domingo, 8 de julio de 2012

El Consejo Provincial de IU propone a los comunistas Rafael Salazar y Encarna Caparrós como delegados de Fomento y Vivienda

ALMERÍA.- La dirección provincial de IULV-CA en Almería ha propuesto este domingo en su Consejo Provincial a los militantes Rafael Salazar y Encarna Caparrós como posibles delegados de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Almería, propuestas que trasladarán a la Dirección de la Ejecutiva regional de IU, que decidirá este lunes de forma definitiva quién será la persona que ocupará esta responsabilidad en la Administración autonómica.

   Según ha informado la coordinadora provincial de IU y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, se trata de dos personas "comprometidas, con amplia trayectoria política, que han ostentado cargos de responsabilidad" dentro de la federación de izquierdas.
   Asimismo, ha puesto de relevancia que ambos son miembros del Partido Comunista, que están "respaldados desde el punto de vista ciudadano" y que cuentan con "demostrada solvencia política", que podrían aportar la "cara amable de la política con la confianza y seguridad necesaria en estos momentos de dificultad y crispación social".
   Así, la coordinadora provincial ha destacado que Salazar es un  abogado de profesión que ha representado "de forma voluntaria y gratuita" a IU en la Operación Poniente, mientras que Caparrós es "una de las fundadoras de CCOO en Almería", que hasta ahora "ha rechazado estar en la primera línea política" como directora de un colegio de la provincia, pero que actualmente "estaría dispuesta a asumir este cargo".
   La reunión, en la que han participado los 63 miembros de este máximo órgano de dirección entre asambleas de IU en Almería, ha tenido lugar en la sede de la organización desde las 10,30 horas de este domingo.  
   De este modo, será la Ejecutiva regional de IULV-CA la que decida este lunes si será alguna de estas dos personas propuestas las que ocuparán la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ya avanzó que este lunes se conocerán los nombramientos de los delegados provinciales que competen a las áreas que asume IU en el Gobierno andaluz.

El almeriense Martín Soler quiso dar la nota contra Griñán junto a corruptos del PSOE-A

ALMERÍA.- El exsecretario provincial del PSOE de Almería Martín Soler y el exasesor de Empleo e imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Ramón Díaz, figuraban en la lista alternativa presentada por los críticos al Comité Director, máximo órgano del partido entre congresos.

   Dicha lista estaba encabezada por el jiennense Felipe López, seguido del alcalde de Barbate y precandidato a la Secretaría Provincial del PSOE de Cádiz, Rafael Quirós, y también incluía al precandidato a la Secretaría Provincial del PSOE de Córdoba, Joaquín Dobladez, y al actual secretario general de Juventudes Socialistas, Juan Carlos Ruiz.
   Otros nombres incluidos en la candidatura al Comité Director eran el histórico malagueño Juan Fraile, el exalcalde de Arahal Fernando Chaves --hermano del expresidente andaluz, Manuel Chaves-- y el diputado en el Parlamento andaluz por Sevilla Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
   Por su parte, la lista crítica al Comité Federal estaba liderada por el parlamentario andaluz por Jaén Francisco Vallejo y el senador, alcalde de Alcalá de Guadaíra y precandidato a la Secretaría Provincial del PSOE, Antonio Gutiérrez Limones, junto a dos sevillanos que también apoyaban su candidatura, Demetrio Pérez y la exconsejera Evangelina Naranjo.
 
