que en una segunda fase se van a poner en marcha nuevos incentivos para lograr que todas estas trabajadoras también desarrollen su labor dentro de la legalidad.

   Con este objetivo, Empleo tiene previsto elaborar no mucho tiempo después de que termine el plazo de integración un informe técnico para estudiar las alternativas posibles.

   Este informe es un mandato recogido en la reforma laboral a través de una enmienda acordada entre PP y CiU, en la que se instaba a buscar durante el segundo semestre del año fórmulas de simplificación de los trámites y posibles mejoras en las cotizaciones.

Descontrol de las administraciones públicas españolas en la gestión de las ayudas europeas

MADRID.- La portavoz parlamentaria de UpyD, Rosa Díez, critica los errores en la gestión de las ayudas comunitarias por parte de las administraciones públicas españolas, que junto con Italia y Reino Unido acumulan el 59% del total de fallos de la UE, y en una pregunta escrita al Gobierno reclama la implementación de un programa de control de estos fondos.

   Según explica la diputada, la CE ha detectado que el 59% de los errores de gestión de las ayudas de la Unión Europea entre 2006 y 2009 se produjeron en España, Italia y Reino Unido, con particular incidencia en los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), en el Fondo Social Europeo (FSE) y en los Fondos de Cohesión.

   Esto ha llevado al Parlamento Europeo a enviar una delegación de expertos a España para verificar cómo se están gastando estas ayudas y evaluar si existen "suficientes mecanismos de control" para "evitar irregularidades".

   Así, la líder de la formación magenta pregunta al Gobierno de Mariano Rajoy por su "diagnóstico" sobre las causas de esta situación y por si se está llevando a cabo algún programa de control. Además, se interesa por conocer las medidas que se está planteando el Ejecutivo para "mejorar la gestión y el control de las ayudas europeas en los distintos niveles de la administración".

El PSOE pretende embridar a concejales y alcaldes

MADRID.- El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha citado este lunes a los alcaldes socialistas para definir la propuesta de este partido para reformar la Ley de Bases de Régimen Local que, entre otras medidas, contempla regular los sueldos de los ediles en proporción al presupuesto y tamaño del municipio. 

   En un comunicado, Zarrías ha señalado que los socialistas apostarán por determinar límites a las retribuciones de los electos locales y del personal al servicio de la Entidad Local ya que, según el, a veces "se hacen públicos algunos sueldos que escandalizan a la ciudadanía".

   "Lo que pretendemos es introducir racionalidad y sentido común en el régimen de los sueldos y también de las asistencias a Plenos y a Comisiones que a veces engordan las retribuciones de alcaldes y concejales", ha defendido el dirigente socialista.

   Zarrías ha añadido que el PSOE también quiere aprobar una nueva regulación de los grupos políticos municipales, "no sólo para limitar las cuantías percibidas sino también para asegurar un contenido mínimo de derechos que posibiliten el ejercicio responsable de la oposición política y el control del grupo del gobierno".

   La propuesta que analizarán los alcaldes socialistas contempla que las retribuciones no deberán superar, en ningún caso, los límites que se fijen en los Presupuestos Generales del Estado. Y deberán estar en proporción al presupuesto del ayuntamiento y al tamaño del municipio. Los Ayuntamientos a través de sus asociaciones más representativas acordará con las CCAA el marco regulatorio correspondiente. Dichos acuerdos recogerán las retribuciones tanto para los cargos electos con dedicación exclusiva como para los de dedicación parcial.

   Zarrías ha defendido la "transparencia para cualquier responsable político" y que toda la información de políticos y personal de confianza del gobierno esté "accesible para el conocimiento de cualquier ciudadano".

   Las propuestas objeto de estudio abogan por preservar la "autonomía municipal" reconocida en la Constitución para que los ayuntamientos puedan decidir cuál es la fórmula más idónea para "prestar los servicios públicos siempre desde parámetros de eficiencia y respeto a las normas de estabilidad presupuestaria".

   Zarrías se ha referido a la propuesta del PP para señalar que, a diferencia de este partido, el PSOE quiere "evitar desapoderar a la inmensa mayoría de municipios utilizando para ello a las Diputaciones provinciales, bajo la apariencia de la mejora de la eficiencia y el supuesto reforzamiento de las mismas".

