La Fiscalía nacional correspondiente ha conseguido ya poner patas arriba la corrupción del PP en la Comunidad Valenciana y Baleares, imputando a sus máximos dirigentes, y ahora cabe pensar por lógica que la caza conseguida, y pendiente de ser anunciada, seguirá por la Región de Murcia y el levante almeriense, a tenor de lo que viene trascendiendo sobre los resultados de laboriosas investigaciones a cargo de cuerpos policiales de élite dependientes directamente de Madrid y brigadas regionales y provinciales especializadas, por orden de los fiscales anticorrupción. "Existe material suficiente como para meter en la cárcel a media clase política murciana y de Almería, y a algunos conocidos empresarios", según comentan en privado los detectives responsables, alojados a veces en el Parador Nacional de Mojácar y en el de Puerto Lumbreras, aunque el resultado final contra todo este detritus dependa de los cargos probados que presente la Fiscalía y del criterio técnico-jurídico de los jueces en cada caso.
El reciente escándalo de corrupción en la Consejería de Cultura y Turismo, regentada por un sobrino del propio presidente Valcárcel, muestra a las claras el estado de descomposición de valores cívicos y de la moral política en el seno del gobierno regional murciano, ya minado de meses por la corrupción múltiple de cargos públicos del PP en Murcia, Cartagena, Águilas, Mazarrón, Totana, Librilla, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Archena, Cieza, Abanilla... Por no hablar de los ex consejeros Francisco Marqués y Fernando de la Cierva. Aunque otro que terminará saliendo en los informes policiales, dicen que será Patricio Valverde.
Pero no queda ahí la cosa. Aparte de varios presuntos delitos, predominando los de prevaricación y cohecho, el mayor fruto policial conseguido parecer ser el de fraude contra la Hacienda Pública. Y de ahí, a una supuesta financiación ilegal del PP murciano, pudiera mediar tan solo un palmo. Sobre ese aspecto la investigación se muestra prudente en extremo sin ser un tumba. Algo trasciende en conversaciones informales para el intercambio de cromos con los confidentes espontáneos. La colaboración ciudadana requerida ha resultado inestimable, vendettas aparte, igual que la ofrecida por los sindicatos bancarios.
Varias y conocidas empresas de la Región de Murcia vienen siendo seguidas desde hace meses para establecer su relación intrínseca con el poder autonómico.
Entre ellas, pero no sólamente éstas, se apunta a Intersa, La Generala, Pronamur, Guirfesol, Villegas, Ibolele, Orenes, Polaris, Grimanga, Trimtor, López Rejas, Fundación Caja Murcia, Polaris y el grupo promotor del cartagenero Alfonso García así como la del presidente de la CROEM, Miguel del Toro. Hay muchas más investigadas y en los informes policiales notas suculentas sobre algunas otras, que no se esperan, sobre adjudicaciones públicas y movimientos bancarios. Se barruntan dimisiones forzosas en alguna institución.
Ni en la Región de Murcia ni en el levante almeriense -- continuación natural de la provincia vecina del norte y con múltiples interacciones a través de las empresas Key Mare y Grupo Hispania, principalmente, con el Partido Andalucista (PA) -- hay, sin embargo, rastro alguno de la trama de los Gürtel pero los investigadores han constatado tramas locales y mafias propias, que vienen desafiando al Estado de Derecho también desde los municipios de Pulpí, Cuevas del Almanzora, Vera, Mojácar, Carboneras y Níjar, al menos, animados y en compañía de delincuentes foráneos de cuello blanco. Todo está documentado para el análisis pericial y judicial.
Las investigaciones en esta comarca están prácticamente terminadas y pudieran producirse detenciones muy pronto pese a las gestiones de intermediación sobre la voluntad política correspondiente, del líder socialista comarcal y provincial, Martín Soler, alias el Minino, y Cosentino, el empresario líder del Mármol con múltiples intereses en el sector de la Construcción de toda la provincia pero especialmente de su litoral.
Ayer domingo, el presidente socialista de la Junta de Andalucía, Griñán, dijo en un mitin en Benterique, provincia de Almería, que el socialismo volverá pronto al poder en la misma Almería, Murcia y Comunidad Valenciana sin aludir, naturalmente, a la que se avecina más pronto que tarde para los corruptos del PP en los dos primeros territorios.