Griñán saca adelante la Ejecutiva con un apoyo del 65,82%
 
El reelegido secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, ha sacado adelante su nueva Comisión Ejecutiva Regional con el respaldo del 65,82 por ciento de los 553 delegados que han ejercido su derecho al voto. En concreto, la nueva dirección ha recibido 364 votos favorables, 174 en blanco --el 31,47 por ciento-- y 15 nulos --el 2,7 por ciento--.    Este apoyo es cinco puntos inferior al que recibió Griñán ayer sábado en su reelección como secretario general y se sitúa 31,5 puntos por debajo del respaldo con que aprobó su dirección hace dos años en el último Congreso Regional.
   Por su parte, las listas presentadas por los críticos que no apoyaron la reelección de Griñán como secretario general al Comité Director y al Comité Federal han logrado un respaldo superior al 33 por ciento, que tendrá su reflejo en la composición definitiva de estos órganos.
   De este modo, los oficialistas tendrán 67 representantes en el Comité Director, máximo órgano entre congresos, por 33 de los críticos, mientras que en el Comité Federal habrá 14 representantes de lista propuesta por Griñán que lidera Fernando Rodríguez Villalobos por siete de la lista alternativa encabezada por Francisco Vallejo.
   Los críticos también han alcanzado un respaldo en torno al 32 por ciento en los otros dos órganos a los que también presentaron lista alternativa, la Comisión de Ética y la Comisión Revisora de Cuentas, aunque no logran representación por el triunfo de la lista 'oficialista'.
   Los datos oficiales de la votación han sido anunciados al plenario por el presidente del Congreso, José Luis Sánchez Teruel, en presencia del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, del expresidente andaluz Manuel Chaves, del secretario de Organización del PSOE, Óscar López, y del líder del PSM, Tomás Gómez.
   La nueva Comisión Ejecutiva Regional diseñada por Griñán es más reducida, con 33 miembros --doce de ellos vocales--, sin presencia de los críticos que no han apoyado su reelección como líder del partido, con 22 'caras nuevas' y el onubense Mario Jiménez como nuevo 'hombre fuerte' del partido al frente de la Vicesecretaría General.
   Otras novedades significativas son la incorporación de la sevillana Amparo Rubiales --hasta ahora vocal-- a la Presidencia del partido en detrimento de la malagueña Rosa Torres, que estará al frente de la Secretaría de Formación y Nuevos Afiliados y la vuelta a la dirección regional de un histórico como José Caballos, que fuera portavoz parlamentario y secretario de Política Institucional bajo mandatos de Manuel Chaves.
   La nueva composición de la Ejecutiva arroja un reparto provincial que prima a la agrupación de Sevilla, que cuenta con ocho representantes que respaldan la candidatura de la exsecretaria de Organización regional a la Secretaría Provincial del PSOE sevillano, y apenas deja a dos miembros de Jaén, críticos con la dirección provincial que encabeza Francisco Reyes, el exalcalde de Andújar Ángel Menéndez como secretario de Empleo y el exsecretario provincial Cristóbal López Carvajal como vocal. El resto de provincias cuentan con cuatro representantes en la nueva dirección a excepción de Huelva, con tres pero que compensa su menor presencia con Mario Jiménez como 'número dos'.
   El nuevo vicesecretario general sale reforzado al concentrar las labores de definición del discurso político y de coordinación del partido, hasta ahora en manos de la Secretaría de Organización, que pierde peso en la nueva dirección y a la que se incorpora el gaditano Juan Cornejo, que sucederá en el cargo a la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, y se centrará más en tareas más internas. También gana peso en el organigrama la sevillana Verónica Pérez, que pasa de la Secretaría de Movimientos Sociales y Participación a la de Política Institucional, que ocupa el quinto lugar del organigrama.
   Griñán ha recuperado además para su nueva Ejecutiva, paritaria aunque con mayoría masculina (18 hombres por 15 mujeres), a dos exconsejeros que quedaron fuera del Gobierno andaluz tras las elecciones autonómicas, Clara Aguilera al frente de la nueva Secretaría de Acción Ciudadana y José Juan Díaz Trillo en la Secretaría de Cultura. Hasta cuatro miembros de la anterior dirección cambian de área (Juan Cornejo, Verónica Pérez, Francisco Conejo y Rosa Torres), mientras que repiten en sus responsabilidades la cordobesa Araceli Carrillo (secretaria de Educación) y el sevillano Antonio Pradas (secretario de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
   Al margen de estos nombramientos, el granadino Francisco Álvarez de la Chica también se incorpora a la 'primera línea' del PSOE-A al suceder como portavoz parlamentario a Mario Jiménez, que no obstante mantendrá la Presidencia del Grupo y sólo deberá ceder la Secretaría General del PSOE de Huelva. El secretario provincial del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, será el nuevo coordinador de la Interparlamentaria del PSOE, que coordina a los representantes socialistas en Congreso, Senado y Parlamento andaluz.

Conductores y transportistas rechazan los peajes en las autovías

MADRID.- Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y la Federación nacional de asociaciones de transporte de España (Fenadismer) han mostrado su total rechazo ante la posible intención del Gobierno de establecer peajes en las autovías españolas para financiar la conservación de las carreteras.