   "Eso supondría --ha afirmado Zarrías-- hurtar competencias a 7.720 municipios que, hasta el momento, se ha demostrado que son los que menos deudas tienen y que mejor han sabido gestionarse con la crisis. Y los datos lo demuestran: entre los 50 municipios más endeudados de España no hay ninguno de esos más de 7.000 y los 3.000 municipios que no tienen contraída ninguna deuda son todos municipios pequeños a los que ahora el PP quiere castigar".

Más de 55.000 empresas han cerrado en Andalucía desde 2009

SEVILLA.- Más de 55.000 empresas han cerrado en Andalucía desde 2009, según ha indicado el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Antonio Ponce, quien pide que Estado, Junta y sociedad civil "rememos todos a una para salir de la crisis", puesto que considera que "en este momento todo el que no reme en la misma dirección supondrá volver a las cavernas".

    Ponce reconoce que las previsiones en Andalucía "son poco halagüeñas", toda vez que "los expertos advierten de una caída de la recesión y de que la economía  se contraiga un 1,8 por ciento en Andalucía", de forma que "los tiempos que vienen son enormemente difíciles".

   Tras considerar "lamentable" que Andalucía "siendo la segunda comunidad de España tenga la cifra de parados que tenga", Ponce apunta que desde 2009 "se han perdido 55.500 empresas", en concreto en 2009 se perdieron 25.585 empresas, en 2010 se perdieron 19.100 y en 2011 se perdieron 6.400, lo cual constituyen datos "preocupantes".

   Por ello, apuesta por "evitar por todos los medios la tendencia de cierre más cierre" y considera que la Junta "debe establecer instrumentos para analizar las empresas que tienen viabilidad y ayudarles en la medida en que se pueda, pues sale más caro cerrar una empresa y echar a sus trabajadores que intentar mantenerla; sale más barato mantener una empresa, ayudarla y esperar a que salga de la crisis que permitir su cierre".

   Advierte asimismo de que "si no hay ayuda a las empresas, esas 55.000 se pueden convertir en muchas más, y no hay que dejarlas caer".

   "Andalucía es una magnífica región con grandes recursos y potencialidades y hay que aprovecharlos", ha aseverado Ponce, quien apuesta por aplicar medidas, corregir desajustes y "remar todos a una en la misma dirección, Gobierno central, andaluz y agentes sociales y económicos, todos deben arrimar el hombro para salir de la situación tan grave de crisis".

   En ese sentido, sobre el nuevo gobierno andaluz, formado por PSOE e IU, Ponce se ha mostrado "enormemente respetuoso" y le pide "soluciones y que creen un entorno adecuado para que las empresas puedan recuperar y crear empleo, con políticas que lleven a la creación de empleo y la creación de empresas, pues sin empresas no habrá empleo".

   Por ello, considera que todos "debemos ponernos las pilas y trabajar, pues necesitamos del esfuerzo de todos y tenemos que salir adelante y sacar a Andalucía de la crisis, y los andaluces mas que nunca deben estar unidos y pedir a quien tenga que pedir".

   Ponce pide "tesón y fortaleza" a los partidos políticos y confía en que "haya armonía en el Gobierno andaluz", puesto que "las políticas radicales son un tema 'manido' y ya no se llevan, ahora hay que tirar del carro todos y buscar soluciones, y en este momento todo el que no reme en la misma dirección  supondrá volver a las cavernas".

   "Hay tres partidos parlamentarios, se deben unir más que nunca  pero dar un mensaje de tranquilidad teniendo en cuenta que lo que tiene encima es una lacra muy grande", asevera.

   En ese sentido, sobre las medidas que la Junta está llevando a cabo, Ponce considera que la Comunidad "en estos momentos está haciendo lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo y se está haciendo ahora como consecuencia de los recortes nacionales".

   Asimismo, considera que la política financiera de Andalucía y el Gobierno andaluz "es acertada", aunque advierte de que "se está perdiendo las señas de identidad financiera, con entidades andaluzas que tendrían un bien social para Andalucía, eso lo estamos perdiendo, pues ahora las cajas fuertes ahora se integran en bancos que no tienen domicilio social en la Comunidad, por lo que eso se va a perder".

   Ponce ha reiterado que la falta de crédito para la pyme sigue siendo uno de los principales problemas, toda vez que "el crédito sigue sin llegar a la empresa y eso es un problema tremendo".

   Asimismo, el dirigente empresarial apuesta por "fomentar las inversiones y obras públicas, la vivienda e infraestructuras" como "una de las formas de crear riqueza y empleo" y considera que Andalucía "no puede renunciar a ninguna de las infraestructuras que tenían previsto desarrollar en las distintas provincias", tras lo que apuesta por erradicar los casos de economía sumergida y la "competencia desleal" que ello conlleva, además de rechazar la excesiva burocracia.