Parece que no hay vuelta atrás. Porque sólo depende ya de esa voluntad política correspondiente que salte a la opinión pública todo lo que ha venido sucediendo en Murcia y Almería en la última década por la codicia de algunos especuladores y la irresponsabilidad y falta de decencia de determinados políticos de la zona, al igual que se ha visto claramente en Mallorca, Castellón, Valencia y Alicante aunque falte conocer gran parte de los sumarios.
Algunos pensaron que el fiscal, ex ministro de Justicia y ahora diputado socialista por Murcia, Bermejo, terminó la campaña electoral de las generales sin hacer los deberes locales que muchos ciudadanos esperaban de su perspicacia. ¿A qué vino si no? ¿Por qué colisiónó enseguida con la dirección burocrática del PSRM? Los peores adversarios los encontró en Princesa pero aguantó el tirón para poder cumplir con quien le encargó el trabajo. ¿Rubalcaba tal vez? ¿O el propio Zapatero, más que harto de la grosera manipulación del 'Agua para todos'? Así está Camps, compañero del alma de esa tomadura de pelo.
Ahora parece que no fue así a tenor del análisis con información de calidad que Bermejo trasmitió a Moncloa y Ferraz, una vez que pudo radiografiar la realidad murciana por deformación profesional y ante la sospechosa autocensura anterior de Pedro Saura y José Ramón Jara para hurtar a Madrid las claves de lo que venía sucediendo en la Región de Murcia con los verdaderos poderes beneficiados por la prolongada presencia de un pelele tan políticamente maleducado como Valcárcel.
Esa información, filtrada en alguna medida a Génova 13, y la denuncia ante la OLAF (Oficina para la Lucha Antifraude en la Unión Europea) de un relevante personaje de la sociedad murciana, impidieron, por ejemplo, que Valcárcel pudiera integrar las candidaturas del PP al Parlamento Europeo en las últimas elecciones. Cuestión aparte de que el hermano del yerno de la eurodiputada reelecta, Cristina Gutiérrez-Cortines, sea el brazo derecho, por consejero aúlico, de Rajoy en Génova 13.
Por algo más que complejo de inferioridad no apareció Valcárcel por el funeral de Estado en honor de Leopoldo Calvo-Sotelo y el alcalde de Lorca, Jódar, no propone dedicarle una calle a este consorte de ilustre lorquina. Es puro resentimiento político del primero hacia toda la familia.
Cuando ahora insiste Valcárcel que optará a la reelección, sólo puede entenderse en este momento del proceso como un enrocamiento táctico para poder en su día negociar la retirada a cambio de cierta impunidad, lo que ya no parece fácil ante su falta reiterada a la palabra dada. Ni será más veces candidato a San Esteban y nunca pisará el Parlamento Europeo como miembro. Es más que posible que su destino final sea mucho más penoso a partir de enero de 2010.
El tema de 'Zincsa', donde su hermano actuó como letrado asesor, y la recalificación de terrenos en torno al virtual proyecto aeroportuario de Corvera, aparecen como sendos 'talones de Aquiles' para evitar su continuidad y seguir la senda de Francisco Camps, a juicio de investigadores y fiscales.
Ni su íntima amistad, para solicitar el oportuno consejo, con su nuevo vecino, el magistrado Pacheco, parece que pueda servirle de nada ante el expediente en marcha en el Tribunal de Cuentas, con peticiones expresas de su fiscalía, ni lo que inste ahora la Audiencia Nacional motivada por Anticorrupción. Tampoco la conexión en el tema Zincsa con la vieja corrupción socialista cartagenera, proveniente del Llano del Beal, a través de Pilar Barreiro.
Animar a las masas para que llamen gritando 'hijo de puta' al presidente del Gobierno no puede salirle gratis a un sospechoso tan sospechoso como Ramón Luis Valcárcel.
En cuanto a los alcaldes de Vera (PA) y de Cuevas del Almanzora (PP) su futuro también se torna incierto, algo más que para el alcalde de Carboneras, pero igual que para el alcalde de Níjar tras su reiterada desobediencia a las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre urbanismo en el parque natural de Cabo de Gata.