   El Gobierno podría estar barajando la posibilidad de establecer el cobro de peajes para los vehículos que circulen por las autovías españolas, con el objetivo de aumentar los ingresos públicos y de garantizar la conservación de la red vial.
   Así, el presidente de AEA, Mario Arnaldo se mostró "radicalmente en contra" de esta posibilidad, ya que, en su opinión, es "una regresión al pasado", con el derecho de portazgo de la Edad Media.
   Igualmente, el presidente de la organización de automovilistas afirmó que la puesta en marcha de estos peajes en autovías tendría un efecto muy negativo para el desarrollo de las comunicaciones y generaría una "insolidaridad" entre los territorios.
   Arnaldo, que indicó que este modelo ya se ha implantado sin éxito en Portugal y aseguró que "no es el adecuado", dado que las previsiones de ingresos "nunca se cumplen" y resaltó que no es cierto que el dinero que se obtenga con la medida sea necesario para financiar el mantenimiento de las carreteras.
   El máximo responsable de AEA subrayó que el mantenimiento de las autovías tiene un coste anual de unos 1.800 millones de euros, y recordó que los automovilistas pagan cada año en impuestos 25.000 millones de euros.
   Por su parte, el presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, indicó que actualmente "no es el momento adecuado" para el establecimiento de los peajes en las autovías españolas.
   Villaescusa indicó que en el momento y la situación "tan precaria" por el que están atravesando los transportistas, cualquier incremento de los costes, que es lo que se está preparando, es un factor que puede tener consecuencias negativas para todo el sector.
   Así, subrayó que desde su asociación no se entendería que se incrementara el gasto de un sector de la importancia del transporte para la economía española, en la actual situación de crisis por la que está atravesando.
   Fenadismer recuerda que desde el inicio de la crisis han cesado en la actividad más de 19.000 empresas de transporte, por lo que considera "imprescindible" que el Gobierno español ponga en marcha medidas de protección que impidan la desaparición del actual tejido empresarial del sector.

El Ministerio de Justicia propone controlar el horario de sus funcionarios

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha propuesto introducir el control horario de los funcionarios al servicio de esta Administración y ha entablado negociaciones con los sindicatos para estudiar dos resoluciones por las que se aprueba su calendario laboral.

   La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha convocado la próxima semana a los sindicatos del sector para conversar, entre otros puntos, sobre la distribución de la jornada y la fijación de los horarios determinados en el calendario laboral de los secretarios judiciales y de los funcionarios de los Cuerpos Generales o Especiales.
   Las resoluciones afectan a los funcionarios del territorio del Ministerio de Justicia --de aquellas comunidades sin las competencias transferidas--, así como a los secretarios judiciales de toda España ya que este Cuerpo depende del propio Ministerio.
   Las propuestas de Justicia no se refieren a los jueces y magistrados, ya que su regulación depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
   Las resoluciones proponen que las Gerencias Territoriales del Ministerio, con la colaboración de los responsables de los centros de destino, unidades y servicios de esta Administración, velen "en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo" mediante "el sistema de control" establecido. Se contemplan medidas para la corrección de incumplimientos e infracciones, algo que ya se hace en la actualidad.
   Mientras que el horario de los funcionarios será controlado por la Administración, los secretarios judiciales vigilarán su cumplimiento ellos mismos. La propuesta del Ministerio establece que "los secretarios coordinadores o, en su caso, los de gobierno velarán en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo".
   La regulación del calendario laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales les permite desempeñar cuatro o cinco horas durante el horario de atención al público en los juzgados y, el resto de la jornada, cumplirla fuera de la oficina judicial.
   El Ministerio argumenta que este colectivo ejerce funciones directivas, como la práctica de diligencias procesales o la preparación y estudio de resoluciones.
   La secretaria General del Sector de Administración de Justicia de CC.OO., Flora Martínez, ha explicado que se trata de la primera vez en la que el Ministerio establece dos resoluciones distintas para ambos colectivos y se muestra sorprendida porque sean los propios secretarios judiciales los que controlen su horario, a diferencia del resto de empleados públicos.
   "Además, se permitiría que los secretarios judiciales suspendieran las diligencias urgentes que se encuentran realizando por haberse iniciado en el tiempo de trabajo ordinario y que las continuara un funcionario del resto de los Cuerpos", explica.
  "Esto es inaudito puesto que en el calendario de los Cuerpos Generales se establece que, en ningún caso, se pueden interrumpir las diligencias y actuaciones urgentes", agrega.
   Para el sindicato, esta propuesta supone "una escandalosa rebaja de la jornada laboral de los secretarios judiciales a cuatro o cinco horas al día", algo que "en los tiempo que corren y con las medidas de ajuste que el Gobierno está adoptando en las Administraciones Públicas, es una decisión que, de mantenerla el ministro Gallardón, supondrá un error político de calado".
 "Será otra semana caribeña como la destapada en el CGPJ", concluye.