   Ponce también apuesta por potenciar el turismo y aumentar su seguridad jurídica para "hacer más atractivo" a este sector, además de advertir de la situación del comercio y de la industria, como es el caso de la industria energética o las explotaciones mineras, ya que "atraen a muchos inversores de fuera de Andalucía".

   Lamenta también las altas dosis de "incertidumbre" y de "falta de confianza, done "nadie está seguro en su puesto de trabajo y nadie invierte en nada". En ese sentido, considera que la reforma laboral aprobada "da seguridad al trabajador y no es tan mala".

   "Tenemos que ser más competitivos, confiar más en la empresa, facilitar la contratación, lo que implica que no haya convenios colectivos con altísimas subidas que no se puedan mantener, porque entonces llegan otras zonas que lo hacen más barato", ha agregado Ponce, quien ha valorado la puesta en marcha de los planes de pagos a proveedores tanto en ayuntamientos como en la Junta, puesto que supone "un balón de oxígeno para las empresas".

   Por ello, tras definirlo como "magnífica idea", espera que en Andalucía "haya más planes de choque como ese y podamos ser competitivos".

Rajoy prevé acudir al congreso del PP-A para 'despedir' a Arenas en Andalucía

MADRID.- El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tiene previsto estar en el Congreso regional del PP de Andalucía que se celebra entre el 13 y el 15 de julio, una presencia con la que escenificará su apoyo a Javier Arenas en su despedida como presidente del PP-A y dará la bienvenida a su sucesor, Juan Ignacio Zoido, según han indicado hoy fuentes 'populares'.

   El viaje de Rajoy a Granada, donde se celebrará el cónclave, se interpreta en las filas del PP como una nueva muestra de apoyo a la gestión que ha realizado en Andalucía durante los últimos años Javier Arenas, quien anunció hace dos semanas su decisión de no optar a la reelección.

   Paralelamente, el presidente del Gobierno da su aval al proceso de sucesión tranquila que se va a producir en esta comunidad con la elección del alcalde de Sevilla y presidente de la FEMP como nuevo presidente del PP de Andalucía. Zoido ya ha anunciado que si el PP le elige para liderar el PP-A dejará su puesto al frente de esta institución municipal.

   La apretada agenda de Rajoy con la actual situación económica hace más destacable su presencia en Granada. De hecho, el PP ya ha celebrado casi todos sus congresos regionales y el presidente del Gobierno sólo ha asistido al de Madrid --que reeligió a Esperanza Aguirre-- y al del País Vasco, para arropar la candidatura de Antonio Basagoiti.

   Pero apenas dos semanas antes, el 2 de julio, Rajoy estará de nuevo en Andalucía. En esa ocasión será en Sevilla, donde ha convocado la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, máximo órgano del partido entre congresos y del que forman parte, además de la dirección nacional, diputados y senadores de todas las comunidades autónomas.

   Su decisión de que este encuentro se produzca en la capital andaluza se interpreta por cargos del PP como un nuevo guiño a Arenas, al que hace pocos días Rajoy definió públicamente como un político con "vocación" y del que "no se puede prescindir".

  "Es un político de raza y lo que va a aportar es más de lo que ya ha aportado. Es un político del que no se puede prescindir. Sigue aquí porque lo necesitamos y porque lo necesito yo", proclamó el jefe del Ejecutivo, que recordó que habían dado algunas batallas juntos y las iban a seguir dando, como la batalla de la salida de la crisis.

   La reunión de la Junta Directiva Nacional servirá para hacer balance del actual periodo de sesiones parlamentario y de la acción del Ejecutivo en estos seis primeros meses de gobierno. Además, Rajoy aprovechará previsiblemente para revelar los principales ejes de acción del Ejecutivo en los próximos meses.

El alcalde de Carboneras niega estar incumpliendo sentencias sobre el Algarrobico, "una criatura que no es suya"

CARBONERAS.- El alcalde del municipio almeriense de Carboneras, Salvador Hernández, (Gicar), ha mostrado este domingo su "respeto" por la decisión de Ecologistas en Acción de interponer una denuncia contra él ante la Fiscalía Provincial de Almería al entender que está "haciendo caso omiso" a las recientes sentencias que declaran "espacio protegido no urbanizable" el paraje del Algarrobico, si bien ha negado tal extremo y ha aprovechado para señalar que dicha instalación es "una criatura que no es suya", sino que es "un problema heredado del anterior gobierno local al que ahora el Ayuntamiento está intentando dar solución".

   "No soy el padre del Algarrobico", ha sentenciado Hernández antes de insistir en apostar por la apertura del edificio, "ya sea como hotel o con otro uso", como solución preferible a la de su demolición, un punto de vista que ya ha dejado plasmado recientemente en una moción aprobada por las mancomunidades de municipios almerienses del Levante y el Almanzora, que también critica Ecologistas en Acción en la denuncia presentada con fecha del pasado día 19 de junio.

   A juicio del primer edil de Carboneras, "en la actual situación de crisis económica que vive el conjunto de España y la provincia de Almería en particular", no resulta oportuno que "los vecinos tuvieran que asumir" el coste que supondría el derribo del edificio, de una veintena de plantas y 411 habitaciones, y la restauración del solar en el que se asienta a su estado natural, que cifra en "más de 200 millones de euros".

   En todo caso, Hernández ha señalado que ni él ni su equipo de gobierno son los "padres" de la "criatura" --en referencia al hotel del Algarrobico--, sino que éste es una realidad que "heredaron" del anterior equipo de gobierno local y al que ahora tratan de "buscarle una solución".

   En concreto, el alcalde hace referencia al hecho de que la normativa municipal en vigor donde el sector ST-1 aparece como urbanizable fuera aprobada en 2009 por el anterior equipo de gobierno carbonero, entonces dirigido por el socialista Cristóbal Fernández. El TSJA acordó cuatro meses después prohibir al exalcalde que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtió de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.

   En este sentido, ha reconocido que en el momento en que se diseñó ese edificio "no todo se hizo como se debería haber hecho", pero, una vez construido, "hay que buscarle una solución a este desaguisado", y en ello juega un papel determinante, en su opinión, la Junta de Andalucía, ya que es ella la que, según ha afirmado, tiene la potestad de cambiar la calificación del suelo del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

   Así, se ha apoyado en la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), emitida este mes de junio y que anula el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de dicho parque natural, para indicar que en ese fallo "el propio Alto Tribunal señala que quien cometió una triquiñuela para adaptar la norma medioambiental del parque natural al planeamiento urbanístico de Carboneras fue la Junta".

   "El Ayuntamiento no tiene competencias para ello, faltaría más", ha apostillado Hernández, quien, por ello, ha lamentado que "los grupos ecologistas centren más sus críticas en él y no arremetan tanto contra la Junta de Andalucía".

   En cualquier caso, el alcalde de Carboneras ha expresado su deseo de que el "culebrón" del Algarrobico "no se prolongue diez o doce años más" y "pronto" se encuentre una solución al mismo.

Veinticinco inmigrantes argelinos se fugan del CIE de Murcia tras un violento ataque a varios policías

MURCIA.- Veinticinco inmigrantes irregulares, todos argelinos, se fugaron anoche del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia tras un violento ataque a cuatro policías nacionales que les custodiaban, y diez de ellos continúan en paradero desconocido tras haber sido arrestados quince.

La Policía Nacional ha informado hoy de que los hechos se produjeron en las instalaciones del CIE de Murcia, situadas en la pedanía de Sangonera la Seca, cuando unos 30 inmigrantes, de forma organizada, atacaron a los agentes con mangueras, extintores y otros útiles del centro en el momento en que eran trasladados a los aseos desde un salón común.

Los amotinados, según la Policía, son todos varones de nacionalidad argelina, llegaron a España en patera y estaban en el CIE a la espera de su repatriación.

Durante el ataque golpearon a los policías, pulverizaron el contenido de varios extintores para aumentar el "caos" en el centro y consiguieron fugarse de allí una vez que salieron del edificio central y saltaron la valla.

Los cuatro agentes, que resultaron heridos de consideración, pidieron refuerzos pero no pudieron evitar la fuga, y fueron trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca, para que les asistieran de sus heridas.

La Policía Nacional ha detenido desde el momento de los hechos a quince de los fugados, algunos de los cuales también resultaron heridos por daños sufridos al saltar la valla, al tiempo que ha establecido un amplio dispositivo de búsqueda para arrestar a los diez que continúan en paradero desconocido.

Según las fuentes, en el Centro de Internamiento de Extranjeros hay en la actualidad un total de 115 inmigrantes irregulares a la espera de ser devueltos a sus países de origen.

La Policía Nacional ha dado aviso de los hechos al Juzgado de Murcia en funciones de guardia, que ha asumido la investigación del caso.